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(Español) A cinco años del asesinato de Berta Cáceres, aún esperan sentencia contra autor intelectual
Por Sara Frabes
Este viernes (2), tras cumplirse 64 meses del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sus familiares, compañeros de lucha y equipo legal aún esperan la sentencia final en el juicio contra Roberto David Castillo Mejía, presunto coautor intelectual del crimen.
Con experiencia en inteligencia militar, Castillo se desempeñó como director general de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), corporación responsable por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en territorio indígena Lenca, al cual el Copinh, bajo el liderazgo de Cáceres, se opuso exitosamente.
Desde su detención en 2018 mientras intentaba salir de Honduras, Castillo ha permanecido en prisión preventiva. Sin embargo, las audiencias en el juicio contra Castillo solo arrancaron hasta el pasado 7 de abril en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y finalizaron formalmente el pasado lunes (28).
“La responsabilidad del imputado David Castillo como coautor ha sido demostrada por los patrones de comunicación mediante llamadas y mensajes con el condenado Douglas Bustillo, así como por el contenido de los mensajes de WhatsApp de sus propias comunicaciones con la estructura criminal de DESA de la familia Atala Zablah”, denunciaron el Copinh y los familiares de Cáceres mediante comunicado difundido el mismo día del cierre del juicio.
De acuerdo al equipo legal y a la familia de Cáceres, “la culpabilidad del imputado Roberto David Castillo Mejía en la planificación, coordinación y supervisión del asesinato de Berta Cáceres se ha establecido indubitablemente con la evacuación de más de 70 pruebas, luego de 48 días de audiencia de juicio oral y público”.

Según el comunicado, dichos elementos de prueba vinculan a Castillo con los siete hombres condenados en noviembre del 2018 como autores materiales del homicidio de la ambientalista hondureña.
Por su parte, Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Berta Cáceres, declaró a medios internacionales que no esperan otro fallo mas que de culpabilidad pues “no hay otra opción en el proceso”.
“Hay una participación histórica (de Castillo) en el conflicto, la violencia que ejecutó contra Berta Cáceres y el Copinh, eso está suficientemente acreditado en el juicio”, explicó Fernández mediante conferencia de prensa realizada días antes de la etapa final de las audiencias.
Mientras tanto, Bertha Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh, destacó que el fallo de culpabilidad contra Castillo debe evitar cerrar la puerta a la investigación de los demás autores intelectuales, quienes permanecen en la impunidad, especialmente los integrantes de la familia Atala Zablah, principales inversores del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.
Las partes, tanto la acusación y defensa de Roberto Castillo, ya han presentado sus conclusiones. Por ello, el Tribunal anunció que emitirá su resolución antes del día sábado 3 de julio.
Pruebas
De acuerdo a un recuento del juicio, realizado por el Copinh y su equipo legal, concluyen que la labor de Castillo fue fundamental para coordinar a los autores intelectuales y materiales para cometer el asesinato de Cáceres.
“David Castillo fue parte de una estructura criminal, compartimentó las comunicaciones para establecer un puente entre la estructura superior y la inferior a través de Douglas Bustillo para resguardar información y la identidad de él y de la estructura superior detrás del crimen”, difundió el Copinh mediante campaña en sus redes sociales.
(Español) En Campeche, denuncian amenazas y agresiones por parte de empresa beneficiaria del “tren maya”
Por Ángel Huerta
Ejidatarios de Don Samuel, División del Norte, Haro, Escárcega y Miguel Alemán, en el estado de Campeche, integraron un frente para denunciar extorsiones y amenazas por parte la empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar lo correspondiente al pago por derechos de vía para el proyecto “tren maya”.
En conferencia de prensa, realizada el pasado 2 de junio, Mariana Elena Hernández del ejido Don Samuel comentó que se integraron en grupo de ejidos en la defensa de sus derechos humanos y su territorio “para protegernos, con el fin de apoyarnos, dialogar, de compartirnos información. Estamos aquí para denunciar actos de corrupción, extorsión, engaños y fraudes por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fonatur”.
Hernández señaló que desde que inició el proceso, la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V., “se acercó, sin darnos información clara. Los ejidos y las autoridades de buena fe dejaron entrar y escuchar lo que nos traía el proyecto. Hasta ahí solamente nos comentaban que habría derrama económica, que pronto iniciarán los trabajos y nosotros nos quedamos a la espera de esta información, que hasta la fecha no es clara. No tenemos el alcance de los impactos sociales, ambientales, culturales que nos trae el proyecto, tampoco tenemos un diseño de lo que es el tren, las vías como el diseño final. Los comisariados fueron presionados para firmar convenios”.
En comunicado de prensa, l@s ejidatarios señalaron que “el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales”.
L@s denunciantes comentaron que se presentó una persona en las comunidades identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, quien en todos los casos buscó obtener autorización de las autoridades.
“Levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, hasta el momento no se ha entregado copia a los ejidatarios”, señala el comunicado de prensa.
Entre otras irregularidades, l@s ejidatarios señalaron la entrega de cheques a representantes ejidales, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos.
“El representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa”, denuncia el comunicado.





































