San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
16 de octubre de 2024
Acción Urgente No. 3

Denunciamos el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes Bases de Apoyo del EZLN de la comunidad 6 de Octubre, CGAZ de Nuevo Jerusalén

• El asedio a la autonomía zapatista es continua
• El Gobierno Autónomo Local ha dado a conocer que un grupo de personas armadas están instaladas en las tierras recuperadas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información de los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ), Caracol IX, Nuevo Jerusalén, sobre ataques de personas armadas e instalación de chozas dentro de las tierras recuperadas del poblado 6 de Octubre, Gobierno Autónomo Local (GAL), municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

En múltiples ocasiones durante el mes de junio, personas desconocidas llegaron a la comunidad, portando armas de distintos calibres, intimidando a las familias del poblado 6 de octubre. Hicieron recorridos y tomaron fotos. Posteriormente, dos personas bases de apoyo que habían salido a trabajar sufrieron amenazas: se les advirtió que tenían que retirarse de su comunidad de buena manera, o que los iban a sacar “por la mala”. La comunidad no contestó a dichos amedrentamientos, sin embargo se intensificaron. Así el 30 de agosto por la noche reportan que estuvo sobrevolando un dron en el poblado 6 de Octubre.

A lo largo del mes de septiembre, siguieron incursionando personas desconocidas, generando miedo entre las y los pobladores. Culminó el 23 de septiembre 2024, a aproximadamente las 6:00 horas cuando un grupo de personas armadas nuevamente se presentó al GAL 6 de Octubre. Llegaron en 10 vehículos con aproximadamente 100 personas, bajaron y se pusieron a limpiar una extensión de terreno para construir sus chozas, cerca de las viviendas de las familias Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). A partir de esa fecha, el grupo armado se ha mantenido en el lugar, por lo que las intimidaciones y amenazas han aumentado. Hombres armados vigilan el quehacer de las familias zapatistas. Para su propia seguridad, los hombres del poblado han preferido permanecer encerrados en los domicilios, y son las mujeres quienes salen; sin embargo han sido amenazadas con violarlas.

Desde el 5 de septiembre de 2024, se ha hecho de conocimiento a diferentes autoridades del Estado mexicano la presencia, intimidación y amenazas del grupo de personas armadas en las tierras recuperadas de las familias BAEZLN, sin que hasta el momento se atienda eficazmente esta situación, existiendo el riesgo de sufrir un desplazamiento forzado interno.

Pedimos a las autoridades correspondientes :

• Realizar acciones urgentes y necesarias a efecto de garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las familias Bases de Apoyo Zapatista, evitando que escale la situación.

• Investigar de manera pronta y adecuada para identificar las personas responsables, desarticular y desarmar al grupo o grupos que operan en la zona.

• Garantizar y respetar la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus Bases de Apoyo en general, y de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas de Nuevo Jerusalén en particular.
• Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas contra las comunidades zapatistas:

FIRMA AQUÍ: https://au.frayba.org.mx/2024/10/16/45/

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
19 de septiembre de 2024

Boletín No. 22

Denunciamos el incremento de la violencia a integrantes del Frayba

    • Allanamiento, amenaza de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes.

    • Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) tiene 35 años de promover y defender los derechos humanos en Chiapas. En esta travesía por la defensa de derechos, ha documentado y acompañado a víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos que buscan acceso a la justicia frente a la impunidad, principalmente en el marco del Conflicto Armado Interno que aún no se ha resuelto.

Desde su inicio, el Frayba ha sido objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano, así como pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, por realizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, el cual ha molestado los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen. El común denominador es la falta de investigación, identificación y castigo a los responsables.

Desde 2021, hemos alertado el incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas.

Desde el mes de enero en Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo. Lo que ha desatado una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales.

En los meses de julio, agosto y septiembre hemos documentado amenazas de muerte y recientemente el allanamiento a la casa de un integrante del Frayba como un modo de intimidación y de amenaza. Los comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio a nuestro trabajo sigue siendo una constante. Se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal.

A pesar de que el Frayba cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Frayba. Las omisiones del Estado al no realizar una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos y las fuentes de riesgo dado a conocer, afecta el trabajo diario, tiene un efecto amedrentador para ejercer la defensa de los derechos que se reclaman de manera justa ante la autoridad que violenta, porque sabe de facto que existe un pacto de impunidad.

