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Dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados

Informe para CECILIA JIMÉNEZ-DAMARY, relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos.

Resumen Ejecutivo

En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado ha tenido varias causas desde los sesentas hasta la actualidad, por diversos motivos entre ellos los conflictos religiosos, proyectos de desarrollo, y desastres natures, así como por violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente que dejó alredodor de 12 mil personas desplazadas en los noventa tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la actualidad, el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los años setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de Los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción.

Desde el año 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14,476 personas en el estado de Chiapas. Más recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares.

Mujeres

Durante el desplazamiento forzado, las mujeres están expuestas al acoso, a la violación y a la tortura sexual, como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan, fabricándoles delitos, revictimizándolas y poniendo en el desamparo a sus hijos e hijas para castigarlas. Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño.

La indiferencia, el desprecio, el racismo y sexismo se extiende a fiscales, jueces, funcionarios y funcionarios del estado, quienes con sus políticas públicas patriarcales profundizan la marginalidad, la dependencia y la subordinación de las mujeres, más vulnerables.

Niños, niñas y adolescentes

No existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector.  Se calcula que 3 de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4400 y 5500 de población total.

Los impactos psicosociales del fenómeno en sus vidas son profundos al ser expuestos a situaciones de violencia extrema. Hay quienes no cuentan con documentos de identidad, lo que obstaculiza el acceso y exigibilidad de sus derechos, particularmente a la salud y educación en los nuevos lugares de residencia, y dificulta también todos los procedimientos para su reconocimiento como desplazados.

Situación en la frontera México-Guatemala

La creciente presencia del Crimen Organizado ha llevado a una agudización de los conflictos territoriales en regiones de frontera generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio del Crimen Organizado (CO).

No existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, sin embargo varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el CO, que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio. Hay que sumarle las personas quienes por años han radicado en esta región, al menos en dos generaciones, quienes nunca realizaron trámites para legalizar su estadía, de estas familias jamás se encontraran registros, pues su permanencia en territorio mexicano ha sido al margen de las leyes.

Ley de desplazamiento en Chiapas

En Chiapas en el año 2012 se promulgó la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada. En primer lugar, mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, en medio de la ausencia de un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la Ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno, en medio de una ausencia de un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad.

En los hechos se observa que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno, y menos aún para erradicarlo. Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados.

Situación de las personas defensoras de derechos humanos de las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado

Las personas defensoras de derechos humanos asumen tareas de defensa y acompañamiento en torno al desplazamiento forzado que pone en riesgo su vida e integridad personal. En el trabajo de documentación al interior de los lugares de refugio para desplazados se exponen también a la falta de garantías de seguridad y protección que debería procurarles el Estado.

Cuando se trata de casos de desplazamiento ocasionado por violencia relacionada a enfrentamientos armados o Crimen Organizado, no cuentan con las condiciones para ingresar a los territorios afectados. Personas defensoras han sido agredidas al acompañar a víctimas de desplazamiento forzado.

Las organizaciones firmantes sugieren a la relatora las siguientes recomendaciones y exigencias al Estado mexicano:

  • Se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
  • Implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos.
  • Cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas.
  • Consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en Chiapas.
  • Impulsar el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno.
  • Que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el estado de Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado.
  • Investigación y desarme de grupos armados,  se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.
  • Se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras   que acompañan a víctimas del fenómeno.
  • Rendición de cuentas por parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

Logos-ONGs

       
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Avanzamos mejor si estamos unidos: Familias unidas contra la tortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 01 de septiembre de 2022

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

 

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos

A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

 

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” sostuvimos los días 27 y 28 de agosto nuestro encuentro como familias víctimas y sobrevivientes de tortura, en este encuentro compartimos memoria, seguimiento de los casos que enfrentan nuestros familiares injustamente privados de su libertad y conocimos la situación actual del país y Chiapas respecto a la tortura como un problema sistémico y estructural.

Aun tenemos familiares que se encuentran privados injustamente de su libertad por delitos fabricados; quienes enfrentan proceso bajo libertad condicionada; procesos de denuncia por el delito de tortura en la que el juez no ha dado apertura a juicio oral y quienes llevan un proceso de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no se ha emitido recomendación por el reconocimiento del estado por violaciones a derechos humanos y ser víctima de tortura.

