Jobel, Chiapas, México, a 19 de febrero de 2026.

A los Pueblos Zapatistas

A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)

Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes.

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos.

A las personas que luchan y resisten en todo el Mundo.

Pronunciamiento conjunto

A treinta años de los Acuerdos de San Andrés, la memoria viva de los pueblos originarios nos recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida, traicionada y silenciada. Hoy, en el marco de las manifestaciones por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, reafirmamos la lucha por la vida, la tierra y la dignidad.

Samir fue asesinado por defender a su comunidad frente al despojo y la imposición de megaproyectos de muerte. Su voz se une a la de miles que han caído en el camino de la resistencia, y su ausencia nos convoca a multiplicar la fuerza colectiva contra un sistema que privilegia el capital sobre la vida y que convierte la Madre Tierra en mercancía.

Treinta años después, los Acuerdos de San Andrés son la traición continuada. El EZLN denunció desde 2001 que la reforma constitucional negaba lo pactado: autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y los Bienes Comunes.

Con ello se mantienen suspendidas las puertas del diálogo y la paz, y se abrió paso a la construcción de autonomías de hecho, que el zapatismo ha levantado durante tres décadas pese a la contrainsurgencia permanente.

Ni las reformas de 2019 ni la de 2024 responden al mandato de San Andrés. Se mantienen las exclusiones fundamentales: el derecho al territorio, el respeto a los Bienes Comunes y la autonomía plena de los pueblos. Es clara la negativa del Estado mexicano a reconocer derechos completos y efectivos que asuman la deuda histórica, ya que persiste un modelo extractivista que niega la vida de los pueblos. Frente a ello, honramos y celebramos las tres décadas del Congreso Nacional Indígena. Y el caminar de la resistencia que se ha traducido en la construcción de autonomías reales, en la organización comunitaria y en la defensa de la memoria como herramienta de lucha.

Denunciamos que el modelo neoliberal y capitalista es incompatible con la vida digna de los pueblos. Frente a la imposición de proyectos de muerte, hoy día es vital la defensa del territorio y la construcción de horizontes colectivos donde la justicia, la memoria y El Común sean el fundamento. La Madre Tierra no es propiedad ni recurso: es raíz, es vida, es futuro.

Hoy decimos:

Samir vive en la lucha de los pueblos.

La dignidad de los pueblos originarios es semilla de futuro.

La Madre Tierra y El Común no se venden, se defienden.

Vida al Congreso Nacional Indigena y Concejo Indigena de Gobierno.

Frente al sistema de muerte, afirmamos la vida, la comunidad y la rebeldía como caminos de emancipación.

Firman

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión. Elcor.

Lumaltik-Herriak

Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán

Antsetik Ts’unun (colectiva autónoma de mujeres defensoras)

Las Artemisas. Colectiva

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre de 2025

Boletín de prensa No. 11

 
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica
ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces

• El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.

El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.

La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.

La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.

El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.

Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.

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[:en]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

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[:es]

El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.

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On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

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[:es]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de diciembre de 2025

Boletín No. 10

Osmán Iván: víctima de tortura, detención arbitraria y racismo institucional

•    15 años de injusticia, la libertad no puede esperar.

Osmán Iván Rubio Bonilla, ciudadano hondureño acusado injustamente en tres expedientes por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y sobreviviente de tortura, fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre de 2025, tras 14 años y 6 meses de resistencia incansable. Sin embargo, continúa privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 7 (CERSS) de Tapachula. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigimos al Poder Judicial de Chiapas revertir las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y ordenar su liberación inmediata.

Osmán Iván fue detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, en un operativo realizado por la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Policía Estatal Fronteriza (PEF), sin orden de aprehensión y bajo circunstancias que constituyen detención arbitraria y tortura.

De acuerdo con su testimonio, durante la detención fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, privación sensorial y agresiones físicas y psicológicas, hasta ser obligado a autoinculparse en diversos delitos. Estas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que registró lesiones compatibles con tortura y emitió en 2020 la Recomendación 013/2020-R, rechazada por la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Los tres procesos penales en su contra derivan de declaraciones obtenidas bajo coacción:

• Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y Delincuencia Organizada (causa penal 177/2023): permanece en etapa de instrucción desde hace más de 13 años, sin que el Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula le dicte sentencia.
• Homicidio Calificado (causa penal 423/2023): sentencia dictada en 2023 con base en confesiones ministeriales y testimonios que no lo identifican; revocada en 2024 para investigar la tortura denunciada. El 4 de noviembre de 2025 fue finalmente absuelto.
• Portación de arma de fuego sin licencia: causa federal en la que fue absuelto en 2014.

