A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

(Firma la Acción Urgente aquí.)

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.
El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

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Condenamos el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia
Exigimos seguridad a defensoras del territorio en riesgo y a la caravana del CIG

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se une a la demanda de justicia ante las agresiones a pueblos del Congreso Nacional Indígena, integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, su red de apoyo y periodistas que hacen cobertura de su recorrido por el país.

El pasado 16 de enero, en el municipio de la Chilchota, Michoacán, fue encontrado el cuerpo sin vida de Guadalupe Campanur Tapia, indígena purépecha, defensora del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios. Lupita fue fundadora de la Ronda Comunitaria de Cherán que custodia y defiende los bienes naturales y el territorio de Cherán.

El municipio de Cherán, en Michoacán, es parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y se ha caracterizado por su proceso de autonomía y organización comunitaria en la defensa de los bosques en contra de la explotación ilegal de madera.

EL 21 de enero, entre Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán fue atacada la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) en donde viajaba su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. El último vehículo de la caravana fue interceptado por dos camionetas de la que salieron sujetos fuertemente armados obligando a los comunicadores independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a entregar sus cámaras y teléfonos celulares. Marichuy se dirigía a Nurío, municipio de Paracho, después de concluir una reunión en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán.

Es importante señalar que en ese contexto, el pasado 9 de enero el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que aglutina a 30 comunidades originarias, acordó respaldar a Marichuy vocera del CIG.

El riesgo que viven las defensoras de derechos humanos es cada vez más preocupante, en este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Lucila Bettina Cruz Velázquez, defensora zapoteca de la tierra y territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y concejala del CIG. La CIDH pidió al Estado mexicano proteger de forma inmediata la vida e integridad de Bettina Cruz y su familia.

El Frayba condena el feminicidio de la defensora de derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia y exige al Estado mexicano una investigación exhaustiva, para evitar que este hecho quede en la impunidad.

Nos solidarizamos con la familia de Guadalupe Campanur Tapia y con la comunidad de Cherán, Michoacán, en su ejercicio de autonomía como pueblo purépecha en la defensa de sus bienes naturales y de su territorio.

De igual manera nos unimos a las exigencias de seguridad a la caravana del CIG y a su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, así como de Bettina Cruz y su familia.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de enero de 2018
Boletín No. 02

PDF aquí: Cese de agresiones al Congreso Nacional Indígena

Fuente: Comunicación Frayba

A las ocho de la noche del día 09 de enero de 2018, obtuvieron su libertad nueve personas, integrantes de La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que se encontraban en injusta detención, en la cárcel comunitaria de Río Jordán, colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenalhó.

En la tarde de ayer, 22 mujeres de Las Abejas de Acteal realizaron una peregrinación en exigencia de la libertad de José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.1 Posterior a esta acción civil y pacífica, las autoridades comunitarias de Los Chorros liberaron a quienes privaron arbitrariamente de su libertad.

Los liberados se reunieron con su organización en Acteal. En el sitio sagrado, realizaron un rezo y un acto de bienvenida. José Vázquez Entzín agradeció que no los dejaron solos y reiteró su compromiso en la organización colectiva. Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal, destacó que fueron las diversas acciones pacíficas por las que se logró la libertad de las 9 personas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C reiteramos que la Privación Arbitraria de la Libertad es una violación de derechos humanos; mantenemos la exigencia de no repetición, cese al hostigamiento a Las Abejas de Acteal y respeto a su autonomía. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional, a quienes con sus llamamientos al Estado mexicano contribuyeron en el camino de la justicia en Chiapas.2

Frayba reconoce el proceso organizativo de Las Abejas de Acteal en la construcción de Otra Justicia y autonomía. Son 25 años de afrontar estrategias para destruir su tejido comunitario, pero también 25 años de ser emblema de paz.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
10 de enero de 2018

Boletín No. 01

Fuente: Frayba

• Continúa la detención arbitraria de 9 integrantes de Las Abejas de Acteal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información que ante las amenazas a la vida, a la integridad y seguridad personal, 14 familias integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó, Chiapas, México, se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, por las acciones de hostigamiento por parte de autoridades comunitarias.

Recordamos que desde el pasado 5 de enero fue detenido José Vazquez Entzin y el 7 de enero fueron detenidos 8 integrantes más de Las Abejas de Acteal. Al día de hoy las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad son: José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.1

Los 9 personas detenidas arbitrariamente denuncian malos tratos y amenazas, además de daños a su salud: dolores de cabeza, abdominales, de espalda y baja presión arterial.2 La tarde del 9 de enero de 2018, las mujeres de Las Abejas de Acteal llevan a cabo una peregrinación para solidarizarse con sus compañeros encarcelados, en exigencia de su libertad y por justicia y paz.

Ante la privación arbitraria de la libertad de los 9 integrantes de Las Abejas de Acteal, los riesgos a su seguridad e integridad personal y la amenaza de desplazamiento forzado solicitamos de manera urgente al Estado mexicano:

La liberación inmediata de los 9 miembros de Las Abejas de Acteal, garantizando su integridad física y psicológica.

