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[Medios Frayba] Transmisión en vivo de la conferencia de prensa: NO A LA MINERÍA

Conferencia de prensa:
NO A LA MINERÍA

Fecha y hora: Martes 26 de septiembre de 2017;  11:00 horas

Participa: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” de Chicomuselo, Chiapas
Modera: Frayba
Lugar: Sala de juntas del Museo de la Ciudad, Av. Central Poniente #288, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas (La entrada es por el estacionamiento sobre la 2 poniente)

Transmisión en vivo por: https://www.facebook.com/FraybaDerechosHumanos/

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[Medios-Frayba]Declaratoria del encuentro “Amemos, cuidemos y defendamos nuestra casa común”

Reunidos en la comunidad La Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, convocados por la Pastoral de la Madre Tierra de la Diócesis de San Cristóbal, los días 19,20 y 21 de septiembre de 2017, celebramos el Encuentro Amemos, Cuidemos y Defendamos Nuestra Casa Común (Nuestra Madre Tierra), analizamos la realidad que estamos viviendo en nuestras comunidades, compartimos experiencias de lucha y resistencia ante los grandes proyectos que vienen de arriba, empeñándose en destruir nuestra vida y nuestra Madre Tierra.

Declaramos

Que nuestro corazón comparte el dolor, la fuerza y la esperanza con aquellos que hoy sufren la expresión de dolor de nuestra Madre Tierra y hermana creación. Nos solidarizamos y acompañamos con un abrazo amoroso a nuestras hermanas y hermanos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, quienes viven momentos de sufrimiento por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, que Dios Padre-Madre, Corazón del Cielo – Corazón de la Tierra, les llene de vida y esperanza.

Nos congregamos, iluminados con la palabra de Dios, en seguimiento a los acuerdos del Congreso Pastoral de la Madre Tierra, realizado en enero de 2014 en el marco de la conmemoración del 40 aniversario del Congreso Indígena de 1974 y, actualmente, con la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, quien nos convoca a defender nuestra Madre Tierra ante la destrucción y el despojo que el sistema capitalista ejerce. Por eso nos encontramos diferentes parroquias y organizaciones para unir nuestras luchas y encontrar alternativas para cuidar y defender nuestra Casa Común.

Reafirmamos que nos mantendremos en pie de lucha e intensificaremos nuestras acciones  para la defensa de nuestros territorios, identidad, cultura y autonomía.

Reconocemos la experiencia de nuestras hermanas y hermanos que ya están trabajando en el cuidado de nuestra Madre Tierra, a través del trabajo comunitario y organizativo con acciones de agroecología, técnicas comunitarias, medicina tradicional y otras iniciativas que no la dañan.

Denunciamos el aumento de actos de injusticia, discriminación, persecución, represión, despojo y exterminio por parte del capitalismo, en contra de nuestros pueblos originarios; como lo sufren las hermanas y hermanos del municipio de Chicomuselo frente a las mineras; nuestras hermanas y hermanos que luchan desde la Parroquia de San Marcos en el municipio de Acacoyagua, específicamente en los ejidos La Libertad y Cacao, donde ya comenzaron las perforaciones mineras, y donde la contaminación, destrucción y enfermedades ya están presentes. Nos solidarizamos con las hermanas y hermanos del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, con Chicoasén frente al despojo por represas hidroeléctricas; con el Pueblo Creyente de Simojovel frente a la violencia ejercida por el crimen organizado. Asimismo, denunciamos que a 20 años de cometida la Masacre de Acteal, los autores intelectuales y materiales no han sido investigados ni castigados por este crimen de lesa humanidad y el caso se encuentra en la impunidad. Denunciamos también que en vísperas de celebrarse tres años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa el gobierno no ha solucionado su reaparición, que hay negligencia e incapacidad para la implementación de las alertas de género ante los crecientes feminicidios. Vemos claro el desprecio e indiferencia por parte del Estado mexicano hacia el pueblo. Rechazamos las reformas estructurales que legalizan el despojo de nuestras tierras y agua.