Tenemos claro y sabemos que en muchos lugares de la república existen familias como las nuestras, que luchan por la libertad absoluta de sus presos, a quienes les fabricaron un delito y quienes torturaron para autoinculparse por un delito que no cometieron, con nuestra experiencia de lucha reconocemos que en el estado de Chiapas autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han generado impedimentos al orden jurídico para que logremos justicia pronta y reparación de los daños que nos han ocasionado.

Nosotros hemos denunciado y seguiremos señalando que el Poder Judicial y Fiscalía General y Regionales de Chiapas son cómplices para realizar practicas con violaciones a derechos humanos, en la que se genera un clima de desconfianza a la población en la realización de investigaciones eficientes y eficaces, las fiscalias no investigan, sino que formulan investigaciones a modo para hacer creer a las personas que realmente capturan a delincuentes, la cara real es la criminalización a inocentes.

El estado mexicano en su conjunto cuenta con un poder para realizar estas acciones de manera impune, existe cobijo para permitir estas malas practicas, sin obstáculos, lo que genera un ambiente de injusticia.

En agosto de este año, se designo al nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado al Sr. Guillermo Ramos Pérez, tenemos fe y confiamos en que estas malas practicas sean erradicadas y que el nuevo titular del Poder Judicial de Chiapas vea y sea testigo de las constantes deficiencias en las investigaciones, fabrica de culpables con testimonios prefabricados o inexistentes.

Las y los sobrevivientes, así como sus familias han reflexionado que la tortura es parte de una estrategia del Estado, con métodos claros para generar dolor físico y mental, para generar miedo y terror, romper el tejido social y solidario, intimidar a la población y, como una forma de control, para inhibir acciones de defensa y justicia.

 

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

 

Atentamente:

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”

Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

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Colembij: somos familiares de personas desaparecidas, desplazados forzados de la guerra contrainsurgente

Susuclumil, Tila, Chiapas, México

30 de agosto de 2022

 

Al Pueblo de México

Al Pueblo Creyente

A los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos

de Ayotzinapa

A los familiares y colectivos de desaparecidos en México

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Organización de Naciones Unidas

A la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los

Derechos Humanos de los Desplazamiento Internos

A los organismos de Derechos Humanos

Al Gobierno mexicano

A la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los

Derechos Humanos de los Desplazamiento Internos

A los organismos de Derechos Humanos

Al Gobierno mexicano

 

 

Conmemoración de los desaparecidos en Chiapas

 

Colembij, significa colectivo en memoria para la búsqueda de un camino a la Justicia y verdad. Fue creado hace tres años por familiares de las víctimas del conflicto armado en Chiapas provocado por el grupo de Paz y Justicia que creo el Estado mexicano como grupos paramilitares.

Los Familiares de desaparecidos forzados, de ejecutados extrajudiciales y de desplazamiento forzado, nos juntamos hoy 30 de agosto para conmemorar el día internacional de desparecidos, aquí en la zona baja de Tila, Chiapas, para exigir la Verdad y la Justicia, la no repetición y las medidas de reparación integral de los daños, ya que los hechos ocasionados, son crímenes en contra de la humanidad donde el Estado mexicano es responsable.

Por lo que exigimos que el Estado reconozca la responsabilidad de este crimen de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la república de ese entonces, Julio Cesar Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas de ese entonces. El presidente municipal de Tila, Carlos López Martínez; porque ellos ordenaron a las policias municipales, seguridad publica y Ejército mexicano en ataques hacia las comunidades, acompañado por convoyes, helicópteros y patrullas, son estas heridas que no dejó, y no sean podido cicatrizar hasta la fecha.

Agradecemos a los compañeros y compañeras de organizaciones que nos han acompañado, agradecemos al Frayba y Sipaz y nos solidarizamos en la lucha de todos y todas las organizaciones y colectivas de familiares de desaparecidos en México y el mundo.

 

¡Sin justicia no hay Paz;

Colembi

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Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de agosto de 2022.
Boletín No. 28

Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

•    Permanece la impunidad del Estado mexicano en casos de desaparición Forzada en Chiapas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la impunidad continúa ante el incremento de la violencia criminal en el país. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reafirma su camino a lado de los pueblos que luchan contra esta grave violación de derechos humanos, por justicia, verdad y memoria de sus familiares desaparecidos.