Cese de las amenazas a las familias de Las Abejas de Acteal de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó.

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Firma la Acción Urgente: Detención arbitraria de 9 integrantes de Las Abejas de Acteal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. documentó la situación de Privación Arbitraria de la Libertad de 9 integrantes de La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), hechos perpetrados por las autoridades de Río Jordán, pertenecientes a la Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Expresamos nuestra preocupación por el riesgo a su seguridad e integridad personal.

Según testimonios recibidos por este Centro de Derechos Humanos, el 5 de enero detuvieron de manera arbitraria en la comunidad Rio Jordán a José Vázquez Entzin (en adelante José) cuando el camión en el que llevaba arena para construir su casa se atascó; aproximadamente a las 19:45 José fue encarcelado, acusado de haber tapado el camino y por no realizar trabajos comunitarios.

El 7 de enero, una comisión de Las Abejas de Acteal fue a Los Chorros para dar atención médica y psicológica a José, las autoridades de la comunidad detuvieron a los hombres de la comisión y a dos integrantes más de Las Abejas de Acteal. (1)

Al día de hoy las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad son: José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.

Según información con la que se cuenta, las Privaciones Arbitrarias de la Libertad son una agresión a la autonomía de Las Abejas de Acteal. El 30 de noviembre de 2015, las autoridades comunitarias cortaron los servicios de agua y energía eléctrica a Antonio Ramírez Pérez y José, por negarse a colaborar en una obra de drenaje, ya que se encuentran en resistencia y no aceptan los proyectos de gobierno. Negación de derechos reiterada desde abril de 2017 (2)

En el municipio de Chenalhó, continúan operando de manera impune grupos armados, vinculados con autoridades comunitarias y municipales. Las Abejas han denunciado que la comunidad de Los Chorros es cuna de paramilitares responsables de la masacre de Acteal, donde fueron asesinadas 45 personas el 22 de diciembre de 1997.

Las Abejas de Acteal, es un organización indígena que desde hace 25 años trabajan por la autonomía y libre determinación de los pueblos, exigiendo verdad y justicia. Forman parte del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.

Ante los hechos de violencia en Chenalhó y la privación arbitraria de la libertad de los integrantes de Las Abejas de Acteal, solicitamos de manera urgente al Estado mexicano:

La liberación inmediata de los 9 miembros de Las Abejas de Acteal, garantizando su integridad física y psicológica.

Cese el hostigamiento, agresiones y amenazas a Las Abejas de Acteal

Respeto a su Autonomía y Libre Determinación como Pueblos.

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• Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
• Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chenalhó
• Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ.

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo que emite esta Acción Urgente, desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres). Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal.

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y crítica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

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• Las Abejas solicitaron a Jan Jarab intervención de la ONU para reconocer al Estado mexicano como responsable de la Masacre de Acteal.

49 velas, 49 cruces, que representan 45 personas más 4 no nacidas masacradas por paramilitares el 22 de diciembre de 1997, en la misma ermita donde rezaban y ayunaban por la paz, en Acteal, Chiapas, es el escenario donde se recordó el crimen de lesa humanidad. En este sitio sagrado Jan Jarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, escuchó los testimonios que duelen en la memoria pero se hacen necesarios para continuar la reivindicación de justicia.

En la víspera a 20 años de impunidad, víctimas sobrevivientes de la Masacre de Acteal e integrantes de la Organización Sociedad Civil las Abejas narraron ante la ONU la verdad que el Estado mexicano intentó negar y continúa ocultando: graves violaciones a derechos humanos como estrategia contrainsurgente en la región Altos de Chiapas.

Guadalupe Vásquez Luna, sobreviviente, leyó el escrito entregado al representante del organismo internacional de derechos humanos: “Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tsotsil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia. La dilación es discriminación.”

Las Abejas de Acteal solicitaron a la ONU: Su intervención para que la injusticia en este crimen de lesa humanidad no siga prolongándose; para evitar la repetición de hechos; que Acteal sea reconocido como un sitio de memoria y esperanza; que se reconozca al Estado mexicano como responsable de la masacre.

Jan Jarab durante su visita a Acteal, el 21 de diciembre de 2017, expresó que la ONU tiene como prioridad los derechos de los pueblos originarios y la lucha contra la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Invita al Cine Debate:
Ciclo: Semillas de Conciencia

Acteal, nunca más
Dirección: Epigmenio Ibarra 13.10 min

De Las Abejas que no olvidan
Dirección: Mardonio Carballo 27.40 min

14 de Diciembre a las 18:00 horas

KINOKI Foro Cultural Independiente

Calle Belisario Domínguez 5-E, esquina Andador Guadalupano, SCLC, Chiapas

Sinopsis:

A 20 años de impunidad por la Masacre de Acteal, la memoria colectiva de Las Abejas de Acteal persiste en la construcción de Otra Justicia. Sus voces, sus nombres, sus rostros siguen caminando la paz.

Se transmite #EnVivo desde:

http://mixlr.com/foro-cultural-kinoki/

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto