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Frayba solicita medidas cautelares ante la CIDH para indígena tsotsil en Privación Arbitraria de la Libertad

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que urjan al Estado mexicano adoptar acciones inmediatas para garantizar la vida, la integridad física y psicológica y seguridad personal, a favor de Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo, (Francisco Espinoza) víctima de Tortura, quien se encuentra en Privación Arbitraria de la Libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Núm 14, “El Amate”, (CERSS Núm. 14 “El Amate”), en Cintalapa de Figueroa, Chiapas México.

El Frayba informó a la CIDH que Francisco Espinoza, indígena tsotsil, campesino, de 68 años de edad, originario de Barrio El Convento, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas se encuentra en deteriorado y grave estado de salud, a consecuencia de la Tortura sufrida durante su injusta detención el 29 de mayo de 2015 y debido a sus actuales condiciones carcelarias sin atención médica adecuada.

Según informe de peritos independientes especializados que aplicaron el Protocolo de Estambul, Francisco Espinoza presenta estrés postraumático, depresión, ansiedad, dolores extremos en torax y cuello, falta de apetito, insomnio crónico, lagunas mentales; así como alto riesgo a su salud por padecimiento de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Recomiendan que sea excarcelado para garantizar su vida ante el acelerado daño físico y mental.

De acuerdo a testimonio de su familia, de fecha 9 de octubre de 2017, Francisco Espinoza teme por su vida porque su salud empeora cada día, soportando fuertes dolores: “puede morir en la cárcel en cualquier momento.” “Los familiares somos personas de bajos recursos económicos, pero nosotros hemos comprado en algunas veces los medicamentos porque el CERSS no quieren dar atención médica”.

Este Centro de Derechos Humanos considera que el castigo psicológico que provoca su encarcelamiento en condiciones inhumanas, forma parte de una tortura como mecanismo de castigo continuado y permanente; así mismo reiteramos al Estado mexicano que es su responsabilizar proteger y garantizar el derecho a la vida, y la integridad física y psicológica y seguridad de las personas que se encuentran bajo su custodia.

Por lo anterior solicitamos: Se realice una investigación de los hechos de Tortura cometidos en contra de Francisco Espinoza, para sancionar a los responsables y la Tortura no quede en la impunidad; Se ponga en libertad a Francisco Espinoza, para brindarle las atenciones médicas necesarias, a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y seguridad personal.

Especialmente exhortamos a las autoridades del CERSS Núm. 14 “El Amate”, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atender la urgente situación de riesgo a la salud de Francisco Espinoza.

Contexto:

Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo, fue encarcelado a consecuencia de sus acciones en defensa de sus derechos en los Bienes Comunales en la Casa del Pueblo, acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015, según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

El 29 de mayo de 2015, a las 7:30 horas aproximadamente, a una cuadra de su casa en la calle 10 de mayo, Barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, en camino a trabajar su milpa, Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo fue Privado Arbitrariamente de la Libertad por personas vestidas de civil quienes lo torturaron durante la detención, el trayecto y hasta su reclusión en el CERSS Núm. 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas México. Además existen violaciones al debido proceso y a sus garantías judiciales a falta de una defensa adecuada antes de dictarse el auto de formal prisión.

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Medios-Frayba

[Medios-Frayba] Empresas mineras provocan división comunitaria en Chicomuselo

Chicomuselo, Chiapas. 26 de septiembre de 2017.