La documentación del Frayba revela irregularidades sistemáticas: fabricación de pruebas, contradicciones en partes policiales, peritajes manipulados y actuaciones ministeriales que ignoraron denuncias tempranas de tortura. La CEDH constató que la detención no ocurrió en el lugar de los hechos del supuesto secuestro y que no existió identificación directa por parte del denunciante, descartando la flagrancia invocada por las autoridades.

Tras casi 15 años de prisión, Osmán Iván enfrenta un proceso marcado por violaciones al debido proceso, racismo, ausencia de asistencia consular, falta de investigación efectiva y dilaciones injustificadas, que lo mantienen en una prisión preventiva prolongada contraria a los estándares internacionales. Ante esta impunidad sostenida por el Estado mexicano, el Frayba y la OMCT presentaron en agosto de 2024 una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, registrada en abril de 2025 bajo el número 4740/2025, aún pendiente de resolución.

El Frayba y la OMCT hacen un llamado urgente a las autoridades de los gobiernos estatal y federal para que garanticen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la tortura denunciada, Además, exigimos garantizar el acceso a la justicia y reparar las violaciones cometidas en agravio de Osman Iván Rubio Bonilla, empezando con su liberación incondicional.

El caso de Osmán Iván Rubio Bonilla es un símbolo de la violencia institucional y del racismo que atraviesa el sistema de justicia en México. Su libertad no es una concesión: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad. Cada día que permanece encarcelado prolonga la injusticia y la impunidad.

Exigimos su liberación inmediata e incondicional. La dignidad de Osmán Iván, y la de todas las personas sobrevivientes de tortura y detención arbitraria, no puede seguir esperando.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 3, 2025

Bulletin No. 10

Osmán Iván: victim of torture, arbitrary detention, and institutional racism

• 15 years of injustice—freedom cannot wait.

Osmán Iván Rubio Bonilla, a Honduran citizen unjustly accused in three case files by the Chiapas State Attorney General’s Office (FGE) and a survivor of torture, was acquitted of homicide on November 4, 2025, after 14 years and 6 months of tireless resistance. However, he remains deprived of his liberty at the State Center for Social Reintegration No. 7 (CERSS) in Tapachula. The Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center (Frayba) and the World Organisation Against Torture (OMCT) call on the Judicial Branch of Chiapas to reverse the systematic violations of his human rights and order his immediate release.

Osmán Iván was detained on May 2, 2011, in Huixtla, Chiapas, during an operation carried out by the Municipal Police, the State Preventive Police (PEP), and the State Border Police (PEF), without an arrest warrant and under circumstances that constitute arbitrary detention and torture.

According to his testimony, during the arrest he was blindfolded, bound, beaten, asphyxiated with water, subjected to electric shocks, sensory deprivation, and physical and psychological abuse, until he was forced to incriminate himself in various crimes. These assaults were documented by the State Human Rights Commission (CEDH), which recorded injuries consistent with torture and issued Recommendation 013/2020-R in 2020, rejected by the FGE and the Secretariat of Security and Citizen Protection (SSyPC).

The three criminal proceedings against him stem from statements obtained under coercion:

1. Attempted Illegal Deprivation of Liberty and Organized Crime (criminal case 177/2023): has remained in the evidentiary stage for over 13 years, without the Criminal Court of the Tapachula Judicial District issuing a ruling.
2. Aggravated Homicide (criminal case 423/2023): a sentence was issued in 2023 based on ministerial confessions and testimonies that did not identify him; overturned in 2024 to investigate the reported torture. On November 4, 2025, he was finally acquitted.
3. Carrying a firearm without a license: a federal case in which he was acquitted in 2014.

Frayba’s documentation reveals systematic irregularities: fabrication of evidence, contradictions in police reports, manipulated expert examinations, and prosecutorial actions that ignored early reports of torture. The CEDH confirmed that the arrest did not occur at the location of the alleged kidnapping and that there was no direct identification by the complainant, ruling out the flagrancy invoked by authorities.

After nearly 15 years in prison, Osmán Iván faces a process marked by violations of due process, racism, lack of consular assistance, absence of effective investigation, and unjustified delays that keep him in prolonged pretrial detention, contrary to international standards. In the face of impunity sustained by the Mexican State, Frayba and OMCT filed a complaint in August 2024 before the UN Human Rights Committee, registered in April 2025 under number 4740/2025, still pending resolution.