Celebramos el caminar del Pueblo Creyente que mantiene su experiencia de organización a través de las parroquias con diversas comunidades vinculadas a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Celebramos también la iniciativa del Congreso Nacional Indígena para la conformación del Consejo Indígena de Gobierno y la nominación de una mujer como su vocera: María de Jesús Patricio Martínez. Desde aquí lanzamos nuestra consigna de ¡Ya Basta! No seguiremos permitiendo la destrucción de nuestros territorios, no permitiremos la construcción de los megaproyectos como autopistas, presas hidroeléctricas, minas y todo aquello que privatice nuestra tierra y agua.

Mujeres y hombres, reafirmamos nuestra fe y compromiso de cuidar nuestra Madre Tierra y producir nuestros alimentos sin afectarla. Hacemos un llamado a la sociedad civil para que se organice y defienda nuestra Casa Común.

¡¡¡Hoy decimos que la vida sigue y la organización de los pueblos se mantiene!!!

¡¡¡No a la minería, no a las represas, no a la explotación de hidrocarburos, no a la mercantilización  y privatización del agua!!!

!!!No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad!!!

Comunidad La Candelaria.

 municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

a 21 de septiembre de 2017.

Firmantes

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Misión de Bachajón

Parroquia de Santo Domingo, Tzimol

Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Palenque

Parroquia de San Fermín, Independecia

Parroquia de San Antonio de Padua, Simojovel

Parroquia de San Juan Evangelista, Cancuc

Parroquia de San Ildefonso, Tenejapa

Parroquia de San Jacinto de Polonia, Ocosingo

Parroquia de Guadalupe, SCLC

Parroquia San Ramón, SCLC

Parroquia de San Juan Bautista, Nuevo San Juan Chamula

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, SCLC

Parroquia de San Pedro y San Pablo, Chicomuselo

Parroquia de San Pedro, Chenalho

Misión de Guadalupe, Comitán

Parroquia San Juan Diego, SCLC

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Huitiupán

Parroquia de San Andrés Apóstol, Larrainzar

Parroquia de San Bartolomé, Venustiano Carranza

Parroquia de Santa Catarina, Pantelhó

Parroquia de José y María, Zamora Pico de Oro

Parroquia de San Pablo, Chalchihuitán

Parroquia de San Agustín, Teopisca

Parroquia de Santo Tomas, Oxchuc

Parroquia San Juan Bautista, Chamula

Parroquia San Lorenzo, Zinacantán

Parroquia Santo Domingo, Comitán

Parroquia Señor del Pozo, Comitán

Parroquia San Miguel Arcangel, Villa Las Rosas

Parroquia de San Miguel, Huixtán

Parroquia de Santo Niño de Atocha, Frontera Comalapa

Parroquia La Asunción, Soyatitán

Parroquia Santa Cruz, Socoltenango

Parroquia San Fernando de Guadalupe, Salto de Agua

Área de Salud, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Pastoral de la Madre Tierra, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Parroquia del Señor del Pozo, Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez

Parroquia de San Sebastián Mártir, Diócesis de Tapachula

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria, AC

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC

Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, AC

Red de Acompañamiento a la Madre Tierra

Red Ecuménica de Chiapas

Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruíz”

Este encuentro fue acompañado por la Observación Internacional de:

 Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ)

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SWEFOR)

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[Medios-Frayba] Conferencia de prensa: Amemos, cuidemos y defendamos la Madre Tierra

La Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas convoca a todos los medios de comunicación para la conferencia de prensa como resultado de los trabajos y posicionamiento del Encuentro: Amemos, cuidemos y defendamos nuestra Casa Común. (Nuestra Madre Tierra).