Boletín Informativo.
A las y los defensores de la Madre Tierra y el territorio
A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
A los Centros de Derechos Humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación independientes y alternativos nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
CONTINUAN HOSTIGAMIENTO CONTRA EJIDATARIOS POR SU POSICIONAMIENTO CONTRA LA EXPLOTACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, manifiesta su preocupación ante la falta de atención por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad, y es que desde la experiencia que vivieron en el año 2007 cuando permitieron el paso de la minera canadiense Blak Fire, fueron afectados con el ruido de los camiones, polvos que dejaban a su paso, deterioro de sus carreteras, además de daños a su salud, entre otros, hasta el día de hoy mantienen firme su decisión de no permitir el paso de compañías mineras.
Esta situación ha derivado que la Asamblea General, representado por su comisariado ejidal hayan acordado la destitución de un grupo de 10 ejidatarios de las Asambleas y no tomarlos en cuenta en los trabajos comunitarios, de igual manera fue destituido del cargo como Agente municipal de la comunidad el C. Rolando Hernández López, por los motivos antes expuestos.
El 14 de mayo del presente año cuando este grupo de ejidatarios participaba en labores de vigilancia para cuidar la entrada de mineros a sus territorios junto a otras personas de otras localidades fueron amenazados de muerte por una persona que responde a nombre de Isidro López Alvarado, vecino del mismo lugar quien portaba un arma de fuego. Hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Publico de Chicomuselo por el cual se abrió el Registro de Atención Número 016-030-0605-2017, en el cual este sujeto reconoció los hechos y se comprometió a respetar la integridad de las personas, turnando el archivo como caso concluido por conveniencia de las partes.
Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado en el año 2009 por oponerse a la explotacion minera en Chicomuselo, que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público quince días después fue asesinado, hechos que hasta el momento sigue sin esclarecerse.
Por otro lado manifestamos que la insistencia de compañías mineras por explotar minerales en distintas localidades del municipio de Chicomuelo, sigue provocando división del tejido social, toda vez que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero, situación que provoca aumento de la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y de quienes están a favor.
Por información que proporcionan las comunidades tenemos conocimiento que la empresa MINERA BARITA DE CHIAPAS, representado por el Señor Alfonso Alarcón, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo, es la que se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia donde pretenden explotar los recursos minerales que hasta la fecha se mantiene suspendida.
Cabe mencionar que actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por todo lo anterior este Comité de Derechos Humanos solicita al Estado Mexicano
en sus distintos niveles:
  • Cancelación definitiva de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo, toda vez que es decisión de las comunidades que manifiestan su rechazo a los proyectos mineros.
  • Intervención urgente de la Procuraduría Agraria como órgano de apoyo por parte del estado para de defensa de los derechos de los ejidatarios quienes desde el mes de mayo no han sido atendidos pese al conocimiento de la mencionada dependencia.
  • Proteger y salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Por último queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país para articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones han decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país. Por tal motivo los y las invitamos para que participen a la mega peregrinación denominado “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra”, que estaremos realizando el día 2 de octubre partiendo desde la comunidad Ricardo Flores Magón a las 8:00 de la mañana y culminando en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas. 