Frayba and OMCT urgently call on state and federal authorities to ensure a thorough and impartial investigation into the reported torture. In addition, we demand guarantees for access to justice and reparation for the violations committed against Osmán Iván Rubio Bonilla, beginning with his unconditional release.

The case of Osmán Iván Rubio Bonilla is a symbol of institutional violence and racism that permeates the justice system in Mexico. His freedom is not a concession—it is a right taken from him through torture and arbitrariness. Every day he remains imprisoned prolongs injustice and impunity.

We demand his immediate and unconditional release. The dignity of Osmán Iván, and of all survivors of torture and arbitrary detention, cannot be kept waiting any longer.

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Comunicado del MODEVITE
12 años caminando con un solo corazón por la defensa de la vida y el territorio

San Juan Cancuc, Chiapas, 25 de noviembre de 2025

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los Pueblos Indígenas en resistencia por la vida y la Madre Tierra
A las organizaciones y centros de derechos humanos
A las autoridades municipales, estatales y federales
Al pueblo de México y del mundo:
 
Nosotras y nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, pueblos y comunidades tseltales, tsotsiles y mestizos que caminamos juntos en el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE), nos hemos reunido hoy en San Juan Cancuc, tierra de memoria y dignidad, para celebrar 12 años de lucha, organización y resistencia frente a los proyectos de despojo y muerte que amenazan nuestra existencia como pueblos originarios.

Este aniversario lo celebramos con el corazón puesto en nuestra historia larga: somos herederos de la rebeldía de Juan López, quien hace más de tres siglos se levantó contra la colonización. Al orar en la cueva de este defensor tseltal, afirmamos que su lucha sigue viva. La invasión no ha terminado: continúa bajo nuevas formas de colonialismo extractivista, militarización y megaproyectos que buscan arrebatarnos el territorio, romper el tejido comunitario e imponer un modelo de “desarrollo” que destruye la vida.

Desde 2013 hemos levantado la voz contra la mal llamada “Carretera de las Culturas”, un proyecto que no respeta nuestros territorios, ni nuestra espiritualidad, ni nuestras formas de vida. Esta autopista, anunciada por los gobiernos como progreso, se inscribe en la misma lógica del Plan Puebla Panamá, después llamado Plan Mesoamericano, cuyo verdadero objetivo ha sido abrir paso a la acumulación económica del gran capital en detrimento del lekil kuxlejal —el buen vivir— de nuestros pueblos.

Reafirmamos nuestro rechazo total a este megaproyecto, que pretende dividir nuestras comunidades, destruir montañas ríos y manantiales, facilitar el avance del crimen organizado y profundizar la venta de la tierra, el alcoholismo, la drogadicción y la migración forzada de nuestras juventudes.

Al mismo tiempo denunciamos:

• Las amenazas, hostigamientos y divisiones promovidas por autoridades municipales, estatales y federales para debilitar nuestra organización comunitaria.
• La criminalización y violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio.
• El uso de programas oficiales y consultas manipuladas para legitimar el despojo.
• La concesión de pozos petroleros en Benemérito, que destruye ecosistemas y pone en riesgo la salud y la vida de las comunidades ribereñas.
• El avance del narcopoder y los grupos armados, que generan miedo, desplazamiento y control territorial.
• Las desigualdades y violencias que viven las mujeres indígenas, que hoy recordamos especialmente en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por otra parte: celebramos con alegría la liberación de los compañeros de San Juan Cancuc, encarcelados injustamente. Pero afirmamos con claridad: la justicia no se agota con su libertad; exigimos reparación, garantías y el fin de la criminalización a los pueblos originarios.

Exigimos también:

• Que sean liberados Pedro Cortez López y Diego Mendoza Cruz, compañeros tzeltales, sentenciados injustamente a 110 años de prisión.
• Que el Estado mexicano respete nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía y nuestros sistemas normativos propios.
• Que se cancele definitivamente el proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque.
• Que se detengan los megaproyectos extractivistas en todo el territorio maya, zoque y chol.
• Que en los espacios internacionales como la COP 30, se escuchen las voces de los pueblos originarios y se reconozca nuestro papel fundamental en la defensa de la Madre Tierra.

En estos doce años hemos aprendido que la fuerza de los pueblos está en el arraigo a la tierra, en la memoria, en la espiritualidad y en la organización comunitaria. Somos pueblos que caminan con un solo corazón, que cuidan el agua, el maíz, las montañas y la vida que sostiene a todas y todos.