En el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, es fundamental destacar que, toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Además, cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y proteger a toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos.

Lo anterior reflejan el compromiso de la comunidad internacional para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las circunstancias, y que los Estados desempeñen un papel activo en la promoción y protección de estos derechos.

Es claro que el Gobierno no cumple a cabalidad con la protección en el territorio mexicano, hoy estamos en medio en una crisis profunda de los derechos humanos y una violencia generalizada y criminal que se decanta en todas las esferas de la vida, el gobierno de la Cuarta Transformación no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia, al contrario, los riesgos van en aumento y con ello a quienes defiende los derechos humanos tal como es en Chiapas.

A pesar de la ineptitud gubernamental, desde el Frayba, reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para pronunciarse y sumar la voz de exigencia por el respeto al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos para seguir construyendo la paz. Nos solidarizamos con los pueblos, organizaciones y colectivos que han sido reprimidos y criminalizados por defender sus derechos, su tierra y territorio, estamos convencidos que desde abajo y a la izquierda estas las alternativas para seguir tejiendo organización y comunidad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

24 de agosto de 2024

Boletín No. 21

Memoria, Vida y Resistencia de los Pueblos en defensa de la tierra y el territorio

• Quinto aniversario de lucha, resistencia y defensa de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino) de Agua Clara pertenecientes al CNI.

Las comunidades y pueblos originarios actualmente enfrentan una profunda vulnerabilidad frente a las autoridades del gobierno mexicano que restringen su autonomía y libertad, a menudo se ven obligadas a someterse a políticas externas que desestiman su modo de vida. La imposición de normas estatales y la falta de reconocimiento de sus derechos humanos debilitan su capacidad para autogobernarse y preservar sus tradiciones. Esta dinámica discriminatoria del gobierno perpetúa la marginación y el despojo de sus recursos, socavando su identidad cultural y bienestar colectivo.

Así también, las personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos y comunidades originarias enfrentan serias dificultades, incluyendo criminalización, el hostigamiento y el desprestigio de su labor. A menudo, sus esfuerzos por proteger y promover los derechos de sus comunidades los colocan en el centro de ataques por parte de actores estatales y privados interesados en sus tierras y recursos. Son frecuentemente acosados judicialmente, amenazados, en un intento por silenciar su voz y deslegitimar su trabajo, buscan erosionar la confianza en su labor y desalentar la defensa de los derechos fundamentales de sus pueblos.

No podemos dejar de visibilizar las violaciones a derechos humanos y permisibilidad del gobierno estatal, de los sucesos del 4 de agosto de 2019, cuando un grupo de personas encabezadas por autoridades ejidales, agredieron físicamente a habitantes de Agua Clara, territorio de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), pertenecientes al Pueblo Tseltal, parte del Congreso Nacional Indígena, los agresores sitiaron y realizaron disparos de armas de fuego, no obstante se resistió de manera digna a la agresión y se ha construido desde abajo un proceso de autonomía.

En el marco del quinto aniversario de memoria, resistencia y lucha por la defensa de la vida y el territorio, les felicitamos por su valiente lucha, resistencia, el fruto simbólico es la inauguración de su nuevo espacio como memoria viva. Su compromiso y visión en el horizonte de construcción de alternativa son un ejemplo inspirador de fortaleza y dignidad que no solo celebra su pasado, también fortalece su futuro, preservando la rica herencia que los define.

Han forjado, con esfuerzo y sufrimiento su sendero en medio de esta guerra contra los pueblos originarios. Su trabajo en protección de los derechos humanos, en estrecha relación con el Congreso Nacional Indígena, así como su propuesta de reconstitución de los pueblos y su sólida postura antisistémica, configuran una intensificación de su caminar. Este empeño busca modificar el sistema actual, en el que los muchos mundos que habitamos sean una realidad alcanzable.

Que sigan floreciendo en su camino hacia la autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de agosto de 2024

Boletín No. 20

La ONU llama al Estado mexicano a garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Chiapas

• El Estado mexicano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; es urgente que se tomen medidas proactivas y contundentes de protección.

Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la situación de riesgo de varias personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en Chiapas. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al Estado que aclare las medidas que está tomando para proteger a quienes sufren ataques por su labor en pro de los derechos humanos.

La y los expertos independientes de la ONU sumaron sus voces tras sostener una reunión con varias personas defensoras del estado de Chiapas. En su comunicación, destacan los ataques que enfrentan el Padre Marcelo Pérez Pérez, Pascuala López López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como pobladores de Chicomuselo movilizados contra la explotación minera en su territorio.

Estas personas y organizaciones están expuestas a la criminalización, a difamaciones, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas de muerte, ataques físicos, entre otras violencias. Algunas acompañan víctimas de desplazamiento forzado, otras son constructoras de paz o buscan justicia para sus seres queridos. Todas están en riesgo por defender sus derechos, su tierra y territorio.

A raíz de ello, la ONU pide al gobierno esclarecer lo que está haciendo para revertir esta tendencia. En efecto, México como cualquier Estado tiene el deber no solo de abstenerse de violar los derechos de las personas defensoras, sino también protegerlos ante los riesgos que enfrentan. En un contexto donde defender los derechos humanos puede ser mortal – 30 personas defensoras fueron asesinadas en México en 2023[1] – la y los relatores también subrayan la necesidad de investigar a fondo el asesinato de Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas asesinado el 5 de julio 2021; así como la propia Masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó.

Finalmente, la y los relatores resaltan la necesidad de no dejar en la impunidad las agresiones a personas defensoras, así como tomar las medidas para que no se repitan.

Desde el Frayba, apoyamos firmemente este llamamiento y recordamos al Estado mexicano sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es imperativo que se tomen medidas proactivas y contundentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones y las y los defensores son aliados esenciales y actores clave en la garantía y protección de los derechos de todas y todos.

[1]https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-segundo-pais-con-mas-crimenes-vs-defensores-20240523-0009.html

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

07 de agosto de 2024

Boletín No. 19
 

Libre José Díaz Gómez, Base de Apoyo del EZLN

• La acción solidaria logró arrancar de las garras del sistema de opresión a José Díaz.

Con una gran felicidad informamos la libertad de nuestro compañero José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Esta libertad es gracias a la acción decidida y común de los pueblos, comunidades, colectivas, organizaciones, y personas a lo individual; la suma continua fue para manifestar la injusticia, desnudar al sistema corrupto, en el que el compañero zapatista fue objeto de la Privación Arbitraria de la Libertad (PAL) que llevó a poner en riesgo su vida.

Las violaciones a los derechos humanos son múltiples, pero la ola de solidaridad es mucho más grande, ya que hace caer los muros de cualquier sistema. La palabra con dignidad, la lucha persistente, la imagen que trastoca el corazón, todas las acciones rompen los esquemas de un gobierno sordo para los pueblos.

Agradecemos a todas las personas quienes, con sus diversas formas de manifestación y expresión, son el pensamiento colectivo y la esencia de que es posible y necesario otros mundos. Gracias por la ola de solidaridad con la que logramos agrietar el sistema.

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Pronunciamiento por la Libertad Inmediata de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del EZLN: ¡LIBERTAD YA!

29 de julio 2024 

Individuos, individuas, colectivos, colectivas, organizaciones, pueblos, comunidades y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, levantamos nuestra voz y colocamos nuestra palabra para exigir la libertad de nuestro compañero, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), José Díaz Gómez quien es rehén del Estado mexicano bajo el desgobierno de Rutilio Escandón Cadenas, quien lo mantiene preso de manera injusta y arbitraria en el CERSS 17 de Playas de Catazajá, Chiapas, México.

A un año y nueve meses José Díaz sigue privado de su libertad bajo la medida cautelar prisión preventiva oficiosa (prisión sin sentencia) por un delito fabricado. Son alarmantes las condiciones de tortura en las que está recluido José, el hacinamiento e insalubridad causan enfermedad física y psicoemocional a nuestro compañero BAEZLN como lo hemos podido ver en nuestras visitas. La crueldad del sistema carcelario es desmedida, la falta de atención médica pone en riesgo la salud y vida de José; su integridad y seguridad está en peligro al vivir en una celda pequeña con 18 personas, las condiciones de sobrepoblación carcelaria y hacinamiento aumenta el riesgo de violencia por abusos y conflictos. Todo esto constituye una clara violación al derecho a la salud y el derecho a vivir en condiciones de detención dignas y humanas. Denunciamos, también, la extorsión económica que sufren los presos y sus familias en el negocio inhumano que es la cárcel.