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Amenazas, hostigamientos y despojo a ejidatarios antimineros
Me llamo Silvestre Hernández Sánchez soy originario del Ejido Flores Magón del Municipio de Chicomuselo, Chiapas; integrado por 72 ejidatarios/as, del cual soy parte.
Soy PROMOTOR del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, defensor de los derechos humanos y del medio ambiente.
Desde el 2003 la empresa Caracol empezó con la exploración y explotación de la Barita en la Mina la Revancha II del Barrio San Ramón del Ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, Chiapas. en el 2005 transfiere las concesiones a la empresa minera canadiense denominada Black Fire Ltd, esta empresa por ser más grande redoblo horarios de trabajo y aumentaron más sus actividad de saqueo del mineral barita, es decir del diario pasaban de 20 camiones o más cargados de la barita, y en nuestro ejido vivimos muchos a la orilla de la carretera, todo el polvo que emitían al pasar los carros llegaban a nuestras casas y esto nos estaba enfermando los ojos, empezamos a padecer de conjuntivitis, mucha tos y enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua, hablamos en una de las asamblea que ya no se permitiera el paso a los camiones y se levantó un acta de acuerdo de ya no permitir el paso de la empresa, estuvimos de acuerdo y firmamos el acta, se mantuvo este acuerdo por mucho tiempo.
Lamentablemente con la entrada de la nueva autoridades ejidales, el presidente del Comisariado ejidal y su directiva, son pieza claves para obtener la anuencia de la comunidad, les compran su voluntad a las personas. Ya que estas empresas invierten en la compra y división de las comunidades. Reparten despensas y regalos, apoyan fiestas, pagan algunos gastos para mejoras de la comunidad y con esto les permite tener el apoyo de la comunidad. él comisariado ha manipulado a la asamblea para que se acepte este proyecto, y empieza la división del ejido.
El 30 de abril del 2016 un grupo de 12 ejidatarios en la asamblea manifestamos nuestra inconformidad y dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que está haciendo el Sr. Cesar López Alvarado actual Presidente del comisariado y su directiva, ya que estos defienden los intereses de la empresa, y por este motivo han intimidado y condicionado a muchos que están inconformes: por ejemplo de quitarles el agua, de no firmarles oficios o documentos cuando lo necesiten. Prácticamente negarles todo servicio que necesite del ejido si no apoyan a este proyecto minero
Como defensor de los derechos humanos y en conjunto con otros compañeros/as nos han amenazado de muerte, nos han intimidado por defender la vida y la madre tierra ante estos proyectos mineros. En las asambleas ejidales hemos demostrado nuestra postura de No a la minería, si a la vida, sabemos bien que estos proyectos únicamente nos traen afectaciones, muerte y nada de desarrollo como la empresa minera lo dice. Me han acusado de que soy el alborotador en la comunidad y que me iban a destituir del ejido
El 30 abril 2017 en la asamblea ejidal al no aceptar firmar acta de acuerdo de paso de la maquinaria y los camiones de la empresa Minera Barita de Chiapas (MIVACHI), nos dijeron que para que asistimos a la reunión si no vamos a firmar los acuerdos que era mejor que ya no asistiéramos a las reuniones porque nada más les estorbamos y que no buscamos el bien del ejido.
Por lo tanto pido a las autoridades correspondientes que me restituyan mis derechos ejidales ya que mi única falta ha sido defender mis derechos, el derechos de todos/as y los derechos de la Madre Tierra ya que he cumplido con las cooperaciones económicas, trabajos y servicios en el ejido.
Se ha solicitado a la Procuraduria Agraria que hagan presencia en el ejido y aclaren cual es la función de cada uno de los representantes de autoridades del ejido y si el defender nuestros derechos nos deben de destituir del ejido.
Para nosotros los campesinos/as, La tierra y territorio son un elemento fundamental para la vida, es el sentido de nuestros pueblos y comunidades. Sin territorio no hay pueblo.
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[Medios Frayba] Transmisión en vivo de la conferencia de prensa: NO A LA MINERÍA

