Se cumplieron 12 horas del encapsulamiento ( 11 de la mañana) por parte de los granaderos de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, que impidieron la llegada de la “Faena internacionalista por el FIN a la criminalización” convocada por las Mujeres mazatecas por la Libertad. Está jornada de protesta y difusión fue convocada frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Siendo esta la primera Faena Internacionalista realizada en la Ciudad de México con el fin de demandar justicia frente a las 200 ordenes de aprehensión fabricadas en contra de mas de 56 integrantes de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca, anunciadas a principios de año. No fue hasta las 9 de la mañana que el paso de la calle Pino Suárez fue liberado por los granaderos gracias a la presión realizada por los pueblos organizados de la Ciudad de México, activistas y medios libres que se hicieron presentes en respuesta a la represión.

Los cuerpos de granaderos ahora llamados Agrupamientos de Tareas Especiales que participaron en esta jornada represiva son: Centauros, Marcopolos, Faunos y Ateneas, los cuales se mantuvieron realizando amenazas y hostigamiento en contra de activistas y periodistas durante el encapsulamiento a la vez de que ocultaron los nombres que deben portar en el chaleco para evitar ser denunciados por las recurrentes faltas al protocolo de actuación.

El programa de la Faena Internacionalista continúa frente a la puerta de la SCJN, se les invita a asistir a las actividades de hoy a partir de las 16:00 hrs y a las de mañana 4 de diciembre a partir de las 12:00 hrs; se llevarán a cabo foros, presentaciones gráficas, proyección de documentales, presentaciones musicales, entre otras. El programa completo se encuentra en las redes de las Mujeres Mazatecas por la Libertad y de Presos políticos Eloxochitlan de Flores Magón.

Presentado el sábado 29 de noviembre a la comunidad de Eloxochitlán en español y Enna (lengua mazateca). El informe es producto de la Misión de Observación realizada en julio de este año por un grupo interdisciplinar.

Concluye que la comunidad es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y al prolongarse por una década, constituyen un caso de etnocidio que busca la destrucción de la forma de organización y vida de esta comunidad mazateca. El etnocidio de la comunidad de Eloxochitlán tiene como fin socavar la resistencia comunitaria frente a las actividades extractivistas que han provocado el ecocidio del Río Xangá Ndá Ge y la destrucción de la libre determinación de la comunidad:

– Sobre esto se detecta detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, criminalización política, desplazamiento forzado y etnocidio, violencia de género.

– Sobre el saqueo al Río Xangá Nda Ge, se identifican alteraciones  hidrológicas, agentes contaminantes, desecación, además de daños en la flora y fauna.

Se busca que este compilado de documentación se lleve a instancias internacionales, pues sostiene que no existen condiciones legales que garanticen la protección de los derechos de la comunidad. Los actos de agresión, persecución política y criminalización han resultado en 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas.

La documentación recabada señala como responsables a gobernadores, titulares y magistrados, quienes con respaldo y complicidad del Estado han incidido en la negación de la justicia, persecución y fabricación de expedientes.

Así mismo, se menciona que el Juzgado de Huautla tiene la mayor responsabilidad al permitir omisiones y prácticas a favor de los caciques, pues se han negado actos de tortura sustentadas desde el Protocolo de Estambul, obstaculización de procesos, criminalización de autoridades comunitarias, detenciones arbitrarias y manipulación de testimonios.

A través de una cronología de hechos, se describe el proceso de agresiones que ha llevado la comunidad mazateca como: intervención militar, amedrentamiento, tortura, despojo, allanamientos de viviendas, amenzas y abusos de autoridad. Muchos de estas violencias anteceden al 2014, ya que desde el 2011 se realizaron múltiples denuncias formales, las cuales nunca avanzaron debido a omisiones del juzgado de Huautla.

Durante las últimas semanas el gobernador de Oaxaca Salomón Jara ha señalado a Eloxochitlan como un punto rojo, tratando de decir que es una comunidad violenta; una estrategia de desprestigio aprovechando su poder y medios de difusión para impulsar al cacique Manuel Cepeda en las elecciones a la presidencia municipal de Eloxochitlan llevadas a cabo este 23 de noviembre donde fue el segundo con más votos.

