Demandan al Estado mexicano por responsabilidad en el incendio en Ciudad Juárez
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.
Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado.
A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana.
De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.
“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.
La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.
Nunca fue retirado del cargo
A finales de abril de 2023, Francisco Garduño, Comisionado del INM, fue vinculado al proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en el incendio de Ciudad Juárez. No obstante, el 24 de enero de 2025 obtuvo la suspensión condicional del proceso penal para un periodo de un año y seis meses.
Luego de solicitarla por tercera ocasión, la suspensión fue concedida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, sin tomar en cuenta la petición de las víctimas de retirarlo del cargo de Comisionado durante tres años, entre otras medidas que tampoco fueron escuchadas.
La investigación que emprendió la Fiscalía General de la República (FGR) debió de imputar a 11 personas, pero solo nueve son juzgadas por delitos de homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena.
El director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, se dio a la fuga, mientras que Garduño obtuvo la suspensión y nunca fue retirado del cargo, a pesar de las responsabilidades en la cadena de mandos.
Ahora bien, con la suspensión, el juez impuso medidas que, a decir de las organizaciones, son insuficientes tomando en cuenta que, al cumplir el año y seis meses puede acordarse el cierre del proceso, es decir, Francisco Garduño puede obtener una sentencia absolutoria.
Las víctimas de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala, tienen derecho a contar con un asesor jurídico; “a todas esas sociedades les debemos una explicación porque era una estancia pública”, reiteró el abogado Marcos Zavala.
“Espacio deshumanizado”
Durante las actividades para honrar a las víctimas, Ivet Marín y Zara Villegas, del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) hablaron de las condiciones previas al incendio de la estancia migratoria que observaron en las visitas y en testimonios recabados.
Los centros de alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) se dividen en dos: tipo A, donde la estancia máxima de una persona debe ser de 48 horas y la estancia tipo B, sólo se contempla un periodo de siete días, como la de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La brigada del Servicio Jesuita a Refugiados visitó esa estancia migratoria en diferentes fechas, de 2022 al 24 de marzo de 2023. Para ingresar necesitaron la autorización de la Dirección de Control y Verificación Migratoria, que les retiraba celulares o dispositivos digitales.
La descripción detalla una distribución compleja de la estancia migratoria tipo B, que contaba con dos celdas reducidas para mujeres y una para hombres; separadas por barrotes que asemejan una prisión, además que los muros no tenían señalamientos visibles de salidas de emergencia.
La abogada Zara Villegas constató que no había ningún tipo de orden o apego a la ley para realizar las detenciones, mantenían a las personas incomunicadas, los teléfonos de la estancia migratoria nunca eran atendidos y les pedían un pago económico a cambio de ese derecho.
“Muchas personas no tenían conocimiento de la ciudad en la que estaban. Había quienes no hablaban español y tampoco tuvieron acceso a ningún tipo de traducción o interpretación para dar a conocer lo que estaba sucediendo”, añadió Villegas.
Ivet Marín hizo hincapié que las personas migrantes siempre eran vigiladas por personal del INM o del sistema de seguridad particular, en condiciones de hacinamiento, “un espacio completamente deshumanizado”. A ello se suman las agravantes de la falta de alimentos, de agua y contención sanitaria; carencia de cobijas, vestimenta, ausencia de atención médica y de un espacio de recreación frente a los largos procedimientos que enfrentan.
Estas condiciones detonaron en las personas migrantes impactos psicosociales como estrés, ansiedad, despersonalización por no saber qué hicieron para ser detenidos y, en muchos casos, el Servicio Jesuita a Refugiados identificó mucho temor, vinculado a diversas situaciones de abuso de poder.
“A las personas dentro se les negaba el derecho al refugio o se les condicionaba a esperar el proceso dentro de la estación migratoria, cuando puede durar hasta un año o más”, explicó Villegas.
El 24 de marzo de 2023, tres días previos al incendio, las defensoras accedieron a la estancia migratoria por más de una hora y observaron que persistía la incomunicación, sobrepoblación, confusión sobre el procedimiento, la falta de alimentos y agua potable.