Conferencia de prensa:
NO A LA MINERÍA

Fecha y hora: Martes 26 de septiembre de 2017;  11:00 horas

Participa: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” de Chicomuselo, Chiapas
Modera: Frayba
Lugar: Sala de juntas del Museo de la Ciudad, Av. Central Poniente #288, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas (La entrada es por el estacionamiento sobre la 2 poniente)

Transmisión en vivo por: https://www.facebook.com/FraybaDerechosHumanos/

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[Medios-Frayba]Declaratoria del encuentro “Amemos, cuidemos y defendamos nuestra casa común”

Reunidos en la comunidad La Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, convocados por la Pastoral de la Madre Tierra de la Diócesis de San Cristóbal, los días 19,20 y 21 de septiembre de 2017, celebramos el Encuentro Amemos, Cuidemos y Defendamos Nuestra Casa Común (Nuestra Madre Tierra), analizamos la realidad que estamos viviendo en nuestras comunidades, compartimos experiencias de lucha y resistencia ante los grandes proyectos que vienen de arriba, empeñándose en destruir nuestra vida y nuestra Madre Tierra.

Declaramos

Que nuestro corazón comparte el dolor, la fuerza y la esperanza con aquellos que hoy sufren la expresión de dolor de nuestra Madre Tierra y hermana creación. Nos solidarizamos y acompañamos con un abrazo amoroso a nuestras hermanas y hermanos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, quienes viven momentos de sufrimiento por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, que Dios Padre-Madre, Corazón del Cielo – Corazón de la Tierra, les llene de vida y esperanza.

Nos congregamos, iluminados con la palabra de Dios, en seguimiento a los acuerdos del Congreso Pastoral de la Madre Tierra, realizado en enero de 2014 en el marco de la conmemoración del 40 aniversario del Congreso Indígena de 1974 y, actualmente, con la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, quien nos convoca a defender nuestra Madre Tierra ante la destrucción y el despojo que el sistema capitalista ejerce. Por eso nos encontramos diferentes parroquias y organizaciones para unir nuestras luchas y encontrar alternativas para cuidar y defender nuestra Casa Común.

Reafirmamos que nos mantendremos en pie de lucha e intensificaremos nuestras acciones  para la defensa de nuestros territorios, identidad, cultura y autonomía.

Reconocemos la experiencia de nuestras hermanas y hermanos que ya están trabajando en el cuidado de nuestra Madre Tierra, a través del trabajo comunitario y organizativo con acciones de agroecología, técnicas comunitarias, medicina tradicional y otras iniciativas que no la dañan.

Denunciamos el aumento de actos de injusticia, discriminación, persecución, represión, despojo y exterminio por parte del capitalismo, en contra de nuestros pueblos originarios; como lo sufren las hermanas y hermanos del municipio de Chicomuselo frente a las mineras; nuestras hermanas y hermanos que luchan desde la Parroquia de San Marcos en el municipio de Acacoyagua, específicamente en los ejidos La Libertad y Cacao, donde ya comenzaron las perforaciones mineras, y donde la contaminación, destrucción y enfermedades ya están presentes. Nos solidarizamos con las hermanas y hermanos del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, con Chicoasén frente al despojo por represas hidroeléctricas; con el Pueblo Creyente de Simojovel frente a la violencia ejercida por el crimen organizado. Asimismo, denunciamos que a 20 años de cometida la Masacre de Acteal, los autores intelectuales y materiales no han sido investigados ni castigados por este crimen de lesa humanidad y el caso se encuentra en la impunidad. Denunciamos también que en vísperas de celebrarse tres años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa el gobierno no ha solucionado su reaparición, que hay negligencia e incapacidad para la implementación de las alertas de género ante los crecientes feminicidios. Vemos claro el desprecio e indiferencia por parte del Estado mexicano hacia el pueblo. Rechazamos las reformas estructurales que legalizan el despojo de nuestras tierras y agua.

Celebramos el caminar del Pueblo Creyente que mantiene su experiencia de organización a través de las parroquias con diversas comunidades vinculadas a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Celebramos también la iniciativa del Congreso Nacional Indígena para la conformación del Consejo Indígena de Gobierno y la nominación de una mujer como su vocera: María de Jesús Patricio Martínez. Desde aquí lanzamos nuestra consigna de ¡Ya Basta! No seguiremos permitiendo la destrucción de nuestros territorios, no permitiremos la construcción de los megaproyectos como autopistas, presas hidroeléctricas, minas y todo aquello que privatice nuestra tierra y agua.

Mujeres y hombres, reafirmamos nuestra fe y compromiso de cuidar nuestra Madre Tierra y producir nuestros alimentos sin afectarla. Hacemos un llamado a la sociedad civil para que se organice y defienda nuestra Casa Común.

¡¡¡Hoy decimos que la vida sigue y la organización de los pueblos se mantiene!!!

¡¡¡No a la minería, no a las represas, no a la explotación de hidrocarburos, no a la mercantilización  y privatización del agua!!!

!!!No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad!!!

Comunidad La Candelaria.

 municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

a 21 de septiembre de 2017.

