Fuente: Cholollan Radio

Por D Moctezuma McQuade and Daniela Gutiérrez

El 30 de agosto de 2025, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas se reunieron en Puebla para exigir justicia durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Esta manifestación se desarrolló en un contexto de emergencia humanitaria: según datos de la Comisión de Búsqueda estatal, más de 4,500 personas han desaparecido en Puebla desde 2018, de las cuales el 60% son mujeres, niñas y adolescentes. Entre los casos emblemáticos se encuentra el de Karla Alejandra Tela Flores, cuya familia lleva más de un año enfrentándose a la negligencia institucional en su búsqueda de justicia.

Durante la movilización pacífica, elementos de la Policía Municipal detuvieron a cuatro integrantes del colectivo «Morras Sororas» bajo la acusación de «daños a propiedad pública» en referencia a una fuente del Zócalo. Testimonios y videos documentaron el uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas y verbales, y traslado violento a las instalaciones ministeriales, según reportaron Infobae México y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Tras estas detenciones, la Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado pidiendo actuar con perspectiva de género durante el proceso judicial.

La detención de las activistas violó múltiples derechos humanos y protocolos internacionales, se vulnera el derecho a la protesta pacífica, reconocido en el Artículo 9 de la Constitución Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se infringió el derecho a la libertad personal y a no ser detenido de manera arbitraria, establecido en los Artículos 14 y 16 Constitucionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se ignoró el principio de debida diligencia con perspectiva de género, contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en sus Artículos 17, 21 y 40, obliga al Estado a priorizar la búsqueda de personas y garantizar la participación de la sociedad. Sin embargo, en lugar de cumplir con estas disposiciones, las autoridades destinaron recursos públicos a reprimir a quienes exigen su cumplimiento. La Secretaría de las Mujeres manifestó preocupación por la detención e invitó a garantizar los derechos humanos de las detenidas, aunque esta postura no se tradujo en acciones concretas para frenar la criminalización de las defensoras.

La respuesta ciudadana fue inmediata y contundente. Colectivos, organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil emitieron alertas urgentes y exigieron la liberación de las detenidas bajo consignas como #LibertadALasMorrasSororas y #PueblaSinRepresión. Durante las detenciones, se documentaron agresiones específicas por razones de género, incluyendo insultos misóginos y tocamientos indebidos, lo que evidenció un trato discriminatorio y violento por parte de las autoridades.

Frente a estos hechos, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobernación, insistió en que la detención fue «apegada a la ley». El Gobierno del Estado se declaró respetuoso ante las diferentes formas de manifestación, pero reprobó los hechos de violencia y vandalismo, minimizando así las violaciones documentadas e ignorando las demandas de transparencia, esta postura refleja un patrón de impunidad y revictimización que alimenta la desconfianza en las instituciones.La criminalización de las «Morras Sororas» debilita la respuesta ante la violencia feminicida y las desapariciones en Puebla. Al reprimir a quienes exigen justicia, el Estado envía un mensaje claro: la disidencia será castigada, no la violencia. Esto agrava la crisis de seguridad para mujeres, adolescentes y niñas, quienes ya vivían en un contexto de alto riesgo.

Ante este escenario, la solidaridad ciudadana y la presión internacional son cruciales para romper el ciclo de represión. Colectivos nacionales e internacionales han exigido la liberación inmediata y el retiro de cargos contra las detenidas, así como una investigación exhaustiva de las agresiones policiales con perspectiva de género y garantías de no repetición para todas las personas defensoras de derechos humanos.

Finalmente, las cuatro activistas fueron puestas en libertad al mediodía del domingo, después de que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República. La verdadera paz no se construye con represión, sino con justicia, memoria y la garantía de que nadie más desaparecerá. La lucha de las «Morras Sororas» es la lucha de todas las personas que exigen un México donde vivir no sea un riesgo.

Fuentes de información:

Angulo7. (2025, agosto 31). Por la detención de 4, Secretaría de Mujeres pide actuar con perspectiva de género.

Infobae México. (2025, agosto 31). Detienen al menos a tres manifestantes en Puebla durante marcha en contra de las desapariciones forzadas.

OEM. (2025, agosto 31). Detención de integrantes del colectivo Morras Sororas fue apegada a la ley: Chedraui. El Sol de Puebla.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. (2026, agosto 30). Alerta urgente: Agresiones y detención en Puebla de cuatro feministas.

