
Frayba
La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de mayo de 2023
Boletín No. 12
La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas
- Tensión en territorio zapatista
El primero de enero de 1994, se levantó en armas el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declarando la guerra al Estado mexicano, luchando por trabajo, educación, salud, justicia, tierra y libertad, después de 12 días y por la presión de la sociedad civil nacional e internacional se decretó el cese al fuego en contra de los pueblos zapatistas. Posterior a los Diálogos de San Andrés el gobierno mexicano incumplió con los acuerdos para reformar la Constitución y cumplir a cabalidad con los derechos de los pueblos indígenas, a partir de entonces el EZLN ha construido su autonomía y autodeterminación en su territorio de manera civil y pacífica, además es un actor clave para el avance y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.
Durante estos 29 años el EZLN ha sido hostigado y continuamente agredido por el Ejército mexicano y grupos afines al Estado, las estrategias de guerra y contrainsurgencia modifican sus métodos de violencia, con finalidad de destruir y cooptar los movimientos de resistencia y emancipatorios que están pugnando por el respeto de sus derechos, y en este territorio por los derechos colectivos que reivindican como pueblos originarios.
Los hechos de violaciones al territorio, a la autonomía y libre determinación, las agresiones, ataques armados, criminalización entre otros, los hemos documentado y denunciado constantemente en todas las esferas de responsabilidad, tal y como fue el asesinato impune del maestro Galeano en el 2014, que marco un nuevo escenario con organizaciones aliadas a los gobiernos en sus tres niveles (municipal, estatal y federal).
Este sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ha quedado atrás, los ataques hacia las tierras recuperadas del EZLN son constantes, en algunos territorios autónomos hemos documentado agresiones, amenazas y ataques armados, como es el de la Junta de Buen Gobierno (JBG) del Caracol 10 de Patria Nueva, las Bases de Apoyo del EZLN han sufrido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, desplazamiento forzado y varios heridos por armas de fuego.
En la actualidad está vigente la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en la que el EZLN es ejemplo y ha tenido una acción continua en la que propone, construye y resiste de manera pacífica, siendo un parteaguas para muchos pueblos que están por la defensa de la vida y el Territorio.
De todos estos hechos de agresión y ataques hacia el movimiento zapatista, se ha informado con todo el rigor documental a las instancias del Estado que tienen la competencia y que deben respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, sin que hayan mostrado voluntad política para atender la urgente situación. Desde el Frayba expresamos nuestra preocupación por la constante violencia que ha recibido el EZLN y que vemos un incremento debido a la impunidad activa generada desde el gobierno mexicano.
En uno de sus últimos comunicados del 2021, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN (CCRI-CG-EZLN) advertía que Chiapas se encontraba al borde de la Guerra Civil.[1] Su perspectiva es un síntoma de los que vamos viviendo en el territorio Chiapaneco.
Desde el Frayba manifestamos que vivimos en una constante inseguridad, con alto riesgo a la vida, lo cual ha dado el incremento de la violencia extrema contra las Bases de Apoyo del EZLN, como el cometido el 23 de mayo en la región de Moisés y Gandhi. Esto se ha expandido hacia otros territorios que están siendo vulnerados desde la criminalidad que controla las vidas de comunidades y pueblos como lo que sucede en la frontera sur de Chiapas.
Ante este contexto declaramos que nuestro deber insoslayable es el de parar esta violencia que viene creciendo y vemos que se puede hacer con la organización de los pueblos, comunidades, organizaciones, barrios y colonias; desde su propia raíz y cultura, para desactivar la violencia y construir la paz desde abajo, apostando la posibilidad de la reproducción de la existencia en donde se pondere la buena vida.
Es urgente que el Estado mexicano haga su trabajo a cabalidad y atienda inmediatamente el problema de fondo a fin de garantizar el diálogo y la paz en Chiapas, generando rutas claras para alcanzarla.
Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a exigir al Estado mexicano actúe de manera contundente para que cesen de manera inmediata los ataques hacia el proyecto político autonómico del EZLN y la violencia generalizada en el estado de Chiapas, así también solicitamos a la solidaridad a dar muestras de apoyo a los pueblos que defienden la vida, el territorio, a la madre tierra y la paz.
El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de mayo de 2023
Boletín No. 10
El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio
- La criminalización a los pueblos indígenas, causa recurrente en Chiapas.
Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunciamos la criminalización hacia los defensores del territorio; el gobierno Chiapas una vez más actúa con toda impunidad. El día de hoy 17 de mayo del 2023 el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tseltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.
Para establecer la condena la Juez utilizó criterios legales de 1993 es decir, criterios de hace más treinta años, a pesar de todas las reformas legales que han ocurrido en México que deberían de garantizar los derechos humanos. La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada.
El 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tseltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados.
Los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad, hecho realizado por las Fuerzas de Seguridad el día 29 de mayo de ese mismo año, ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.
Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que, la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano.
El Frayba exige libertad y justicia a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, ya que tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio. Por último, referimos los argumentos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que menciona que, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.[1]
[1]Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el diez de septiembre de 2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abrahám López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz (México). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647086&fecha=29/03/2022#gsc.tab=0
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