Firmantes

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Misión de Bachajón

Parroquia de Santo Domingo, Tzimol

Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Palenque

Parroquia de San Fermín, Independecia

Parroquia de San Antonio de Padua, Simojovel

Parroquia de San Juan Evangelista, Cancuc

Parroquia de San Ildefonso, Tenejapa

Parroquia de San Jacinto de Polonia, Ocosingo

Parroquia de Guadalupe, SCLC

Parroquia San Ramón, SCLC

Parroquia de San Juan Bautista, Nuevo San Juan Chamula

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, SCLC

Parroquia de San Pedro y San Pablo, Chicomuselo

Parroquia de San Pedro, Chenalho

Misión de Guadalupe, Comitán

Parroquia San Juan Diego, SCLC

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Huitiupán

Parroquia de San Andrés Apóstol, Larrainzar

Parroquia de San Bartolomé, Venustiano Carranza

Parroquia de Santa Catarina, Pantelhó

Parroquia de José y María, Zamora Pico de Oro

Parroquia de San Pablo, Chalchihuitán

Parroquia de San Agustín, Teopisca

Parroquia de Santo Tomas, Oxchuc

Parroquia San Juan Bautista, Chamula

Parroquia San Lorenzo, Zinacantán

Parroquia Santo Domingo, Comitán

Parroquia Señor del Pozo, Comitán

Parroquia San Miguel Arcangel, Villa Las Rosas

Parroquia de San Miguel, Huixtán

Parroquia de Santo Niño de Atocha, Frontera Comalapa

Parroquia La Asunción, Soyatitán

Parroquia Santa Cruz, Socoltenango

Parroquia San Fernando de Guadalupe, Salto de Agua

Área de Salud, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Pastoral de la Madre Tierra, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Parroquia del Señor del Pozo, Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez

Parroquia de San Sebastián Mártir, Diócesis de Tapachula

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria, AC

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC

Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, AC

Red de Acompañamiento a la Madre Tierra

Red Ecuménica de Chiapas

Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruíz”

Este encuentro fue acompañado por la Observación Internacional de:

 Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ)

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SWEFOR)

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Frayba

[Medios-Frayba] Conferencia de prensa: Amemos, cuidemos y defendamos la Madre Tierra

La Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas convoca a todos los medios de comunicación para la conferencia de prensa como resultado de los trabajos y posicionamiento del Encuentro: Amemos, cuidemos y defendamos nuestra Casa Común. (Nuestra Madre Tierra).

Participan: La Coordinación de la Pastoral Social y la Comisión Diocesana de la Madre Tierra de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Modera: Frayba

Lugar: Comunidad La Candelaria, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Cómo llegar: Puedes tomar un taxi colectivo en el mercado José Castillo Tielmans en el municipío de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; estos se encuentran frente a la iglesia de San Judas Tadeo, el pasaje cuesta $25.

Agradecemos difusión y asistencia

 

 

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Las Abejas de Acteal lanza micrositio: “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas”

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http://www.acteal.org/micrositio/

A 25 años del caminar de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, 20 años de impunidad de la Masacre y 8 años del inicio de la liberación de paramilitares responsables del crimen de lesa humanidad, la organización símbolo de acción civil y pacífica presenta el micrositio: Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas, entre la contrainsurgencia y la impunidad, que forma parte de la Campaña Acteal: Raíz, memoria y esperanza.

El micrositio refleja la impunidad con la que desde distintas instancias del gobierno mexicano se protege a los autores de la Masacre de Acteal, así como a quienes perpetraron las violaciones a los derechos humanos mediante los desplazamientos forzados de familias de Las Abejas entre los años de 1996-1997, 2013 y 2016.

Les invitamos a asomarse a una ventana de memoria y esperanza en el micrositio: Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas, entre la contrainsurgencia y la impunidad, publicado en http://www.acteal.org/micrositio/.