La presentación fue también un espacio de reflexión para la comunidad, donde se lanzó un mensaje frente a quienes siguen impulsado la narrativa de “un conflicto entre dos familias”, simplificando los graves ataques en complicidad con los tres niveles de gobierno. A quienes les contestaron que Eloxochitlan está integrada por diversas familias, con diferentes apellidos, un pueblo pequeño donde es común en ocasiones compartir apellidos.

Muchas mujeres, como consta en la transmisión de Radio Zapote ese día, mencionaron sus apellidos. Quienes hablaron son madres, esposas y hermanas de ex-presos y perseguidos políticos desde el 2014 , que tuvieron que abandonar sus casas para dedicarse a la lucha por la liberación de sus familiares, trabajar la tierra que antes trabajaban ellos para darle de comer a sus hijos, dormir en la calle en los plantones como el que se mantuvo más de dos años afuera de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, esperando que los ministros atendieran el caso.

El informe concluye que, derivado a la incompetencia del sistema de justicia mexicano por garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de la comunidad perseguida de Eloxochitlán; el caso debe ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de exigir medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo, así como medidas específicas de protección para las victimas indirectas.

La elaboración de este informe, marca un gran antecedente a las formas de resistencia frente a las injusticias y violaciones del Estado hacia los pueblos. Las compañeras Mazatecas son ejemplo de cómo hacer frente a la impunidad y la criminalización, su lucha por la libertad ha sido ardua y aún no termina.

Como han venido haciendo en estos años, las Mazatecas por la libertad nos vuelven a hacer la invitación para la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización” que se llevará a cabo del 3 al 4 de diciembre del 2025 en la CDMX frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los días 3 y 4  5 de diciembre a las afueras de la ONU mujeres en calzada General Mariano Escobedo 526, colonia Anzures, Miguel Hidalgo.

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

PALESTINA: 29 de noviembre, Dia internacional de solidaridad con Palestina.  Una fecha marcada por la memoria, la resistencia y la solidaridad internacional. 

EUA y MEX:  9 de diciembre Jornada de movilizaciones en el aniversario de la prisión politica de Mumia Abu Jamal y Actividades en memoria de Carolina Saldaña. Amigos de Mumia.

MÉXICO OAXACA-CDMX: Informe de la Comisión Civil de Observación a Eloxochitlan y Faena Internacionalista frente a la Corte para demandar el fin de la represión y hostigamiento contra el pueblo mazateco por parte del cacicazgo local de la región. https://www.facebook.com/asambleacomunelox.floresmagon

PUEBLA AUTONOMÍA: Concluye primer ciclo el Centro de formación para la Autonomía Teocentli. Organizaciones, comunidades se reunierón este 29 de noviembre en las instalaciones del colectivo MAIZ para finalizar el proceso de auto formación que tuvo la escuelita de la autonomia Teocentli.  Fuente: Laboratorio Popular de Medios Libres

PUEBLA, XOSTLA: Extractivismo del agua en Puebla pone en alerta nuevamente a los pueblos Cholutecas. Entrevista con Alejandro Chocolatl del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre el conflicto hídrico en la región. Noticias de abajo.

CHIAPAS: Convocatoria Zapatista a Semillero en CIDECI y a celebrar el aniversario de su rebelión. Enlace Zapatista 

JALISCO: PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Fuente: Congreso Nacional Indígena, Radio Zapatista

La comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque armado en el predio comunal El Caracol. Marcos Aguilar Rojas fue asesinado y Gabriel Aguilar resultó herido mientras realizaban labores comunitarias. Organizaciones exigen protección urgente y justicia para la comunidad tepehuana–wixárika.

Por Mario Marlo | Somos el Medio

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025.— La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) informó que el 26 de noviembre se registró un ataque armado en el predio comunal El Caracol, en la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. El hecho dejó como saldo el asesinato de Marcos Aguilar Rojas y heridas de gravedad en su familiar y compañero de comunidad, Gabriel Aguilar Rojas.

De acuerdo con testimonios, ambos comuneros se encontraban retirando ganado que había invadido territorio comunal cuando fueron atacados a balazos. Las personas responsables fueron identificadas como parte de un grupo que ha mantenido conflictos con la comunidad por la posesión del predio. Marcos murió en el lugar y Gabriel fue trasladado para recibir atención médica urgente.

El ataque se registró en El Caracol, un predio comunal que la comunidad ha defendido colectivamente durante décadas ante múltiples intentos de despojo. Azqueltán sostiene un proceso de autonomía y un sistema propio de justicia y seguridad que, pese a su reconocimiento oficial, ha sido reiteradamente vulnerado por agresiones armadas, amenazas y la invasión ganadera realizada por actores externos.

La Red TDT y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) señalaron que estos hechos forman parte de un patrón prolongado de violencia contra la comunidad tepehuana–wixárika. Enfatizaron que el Estado mexicano debe garantizar la vida de las personas defensoras del territorio y asumir su responsabilidad en la protección del pueblo de Azqueltán, que enfrenta un riesgo permanente.

Las organizaciones demandaron que las autoridades del estado de Jalisco investiguen los hechos de manera inmediata y sancionen penalmente a los perpetradores. También insistieron en que se brinde atención médica especializada a Gabriel Aguilar y que el cuerpo de Marcos Aguilar sea entregado dignamente a su familia. Asimismo, exigieron medidas colectivas de protección y acciones concretas que avancen hacia el reconocimiento y titulación definitiva de los bienes comunales.

San Lorenzo Azqueltán es una comunidad indígena conformada por pueblos tepehuanos y wixáritari que habitan el territorio desde tiempos ancestrales. Con base en un título virreinal de 1733, la comunidad reclama la restitución de 45 mil hectáreas que les pertenecen. Durante más de dos siglos han enfrentado procesos de invasión de tierras, presencia de ganaderos mestizos, amenazas, violencia y desapariciones.

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El problema se agravó con la creación de ejidos que fragmentaron el territorio comunal y permitieron el avance de actores que buscaron apropiarse de las tierras. Sin embargo, la comunidad ha sostenido su proceso organizativo y en 2013 declaró su autonomía, reconocimiento que fue validado por el Estado de Jalisco en 2015. Desde entonces, tepehuanos y wixáritari han reforzado la defensa de su territorio y sus prácticas culturales.

El asesinato de Marcos Aguilar Rojas y la agresión contra Gabriel Aguilar representan un nuevo episodio de violencia en una larga historia de despojo. Las organizaciones alertan que la situación exige una intervención urgente y eficaz para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad de la comunidad.

Texto y fotos: Rocío Heredia | Avispa Midia

En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, defensoras, periodistas, profesoras, estudiantes, activistas y mujeres diversas se dieron cita la tarde del miércoles (25) en la Antimonumenta -ubicada a un costado de la Fuente de las 8 Regiones- para exigir justicia frente a la violencia de género en Oaxaca.

Minutos antes de las 5pm, un contingente integrado por mujeres de todas las edades avanzó sobre la Calzada Porfirio Díaz con dirección al parque El Llano. Con megáfonos, bocinas, micrófonos y sobre todo sus potentes voces coreando consignas y cantos anti-patriarcales, explayaron una particular algarabía que al unísono exigía una cosa: alto a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

En el mítin, protagonizado por diversas voces a lo largo de la manifestación, prevaleció un señalamiento: “van tres años de terror y violencia del gobierno jarista”, haciendo referencia a la gestión del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Algunas organizaciones feministas en Oaxaca se han dado a la tarea de llevar un conteo de feminicidios en el estado. En el sexenio de Alejandro Murat contabilizaron 715 feminicidios, mientras que del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, periodo correspondiente a lo que va de la gestión de Salomón Jara, se han registrado 285 muertes violentas de mujeres: 81 oaxaqueñas asesinadas en lo que va de este año 2025.

