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Los límites entre Aldama y Chenalhó son una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo

San Cristóbal de Las Casas, Chis, 7 de marzo de 2022.

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

MTRO. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Gobernación

LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población

DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ
Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas

Por este medio las y los abajo firmantes expresamos, una vez más, nuestra profunda preocupación por el contexto de violencia que diariamente enfrentan los pobladores de comunidades enclavadas en los limites municipales entre Aldama y Chenalhó, en el Estado de Chiapas.

Como es de su conocimiento, se trata de un conflicto añejo que en los últimos cuatro años se ha recrudecido significativamente, causando un enorme sufrimiento a pobladores de ambos municipios. Los ataques armados se suceden diariamente, a veces de manera prácticamente ininterrumpida, como lo ha venido documentando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

La situación de estos dos municipios se inserta en el contexto de violencia generalizada que se ha incrementado dramáticamente en diversas regiones de la entidad. Al de Chenalhó y Aldama se agregan los casos de Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, El Bosque, Simojovel, Altamirano, Socoltenango, Ocosingo, Palenque, Chilón, Venustiano Carranza, Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Las Margaritas, Chapultenango y Amatán. La lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece día con día en todo el estado, como expresión de una clara, acelerada y, al parecer, incontrolable descomposición social. Llama especialmente la atención la gran cantidad de armas, muchas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército, que circulan por todo el territorio chiapaneco, sin que ninguna autoridad intervenga para detener el flujo. Asimismo, es evidente la presencia de diversos grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, que operan en la más absoluta impunidad.

No se trata, pues, sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecerían una estrategia de intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes. Mirarlo desde esta perspectiva es reducir de manera irresponsable la magnitud del problema. Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República.

Ante esta terrible realidad no se vislumbra estrategia de intervención alguna por parte de las autoridades correspondientes en los tres niveles de gobierno. ¿Están rebasadas? ¿Hay incompetencia? ¿Complicidad? ¿Se trata de rivalidad política y fuego amigo que está convirtiendo a Chiapas en un campo de batalla? ¿Hasta dónde tiene que llegar la situación?

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Estado mexicano simula paz en Aldama en medio de 346 ataques armados contra la población

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
9 de marzo de 2022
Boletín No. 8

Febrero, otro mes de horror en Aldama: 346 ataques hacia 12 comunidades tsotsiles en los Altos de Chiapas

• Exigimos Alto al Fuego.

• Persiste la simulación del Estado mexicano en su deber de garantizar la paz y la seguridad en los territorios.

En los primeros ocho días del mes de marzo el Frayba ha recibido 78 reportes de ataques armados en contra de comunidades del municipio de Aldama. En febrero fueron 346 registros de agresión armada. Existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada.

El pasado 3 de marzo, el gobierno estatal y federal llevaron a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa a los 115 comuneros de Aldama, ese mismo día la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada a las 11:15 horas estuvo bajo fuego proveniente del punto El Ranchito en Fracción Ak’tik 2 dentro de las 60 hectáreas en disputa. La entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, ese mismo día las agresiones continuaron, la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas, registrándose 27 ataques armados, mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes. Al cierre de este boletín se contabilizaron 5 reportes más.

Los ataques armados son permanentes contra las 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama y no han sido detenidos a pesar de las acciones de los gobiernos estatal y federal; la población continúa violentada. Aunque el conflicto que existe entre pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha municipio de Chenalhó tiene que ver con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y solo ha logrado administrarlo.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Caso Ronay: Poder Judicial del estado de Chiapas con Jueces de consigna

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de marzo de 2022

Boletín No. 7

Poder Judicial del estado de Chiapas con Jueces de consigna

Inexistente la división de poderes, prevalece la corrupción

El 1 de marzo de 2022, después de siete audiencias de juicio oral realizadas en dos meses, la Juez de Enjuiciamiento Ana Lilia Portela Hernández dictó su fallo, reafirmando la sentencia de 31 años y 6 meses de prisión para Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay). En repetidas ocasiones, la Juez de Enjuiciamiento subsanó las deficiencias y argumentó a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE), además incorporó hechos que no fueron probados en juicio, valorando pruebas sin ser desahogadas de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

A la Juez de Enjuiciamiento no le corresponde tomar parte en el juicio, fue dependiente y parcial, violando el debido proceso y un juicio justo, demostrando el sometimiento del Poder Judicial del estado de Chiapas a los intereses de la Fiscalía, con jueces de consigna que confirma la inexistencia de la división de poderes.

Durante el desarrollo de las audiencias se violentó el derecho a un juicio público, siendo este un principio del sistema acusatorio, se negó el acceso a observadoras de derechos humanos nacionales e internacionales, obstruyendo la documentación y defensa de los derechos humanos, intentando frenar la publicación y difusión de las audiencias que constitucionalmente son públicas, violando el principio de publicidad para ocultar la verdad y justicia. El caso de Yonny Ronay pone una vez más en evidencia, un sistema de procuración e impartición de justicia corrupto que fabrica carpetas de investigación, víctimas y pruebas para mantener a personas inocentes y privadas arbitrariamente de su libertad.

