San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

19 de diciembre de 2022

Pronunciamiento Conjunto

A UN AÑO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y MÚLTIPLES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN NUEVA PALESTINA, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS

A un año del ataque armado y el Desplazamiento Forzado Interno de 34 personas de la comunidad de Nueva Palestina, entre ellas 24 niños, niñas y adolescentes, exigimos a las autoridades estatales y federales urgente atención a la situación de vulnerabilidad que atraviesan las 5 familias afectadas por estos hechos que violan gravemente los derechos humanos.

El desplazamiento forzado tiene su origen en la animadversión que ha generado, en autoridades comunitarias y grupos de poder, la defensa de derechos humanos realizada por Versaín Velasco García ante la detención y encarcelamiento arbitrario de 5 jóvenes acusados de robo.

DENUNCIAMOS

El uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades, policías y civiles armados de la comunidad, ejercida en contra de Versain, su esposa e hijos, incluyendo una pequeña de 9 meses; así como las detenciones, tortura y encarcelamiento de forma arbitraria e ilegal.

La persecución, hostigamiento, intimidación y cacería humana de la familia Velasco García provocada por las autoridades, lo que ha generado múltiples afectaciones: heridas ocasionadas con palos, armas blancas y de fuego, demás agresiones, así como tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.

Así también la captura, tortura y desaparición forzada de Fredy Gómez Santiz. La tortura sexual contra la señora Isaura Velasco García, que le provocó la pérdida del producto de un embarazo de seis semanas, en medio de una ausencia de auxilio médico. El despojo de 70 hectáreas de tierra, propiedad de la señora Alejandra Garcia Perez.

A un año del desplazamiento y violaciones al derecho a una vida y vivienda digna, acceso a la salud y alimentación, así como a vivir una vida en paz, nos pronunciamos en contra del abandono y omisión por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, aunado a la falta de investigación y acción jurídica en favor de las víctimas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena.  quien ademas se ha dirigido a fabricar delitos hacia ellos y ellas.

Mostramos nuestra preocupación por la salud e integridad de Versaín Velasco García quien actualmente se encuentra privado de su libertad en el CERSS 16 de Ocosingo, que ante el silencio de las autoridades, el día 14 de diciembre de 2022, inicio una huelga de hambre para exigir su libertad.

EXIGIMOS

1. Libertad inmediata de Versaín Velasco García.
2. La búsqueda, localización y presentación con vida de Fredy Gómez Sántiz.
3. Atención urgente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno.
4. Investigación de los casos de tortura a menores de edad.
5. Investigación, castigo por la tortura sexual sufrida por las señoras Isaura, Antonia y Priscila.
6. Desistimiento de las órdenes de aprehensión existentes contra de los hermanos de Versaín.
7. Atención y registro de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas. (CEEAV).
8. Reparación integral del daño a las víctimas.
9. Garantizar el debido proceso en el desarrollo de Usos y Costumbres bajo irrestricto respeto de la vida y de la dignidad.

Solicitamos a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que defienden y promueven los derechos humanos, a la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos (CEDH -CNDH), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), para que atiendan este caso en el marco de sus mandatos y misiones y realicen las debidas solicitudes y llamamientos urgentes al Estado Mexicano para que atiendan la situación, que ayuden a contrarrestar y prevenir violaciones a derechos humanos.

Solicitamos la presencia de escudos humanitarios y observadores internacionales y nacionales como Swefor y SiPaz para garantizar que este proceso sea pacífico y en el marco internacional de los derechos humanos.

Firman

Equipo Jurídico Solidario.

Melel Xojobal A.C.

Pastoral Social, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2022

Pronunciamiento Conjunto
16 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

•    A 16 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores. 

•    Lejos de la justicia, éste es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles., algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo a investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integraron entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 16 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.

Durante todo este tiempo, la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

La FGE nunca contó  con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos y, luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud , continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -luego de 16 años-  continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros.

Cabe señalar que esta sangrienta masacre se dio en un contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

En este 16° aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco, la organización XINICH, recuerda y conmemora a las compañeras y compañeros que fueron asesinados en esta masacre, reiterando que están vivos en nuestra memoria y en la memoria colectiva de los pueblos que resisten y luchan; son ellos-as quienes nos empujan día a día a seguir luchando por la autonomía, por la defensa del territorio, por nuestra Madre Tierra y por la Otra Justicia.