Rompiendo fronteras:  

Bolivia: El presidente Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Ambiente y agua, poniendolo bajo control de intereses capitalistas y extractivistas. Colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana manifiestan su preocupación. Fuente: Mongabay

Israel: No cesa de usar la violencia, bombardeos en Syria, Libano y Gaza contra poblaciones civiles por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, medio oriente bajo la violencia colonial. Fuente: Resumen latinoamericano

Chile: Brutalidad policial en contra de miembros de comunidades Mapuche de Ercilla, sostenido el clima represivo por el Estado Chileno. Fuente: Radio Kurruf

PRESXS POLÍTCOS: Evento por la libertad de Mumia Abu Jamal y en homenaje a Carolina Saldaña, ambos periodistas que luchan por los derechos de todas y todos. Fuente: Amigos de Mumia México

Desde el ombligo del monstruo 

OAXACA: Gobierno Estatal de Oaxaca clasifica comunidad perseguida como “Foco Rojo” lo cual pone en riesgo a activistas, comuneras y comuneros organizados por la libertad de sus perseguidos. Fuente: Observatorio Memoria y Libertad

Chiapas: Libres, los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos desde 2022. Cientos de indígenas han pasado por las cárceles de Chiapas por cargos fabricados. Fuente: Desinformemonos

Michoacán: Muere comunera por heridas de bala e indebida atención de hospitales de Michoacán. Roxana Valentín Cárdenas, comunera de San Andrés Tziróndaro, perdió la vida por heridas de bala y una indebida atención en hospitales de Michoacán, luego de que un grupo armado agrediera una movilización de comunidades purépechas por el 46 aniversario de la defensa de la tierra en Santa Fe de la Laguna. Fuente: La Cooperacha, Consejo Supremo Indígena

CDMX, XOCHIMILCO: Amenazas de muerte ponen en alerta a activistas en el sur de la Ciudad, el acoso contra  el periodista Max Negrete ha aumentado. Desde el martes 18 de noviembre, el periodista comunitario, Max Emiliano Negrete González, recibió tres mensajes con amenazas de muerte, a través de la red social Instagram, por parte de cuentas recién creadas, sin fotografías de perfil y con nombres que hacen alusión a un daño a la integridad y vida del periodista. Fuente: Articulo 19

FORO INFORMATIVO: LOS PELIGROS DE LA MINERÍA EN LOS PUEBLOS ÑUU SAVI, NAHUA E INGIWA 

Los Peligros de la Minería en los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Inwiga, busca abrir un espacio de análisis, diálogo y acción colectiva, por lo que nos reuniremos con el objetivo de: Analizar de manera colectiva los impactos sociales, ambientales y culturales de la minería en los territorios de los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa y construir estrategias conjuntas que fortalezcan su defensa y la continuidad de la vida comunitaria.

ZONA TECNOACRATA

Modelos de lenguaje de Iinteligencia Artificial rechazan nuevos paradigmas y favorecen est status quo, validando discursos que se basan en el consenso y no en la realidad, dicha razón es la causa de respuestas falsas, justificar con argumentos falsos su sostenimiento de la realidad.

Por Aldo Santiago | Avispa Midia

_{En portada: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén Del Pozo Mendoza, inauguraron oficialmente la XXXVI Convención Internacional de Minería “La Minería Unida por México”, Acapulco 2025.}

Organizaciones sociales, comunidades y académicos integrantes del colectivo ¡Cambiémosla Ya!, quienes se articulan para exigir reformas profundas a la Ley Minera en México, acusan que funcionarios de la Secretaría de Economía, además de incumplir por más de dos años en su obligación legal para expedir un nuevo reglamento, derivado de las modificaciones efectuadas en mayo del 2023, actualmente están contemplando “reanudar la exploración a mayor escala” de la actividad extractiva.