Participan: La Coordinación de la Pastoral Social y la Comisión Diocesana de la Madre Tierra de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Modera: Frayba

Lugar: Comunidad La Candelaria, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Cómo llegar: Puedes tomar un taxi colectivo en el mercado José Castillo Tielmans en el municipío de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; estos se encuentran frente a la iglesia de San Judas Tadeo, el pasaje cuesta $25.

Agradecemos difusión y asistencia

 

 

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Las Abejas de Acteal lanza micrositio: “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas”

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http://www.acteal.org/micrositio/

A 25 años del caminar de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, 20 años de impunidad de la Masacre y 8 años del inicio de la liberación de paramilitares responsables del crimen de lesa humanidad, la organización símbolo de acción civil y pacífica presenta el micrositio: Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas, entre la contrainsurgencia y la impunidad, que forma parte de la Campaña Acteal: Raíz, memoria y esperanza.

El micrositio refleja la impunidad con la que desde distintas instancias del gobierno mexicano se protege a los autores de la Masacre de Acteal, así como a quienes perpetraron las violaciones a los derechos humanos mediante los desplazamientos forzados de familias de Las Abejas entre los años de 1996-1997, 2013 y 2016.

Les invitamos a asomarse a una ventana de memoria y esperanza en el micrositio: Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas, entre la contrainsurgencia y la impunidad, publicado en http://www.acteal.org/micrositio/.

Compartimos boletín de prensa del Frayba: bit.ly/2v6N6c5

y comunicado de Las Abejas de Acteal: http://bit.ly/2ipZNIQ

Foto: Desplazadas, 1997. Jutta Meyer (Archivo Frayba)

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Inmigrante hondureño continúa en detención prolongada e injusta

Manifestamos nuestra preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández, inmigrante de origen hondureño en Chiapas.

preso

Escucha las grabaciones de la conferencia de prensa realizada en el FrayBa:

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández (Roberto Carlos), inmigrante de origen hondureño.

Roberto Carlos, es sobreviviente de tortura, fue detenido el 22 de mayo de 2013 y cuatro días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No. 13), en Tonalá, Chiapas, acusado de extorsión.

Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención. A pesar de la denuncia de tortura ante el ministerio público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a 7 años, dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación. Desde el CERSS No. 13 ha denunciado su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión.

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Frayba

Allanamiento y robo de información a la defensora Alejandra Padilla

Hostigamiento y vigilancia a personas integrantes del CNI y CIDECI-Unitierra

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el robo y allanamiento al domicilio de Alejandra Padilla García (Alejandra) defensora de derechos humanos, integrante del espacio de lucha Semilla Digna el cual forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), además de ser colaboradora del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas – Unitierra Chiapas (CIDECI – Unitierra Chiapas). Hechos ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el día 28 de mayo de 2017.

Según información documentada, la puerta de la casa de Alejandra fue encontrada abierta, así como la de su habitación, de ésta sustrajeron una computadora portátil con información importante sobre el trabajo que ella realiza acompañando procesos organizativos en comunidades de Chiapas y de otros estados de la república.

El allanamiento y robo ocurrieron cuando Alejandra se encontraba en el CIDECI – Unitierra Chiapas, y mientras se llevaba a cabo la Asamblea General del CNI para la conformación del Concejo Indígena de Gobierno y la elección de su vocera.

Cabe resaltar que en el domicilio se encontraban otras computadoras, dinero a la vista y otros artículos de valor que no fueron robados. Los perpetradores de este hecho se enfocaron en llevarse solamente la computadora personal de la defensora.

El trabajo de Alejandra se ha caracterizado por la defensa de derechos humanos en comunidades indígenas y campesinas, realizando acciones organizativas, de análisis y derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, especialmente acompañando los trabajos del CNI.

Es importante mencionar que durante los últimos tres meses, Alejandra  y otras personas integrantes del CNI y del equipo de apoyo de CIDECI – Unitierra Chiapas han sido objeto de vigilancia y de seguimiento por varios y diferentes individuos a bordo de vehículos sospechosos.