Junto a la familia, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas  continuaremos agotando los recursos legales correspondientes y denunciando las prácticas sistemáticas y generalizadas de la FGE hasta que la justicia y la verdad se hagan presentes.

Finalmente agradecemos toda la solidaridad expresadas a Yonny Ronay y a su familia, les pedimos sigan atentas, sumándose a las acciones de exigencia de justicia, hasta que veamos a Yonny fuera de los muros de la injusticia y obtenga plenamente su libertad.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Yonny Ronay: vamos a demostrar mi inocencia y seguiremos peleando por esta injusticia

Villaflores, Chiapas. 01/03/2022, CERSS #8

Al público en general: 

El dia de hoy nuevamente Volvieron a Culparme por un delito que no cometi; Me Siento Frustrado ya que apesar de que se demostraron todas las anomalias que hay dentro del Caso; Es realmente injusto este tipo de atropellos, Vamos a demostrar mi inocencia y seguiremos peleando por esta injusticia.

Mi Caso no va a quedar aqui, vamos a seguir Luchando Porque no vamos a permitir este tipo de abuso de autoridad que gente inocente este detras de las rejas pagando por delitos que no Cometieron.

No Solo hablo por mi Caso sino por todos aquellos inocentes Condenados.

Pido Sigan pendiente de mi Caso.

 

Yonny Ronay Chacón González

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Poder Judicial del estado de Chiapas debe liberar a Yonny Ronay

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
27 de febrero de 2022
Boletín No. 6

Poder Judicial del estado de Chiapas debe liberar a Yonny Ronay Chacón González 

  • Libertad incondicional e inmediata a Yony Ronay

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en la etapa de juicio oral ha demostrado la falta de debida diligencia, objetividad y lealtad por parte de Fiscalía General del Estado (FGE), y se ha exhibido que ésta realiza investigaciones a modo, sin legalidad y sin buscar la verdad de los hechos, fabricando pruebas, delitos y culpables.

En dicho juicio oral quedó evidenciada la falta de expertiz de los supuestos peritos ofrecidos por la FGE, así como la validez científica de dichos dictámenes. Además de no existir pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) en los hechos que se le acusan, por lo que no existen elementos para sentenciarlo culpable.

Es de resaltar que la Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores, admitió que la FGE desahogara diversas documentales, mediante lectura, violando los principios que rigen el sistema penal acusatorio y el debido proceso.

Dentro de la carpeta de investigación hay evidencias de violaciones a derechos humanos cometidos en contra de Yonny Ronay como la detención ilegal, la tortura, y los tratos crueles inhumanos y/o degradantes. Se encuentra demostrado que la FGE utilizó de manera ilegal la licencia de conducir de Yonny Ronay para inventar una declaración a su nombre la cual el Fiscal de Ministerio Publico utilizó para acusar a dos personas que hoy se encuentran privadas de su libertad en el CERSS No. 14 El Amate.

El 28 de febrero de 2022, la Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores emitirá su resolución en la que tendrá la oportunidad en demostrar independencia e imparcialidad y emita su fallo otorgándole la libertad a Yonny Ronay.

El Frayba reprueba las prácticas ilegales de la FGE para realizar sus investigaciones y lamenta que por estas acciones personas inocentes se encuentren privadas de su libertad. Solicitamos al Poder Judicial del estado de Chiapas garantizar un juicio justo, el debido proceso y su imparcialidad.

 

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Nos pronunciamos en contra de las políticas del gobierno de la cuarta transformación por neoliberales y capitalistas

“LUZ Y FUERZA DEL PUEBLO” ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACION DE LAS REGIONES PRONTERIZA Y TOJOLABAL

AL PUEBLO EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINION PÚBLICA

Como organización de la Resistencia Civil “Luz y Fuerza del pueblo” Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, región fronteriza y región Cañada tojolabal, con la presencia de la Red Nacional de Resistencia Civil, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), nos pronunciamos en contra de las políticas del gobierno de la cuarta transformación C. Andrés Manuel López Obrador porque es pura simulación de las políticas neoliberales y capitalistas, por eso, como pueblos organizados en resistencia sabemos que el cambio verdadero reside en los pueblos organizados como nosotros y no puede venir desde arriba, sino construir desde abajo y muy a la izquierda; por lo tanto, hacemos hincapié los siguientes pronunciamientos:

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CDH Fray BArtolomé de las Casas

La CIDH presentó el caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de febrero de 2022

Boletín No. 05

La CIDH presentó el caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH

* La desaparición forzada en Chiapas parte de la estrategia contrainsurgente contra los pueblos originarios.