Mediante comunicado, la colectiva denunció que, durante la inauguración de la XXXVI Convención Internacional de Minería, efectuada el pasado 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, prometió que, para el año 2026 se reanudará la exploración minera a mayor escala. En el mismo evento, el secretario prometió agilizar permisos para la industria con el objetivo de reducir tiempos administrativos y facilitar la inversión en nuevos proyectos mineros en el país.

En su discurso, Ebrard enunció que dichas decisiones derivan de las actuales tensiones geopolíticas entre las cuales se encuentran el difícil acceso a minerales y su procesamiento, situación que “evidentemente es una prioridad del más alto rango”. Aunado a ello, el titular de Economía destacó que el impulso al que se compromete el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” responde a la necesidad de “garantizar los minerales que México necesita para ser competitivo y que necesita el Plan México”, en referencia al portafolio de inversiones, nacionales e internacionales, por 277 mil millones de dólares anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero del 2025.

El secretario Ebrard señaló que, dentro de la inversión extranjera directa contemplada en México ya se cuenta con proyectos que alcanzan un monto de casi 41 mil millones de dólares. Incluso, para subrayar el compromiso del gobierno federal con la industria, refirió que el jefe de Coordinación de Actividades Extractivas de la secretaría de Economía, Fernando Aboitis, actúa como si fuese miembro de la Cámara Minera de México (Camimex).

Ante ello, el colectivo ¡Cambiémosla Ya! denunció lo que califica como “gran irresponsabilidad” en el actuar de los funcionarios de Economía, ya que acusan que la dependencia cedió a los chantajes de la industria minera y omiten “su responsabilidad en la tarea de fortalecer la regulación de este sector, caracterizado por vulnerar derechos, dañar el medio ambiente, evadir el pago de impuestos, propiciar la violencia y la corrupción”.

(Bagnolet, 24 de noviembre de 2025) Ante la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resulta inconfundiblemente claro que lo que se presenta al mundo como un “marco para la estabilidad” es, en realidad, una de las intervenciones internacionales más graves impuestas a Palestina en décadas. En lugar de poner fin al genocidio, la resolución lo reconfigura como un proyecto administrativo; en vez de detener la limpieza étnica, la inserta dentro de las estructuras de legitimidad multilateral. En su esencia, la resolución coloca a Gaza bajo una tutela internacional que convierte la ocupación israelí en una ocupación internacionalizada y formalizada, diseñada para fracturar Gaza de Cisjordania y borrar el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación.

Desde que entró en vigor el llamado alto el fuego el 10 de octubre de 2025, la ocupación israelí ha continuado su campaña de asesinatos con total impunidad. Más de 312 palestinXs han sido asesinadXs en Gaza durante este período, según el Ministerio de Salud palestino, mientras que Cisjordania ha sido sometida a una ola sin precedentes de terrorismo de colonos. El monitoreo de la ONU registró más de 260 ataques de colonos solo en octubre, la cifra mensual más alta desde que comenzó la documentación en 2006, convirtiendo aldeas, tierras agrícolas y comunidades enteras en blancos diarios de violencia coordinada. Esta realidad deja al descubierto que el alto el fuego no es más que una pausa táctica que permite reconfigurar la agresión en lugar de detenerla.

Detrás de su lenguaje humanitario, la Resolución 2803 es, en esencia, un proyecto diseñado por Israel y refrendado a través del Consejo de Seguridad para formalizar un nuevo régimen de control sobre Gaza. Sustituye los tanques por “fuerzas de estabilización”, los puestos de control militares por “mecanismos internacionales” y la dominación colonial directa por una “paz administrativa” que consolida el sistema de control en lugar de desmantelarlo.

En primer lugar, al colocar a Gaza bajo una “Fuerza Internacional de Estabilización” con amplios poderes coercitivos, la resolución impone una nueva forma de tutela internacional que despoja al pueblo palestino de la capacidad de gobernar su tierra, sus fronteras, su reconstrucción y su seguridad. Es la sustitución de una potencia ocupante por un consorcio de Estados poderosos. Es ocupación con rostro diplomático.