El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el lema “Nunca más un México sin nosotros”, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas de México, un espacio en donde los pueblos originarios se encuentran para fortalecer sus luchas de resistencia, con sus propias formas de organización, de representación y toma de decisiones. El CNI lucha por construir y defender la autonomía de los pueblos indígenas, a decidir sobre sus territorios, de organizarse colectivamente y construir su propio futuro.

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Frayba

En Chiapas se violenta el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento

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Fuente: Frayba

19 casos presentados en Chiapas a Relator Especial de la ONU

Boletín de prensa de pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones que se reunieron con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento en Chiapas

El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de Naciones Unidas, el Dr. Léo Heller, dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas, en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que, agregando a lo que presenció en otras partes del país, concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.

El tono de las observaciones que el Relator adelantó al informe oficial que presentará en el mes de Septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que  utilizó en su conferencia de prensa se alejó del tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de organismos internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas en diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno  Mexicano da a conocer.

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Comunicación Frayba

Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad: CIDH

Ejército mexicano causante de la Ejecución Extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández

Impacto de la contrainsurgencia con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante su informe anual 2016,1 publicó el 27 de abril de 2017, el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/162 del Caso 11.564 Gilberto Jiménez Hernández y Otros (LA Grandeza) México; en la que determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.

El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea “Arcoiris” en el Agrupamiento “Yabur”, compuesta por 65 agentes militares quienes portaban armamento 3 MP5 Cal. 9mm y 62 G-3 Cal. 7.62mm. Al mismo tiempo aviones del Ejército sobrevolaban en la región.

La población del ejido La Grandeza, conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas. El señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un chal en la espalda, le disparó.

Hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México.

Respecto a la responsabilidad del Estado mexicano, la CIDH dio amplio valor a la prueba aportada por los peticionarios consistente en la existencia del “Plan de Campaña Chiapas 94” señalando que “en febrero de 1995 el Ejército mexicano se propuso retomar el territorio en el que había operado el EZLN desde el principio del conflicto y dio inicio a la respuesta militar a través de la implementación de una estrategia desarrollada por la SEDENA. Dicha estrategia quedó plasmada en el documento denominado “Plan de Campaña Chiapas 94”, […] el cual fue diseñado por dicha Secretaría en 1994 y se inició su ejecución a partir de 1995”.

El Plan de Campaña se concretó en crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente contra la población civil tanto por elementos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como por grupos paramilitares en diferentes regiones del estado de Chiapas, en el marco del conflicto armado interno no resuelto. El Plan tenía como finalidad […] “romper la relación de apoyo […] entre la población y los transgresores de la ley”; “organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico quienes ser[ía]n empleados en apoyo de nuestras operaciones”; así como “adiestra[r] y apoya[r] las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares” [y] “en caso de no existir fuerzas de autodefensa, […] crearlas.

En la implementación de dicho Plan las Fuerzas Armadas realizaron incursiones en varias comunidades de Chiapas y en este contexto se presentaron diversas denuncias sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones a los derechos humanos. La CIDH ya se ha pronunciado en otros casos en este contexto, como el del Ejido Morelia: tortura, ejecuciones extrajudiciales y sumarias (11.411)3 y Hermanas González: detención ilegal, violación y tortura (11.565)4; y se encuentran en etapa de fondo los casos de Antonio González Méndez: desaparición forzada (12.322)5, Masacre de Acteal: ejecuciones extrajudiciales y sumarias (12.790)6 y Zona Norte: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado (12.901)7 cometidos en el escenario de este conflicto armado interno no resuelto.

La CIDH ha recomendado al Estado mexicano reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas, considerando el daño a la familia del señor Gilberto Jiménez Hernández así como los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94. Además de realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones correspondientes, dichas investigaciones deberán esclarecer el contexto en el que tuvieron lugar los hechos.

