Frayba
Impunidad en violaciones a derechos humanos de las mujeres
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
25 de noviembre de 2016
Boletín de prensa No. 23
Impunidad en violaciones a derechos humanos de las mujeres
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En Chiapas las instituciones no garantizan una vida libre de violencia
Las mujeres en general y las indígenas en particular siguen siendo las principales víctimas de violaciones a derechos humanos. En Chiapas, las múltiples discriminaciones a las que están sujetas resulta en una violencia sistemática y estructural impuesta por el modelo socio-económico patriarcal, el cual relega a las mujeres a un papel subordinado, en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada. Esto significa un menor acceso a oportunidades en cualquier ámbito: educación, empleo, servicios sociales, salud, acceso a la justicia, y de manera alarmante en cuanto al acceso y posesión de la tierra y otros recursos productivos, así como el derecho a la participación y representación.
La Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer, la profesora Yakin Ertürk, ha sostenido que, independientemente de que las mujeres en México contribuyan a la manutención de la familia sólo el hombre es considerado fuente de sustento y manifiesta que muchas mujeres se definen en función de su relación con el hombre. Este sistema dificulta que las mujeres asuman una existencia independiente y valorada socialmente.
En Chiapas, la situación de violencia contra la mujer al interior de la familia es grave. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, con datos del 2011 y resultados publicados a mediados del 2013, sostiene que en la entidad más de 1.5 millones de mujeres de 15 años y más fueron víctimas de diferentes tipos de violencia por parte de su pareja.
En cuanto a legislación se refiere, resaltar que el Código Penal del Estado de Chiapas no ha tipificado la violencia contra las mujeres como delito, ni siquiera dentro del delito de violencia familiar que además se considera como no grave. Esta realidad permite que las instituciones de procuración de justicia invisibilicen la violencia contra las mujeres, lo cual genera impunidad, siendo este un factor principal que enfrentan las mujeres tras hacer sus denuncias. Así, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas no cuenta con mecanismos que hagan posible su aplicación. En definitiva, cuando se trata de violencia contra las mujeres, las instituciones del estado no investigan, no previenen y no sancionan, no funciona, es obsoleto y cómplice de la violencia estrucutral y sistémica que viven las mujeres.
Las situaciones y cifras anteriores representan violaciones sistemáticas a los derechos humanos y son, junto a la impunidad, tierra fértil para los feminicidios motivados por odio, desprecio, placer, poder, prestigio, privilegio o sentido de posesión hacia las mujeres, es decir, son incentivo para el asesinato de mujeres por razones de género.
El aumento de la violencia feminicida y de los feminicidios en Chiapas ha sido progresivo con un crecimiento alarmante a partir del año 2011. Según cifras del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, en 2014 ocurrieron al menos 52 muertes violentas de mujeres, de entre las cuales 34 pueden ser consideradas feminicidios, en 2015 se perpetraron al menos 65 muertes violentas, de las cuales al menos 45 fueron feminicidios, y en lo que va de 2016, se cuenta con un registro alarmante de más de 40 feminicidios.
En Chiapas, desde el 25 de noviembre de 2013, al menos 20 organizaciones civiles que conformaron la “Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas” solicitaron la declaratoria de Alerta de Género. 3 años después “en forma incompleta y limitada el Sistema declara la activación de la AVG en sólo 7 de 122 municipios de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula.” Las organizaciones solicitantes consideran que esta resolución es incompleta, discriminatoria e insuficiente, y anuncian que continuarán en alerta permanente ciudadana y popular realizando acciones para prevenir la violencia feminicida.1
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reconoce la lucha digna, implacable, persistente, que por décadas, las mujeres desde sus múltiples espacios de vida han llevado a cabo en la defensa de sus derechos humanos, en particular por la autonomía, por una vida libre de violencia, así como en la defensa de sus territorios amenazados por el despojo y como constructoras de paz, en medio de una guerra contra los pueblos que las convierte en objetivos de exterminio del sistema neoliberal.
Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas, denuncia pública
DENUNCIA PÚBLICA
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES HONESTAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO
HERMANAS Y HERMANOS
Nosotras y Nosotros somos los familiares de los ejecutados, de las personas desaparecidas y de quienes sufrimos el desplazamiento forzado de nuestras comunidades de la zona baja del municipio de Tila, dentro del Conflicto Armado Interno en Chiapas.
Nosotras y Nosotros somos quienes hemos sufrido la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 94, en la cual se formaron grupos paramilitares para acabar con las bases de apoyo del EZLN. En nuestra zona se formó el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, quien actuó bajo la preparación y protección de distintos niveles de gobierno en contra de la sociedad civil. Hasta hoy sufrimos esos graves efectos.