Las personas que encontraron fueron detenidas durante operativos tipo redadas que hizo el Ayuntamiento de Ciudad Juárez en coordinación con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en las que hombres, mujeres e infancias fueron separados.
Otras personas fueron detenidas tras aterrizar en un avión en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, sin importar los permisos que traían consigo; algunas durante los operativos en hoteles, y un grupo más de deportados.
“Un hecho atroz”
Entre el 2019 y 2023, bajo la titularidad de Francisco Garduño, ocurrieron 14 incendios en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Veracruz, Puebla y Chiapas.
En el siniestro de 2020 en Tenosique, Tabasco, un hombre murió, de acuerdo a la documentación de Fundación para la Justicia que reitera, “la repetición de estos hechos refleja una omisión sistemática del INM como responsable de las estaciones”.
Una semana antes del incendio en Ciudad Juárez, el 15 de marzo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el plazo máximo dela detención de migrantes extranjeros por más dees de 36 horas, “luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad”.
“Hay más de siete recomendaciones generales de la CNDH donde ya le había explicado (al INM) que las condiciones carcelarias donde tenían retenidos de manera ilegal a las personas migrantes eran violatorias de los derechos humanos”, insistió Álvaro Botero, abogado y defensor de los derechos humanos.
“Las conductas y hechos que se dieron alrededor del caso podrían representar violaciones a los derechos humanos y generar responsabilidad internacional al Estado mexicano, desde el simple hecho de poner en detención a las personas de manera generalizada y automatizada”, explicó.
Recordó el incumplimientos de la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reconoció graves violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de 67 personas, por actos y omisiones del personal del INM en el incendio.
La Recomendación fue aceptada por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y el INM, lo que la vuelve un elemento vinculante, como si se tratara de una sentencia jurisdiccional, y se tienen que cumplir en todos los términos.
En el informe “Los impactos en las mujeres vinculadas” publicado este jueves (27), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recuerda que el incendio fue provocado por la protesta de algunos hombres que exigían respuesta sobre su situación migratoria y para reclamar por las deplorables condiciones en que los mantenían.
Explica cómo el incendio también conllevó a pérdidas para las mujeres y efectos adversos en la vida de cada una, que van desde los psicosocial hasta lo económico, en su día a día.
“Señora presidenta, autoridades de justicia, ¡No queremos impunidad! ¡Queremos justicia!”, se lee en las primera líneas de la carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, firmada por madres, esposas, hijas, padres y sobrevivientes del incendio.
“Han pasado dos años, pero es como si hubiera sido ayer. El tiempo transcurre, pero el dolor sigue intacto… Como familia, no pedimos más que justicia. Queremos que lo próximo sea: justicia”, expresa Miguel, hermano de Andrés Calderón Carbajal, migrante fallecido.
La exigencia de justicia se lee en cada uno de los mensajes que integran la carta abierta a Sheinbaum que se puede leer en las redes sociales de las organizaciones aquí citadas. “A todas y todos ustedes les pedimos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas deben pagar. Lo que pido es que se haga justicia, que este hecho no se repita.”
“Durante estos dos años, después del incendio, mi forma de ser y mi personalidad ya no es como antes, perdí mucha memoria, ya no puedo respirar, ya no puedo descansar más, ya no puedo ver, veo borroso. El causante fue el incendio… No puedo hablar bien por el humo que inhalé, tuve pérdidas de memoria y quemaduras de tercer grado en mi cuerpo”, narra una de las sobrevivientes.
En los movimientos del gobierno federal, Claudia Sheinbaum anunció que a finales de 2024 Sergio Salomón Céspedes Peregrina tomaría el cargo de Comisionado del INM, pero a la fecha Francisco Garduño sigue al frente y, de manera reciente, dijo que ya cumplió con las medidas impuestas por el juez y que la disculpa pública a las múltiples víctimas del incendio la ofrecerá el próximo 16 de abril.