No al despojo de nuestro territorio ni de la Madre Tierra

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

¡Viejo Velasco no se olvida!

Suscriben en apoyo y solidaridad (por orden alfabético):

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Santísima Trinidad
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Red Todos los Derechos para Todos y Todas
Salud y Desarrollo Comunitario A. C.

Ver:

y

38 indígenas –mayoría mujeres y niñas- desplazados refugiándose en la montaña y muestras de la violencia y saña del ataque de corte paramilitar

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2022

Pronunciamiento.
XVI Aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco
La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla

Desde hace dieciséis años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia.

Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso.

Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, ANTONIO PEÑATE Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevo.

Recordamos a nuestra compañera MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, PETRONA NÚÑEZ GONZÁLEZ, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

La masacre ocurrió en Viejo Velasco, municipio de Ocosingo Chiapas, cuando 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanja Chansayab (de la comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunas con uniforme tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

Estas personas iban acompañadas de 300 elementos de la policía sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: AR-15 y AK-47. Así también, hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos Peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.

No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los pueblos indígenas de nuestro territorio. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedara en el olvido.

Hoy, a los 16 años nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo.

No olvidamos que el único delito de nuestros hermanas y hermanos masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y territorio para el sustento de sus familias.

Nuestra voz y lucha han tenido un paso más; queremos informar públicamente que el pasado 25 de septiembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de admisibilidad No. 264/20, de la petición 1594-10 del caso Pedro Núñez Pérez y otros, México, en donde señalamos claramente la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares que tuvieron lugar durante la agresión violenta a nuestra comunidad Viejo Velasco.

Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales de más de 45 comunidades indígenas asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo enfrentada a una agresiva política del Estado Mexicano ejercida sobre dichos poblados ubicados dentro y en los límites de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, una de las más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico de nuestro país.

Desde la ciudad de Palenque Chiapas México, reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado así como justicia por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez Gonzales, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez; la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González; así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la organización social CDLI-XINICH, a quienes el estado mexicano se empeña en hacerlos responsables de asesinar a sus propios compañeros.

QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD
CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
¡VIEJO VELASCO NO SE OLVIDA!

ATENTAMENTE
Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco
Coordinadora de la Organización Social XINICH
UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC

Organizaciones acompañantes:
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas-CDLI-XINICH
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba
Maderas del Pueblo del Sureste- MPS
Salud y Desarrollo Comunitario- SADEC
Casa de la Mujer Ixim Antsetic

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos Los Derechos Para Todas y Todos”
(Conformada por 84 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de noviembre de 2022

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” seguimos elevando nuestra voz, para que más personas conozcan de las malas practicas de tortura y detención arbitraria realizadas por la Fiscalía General del Estado en contubernio con Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Chiapas, que han generado acciones de dilación procesal a nuestros familiares y pretenden sentenciarlos por delitos que no cometieron.

Nuestra postura es que en Chiapas la tortura sea erradicada y las víctimas sean reparadas de los daños que el estado mexicano les ha causado, que la Fiscalía Antitortura realice indagaciones eficientes y eficaces sobre los casos de víctimas de tortura y se castiguen a los agentes perpetradores.

En este contexto queremos exhortar al Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez de control del distrito judicial de Cintalapa, Chiapas, que se dirija con apego a derecho y en todo momento se apliquen los estándares internacionales de derechos humanos, así como los principios pro personae e indubio pro reo que mayor favorezcan a las víctimas y en el marco de 3 años de impunidad siendo que el día 10 de noviembre de la presente anualidad nuestro compañero Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) llevara a cabo Audiencia de Juicio Oral, el Juzgado del distrito de Cintalapa, Chiapas.

Queremos mencionar que nuestro compañero se encuentra arbitrariamente detenido desde el 29 de octubre del 2019 con número de expediente penal: 443/2019. Carlos Antonio manifestó ser víctima de tortura, por hechos ocurridos durante su detención sin orden judicial, seguido a ello durante las primeras audiencias autoridades no se condujeron bajo el debido proceso y de defensa adecuada.

El 29 de octubre de 2019 Carlos Antonio, fue detenido de manera ilegal y arbitraria en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto o FAT (actualmente Fiscalía de Asuntos Especiales o FAE) “vimos que aproximadamente cuarenta policías vestidos de civiles con la cara totalmente cubierta, tiraban el portón de la casa en la que nos encontrábamos, llegaron tirando todo y rompiendo todo, nos gritaban que ¿donde estaban las drogas? ¿donde estaban las armas? ¿donde estaba el dinero?”. Además, fue sometido a actos de tortura y a tratos cueles, inhumanos y/o degradantes “…no nos enseñaron ningún papel, ninguna orden de aprehensión, a mi me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos y me obligaron a subir a una de sus camioneta, abordo de la camioneta me siguieron golpeando, me llevaron a la Fiscalía de Alto Impacto, esto lo se porque escuchaba a los fiscales hablar entre ellos y los sonidos de las maquinas de escribir, en esta Fiscalía fui torturado y obligado a firmar papeles y expedientes de los que hasta el día de hoy desconozco su contenido. Fui desnudado, colgado, electrocutado y golpeado a tal grado que tuvieron que llevarme al Hospital Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, donde tuve que ser intervenido con una cirugía de emergencia…”

1El 2 de noviembre de 2019, Carlos Antonio llegó al CERSS No. 14 “EL AMATE” de Cintalapa, Chiapas, día en que se llevó a cabo la audiencia inicial sin que el pudiera comprender los delitos por los que se le acusaba y las manifestaciones del Ministerio Público, ya que no podía ni hablar ni caminar después de la Tortura de la que refiere haber sido víctima. En esta audiencia su abogada, defensora de oficio, no manifestó en ningún momento las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos de Carlos Antonio, tampoco recabó ni presentó ningún tipo de prueba a fin de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público.

Sumando que sus familiares han recibido amenazas por parte de la Fiscalía, se les ha dicho que no vayan a visitar al Carlos Antonio, que no pueden ayudarle en nada y que no deben de denunciar lo sucedido o se tomara represalias en contra de la familia. Estos hechos corresponde a una clara violación a Derechos Humanos y Violación a las Garantías Judiciales según la Convención Americana de Derechos Humanos así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 20.B Fracciones II y III.- Imponen que “A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;””A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.”

• Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de justicia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
• Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que celebrara la Audiencia de Juicio Oral de Carlos Antonio López Robles la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de la Fiscalía de Alto Impacto en su momento, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de resolver con su inmediata libertad.
• Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
• Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos en el presente caso, puesto que tienen conocimiento de estos hechos garrafales.

ATENTAMENTE,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos” Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

13 DE NOVIEMBRE DE 2006, POR EL DESPOJO DE TIERRA Y TERRITORIO EN LA SELVA LACANDONA.

PUEBLO EN GENERAL

Hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas.
Organizaciones sociales, centros de derechos humanos, religiosas y religiosos,
Medios de comunicaciones libres, nacional e internacional.

Con ideas de justicia y verdad La Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas CDLI-XINICH y los familiares de las victimas de la masacre de Viejo Velasco ocurridos en día 13 de noviembre 2006.

Invitación para conmemorar juntos este XVI aniversario de esta cruel masacre

Peregrinación en memoria de nuestros hermanas y hermanos masacrados, desaparecidos y más de 36 personas desplazadas, de la comunidad de Dr. Manuel Velasco Suárez, Municipio de Ocosingo, Chiapas. Crimen conocido como Masacre de Viejo Velasco, en la Selva Lacandona, cometida por 300 elementos de la Policía Sectorial, en presencia de Fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno de Chiapas.

Llevamos XVI años caminando exigiendo justicia y verdad, el estado mexicano no habido respuesta. Hemos vivido tantas injusticias, muertes y desaparecidos seguimos peregrinando, hasta llegar A CONOCER LA VERDAD.

ACTIVIDADES:

Fecha 13 de noviembre, 2022.

Lugar: Palenque. Chiapas.

A las 8:00 hora de la mañana: concentración en la Madre Ch’ol., Palenque, Chiapas.

A las 9:00 horas de la mañana, comienza la peregrinación, hasta llegar a la plaza central de Palenque.