Fuente: VientoSur
Por Roberto Montoya

El sionismo ha reivindicado muchas veces haber contado desde su origen con el apoyo de renombrados personajes públicos internacionales de origen judío, y entre ellos no podían faltar  ni Albert Einstein, Hannah Arendt o Sigmund Freud, ocultando una parte de la historia, el desengaño que ellos experimentaron pronto, al comprobar el carácter xenófobo y extremadamente violento de esa corriente del judaísmo.

Albert Einstein (1879–1955), alemán de origen judío, Premio Nobel de Física 1921, se entusiasmó en los años 20 y 30 del siglo pasado con el proyecto judío de crear un hogar en Palestina tras ver el avance imparable del antisemitismo en su país y en Europa, pero creía ver en el sionismo algo muy distinto a lo que realmente fue. Decía en 1931, en Mi visión del mundo, una recopilación de artículos: “Nuestro objetivo no es la creación de una comunidad política, sino que conforme a la tradición del judaísmo, es una meta cultural en el sentido más amplio de la palabra. Para lograrlo debemos resolver con nobleza, abierta y dignamente, el problema de la convivencia con el pueblo hermano de los árabes (…) Especial atención merecen nuestras relaciones con el pueblo árabe. Fomentándolas podremos evitar en el futuro la formación de tensiones peligrosas, que podrán ser utilizadas para provocar ataques de nuestros enemigos”.

En 1932 el científico se fue a vivir a Estados Unidos, un año antes de que Adolf Hitler llegara al poder en Alemania. En otra de sus intervenciones sobre el sionismo, en 1938, Einstein dejaba clara su posición en contra de la formación de un Estado judío con fronteras y ejército: “Dejando a un lado las consideraciones prácticas, mi concepción de la naturaleza esencial del judaísmo se opone a la idea de un estado judío con fronteras, ejército y un grado de poder temporal, por modesto que fuera. Estoy espantado al pensar en el daño interno que sufrirá el judaísmo, sobre todo por el desarrollo de un nacionalismo estrecho en el interior de nuestras propias filas, contra el cual hemos estado siempre obligados a luchar enérgicamente, aun sin un estado judío”.

La postura de Einstein fue aun mucho más crítica con el sionismo al comprobar el auge que iban teniendo las organizaciones terroristas judías, que tanto atacaban a la población autóctona árabe como a las fuerzas del Mandato Británico que controlaban todavía en la década de los 40 el territorio de la Palestina histórica, e incluso a sectores de la comunidad judía que no compartía sus ideas.

Éste es un episodio del podcast Periodismo de lo posible, Historias desde los territorios, que cuenta historias sobre los logros y los caminos posibles para la protección de la vida y la naturaleza, para visibilizar las acciones y estrategias que se tejen todos los días desde las comunidades, asambleas, organizaciones y colectivos en México en respuesta a los proyectos extractivistas, el cambio climático y la violencia. Escucha los otros episodios aquí: https://periodismodeloposible.com/

La historia de San Francisquito, un barrio indígena urbano en Querétaro, es una lucha constante por la preservación de sus tradiciones, su territorio y su identidad frente a la amenaza de la gentrificación. Este barrio, con raíces chichimecas, es famoso por su danza conchera y sus muros adornados con arte urbano que narran historias de resistencia y herencia indígena. En 2015, San Francisquito comenzó a enfrentar el peligro de un megaproyecto turístico impulsado por los gobiernos estatal y municipal, que amenazaba con transformar el barrio en un destino comercial, desplazando a los habitantes originales y destruyendo su cultura y espacios sagrados. A través de asambleas comunitarias, marchas y la creación de una Confederación, las y los vecinos comenzaron a organizarse y solicitaron el reconocimiento oficial de San Francisquito como un barrio indígena urbano como una forma de defender sus derechos y protegerse ante nuevos desarrollos inmobiliarios.

Contexto e historia

Los procesos gentrificadores producto del capitalismo se siguen extendiendo a lo largo del mundo, imponiendo formas de vida que no contemplan la cultura originaria ni las necesidades reales de la población de los territorios que son invadidos por los grandes capitales. 

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{Foto de portada: Cuartoscuro}

Marcos normativos están siendo utilizados como herramientas de censura en México, alerta la organización Artículo 19 en la presentación de su más reciente informe Las Leyes como Mecanismo de Censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes (26). La organización exige a las autoridades frenar el hostigamiento hacia la prensa “mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas”.