En Chiapas la desaparición forzada se acrecentó a partir de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94 , estrategia contrainsurgente implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares con el cobijo del Estado mexicano para frenar la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas que tomaron fuerza a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de esa acción de guerra son 34 personas desaparecidas en combate de manera forzada.

Recordamos a quienes hace 26 años en la zona baja de Tila, Chiapas, fueron víctimas del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” quien cometió decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y dejó a su paso miles de personas en desplazamiento forzado. Recordamos especialmente la desaparición forzada de 37 personas, entre ellas se encuentran Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán, Encarnación Pérez Pérez, María Rebeca Pérez Pérez, Juan Ramírez Torres, así como Antonio González Méndez desaparecido por el mismo grupo en el municipio de Sabanilla el 18 de enero de 1999. Además de las ejecuciones de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Torres, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López , Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez Peñate; hechos que continúan impunes.

Actualmente, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero del 2020 al 31 de julio de 2022, en Chiapas existen 688 personas desaparecidas o no localizadas, siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, con las mayores cifras.

En los municipios de la frontera con Guatemala la problemática va en aumento, y los datos del RNPDNO están rebasados frente a la realidad de la desaparición, en medio de una crisis de violencia provocada por grupos criminales, frente a la omisión y/o tolerancia del Estado mexicano. Esta frontera es también refugio de familias guatemaltecas que han vivido por décadas sin poder legalizar su estancia, misma situación comparten familias en movilidad internacional forzada, por lo que sin duda existe un número mayor de personas desaparecidas que difícilmente serán encontradas en los registros oficiales, en medio de la invisibilización de su estatus migratorio.

Es notable la poca o nula capacidad del gobierno del estado, quien, tras dos años de falta de voluntad política, el pasado 9 de agosto de 2022 instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, lo que denota irresponsabilidad y poca sensibilidad en atender esta demanda pendiente de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, en un contexto nacional de profunda crisis de derechos humanos, con un registro de más de 100 mil desaparecidos en el país.

Pese al transcurso del tiempo, y pese a que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que en Chiapas el Estado mexicano promovió el actuar de grupos paramilitares, este sigue negando la verdad, minimizando su responsabilidad, además de omitir la investigación respecto a los hechos de las desapariciones forzadas de los noventa en el marco del Conflicto Armado Interno, y con el mismo patrón de actuación respecto al fenómeno en la actualidad, lo que mantiene la herida abierta en las familias y comunidades que viven la continuidad de la impunidad.

Exigimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, desde el Frayba nos solidarizamos con las víctimas y nos unimos a sus exigencias de verdad y justicia.

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Palabra de los 5 de Cancuc a 3 meses de injusto encarcelamiento

Cereso No. 05 San Cristóbal de Las Casas Chiapas

25/08/2022

 

C. Presidente de la república

C. Gobernador de Chiapas

C. Presidente Municipal

C. Obispo

C. Padre Diócesis de San Cristóbal

C. Defensor de los derechos humanos

C. Fray Bartolomé de las casas

C. Pueblos Creyentes, Modevite, Coreco Concilización

C. Pueblo de San Juan Cancuc

 

Queremos decirles a todas las personas que seguimos en la cárcel 3 meses, es injusto porque no, nos hicimos nada sobre lo que nos acusan.

Analizamos la carpeta de investigación nos dimos cuenta que el delito que nos acusan se trata de muerte bajo custodia de la policía municipal de San Juan Cancuc, la misma, propia la fiscalía menciona en un oficio que la persona, que la victima que falleció en una patrulla de la policía municipal y en presencia de policías municipales, has el momento no han investigado al director de la policía municipal de San Juan Cancuc y sus policías, ya que hay antecedente que hay un fallecimiento de una persona dentro de la comandancia municipal de San Juan Cancuc en el mes de noviembre de 2021 y la otra persona es lo mismo muerte bajo custodia.

Por todo esto pedimos nuestra libertad inmediata, que nos investiguen la policía municipal de San Juan Cancuc.

Que nos acompañen y no, nos dejen solos a pedirnos a nuestra libertad.