Hoy honramos la memoria del Jtatic Marcelo Pérez, su espíritu sigue acompañando y fortaleciendo nuestra lucha. Él nos enseñó que no hay que tener miedo cuando se camina con dignidad, con la palabra verdadera y con el compromiso por la paz y la justicia.

Llamamos a los pueblos de Chiapas, de México y del mundo a seguir tejiendo resistencias, a caminar juntos por la vida y a defender la casa común frente al modelo que descarta la vida de los pueblos por los intereses de los poderosos.

A 12 años de levantar nuestra voz, afirmamos con claridad
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡No a los proyectos de muerte!
¡Sí a la vida, sí al territorio, sí a la autonomía!
¡Viva la resistencia de los pueblos originarios!
¡Viva la memoria de Juan López!
¡Viva el Jtatic Marcelo!
¡Viva el MODEVITE!

Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio
San Juan Cancuc, Chiapas 25 de noviembre de 2025

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Ayer, 21 de noviembre, el Tribunal Colegiado resolvió los amparos de los 5 compañeros defensores de San Juan Cancuc. Al fin hizo Justicia.

Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, fueron detenidos el 29 de mayo de 2022, y han pasado 3 años, 5 meses, y 20 días, 1272 días. Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos el 01 de junio de 2022, y han pasado 3 años, 5 meses, y 20 días, 1269 días.

𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐲𝐛𝐚 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐲 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝, 𝐡𝐨𝐲 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐲 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐛𝐫𝐚𝐳𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢́𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧.

Pronunciamiento

A dos años de la desaparición de nuestros familiares

Sin Verdad, Sin Justicia.

Se cumplen dos años de la desaparición de nuestros familiares: Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Luis Alberto Vasquez Sarat, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez, y Francisco Socorro Morga De León, quienes se ganaban la vida y aportaban al sustento familiar, a través de la venta de pollos de crecimiento y que desde el 16 de noviembre 2023 han sido víctimas de la desaparición forzada en Frontera Comalapa, Chiapas, México. Sin embargo, hasta la fecha seguimos esperando una respuesta sobre su paradero y sobre los responsables del hecho.

Durante este tiempo, nos hemos mantenido firmes a pesar de las afectaciones emocionales, de subsistencia, el duelo por la ausencia, por la reconfiguración de nuestros entornos familiares, espirituales y comunitarios desde la desaparición. A pesar de que el proceso ha sido desgastante al no tener ni una sola pista del paradero de nuestros seres queridos, tenemos esperanza y seguiremos luchando, exigiendo justicia hasta encontrarles, por esto demandamos a los Estados de México y Guatemala:

1. Trabajo coordinado entre instituciones competentes. Exigimos mantener las reuniones con las autoridades de México para conocer información sobre las acciones de búsqueda e investigación en el caso. Sin embargo, solicitamos la unión de esfuerzos y coordinación entre instituciones para la pronta localización de nuestros seres queridos, la identificación y sanción a responsables de los hechos, 

2. Plan de búsqueda y análisis de contexto idóneos. Reconocemos los avances en la recopilación de información y en la línea del tiempo, no obstante, exigimos que los mismos contemplen las hipótesis de búsqueda en vida y búsqueda en muerte en lugares de asistencia, detención y zonas en donde opere o recluten los grupos del crimen organizado en Chiapas, México, pero también en otra entidades federativas del país incluyendo la búsqueda transnacional en Estados Unidos de America y Guatemala, ante la presunción de reclutamiento forzado, 

3. Plan de investigación efectivo. Solicitamos la presentación detallada del plan de investigación y de sus resultados concretos en la investigación de los hechos, identificación de los responsables y medidas implementadas para su sanción,

4. Confrontas genéticas con restos no identificados. El pasado mes de julio 2025, las familias, como derecho que nos corresponde, nos practicamos una tercera toma de ADN con el Equipo Argentino Antroplogía Forence (EAAF) en su calidad de peritos independientes y con apoyo de la Red Jesuita con Migrantes (RJM), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y CONAMIGUA, diligencia que ha sido puesta en conocimiento a las autoridades de México. Por lo que exigimos, se incorporen estos perfiles en las carpetas de Investigación respectivas y se gestionen las acciones necesarias para la confronta con los datos de bancos forenses de Chiapas y en todo territorio mexicano y se nos informen a la brevedad de los resultados,

5. Condición de la Calidad de víctimas. El pasado mes de septiembre del corriente año, el Estado mexicano reconoció la calidad de víctimas a nuestros familiares y a sus familiares, quienes seguimos buscando. Requerimos que se implementen las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de derechos y deberes que se desprenden de esta condición.  Realizando visitas in situ en Guatemala para conocer la situación socio económica de las familias, las afectaciones psicosociales y de seguridad de cada integrante del núcleo familiar con especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, como secuela del hecho de la desaparición de nuestros seres queridos. 