Entre enero y julio de este año, un total de 39 periodistas (28 hombres, 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. De acuerdo con la organización, las cifras muestran un incremento en el acoso judicial, conformando además un patrón que en promedio equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo a cada cuatro días. 

Desde el 2016, Artículo 19 ha alertado sobre esta práctica, sin embargo, lejos de haber un alto, los 51 casos de acoso judicial documentados en lo que va de este año han sobrepasado las cifras de años anteriores donde, desde el 2015, el año con mayor número de víctimas había sido el 2021, con 40 casos.

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
^{Fotos por Aidesep}

Tras once años del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto (región Ucayali), el Poder Judicial del Perú ratificó la sentencia contra los autores del crimen.

En un fallo que marca precedentes para casos de crímenes contra dirigentes indígenas, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó, este lunes 25 de agosto, la pena de 28 años de cárcel por homicidio calificado a cuatro taladores ilegales, quienes aún no son capturados. 

Se teme que los asesinos escapen del país y la sentencia no se ejecute. Hay, además, un quinto acusado cuyo proceso se encuentra suspendido y de quién se desconoce su paradero.

“Tenemos información de que ya han intentado huir hacia Brasil. Si no se actúa de inmediato, la justicia podría volver a quedar impune”, señaló la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

En este largo proceso, los familiares de las víctimas se enfrentaron a obstáculos por parte de las autoridades, como la anulación de una primera condena en 2023, lo que significó el inicio de un nuevo juicio. La presión de las comunidades amazónicas para visibilizar el caso Saweto durante estos años fue clave. 

El crimen fue cometido el 1 de setiembre de 2014, cuando a Edwin Chota -un emblemático defensor de los territorios ashéninka-, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo los emboscaron cerca de la frontera con Brasil, adonde se dirigían para participar en una reunión internacional de líderes indígenas.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

Desde Mediterráneo Occidental, en el Moll de la Fusta de Barcelona, un puerto que ha visto zarpar históricas travesías, una a una se preparan decenas de pequeñas embarcaciones civiles para partir este domingo (30). Su objetivo es desafiar uno de los bloqueos más bestiales del mundo contemporáneo: el del Estado israelí sobre la Franja de Gaza. Esta es la llamada Flotilla Global Sumud, una iniciativa que aspira a convertirse en la “mayor misión humanitaria” de la historia liderada por la sociedad civil global.

La palabra “Sumud” en árabe significa “firmeza” o “resistencia pacífica”, un concepto profundamente arraigado en la identidad palestina. Es esta la firmeza que marca el corazón y la razón de cada tripulante que sostiene esta coalición sin precedentes, compuesta por cuatro grandes alianzas internacionales: la Campaña Global para el Retorno a Palestina, la veterana Coalición de la Flotilla de la Libertad —cuya tragedia del Mavi Marmara en 2010 aún resuena—, el Convoy Sumud del Magreb y la Iniciativa Nusantara Sumud del Sudeste Asiático.

Hasta el momento se han sumado activistas provenientes de 44 países, desde Argelia, España, Italia, Grecia, Marruecos, Colombia, Brasil, México, EEUU, Arabia Saudita, Irlanda, entre otros. Nuevamente se suma a esta iniciativa la activista sueca Greta Thunberg, ya que en junio pasado, en un intento por romper el bloqueo con la entonces llamada Flotilla de la Libertad, fueron detenidos y deportados.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
^{En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.}

Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).

Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado “Cártel de los Soles”. Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela. 

La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.

Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas. 

Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta}

Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.

Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.

La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.

Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
^{Fotos por Jeny Pascacio}

La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024. 

Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco. 

“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia. 

El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.

Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
^{En portada: Protesta de campesinos en las inmediaciones del poder Judicial, en la ciudad de San Pedro Sula, para exigir justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales por el asesinato de Juan López.}

A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.

Acorde a Ruy Barahona, portavoz del poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, donde se realiza el proceso penal, la audiencia fue reprogramada debido a que el juez accedió a la petición de la defensa de dos de los tres imputados, quienes aludieron una posible indefensión, consiguiendo con ello la reprogramación de la audiencia para el siguiente jueves 21 de agosto.

En entrevista para Radio Progreso, la abogada Rita Romero del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT), organización que López ayudó a fundar hace una década, denunció lo que calificó como negligencia institucional por parte del Ministerio Público. Esto debido a que, acusa, la Fiscalía entregó demasiado tarde un dictamen pericial realizado a los dispositivos telefónicos de los involucrados en el crimen, un informe que podría aportar pistas sobre los autores intelectuales.