Compartimos boletín de prensa del Frayba: bit.ly/2v6N6c5

y comunicado de Las Abejas de Acteal: http://bit.ly/2ipZNIQ

Foto: Desplazadas, 1997. Jutta Meyer (Archivo Frayba)

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Inmigrante hondureño continúa en detención prolongada e injusta

Manifestamos nuestra preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández, inmigrante de origen hondureño en Chiapas.

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Escucha las grabaciones de la conferencia de prensa realizada en el FrayBa:

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández (Roberto Carlos), inmigrante de origen hondureño.

Roberto Carlos, es sobreviviente de tortura, fue detenido el 22 de mayo de 2013 y cuatro días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No. 13), en Tonalá, Chiapas, acusado de extorsión.

Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención. A pesar de la denuncia de tortura ante el ministerio público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a 7 años, dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación. Desde el CERSS No. 13 ha denunciado su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión.

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Frayba

Allanamiento y robo de información a la defensora Alejandra Padilla

Hostigamiento y vigilancia a personas integrantes del CNI y CIDECI-Unitierra

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el robo y allanamiento al domicilio de Alejandra Padilla García (Alejandra) defensora de derechos humanos, integrante del espacio de lucha Semilla Digna el cual forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), además de ser colaboradora del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas – Unitierra Chiapas (CIDECI – Unitierra Chiapas). Hechos ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el día 28 de mayo de 2017.

Según información documentada, la puerta de la casa de Alejandra fue encontrada abierta, así como la de su habitación, de ésta sustrajeron una computadora portátil con información importante sobre el trabajo que ella realiza acompañando procesos organizativos en comunidades de Chiapas y de otros estados de la república.

El allanamiento y robo ocurrieron cuando Alejandra se encontraba en el CIDECI – Unitierra Chiapas, y mientras se llevaba a cabo la Asamblea General del CNI para la conformación del Concejo Indígena de Gobierno y la elección de su vocera.

Cabe resaltar que en el domicilio se encontraban otras computadoras, dinero a la vista y otros artículos de valor que no fueron robados. Los perpetradores de este hecho se enfocaron en llevarse solamente la computadora personal de la defensora.

El trabajo de Alejandra se ha caracterizado por la defensa de derechos humanos en comunidades indígenas y campesinas, realizando acciones organizativas, de análisis y derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, especialmente acompañando los trabajos del CNI.

Es importante mencionar que durante los últimos tres meses, Alejandra  y otras personas integrantes del CNI y del equipo de apoyo de CIDECI – Unitierra Chiapas han sido objeto de vigilancia y de seguimiento por varios y diferentes individuos a bordo de vehículos sospechosos.

El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el lema “Nunca más un México sin nosotros”, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas de México, un espacio en donde los pueblos originarios se encuentran para fortalecer sus luchas de resistencia, con sus propias formas de organización, de representación y toma de decisiones. El CNI lucha por construir y defender la autonomía de los pueblos indígenas, a decidir sobre sus territorios, de organizarse colectivamente y construir su propio futuro.

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Frayba

En Chiapas se violenta el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento

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Fuente: Frayba

19 casos presentados en Chiapas a Relator Especial de la ONU

Boletín de prensa de pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones que se reunieron con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento en Chiapas

El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de Naciones Unidas, el Dr. Léo Heller, dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas, en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que, agregando a lo que presenció en otras partes del país, concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.

El tono de las observaciones que el Relator adelantó al informe oficial que presentará en el mes de Septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que  utilizó en su conferencia de prensa se alejó del tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de organismos internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas en diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno  Mexicano da a conocer.

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Comunicación Frayba

Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad: CIDH

Ejército mexicano causante de la Ejecución Extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández

Impacto de la contrainsurgencia con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante su informe anual 2016,1 publicó el 27 de abril de 2017, el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/162 del Caso 11.564 Gilberto Jiménez Hernández y Otros (LA Grandeza) México; en la que determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.