El 22 de enero del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Antonio González Méndez (Antonio González) contra México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su responsabilidad internacional frente a la falta de investigación, identificación de los responsables, juzgamiento y sanción de la desaparición forzada de Antonio González, originario del pueblo maya Ch’ol y de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Los hechos sucedieron el 18 de enero de 1999, y fueron cometidos por un integrante del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia.

La desaparición se enmarca en el contexto de guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo y contra la sociedad civil en la región. Tras la creación y actuación de los grupos paramilitares en Chiapas, que operaban con el respaldo y consentimiento del Estado, tan solo en la zona Norte se documentaron privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, tortura, 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas.

Los familiares de Antonio González y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), saludamos la decisión de la CIDH al considerar que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial en relación a su obligación de respetar los derechos y su deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),[1] además de incumplir con su obligación de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.[2]

La presentación del caso ante la Corte IDH evidencia la falta de mecanismos para la investigación de las desapariciones forzadas en nuestro país abonando a la impunidad y a la crisis de derechos humanos. Recientemente el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez señaló en el municipio de Sabanilla que en México “existen más de 95 mil desaparecidos y no localizados que reclaman justicia”. Hay reconocimiento de la crisis de derechos humanos en México por este gobierno, lo que falta son hechos contundentes para que se logre avanzar en los temas de Memoria, Verdad y Justicia.

En el presente caso la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, no ha tenido ningún avance para la ubicación del paradero de Antonio González, así como la falta de herramientas y acciones progresivas para el desarrollo de su trabajo dejando la responsabilidad a los familiares. La propia CIDH ha establecido que “el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares o de la aportación privada de los elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.[3]

La justicia sigue latente, suspendida en el limbo institucional, desde Sabanilla en la zona Norte de Chiapas hay clamor de justicia que cimbrará el territorio donde la resistencia y la rebeldía son un solo corazón, es por ellos que el Frayba reafirma su compromiso de acompañar a la familia de Antonio González Méndez en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de estos graves crímenes. La justicia llega tarde a Sabanilla uno de los municipios con más alto indice de marginación en Chiapas.

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[1]    Artículos 5.1, 8.1 y 25.1 en relación al 1 y 2 de la Convención Americana.
[2]    Artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
[3]    Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros vs Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C. No. 171.párr. 62

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CDH Fray Bartolome de las Casas

No al gobierno por decreto. No es desarrollo, es despojo

México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.

El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).

Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.

Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.

Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.

Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.

Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.

Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).

Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.

Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.

Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.

Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.

Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF aquí

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CDH Fray Bartolome de las Casas

ACCIÓN URGENTE | Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de febrero de 2022
Acción urgente No. 03

Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

  • Los testimonios señalan al grupo armado “Maria Tulukes” como uno de los autores de la violencia.

 

El día de hoy habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades integrantes del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc, ha informado que un grupo de personas armadas ingresaron a la cabecera municipal y que hasta el momento se encuentran disparando hacía varias direcciones, por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal ya que “los balazos ya pasan encima de las casas, se teme que una bala pérdida hiera a algún inocente”.

Según los testimonios “el grupo armado liderado por Hugo Gómez Sántiz ha ido por refuerzos, fueron por paramilitares, hasta el momento han saqueado y quemado 6 casas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, retenido vehículos y ahora mismo está fuerte la balacera y cohetazos en la cabecera municipal, tenemos mucho miedo de lo que esta noche vaya a ocurrir, según datos hay un muerto”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia en la cabecera municipal de Oxchuc. Desde el 15 de diciembre de 2021, la problemática se ha profundizado con impactos graves a la población que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Apesar de las denuncias jurídicas y públicas, no se ha obtenido respuesta, la omisión lamentable del Estado mexicano se ha
convertido en patrón común en todo tipo de problemáticas, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos, por lo que el Frente Comunitario ha solicitado “a la sociedad en general que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.”

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano que haga su trabajo, que intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades mediante la implementación de medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:

Ver la Acción Urgente en PDF

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de febrero de 2022
Boletín No. 04

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

  • Libertad para Yonny Ronay, sobreviviente de tortura.

El 06 de septiembre del 2021, Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado. Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas.

El día de hoy a las 15:00 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas, llevará a cabo la audiencia de juicio oral de Yonny Ronay joven estudiante sobreviviente de tortura, detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado de Chiapas (Fiscalía). Yonny Ronay fue torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió y se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”. Desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08 en la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción.[1]

La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes. Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos.

El Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.[2]

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Yonny Ronay Chacón González.

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[1]    Ver Boletín No. 10 del 21 de septiembre de 2021, disponible en: https://frayba.org.mx/la-fiscalia-federal-y-la-fiscalia-del-estado-de-chiapas-complices-en-la-falsificacion-de-pruebas
[2]    Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Visita a México del 21 de abril de 2014. A/HRC/28/68/ADD.3 Distr. General 29 de diciembre de 2014, párrafo 83.

 

       
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