 

Atentamente

C. Manuel Santiz Cruz

C. Agustín Pérez Domínguez

C. Juan Velasco Aguilar

C. Agustín Pérez Velasco

C. Martín Pérez Domínguez

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Conferencia de prensa a 13 años de la liberación de autores materiales de la masacre de Acteal por la SCJN

Este 12 de agosto a las 11 am se llevó a cabo la conferencia de prensa a 13 años de la liberación de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal por parte de la Suprema Corte Justicia de la Nación. El acto público se llevó a cabo en las oficinas del Frayba en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Hasta el lugar llegaron organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la organización de Las Abejas, y sobrevivientes de la Masacre.

La palabra fue compartida por María Gómez de La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, el Equipo Internacional del Frayba y María Vázquez, Sobreviviente de la Masacre; acompañados por el Coro de la organización pacífica.

Escucha los audios de la conferencia de prensa.

Bienvenida

Introducción conferencia de prensa

Voz Abejas de Acteal

Boletín FrayBa

Palabras María Vázquez, sobreviviente de la masacre de Acteal

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La impunidad de la masacre de Acteal perpetúa los sufrimientos de las personas sobrevivientes y alimenta la espiral de violencia en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

12 de agosto de 2022.

Boletín No. 27

La impunidad de la Masacre de Acteal perpetúa los sufrimientos de las personas sobrevivientes y alimenta la espiral de violencia en Chiapas

  • La ausencia de justicia y verdad en torno a la estrategia contrainsurgente impulsa la continuidad de la violencia armada en la región.

A 13 años de la liberación de los responsables materiales de la Masacre de Acteal en 1997, la ausencia de justicia y reconocimiento de la verdad es una prolongada forma de violencia contra las personas sobrevivientes, así como de laceración a la dignidad de las 45 víctimas asesinadas más cuatro no nacidos. La impunidad trajo consigo una continuidad de la violencia armada, utilizada en la actualidad como recurso para el control político, económico y territorial, ejecutada por actores que son tolerados y cómplices, del gobierno tanto Federal como del estado de Chiapas.

El empeño de las autoridades es hacer pasar esta Masacre como producto de un conflicto intercomunitario, reproduciendo la discriminación y racismo estructural contra los Pueblos Indígenas, a quienes se señala de violentos y subdesarrollados.

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas  somos testigos de los impactos psicosociales de las y los sobrevivientes ante la verdad histórica” del Estado mexicano que niega y desprecia la verdad que las víctimas defienden a partir de su propia vivencia, lo cual incrementa el dolor y sufrimiento psicoemocional que menoscaba su salud y calidad de vida.

El mensaje de impunidad que emite el gobierno mexicano ha sido un factor determinante para la reproducción de la espiral de violencia armada actual en la región de los Altos, y en todo Chiapas, que lejos de cesar, se ha mantenido y profundizado, como sucede con los enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones ocurridas en la franja fronteriza con Guatemala, o en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Pantelhó, Oxchuc o Venustiano Carranza; así como las agresiones en contra la autonomía zapatista en diferentes regiones del estado.

Antiguos y actuales poderes fácticos locales utilizan las armas como recurso para el control político, económico y territorial inserto en dinámicas geoestratégicas regionales, en medio de un discurso oficial que niega la gravedad de la situación e impulsa tensiones y conflictos comunitarios.

Insistimos que, para garantizar la paz en Chiapas, las diferentes instancias de gobierno deben reconocer la crisis de derechos humanos en el estado, atender los factores sociopolíticos y legales que la obstaculizan y juzgar a los funcionarios responsables de acción u omisión, así como desarticular el tráfico y comercio ilícito de armas en la región. El Estado mexicano debe reconocer la contrainsurgencia y su continuidad actual, y llegar a la verdad y la justicia en los crímenes de lesa humanidad  -como la Masacre de Acteal- lo cual representaría un paso para la reparación integral de los daños y avanzar en la construcción de la paz en el estado.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a sumarse a las acciones de verdad, memoria y justicia que persistentemente mantiene la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y en el marco de 25 años de lucha contra la impunidad,

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Riesgo a la vida e integridad física contra Blas Pérez Gajate; Integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC.

Tonalá, Chiapas a 10 de Agosto de 2022

AU 08-2022

  • Amenaza de muerte, extorsión y lesiones leves fueron provocadas por un sujeto con arma de fuego.
Fotografía: Cooperativa el Paraíso.