11:00 horas Rueda de Prensa.

12:00 horas del día, Celebración Religioso, en la Oficina Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi’nich., Calle Jiménez No.78 entre 5 de Febrero y periférico Norte.

A la 1:00 horas de la tarde Una pequeña alimentación que ofrece la Organización XI’NICH Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y DESAPARECIDOS.

NUNCA MÁS, UN MÉXICO SIN NOSOTROS

En Defensa de la Madre Tierra
Familiares de Víctimas y Víctimas Sobrevivientes
Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas.
CDLI-XI’NICH’, Ucisech, Tsolej Yu’un Wocoltic
Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. A.C.

Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.

Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

20 de Octubre de 2022.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO CREYENTE

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.

En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.

Ya el papa Francisco ha señalado en la encíclica Laudato Si, que existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo, no se puede permitir que ciertos intereses que son globales pero no universales se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los pueblos estamos llamados a aclamar, a movilizarnos, a exigir pacíficamente pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas

El 26 de septiembre de este año el movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio denuncio públicamente la situación de amenazas, hostigamiento e intimación contra las defensoras y defensores de los derechos humanos en el municipio de Chicomuselo, Chiapas ante la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades y sin el estudio de impacto ambiental, estamos claros que hasta ahorita no existe ninguna forma de extracción minera ecológica y sustentable, seguiremos defendiendo nuestro territorio.

El día 16 de Octubre ingresaron a la cabecera municipal de Chicomuselo diversos camiones de carga para trasportar material minero y el día 17 de octubre los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de “barita”; material minero que se usa para perforación de pozos petroleros y para el sector extractivo de manera ilegal.

Desde 2007 nos percatamos del ingreso de extranjeros al territorio del municipio con el objetivo de hacer estudios antropológicos de la región, a partir de ahí el pueblo creyente como custodias y custodios de la creación de Dios que se nos ha encomendado y desde nuestras opciones diocesanas de pastoral nos pusimos en alerta y comenzamos hacer un fuerte proceso de concientización en cuidado y defensa de la tierra y el territorio como parte de nuestra espiritualidad enraizada en la Madre Tierra como nuestra casa común.

Durante nuestro proceso de concientización y resistencias descubrimos que en el municipio habían ya 14 concesiones mineras en diferentes puntos de nuestro territorio con un permiso de 50 años, fortalecimos nuestra forma organizativa propia desde las comunidades y nuestras luchas legales siempre por la vía pacífica a través de peregrinaciones, foros informativos, denuncias públicas, diálogos con las autoridades de gobierno en los tres niveles.

A pesar de nuestras luchas y resistencias la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd inicio la explotación minera en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, sin una consulta previa e informada como lo señala el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones.

Actualmente hay 12 concesiones vigentes y 2 vencidas; como Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) mantenemos nuestras luchas y resistencias por cuidar y defender la vida de todas y todos. En estos últimos meses se han realizado diversas acciones denunciando y pronunciándonos en contra de la explotación minera ilegal, así como amenazas, hostigamiento e intimidación a servidoras y servidores comprometidos desde la opción por los pobres y la opción por nuestra Madre Tierra, reafirmada desde 2014 en el congreso teológico sobre la madre tierra en nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Como Pueblo Creyente y MODEVITE hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo.

De manera formal se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso y la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región. Esta omisión de PROFEPA y demás autoridades, activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio. Hasta el momento se ha dialogado con algunas autoridades solicitando dialogo con instancias de las secretarias responsables en la materia y tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen.

Como Pueblo Creyente y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio hemos marcado un camino de lucha y resistencia ante el proyecto minero por la vía pacifica sin violentarnos contra nadie. Nuestra lucha es por la vida, la paz y la justicia desde la dignidad de hijas e hijos de Dios; reconocemos que el Evangelio reclama al Cristiano y Cristiana de hoy más compromiso con la historia como lo ha señalado San Romero de America y así seguiremos asumiendo nuestra corresponsablidad en cuidar y defender la Vida.

Denunciamos:

• La omisión y la falta de responsabilidad de los tres niveles de gobierno ante la explotación minera en Chicomuselo que vulnera nuestros derechos humanos y colectivos.
• Las amenazas, intimidación y hostigamiento a nuestras comunidades y a quienes resistimos a la explotación de nuestra Madre Tierra.