En segundo lugar, la resolución redefine el núcleo de la lucha palestina: de una resistencia contra un régimen colonial de asentamiento a un “problema de seguridad” que requiere gestión técnica. Al hacerlo, elimina el corazón político de la cuestión palestina y convierte a Gaza en un territorio administrado, más que en una parte integral de una patria ocupada. Esta lógica absuelve a la ocupación israelí de sus responsabilidades, presenta al pueblo colonizado como fuente de inestabilidad y reproduce la misma violencia que afirma resolver.

En tercer lugar, la Resolución 2803 avanza un proyecto estratégico para separar Gaza de Cisjordania mediante la creación de sistemas distintos de gobernanza, seguridad y administración. Esta fragmentación consolida la división geográfica y política impuesta por la ocupación, y apunta a liquidar el territorio y el pueblo unificados reconocidos claramente por el derecho internacional. Reactiva la antigua fórmula colonial: dividir la tierra, dividir al pueblo, debilitar la lucha.

En cuarto lugar, la referencia de la resolución a un “camino hacia un Estado palestino” es políticamente vacía y deliberadamente engañosa. Un Estado sin soberanía sobre fronteras, agua, tierra, espacio aéreo y reconstrucción no es un Estado; es un recinto administrado. Convierte el sueño de liberación en un arreglo burocrático que deja al pueblo palestino con la forma de un Estado, pero sin su sustancia.

En quinto lugar, al reemplazar el bombardeo activo por un aparato internacionalizado de control, la resolución desplaza el genocidio de su fase militar a una fase administrativa. Bajo el pretexto de estabilización, reconstrucción y supervisión, persisten las mismas dinámicas de poder: dominación sobre la tierra, control del movimiento y supresión de la agencia política. Esto no es paz; es la reingeniería de la violencia.

La Vía Campesina afirma que esta resolución no abre un horizonte de justicia. Inaugura un nuevo capítulo de gobernanza impuesta diseñada para someter a un pueblo que ha resistido la expulsión, el hambre y la destrucción sistemática. Gaza está siendo transformada en un laboratorio para “soluciones de seguridad” globales que sirven a intereses geopolíticos, no a los derechos de quienes viven en esa tierra.

Hacemos también un llamado a todos los países —especialmente a aquellos cuyos pueblos han padecido colonización, ocupación o tutelas impuestas— a rechazar esta resolución en la Asamblea General de la ONU y a defender con firmeza el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Su experiencia histórica hace que su voz sea esencial para enfrentar este nuevo marco colonial.

Por ello, exhortamos a los movimientos sociales, sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas, movimientos feministas y aliados en todo el mundo a:

1. Rechazar toda forma de tutela internacional sobre Gaza y oponerse a la conversión de la ocupación israelí en cualquier régimen multilateral o de “estabilización”.
2. Exigir el fin inmediato e incondicional del asedio, la ocupación y todos los mecanismos de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania.
3. Garantizar la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria y el acceso inmediato de periodistas internacionales y locales para documentar la situación sin censura ni control político.
4. Intensificar la campaña global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el sistema de apartheid israelí y contra las corporaciones que se benefician del robo de tierras, el desplazamiento y la destrucción de la agricultura.
5. Exigir que la ocupación israelí rinda cuentas plenamente por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, e impulsar sanciones internacionales efectivas contra los actores políticos, militares y económicos responsables.
6. Apoyar a los campesinos, mujeres, pescadores y trabajadores palestinxs, quienes permanecen en la primera línea de defensa de la tierra, la vida y la Soberanía Alimentaria.

Gaza no es un “archivo de seguridad”. Palestina no es un territorio para ser administrado. Es una patria que lucha por su liberación.

La Vía Campesina Internacional

¡Por la tierra, por la vida, por la soberanía alimentaria y con el pueblo de Palestina hasta la liberación total!

Esta entrada está disponible también en English y Français.

Mientras la COP30 promete soluciones climáticas, mujeres indígenas de Brasil denuncian la cumbre como una farsa que excluye sus voces y encubre la violencia y el despojo en sus territorios. Su lucha por la demarcación “ahora” se revela como la verdadera clave para la justicia climática.