Queda en evidencia lo dicho por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional “[d]e arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.”8 A pesar de ello, con esta resolución de fondo se crea un precedente histórico que desenmascara al Estado Mexicano en su acción de contrainsurgencia. La CIDH reconoce y responsabiliza al gobierno en sus crímenes de lesa humanidad en el contexto del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

El perpetrador de estos crímenes de lesa humanidad es el Estado mexicano, representado en su momento por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; así como el General Mario Renán Castillo Fernández responsable del Plan de Campaña Chiapas 94 y la creación de los grupos paramilitares.

En este contexto oscuro del actual México la situación se ha recrudecido: las masacres van, las ejecuciones extrajudiciales vienen, las desapariciones forzadas pasan frente a nosotros. Es clara la ruptura del gobierno con los pueblos. El gobierno no cumple sus responsabilidades con quienes deberían de servir y respetar, cada vez el abismo se profundiza.

Ahora los señores de la guerra están pugnando por una Ley de Seguridad Interior, su bandera para envolverse y perpetuar la impunidad a las Fuerzas Armadas en México, y como ha sucedido en esta parte de Chiapas la continuidad de desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, tortura, masacres, muerte y más muerte.

Por lo anterior hacemos un llamado a la sociedad civil organizada a no olvidar a mantenerse informada sobre el contexto del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas, lo cual ha sido corroborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planificado mediante manuales y planes de contrainsurgencia dirigidos a la población, lo que concluye un estado genocida.

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Comunicación Frayba

Desaparición forzada de migrantes sin procesos de búsqueda adecuada

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JORNADAS POR EL DERECHO A LA VERDAD Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS DE CHIAPAS Y SUS FAMILIAS

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de abril de 2017

COMUNICADO

Junax Ko’tantik
Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes

A familiares de personas migrantes desaparecidas
Al pueblo de Chiapas, México y el Mundo
A la Secretaría de Gobernación
A la Procuraduría General de la República
A la Secretaria de Relaciones Exteriores
A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
A la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas
A la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur
A la Comisión Nacional de Derecho Humanos
A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas

Hacemos saber:

Hoy, 20 de abril del 2017, se cumplen años, meses y días de no saber nada de nuestros familiares. A pesar de su ausencia les seguimos recordando y buscando.

No descansaremos, al contrario, seguiremos juntas y juntos, organizados hasta saber dónde están.

Nosotras y nosotros, personas de diferentes pueblos de Chiapas: tseltales, tsotsiles, choles, tojolabales y mestizos, nos hemos reconocido en un mismo problema y nos hemos organizado en el Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’tantik”.

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Comunicación Frayba

Manifiesto Seguridad sin guerra

Manifiesto Seguridad sin guerra

  • México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.
  • Es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Una Ley de seguridad interior no es la vía adecuada.
  • Imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial.

Las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Así lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa. Así también lo ordena la Constitución. Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil.

En este contexto, se ha planteado la necesidad de dar a las FFAA un marco legal para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública. Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía. Se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.

La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional. La propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas. La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. Antes que una Ley de seguridad interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido.

El concepto de  seguridad interior es poco claro. Confunde las funciones –y tareas- de seguridad nacional y de seguridad pública. Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad.

La Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada.  Como colectivo proponemos:

1. Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:

  • Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.
  • Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.
  • Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.
  • Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.

2. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo. La Ley de seguridad interior es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó. Esto es constatable con la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la sub denuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que la deberían proteger. El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos. Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra.