Exigimos:

• Que PROFEPA realice la investigación correspondiente ante la extracción de material minero que se está dando de manera ilegal y a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas.
• Al gobierno estatal y federal la declaratoria oficial donde se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.

Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por cuidar y defender la vida y nuestro territorio.

POR UN PUEBLO DONDE HAYA PAZ Y JUSTICIA:

¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS MINEROS!

¡ALTO A LA EXPLOTACION MINERA EN CHICOMUSELO!

¡NO A LA MINERIA DEPREDADORA, SI A LA VIDA!

¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO!

¡NO MAS CONCESIONES MINERAS¡

¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!

¡ALTO A LA INTIMIDACION, AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO DE NUESTRAS COMUNIDADES!

Felices cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias porque será grande la recompensa. (San Mateo 5, 11-12).

Atentamente

Pueblo Creyente de la Parroquia San pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

El prófeta tiene que ser molesto a la sociedad, cuando la sociedad no está con Dios.

(San Romero de America).

Desafíos y claves en el contexto actual

Martes 25 de octubre 2022
Teatro Daniel Zebadúa San Cristóbal de las Casas Chiapas

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Presentación

La inseguridad, violencia y disputa territorial configuran una alarmante realidad que afecta la vida de millones de personas en México y tiene un grave impacto sobre los derechos hu- manos. Ya sea por falta de capacidad o colusión, las autoridades – en sus distintos niveles de gobierno – se ven rebasadas por esta realidad, muy marcada por la coacción ejercida por el crimen organizado.

A esta crisis de seguridad local, se suma una crisis socioeconómica mundial precipitada por los efectos de la Covid-19 y que la guerra en Ucrania puede agravar aún más, con alza de precios, incremento del desempleo y mayor presión extractivista sobre los territorios.

Todo ello conlleva desafíos importantes que deben ser abordados con herramientas de construcción de paz. Es con esta finalidad que una gran variedad de personas y organizacio- nes pertenecientes a distintos espacios de articulación llevan más de dos años celebrando periódicamente encuentros de análisis y discusión. Con el tiempo se han ido constituyendo como Plataforma para la Construcción de Paz en México.

Este Foro es la primera actividad pública y presencial de dicha Plataforma que se ha plantea- do por reto profundizar en la reflexión colectiva, ampliándola a otros actores que trabajan a favor de la paz desde una gran variedad de espacios sociales.

Organiza:

PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN MÉXICO

La Plataforma para la Construcción de Paz en México es un espacio que se ha ido confi- gurando a lo largo de estos últimos tres años y en el que han confluido personas y orga- nizaciones vinculadas a estas tres articulaciones: la Red Global para la Prevención de los Conflictos Armados (GPPAC por sus siglas en inglés), el Servicio Civil para la Paz de Pan para el Mundo y el I Foro Internacional por la Construcción de Paz en México convocado en Barcelona en 2019 por el ICIP, Serapaz y la Taula per Mèxic.

Con este Foro y las actividades internas que le seguirán a lo largo de la semana, la Plata- forma busca fortalecerse como red e identificar pasos para avanzar hacia una agenda de paz compartida.

Programa

8:30h
Registro

9:00h – 9:30h
Bienvenida
Alberto Solís Castro, Serapaz

Intervención del Coro de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

9:30h – 11:15h

Mesa 1 — Claves para la construcción de paz: una reflexión global
Los retos que enfrenta México en la actualidad están inmersos en el contexto de desafíos mundiales, como la presencia de organizaciones criminales transnacionales, impactos de una economía globalizada extractivista y el auge de sociedades altamente polarizadas. Para hacer frente a ello, el marco conceptual y estratégico de la construcción de paz ofrece caminos que urge explorar.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (participación en línea)
Marta Ruiz, ex comisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia
Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional
Presenta: Alberto Solís Castro, Serapaz

11:15h – 11:30h
Descanso

11:30h – 13:15h
Mesa 2 — Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?
Ante la crisis de derechos humanos e inseguridad que vive México, resulta urgente analizar posi- bilidades para el impulso de modelos de seguridad, cuidados, protección y justicia con enfoques de paz diferenciados que permitan detener la violencia exacerbada en el país.

Jenny Pearce, London School of Economics, Reino Unido
Ernesto López-Portillo, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Guillermo Trejo, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos
Presenta: Yésica Sánchez Maya, Consorcio Oaxaca

13:15h – 14:45h
Descanso

14:45h – 16:30h
Mesa 3 — Prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social
México se enfrenta en la actualidad al reto de fomentar el cambio en las relaciones y estructuras sociales que generan violencia y miedo y que han conducido a niveles graves de desintegración y rupturas del tejido social. En este contexto, es preciso reflexionar sobre nuevas formas de rela- ciones sociales que permitan generar condiciones para una paz justa y duradera.

Lina Ibañez, Diálogos Improbables, Colombia
Dominic Barter, experto internacional en Círculos Restaurativos
Lenin Torres, Centro de Investigación y Acción Social
Presenta: Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

16:30h – 16:45h
Descanso

16:45h – 18:30h
Mesa 4 — La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz
La educación, la espiritualidad, el arte, la cultura o el periodismo son elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en una sociedad. Resulta pertinente reflexionar sobre su aporte en la construcción de alternati- vas para la construcción de paz en el México actual.

Pietro Ameglio, académico y activista social
Marcela Turati, Quinto Elemento Lab.
Mons. Rodrigo Aguilar, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
Presenta: Carla Ríos, Brigada Marabunta

18:30h – 19:00h
Conclusiones y clausura

Biografías

Abel Barrera
Activista por los derechos humanos y antropólogo, fundó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para apoyar en la reconstitución de los pueblos originarios. Su com- promiso y labor han sido reconocidos con varios premios nacionales e internacionales, entre el que destaca el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, por su lucha en contra de las violaciones que cometen los militares y policías en contra de la población de la Montaña de Guerrero. Es una de las cinco personas integrantes de la Comisión de la Verdad de México, creada por decreto presidencial para investigar los crímenes de graves violaciones del pasado.

Alberto Solís Castro
Es defensor de los derechos humanos en México; exdirector y miembro de Serapaz. Especializa- do en asesoría y acompañamiento político estratégico a movimientos y organizaciones sociales para la transformación positiva de conflictos y la demanda de causas legítimas y justas de la sociedad civil.

Carla Ríos
Es subdirectora de la organización Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., organización que trabaja en su comunidad con arte y cultura, en movilizaciones sociales como defensores de derechos humanos y mediadores y en las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en campo a pozos o zonas de difícil acceso, así como a través de intervenciones comunitarias que combinan arte y búsqueda.

Dominic Barter
Durante los últimos 25 años ha trabajado con comunidades marginadas, organizaciones, go- biernos locales y nacionales, la ONU y agencias internacionales promoviendo la cooperación y el cambio, principalmente en los ámbitos de la justicia, la educación, la gobernanza, la financiación comunitaria colaborativa y la autodeterminación local. Ha sido colaborador cercano de Marshall Rosenberg (Comunicación Noviolenta). Destaca su trabajo a través de los Círculos Restaurati- vos en prisiones, hospitales, iglesias, escuelas, y con movimientos sociales, universidades, fuer- zas policiales, milicias o grupos criminales.

Ernesto López-Portillo
Licenciado en Derecho, ha dedicado su carrera profesional a promover la reconciliación entre la policía y la sociedad. En 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, que dirigió hasta 2016. Posteriormente ejerció como Secretario Técnico del Foro Democrático para la Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX y actualmente es el Coordi- nador del Programa de Seguridad Ciudadana del mismo centro. Su más reciente publicación es “La prevención de la violencia y la delincuencia en México. Una promesa malograda” en La responsabilidad del porvenir del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado centenares de artículos de prensa, tarea que en el 2009 le hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo. 

Guillermo Trejo
Profesor de Ciencia Política y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio de movimientos sociales, violencia política y criminal, derechos humanos y justicia transicional en México y Amé- rica Latina. Su más reciente libro, Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras crimi- nales en México (Penguin Random House América Latina, Debate). Su nuevo libro, Nunca más: Por qué la justicia transicional previene estallidos de violencia criminal en nuevas democracias aparecerá en 2023. Acompaña a colectivos de familias de personas desaparecidas en México en su búsqueda por verdad y justicia.

Jenny Pearce
Profesora en el Latin American and Caribbean Centre (London School of Economics), fue tam- bién profesora de Políticas Latinoamericanas en el departamento de Estudios de la Paz de la Universidad de Bradford (1992-2016) y ha impartido clases en otros centros universitarios. Más recientemente ha ejercido como investigadora principal del proyecto ESRC/Conacyt Newton: “Co-construyendo seguridad humana en México: de las comunidades hacia el Estado” (2016- 2018). Entre sus numerosas publicaciones destaca su último libro Politics without Violence? Towards a Post Weberian Enlightenment (Palgrave Macmillan, 2020).

Lenin Torres Lázaro
Licenciado en Comunicación Organizacional por la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” de la UNAM, es director general del Centro de Investigación y Acción Social “Jesuitas por la Paz” (CIAS) en el que ha desarrollado proyectos de reconstrucción del tejido social. En el pasado ha participado en proyectos de alfabetización y gestión comunitaria y ha colaborado con organiza- ciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” del Estado de México.

Lina Marcela Ibáñez
Directora ejecutiva de la Plataforma Diálogos Improbables, ha liderado múltiples procesos de diálogo entre opuestos y diversos, en Colombia y otros países de América Latina, con el propó- sito de reconstruir relaciones de confianza y generar acciones colectivas para la transformación de conflictos territoriales, socioambientales, interétnicos, y culturales. Es asesora en construc- ción de paz, reconciliación, y en modelos de gobernanza y colaboración entre el sector público, privado y comunidades. Asesoró a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia en las negociaciones del Acuerdo para el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC- EP en temas de la Reforma Rural Integral y la implementación del Acuerdo.

Luis Jorge Garay
Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y magíster en economía en la Universidad de los Andes, dirige actualmente el Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Colombia). Es director académico de Scientific Vortex Group y ha ejercido de consultor tanto para organismos internacionales como colombianos. Es autor de cerca de cien libros y numerosos artículos sobre macro-corrupción y cooptación institucional, redes criminales internacionales, exclusión social y globalización, socio-ecología política de la explotación de recursos naturales no renovables y división sexual del trabajo, entre otras cuestiones.

Marcela Turati
Periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la red Periodistas de a Pie des- de donde se impulsa el fortalecimiento de medios independientes regionales y la colaboración, acompañamiento, protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. También co-fundó Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el perio- dismo de investigación.

Marta Ruiz
Periodista graduada en la Universidad de Antioquia, cuenta con una experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado en Colombia. Su trabajo ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha sido docente de las Universidades de los Andes y del Rosario y maestra de la Fundación Gabo para el periodismo. Fue una de las once comisionadas de la verdad que trabajó en la construcción del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, liderando el capítulo sobre narrativa histórica del mismo.

Pietro Ameglio
Es profesor de Cultura de Paz y Noviolencia en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, desde 2017, responsable del Programa de Educación para la Paz y la Noviolencia: Alternativas de aprendizaje y transformación de las violencias. Se ha especializado en áreas de epistemología, educación, construcción y cultura de paz; resisten- cia civil noviolenta; construcción de la violencia y reconstrucción del tejido social; educación autónoma y popular; investigación social y bases de datos.

Mons. Rodrigo Aguilar
Sacerdote licenciado en Ciencias de la educación por la Universidad Pontificia Salesiana (UPS), ha ejercido de secretario del Arzobispo de Morelia, profesor en el seminario arquidiocesano, Rec- tor del Santuario de San José y Director Espiritual de los seminaristas de filosofía. Primer Obispo de la Diócesis de Matehuala, también lo fue más adelante de Tehuacán. En 2017 fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo de San Cristóbal de las Casas.

Yésica Sánchez Maya
Es abogada, defensora de derechos humanos, especialista en litigio estratégico para la defensa de pueblos indígenas, víctimas de abusos de autoridad, criminalización de la protesta social, detención arbitraria, tortura y mujeres sobrevivientes de violencia de género. También es ex- perta en protección integral de defensores y defensoras de derechos humanos, en incidencia internacional y es heredera de la tradición de lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca.

ORGANIZA:
Plataforma para la Construcción de Paz en México