José Díaz, quien hoy se encuentra detenido en el CERSS 17, está en una circunstancia decisoria en cuanto a su libertad. El 6 de agosto se llevará a cabo la audiencia de clausura y posteriormente la sentencia. De los testimonios recabados, constatamos que José Díaz fue detenido por un delito que no cometió. Su juicio se ha postergado intencionalmente con el afán de ejercer un castigo hacia él y su organización. 

La audiencia de juicio oral aperturada el pasado 4 de junio del 2024 ha sido una simulación de justicia, la falta de condiciones mínimas para el desahogo de pruebas, la inasistencia de testigos y falta de intérprete de la lengua Ch´ol,. Anteriormente, la defensoría ha cambiado múltiples veces y tres veces se ha negado el cambio de medida cautelar para que José lleve su proceso en libertad. Por ello, consideramos que su juicio está viciado. Exigimos que el juez rectifique el camino, declarando su libertad mediante una sentencia absolutoria, ya que no existen pruebas determinantes para incriminarlo, ajustándose así a los principios de inocencia.

La proximidad de la decisión judicial sobre el caso de José Díaz subraya la urgencia de la intervención para asegurar que se respeten sus derechos mediante la protección de la persona detenida, así como para garantizar su libertad. Además, es crucial que se investigue de manera exhaustiva y se sancione a los responsables de la falsa acusación y de cualquier violación de derechos que haya ocurrido durante el proceso penal.  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

24 de julio de 2024.

Boletín No. 17

El sistema carcelario en Chiapas, un contexto inhumano y degradante

• Crisis humanitaria en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá.
• El Estado mexicano debe tratar a todas las Personas Privadas de la Libertad con respeto y dignidad.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hemos documentado un patrón preocupante en varios Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, donde el autogobierno interno en complicidad con las autoridades carcelarias genera múltiples violaciones a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) como actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento. Estas prácticas son parte de un método de actuación del sistema de justicia que hemos denominado “Fábrica de Culpables”, el cual viola sistemáticamente el debido proceso legal.

Desde marzo de 2024 hemos señalado la situación de sobrepoblación carcelaria que se padece en el CERSS No. 17 “El Bambú”, del municipio de Playas de Catazajá, con 478 internos cuando la capacidad máxima es de 120 personas; junto al hacinamiento al interior de las celdas, donde en un espacio de 9 metros cuadrados mantienen hasta 18 personas. Esta situación ha hecho que aumente el riesgo de enfermedades infecciosas, situación que se agrava por un sistema inmunológico comprometido.

Advertimos también la presencia de múltiples enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados en las PPL.

El foco de infección que presentan empeora sin un tratamiento oportuno y adecuado, lo que lleva a complicaciones graves como septicemia u otras infecciones sistémicas. La falta de seguimiento médico y observación constante reflejan el nulo monitoreo de la evolución de la infección, mucho menos se interviene eficazmente para mitigar el riesgo.

La respuesta de las autoridades carcelarias ha sido el traslado forzado e injustificado de la población a otros CERSS, faltando a la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud efectiva y sin discriminación, poniendo en grave peligro la vida e integridad, realizados sin un debido proceso ni recurso efectivo, lo que impacta a la vida familiar de las personas en reclusión, comprometiendo la salud física y mental al exponerlos a condiciones inseguras y limitar su acceso a atención médica adecuada durante el trayecto.

Lo anterior representa múltiples violaciones a derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación y alimentación. También afecta la salud mental, exacerbando el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, el encierro en condiciones tan precarias y la falta de espacio adecuado violan el derecho a condiciones de detención dignas, socavando la dignidad y el respeto como individuos bajo custodia del Estado.

Hacemos un llamado al Estado mexicano a que adopte urgentemente medidas que salvaguarden la salud física y mental para la población recluida en el CERSS No. 17 de Playas de Catazajá, y en todos los centros penitenciarios de Chiapas, tomando en cuenta los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad, contempladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Además de atender la situación de hacinamiento, dejando de lado las medidas arbitrarias e ilegales o represivas que impliquen traslados forzados.

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Ciudad de Guatemala,

Lunes 22 de julio de 2024

PRONUNCIAMIENTO

Familiares de las 10 personas guatemaltecas desaparecidas originarias de Suchitepéquez, exigimos al Estado mexicano investigar el paradero de nuestros seres queridos.

Autoridades del Estado mexicano no han realizado una investigación diligente para dar con el paradero de nuestros familiares desaparecidos, y han sido omisas en atender nuestras necesidades.

El grupo de familias de las 10 personas desaparecidas, el pasado 16 de noviembre de 2023, en los linderos de los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec en Chiapas, México, exigimos el cumplimiento de las medidas urgentes otorgadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de diciembre de 2023 a favor de nuestros seres queridos. La ONU exigió al Estado mexicano: una investigación penal exhaustiva y diligente, la búsqueda en vida de los 10 desaparecidos, y el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances en ambos puntos.

Las víctimas de esta desaparición masiva son: el adolescente Luis Alberto Vásquez Sarat, Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez y Francisco Socorro Morga De León.

El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador. La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica. El grupo de familiares está compuesto en su mayoría por mujeres (esposas, madres, hermanas), quienes hemos tenido que asumir roles dobles, mientras que, nuestros hijos e hijas, han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otras.

En el mes de abril, las autoridades de Chiapas tomaron acuerdos para que las familias podamos tener una participación activa en la búsqueda e investigación. En concreto, se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario, así como brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México. Agradecemos esta oportunidad de diálogo; sin embargo, a más de 8 meses de los hechos, denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos.

Por otro lado, reiteramos la necesidad de espacios de trabajo conjunto entre el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano para remover los obstáculos que hasta ahora hemos encontrado para localizar en vida a nuestros seres queridos. En específico, que nos brinden una fecha de reunión con ellas y las organizaciones que nos acompañan, para informar de los resultados sobre las comparaciones genéticas y avances en la búsqueda de nuestros familiares.

Llamamos a las autoridades mexicanas del más alto nivel a tomar seis medidas urgentes que permitan avanzar en la localización de nuestros seres queridos:
 
1. Exigimos la búsqueda en vida de nuestros familiares desaparecidos en territorio mexicano y el trabajo conjunto con las autoridades de Guatemala para el seguimiento de nuestras peticiones,

2. Solicitamos medidas de protección a favor de nuestros familiares y de cada una de nosotras en el proceso de denuncia y búsqueda,

3. Otorgamiento de visados humanitarios a nuestro favor por parte del Instituto Nacional de Migración,

4. Ante la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, solicitamos la referencia del reporte de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,

5. Envío de información sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República,

6. Otorgamiento de las medidas de atención inmediata con un enfoque psicosocial integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con especial atención en nuestras necesidades de salud, estudio y proyectos de vida.
 
 
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡HASTA ENCONTRARLOS!

GRUPO DE FAMILIAS DE LAS 10 PERSONAS GUATEMALTECAS DESAPARECIDAS

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de Julio de 2024
 
Boletín No. 16

 

El Estado mexicano mantiene como rehén a Base de Apoyo del EZLN

• Con dilación judicial culmina el desahogo de pruebas en juicio de José Díaz.
• Advertimos una investigación deficiente y sucia para criminalizar al Base de Apoyo y a cuatro más de sus compañeros zapatistas.

Finalizó el proceso de desahogo de pruebas después de 1 mes y 4 días, en contra de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). La apertura a Juicio inició el 4 de junio para culminar el 8 de Julio del presente año, fijándose el próximo 6 de agosto a las 17:00 horas para llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que da pie para el pronunciamiento de la sentencia. En este contexto, José Díaz permanecerá 1 año y 9 meses como rehén del Estado mexicano y sujeto a criminalización por un delito que no cuenta con sustento probatorio para condenarlo.
 
Durante el desahogo de 4 pruebas, el Fiscal del Ministerio Público del Distrito Selva pretendió vincular la participación del delito de robo ejecutado con violencia en contra del BAEZLN. Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público no cumplió con los requerimientos de ser objetiva, ni logró acreditar la teoría del caso, además existió deficiencia e insuficiencia probatoria.
 
Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Desde contradicciones en el modo, lugar y tiempo del supuesto delito, hasta la falta de pruebas sustanciales como la acreditación de la preexistencia del delito y la experiencia del perito contable, cada detalle revela una investigación deficiente con injusticia en el proceso judicial.
 
La posibilidad de que José Díaz y otros cuatro BAEZLN con órdenes de aprehensión sean sentenciados injustamente es alarmante, dado el cúmulo de irregularidades y falta de fundamentos sólidos en su contra.
 
El juez al emitir su sentencia además de considerar el estándar del delito de robo, deberá tomar en cuenta que se trata de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas, además de considerar el contexto en el que se lleva a cabo el supuesto robo, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean este caso y que demuestran que la fiscalía no realizó una investigación legal, científica y objetiva.
 
Así también, el Juez debe dictar sentencia absolutoria atendiendo a los numerales 20 inciso A fracción I de la Constitución, que ordena proteger al inocente, 20 inciso B fracción I que establece el principio de presunción de inocencia, relacionado con el numeral 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de duda razonable establecido en los numerales 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios pro persona e indubio pro reo.
 
Por lo anterior exigimos al gobierno Estatal y Federal, y en particular al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de José Díaz Gómez con una sentencia absolutoria.
 
Agradecemos e insistimos en el llamado a todas las personas, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, a continuar solidarizándose y seguir exigiendo la libertad inmediata de José Díaz Gómez y que cancele las órdenes de aprehensión en contra de las 4 BAEZLN. Así como estar pendientes de las acciones en el marco del dictamen de sentencia la semana del 29 de julio al 6 de agosto.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

05 de julio de 2024

Boletín No. 15

El falso rostro de la justicia. A tres años del asesinato del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López

El día de hoy se cumplen tres años de que le arrebataron la vida al defensor de derechos humanos, maya tsotsil, Simón Pedro Pérez López en el mercado municipal de Simojovel, Chiapas. El 31 de marzo pasado se cumplió un año de que fue condenado el autor material del hecho; esta sentencia es insuficiente para garantizar la verdad y reparación integral, sin embargo, el Estado cierra los caminos para una justicia cabal.

Pese a que la familia de Simón, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y acompañantes exigimos que se investigara su asesinato como represalia por su labor de defensa de los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue omisa al respecto y sólo se dedicó a probar la responsabilidad del autor material. Con ello la verdad se alejó, pues no se investigó el móvil ni a los autores intelectuales.

Días después del asesinato de Simón Pedro, en esta comunidad de Nuevo Israelita, se encontraron artefactos y detonadores que pusieron en peligro a todas las personas del lugar. Para su desactivación tuvieron que acudir elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional a casas de habitantes vinculados con la Delincuencia Organizada; la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República sin que a la fecha se conozca algún avance.

Simón Pedro fue un servidor comunitario en distintas esferas, catequista, luchador social y defensor de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Es así como lo recordamos, como un constructor de vida.

Sostenemos que la causa de su asesinato fue por su trabajo por la paz y su compromiso con la no violencia, espíritu que caracteriza a la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a la cual pertenecía, así como por la labor de denuncia de las injusticias y de las violaciones a derechos humanos que vivían y siguen viviendo las comunidades.

Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos agravian no sólo a sus familias, también transgreden a sus comunidades y a la sociedad en general. Las agresiones y la impunidad incitan a nuevas agresiones y envían un mensaje intimidatorio a quienes luchan por una vida digna.

Animamos a las familias, comunidades y pueblos a que se sigan organizando para defender sus derechos colectivos, sus tierras y territorios, así como a denunciar las violaciones a derechos humanos que actualmente sufren los pueblos y comunidades quienes se encuentran en medio de un contexto de violencia aguda y control territorial por parte de grupos criminales.

Exigimos al Estado mexicano que reconozca que Simón Pedro fue asesinado por su labor como persona defensora de los derechos humanos y que la Fiscalía de Justicia indígena abra nuevas líneas de investigación para dar con los autores intelectuales. Que la impunidad no se convierta en una forma de tolerancia que alimente la violencia.

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