Este centro de Derechos Humanos ha recibido información en relación a las amenazas de muerte perpetradas en contra de Blas Pérez Gajate, que ponen en riesgo la vida, integridad física y psicológica.

El día 28 de Julio alrededor de las seis de la mañana un sujeto de nombre Nahúm “N” llego a la casa del Sr. Blas que se encuentra ubicada en el Ejido Pueblo Nuevo del municipio de Tonalá, Chiapas, amenazando de muerte refiriéndose que tenía tres opciones para evitar hacerle daño, la primera opción era darle la cantidad de $130,000.0 pesos, la segunda opción es que se fuera del lugar y la tercera que lo iba a matar, por lo que después de retirarse del lugar le provoco daño en el abdomen con una piedra, y enseñándole el arma de fuego que portaba en la parte trasera.

El día 01 de Agosto aproximadamente a las seis de la mañana nuevamente el sujeto con arma de fuego acudió al domicilio de Blas, para pedirle que le diera el dinero, o abandonara el lugar.

Ante estos hechos se presentó la denuncia penal ante el día 03 de Agosto del 2022 en la Fiscalía de Distrito istmo Costa ante la Unidad de Atención Temprana 01 dela Ciudad de Tonalá, Chiapas bajo el registro de Atención 007-097-0711-2022 por el delito de amenazas, extorsión y lesiones en contra del C. Nahúm “N”.

Por lo que exhortamos a las autoridades mexicanas:

  1. Implementar medidas urgentes para garantizar la vida, integridad física y psicológica a favor del c. Blas Pérez Gajate.
  2. Realizar la investigación en relación a los hechos denunciados ante la fiscalía General del Estado de Chiapas y se castigue al responsable.
  3. Garantizar el ejercicio de defender

Antecedentes.

Blas Pérez Gajate es nacido en España y naturalizado mexicano, Integrante del Concejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, fundador del Concejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas e integrante de la Cooperativa El Paraíso en el Ejido Pueblo Nuevo del municipio de Tonalá, Chiapas. Esta incorporado al Mecanismo de Protección de personas defensoras y periodistas de SEGOB.  Durante su estancia en México ha sido pionero e impulsor de procesos comunitarios de producción y autonomía en la zona costa de Chiapas, se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos.

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Carta de los 5 defensores criminalizados de San Juan Cancuc, exigen su libertad

Hoy 10 de agosto de 2022

C. Presidente de la República
C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
C. Gobernador del estado de Chiapas
C. Presidente Municipal de San Juan Cancuc
C. Al pueblo de México, Pueblo de Cancuc
C. A los derechos humanos, a los diócesis de San Cristóbal, pueblos creyentes

Queremos decirle nuestro sufrimiento que estamos en la cárcel y tantos los hijos (a) esposas que están sufriendo de conseguir los gastos para mantenerlos nuestros familiares que nosotros somos 5 detenidos queremos libertad muy pronto porque el juez del cereso 5 nos programa hasta 2 meses porque la fiscalía solicito mas tiempo de investigación que vence el 4 de septiembre queremos que nos dejen libre la fiscalía porque somo inocentes.

Al pueblo, diócesis, derechos humanos y al público en general que nos nos den solos, que oren por nosotras libertad y exigir a nuestro libertad y nosotros vamos a orar nuestra libertad también y organizar para defender nuestra libertad.

 

Atentamente:

C. Manuel Santiz Cruz
C. Agustín Pérez Domínguez
C. Agustín Pérez Velasco
C. Juan Velasco Aguilar
C. Martín Pérez Domínguez

       
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Criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Chiapas

Escucha nuestro nuevo #NotiFrayba, especial sobre personas defensoras criminalizadas en Chiapas 👉🏼

 

En Chiapas existe un patrón recurrente hacia personas defensoras de derechos humanos, a quienes se les amenaza, agrede y asesina; el Estado mexicano sigue sin generar mecanismos apropiados y que den evidencia de resultados para revertir la impunidad y la violencia. Los gobiernos tanto estatal como federal no garantizan ni protegen a quienes defienden los derechos humanos, utilizan el poder político para su criminalización y hostigamiento judicial.

Escucha nuestro NotiFrayba.

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