 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2017

 #SeguridadSinGuerra

 

Alan García Huitrón, Alberto Athié. Aleida Calleja, Alejandra Nuño, Alejandro Anaya, Alejandro Madrazo, Ana Lorena Delgadillo, Alma Gómez Caballero, Álvaro Santos, Ana Lidia Murillo Camacho, Angélica Nadurille Álvarez, Antonio Cervantes Guerrero, Carlos Antonio Flores Pérez, Carlos Cruz Santiago, Carlos Fazio, Carlos Ventura Callejas, Carolina Pimentel, Carolina Robledo Silvestre, Catalina Pérez Correa, Cecilia Bárcenas, Celina Izquierdo Sánchez, Clara Jusidman, Claudia Janette Soto, Consuelo Morales, Cuba Flores. Cynthia Salazar, Cinthia Eslava Montiel, Dafne Estefanía Gómez, Daniel Gershenson, David Fernández Dávalos, Deborah Ruíz Verduzco, Denise Dresser, Diana Paola Olvera Feregrino, Diego Enrique Osorno, Edgar Cortez, Eduardo Gallo, Elena Azaola Garrido, Eliana García, Enrique González Ruiz, Enrique Pasta Muñuzuri, Ernesto López Portillo, Erika Llanos Hernández, Eurídice Román De Dios. Fernando Belaunzarán, Fernando Ríos Martínez, Francisco Saucedo Pérez, Guadalupe Aguilar, Helena Varela Guinot, Imelda Marrufo, Irma Rosa Martínez Arellano, Isabel Mejía Echarri, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Jesús Mendoza Zaragoza, Jesús Robles Maloof, Jorge Fernández Mendiburu, Jorge Fernández Souza, Jorge González de León, Jorge Javier Romero Vadillo, José Carlos Bustamante Luna, José Luis Caballero, José Salcido, Julián Mejía Berdeja, Julio Mata. Julio Ríos, Karina Ansolabehere, Layda Negrete, Leticia Gutiérrez Valderrama, Leticia Vázquez, Lisa Sánchez, Lucha Castro, Lucia Baca Baca, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luis F. Fernández, Luis González Plascencia, Maite Azuela, Mara Hernández, Margarita Espino del Castillo, Margarita López, María Guadalupe Morfín Otero, Mariana Bernárdez, Mariclaire Acosta, Mario Saucedo Pérez, May-ek Querales Mendoza, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Barrera, Miguel Concha Malo, Miguel Sarre Iñiguez, Nasheli Ramírez, Norma González Benítez, Olga Noriega, Pablo Girault, Pablo Reyna Esteves, Pablo Romo Cedano, Paulina Vega, Pilar Noriega García, Quetzalcoatl G. Fontanot, Ramón Gracida Gómez, Roberto Hernández, Rocío Culebro, Rogelio Gómez Hermosillo, Santiago Aguirre, Samia Cruz Rivera, Sarah Aguilar, Séverine Durin, Silvano Cantú Martínez, Silvia Eslava Montiel, Teresa Carmona Lobo, Vanesa González-Rizzo. Yolanda Tello Mondragón.

 

 Organizaciones

Asociación Sinaloense de Universitarias, AC
Albergue Tochán
Causa en Común, A. C.
Cauce Ciudadano AC
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Guerrero)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Chiapas)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A. C. (Coahuila)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C.
Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C.
Colectiva Ciudad y Género, A. C.
Colectivo Colibrí
Colectivo Ni Una Menos. Cancún
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comité Solidario y Derechos Humanos Monseñor Romero
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca)
Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Enjambre Digital
Espacio libre independiente Marabunta
Familiares en Búsqueda María Herrera
Familiares en Búsqueda María Herrera-Xalapa
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Indignación, A. C.
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD)
Instituto para la Seguridad y la Democracia, (Insyde)
Justicia para Nuestras Hijas, A. C.
La Alameda Morelos
Laboratorio de Innovación para la Paz
México Unido contra la Delincuencia A.C.
Mi Ciudad Mx
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Participando por México A.C.
Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana CDMX
Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO (Guadalajara)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Red retoño
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC
Regresando a Casa Morelos, A. C.
Renacer Lagunero
Ririki Intervención Social
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiado, SMR
Sicsal México (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina)
Unidos por los Desaparecidos en Baja California
Uniendo Cristales
Desaparecidos Justicia A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

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