El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea “Arcoiris” en el Agrupamiento “Yabur”, compuesta por 65 agentes militares quienes portaban armamento 3 MP5 Cal. 9mm y 62 G-3 Cal. 7.62mm. Al mismo tiempo aviones del Ejército sobrevolaban en la región.

La población del ejido La Grandeza, conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas. El señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un chal en la espalda, le disparó.

Hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México.

Respecto a la responsabilidad del Estado mexicano, la CIDH dio amplio valor a la prueba aportada por los peticionarios consistente en la existencia del “Plan de Campaña Chiapas 94” señalando que “en febrero de 1995 el Ejército mexicano se propuso retomar el territorio en el que había operado el EZLN desde el principio del conflicto y dio inicio a la respuesta militar a través de la implementación de una estrategia desarrollada por la SEDENA. Dicha estrategia quedó plasmada en el documento denominado “Plan de Campaña Chiapas 94”, […] el cual fue diseñado por dicha Secretaría en 1994 y se inició su ejecución a partir de 1995”.

El Plan de Campaña se concretó en crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente contra la población civil tanto por elementos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como por grupos paramilitares en diferentes regiones del estado de Chiapas, en el marco del conflicto armado interno no resuelto. El Plan tenía como finalidad […] “romper la relación de apoyo […] entre la población y los transgresores de la ley”; “organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico quienes ser[ía]n empleados en apoyo de nuestras operaciones”; así como “adiestra[r] y apoya[r] las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares” [y] “en caso de no existir fuerzas de autodefensa, […] crearlas.

En la implementación de dicho Plan las Fuerzas Armadas realizaron incursiones en varias comunidades de Chiapas y en este contexto se presentaron diversas denuncias sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones a los derechos humanos. La CIDH ya se ha pronunciado en otros casos en este contexto, como el del Ejido Morelia: tortura, ejecuciones extrajudiciales y sumarias (11.411)3 y Hermanas González: detención ilegal, violación y tortura (11.565)4; y se encuentran en etapa de fondo los casos de Antonio González Méndez: desaparición forzada (12.322)5, Masacre de Acteal: ejecuciones extrajudiciales y sumarias (12.790)6 y Zona Norte: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado (12.901)7 cometidos en el escenario de este conflicto armado interno no resuelto.

La CIDH ha recomendado al Estado mexicano reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas, considerando el daño a la familia del señor Gilberto Jiménez Hernández así como los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94. Además de realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones correspondientes, dichas investigaciones deberán esclarecer el contexto en el que tuvieron lugar los hechos.

Queda en evidencia lo dicho por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional “[d]e arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.”8 A pesar de ello, con esta resolución de fondo se crea un precedente histórico que desenmascara al Estado Mexicano en su acción de contrainsurgencia. La CIDH reconoce y responsabiliza al gobierno en sus crímenes de lesa humanidad en el contexto del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

El perpetrador de estos crímenes de lesa humanidad es el Estado mexicano, representado en su momento por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; así como el General Mario Renán Castillo Fernández responsable del Plan de Campaña Chiapas 94 y la creación de los grupos paramilitares.

En este contexto oscuro del actual México la situación se ha recrudecido: las masacres van, las ejecuciones extrajudiciales vienen, las desapariciones forzadas pasan frente a nosotros. Es clara la ruptura del gobierno con los pueblos. El gobierno no cumple sus responsabilidades con quienes deberían de servir y respetar, cada vez el abismo se profundiza.

Ahora los señores de la guerra están pugnando por una Ley de Seguridad Interior, su bandera para envolverse y perpetuar la impunidad a las Fuerzas Armadas en México, y como ha sucedido en esta parte de Chiapas la continuidad de desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, tortura, masacres, muerte y más muerte.

Por lo anterior hacemos un llamado a la sociedad civil organizada a no olvidar a mantenerse informada sobre el contexto del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas, lo cual ha sido corroborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planificado mediante manuales y planes de contrainsurgencia dirigidos a la población, lo que concluye un estado genocida.