6. Coordinación entre Guatemala y México. Solicitamos que las autoridades de Guatemala, nos asistan en los procesos de tutela de nuestros derechos, en la búsqueda y localización de nuestros seres queridos, a través de los canales diplomáticos y mediante la participación en las sesiones de trabajo con autoridades de México, para generar los informes, requerimientos de información respectivo ante México y mesas de trabajo binacional para asegurar el acompañamiento y asistencia a las familias. 

Seguiremos buscando hasta encontrarles. 

Cuyotenango, Suchitepéquez, Guatemala, 16 de noviembre 2025. 

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Mujeres y hombres campesinas y campesinos de San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México 13 de noviembre del 2025.

A las y los Defensores de Derechos Humanos.

A los Medios de Comunicación Alternativos.

A la Sexta Nacional e Internacional.

Al Congreso Nacional Indígena (CNI).

A las Organizaciones que buscan la paz con Justicia y Dignidad.

Hoy celebramos 20 años de lucha y resistencia por nuestra identidad, nuestra tierra y territorio conformado por hombres, mujeres, niñas y niños. En esta celebración traemos también a la memoria y lucha de nuestros ancestros y ancestras que desde 1850 resistieron a tratos discriminatorios e inhumanos. Ante esas injusticias, en el año 1995 fortalecidos de la fuerza de los que nos antecedieron decidimos recuperar nuestras tierras que por derecho nos corresponde y este logro se formalizó el año 2005. En este caminar de lucha y resistencia en el año 2009 nos adherimos a la otra campaña y actualmente somos miembros del Congreso Nacional Indígena CNI.

Firmes en nuestro compromiso de lucha por construir nuestra autonomía y libre determinación reconocida en los tratados internacionales y en nuestra constitución Política de México, hoy estamos aquí de nueva cuenta para pronunciarnos y darles a conocer lo siguiente:

Queremos decirle a los tres niveles de gobierno y a la sociedad que seguiremos en pie de lucha para defender nuestras tierras y nuestro territorio en contra del capitalismo, la explotación y la invasión.

Exigimos a los tres niveles de gobierno respeto a nuestra lucha y autonomía

¡Alto a la violencia generalizada que causan desplazamiento, desaparición y asesinato de           inocentes!

¡Alto a la criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de quienes         defendemos el territorio y la madre tierra!

¡Alto a la guerra contra pueblos Zapatistas!

¡Alto al crimen organizado y justicia para nuestro hermano el Padre Marcelo Pérez Pérez!

¡Paz a nuestro Estado de Chiapas, México y al mundo entero!

Seguiremos luchando para fortalecer nuestra autonomía por la unidad y exigir paz y justicia.

“Si a la vida no a la muerte”

¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!

Atentamente

Campesinas y campesinos organizados de San Francisco municipio de Teopisca, Chiapas-México

Integrantes del Congreso Nacional Indígena CNI.

Nunca más un México sin nosotros.

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Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento conjunto

Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas
 

Nuestro silencio habla en la oscuridad.

Aquí siguen: 

Con su palabra que es fuego en el camino.

Alzan la voz coral donde emerge
 la paz de los cuatro rumbos

Trece cielos que tocan el instante

Diáspora de verdad y justicia 

Luz que ilumina los caminos.

Fragmentos de Poesía del Libro: El

Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal

A tres décadas del despliegue contrainsurgente en Chiapas, el silencio oficial persiste frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía. La zona Norte, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas; La Grandeza, con la ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano; la desaparición forzada de Antonio González Méndez; la Masacre de Acteal; y la Masacre de Viejo Velasco, siguen siendo heridas abiertas. A esta impunidad y a las nuevas estrategias de terror contra los pueblos se suman la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez.

Hoy, en este Foro de Memoria, traemos la lucha constante y la conciencia viva donde permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, en el marco del Conflicto Armado Interno aún no resuelto en Chiapas. Aquí compartimos un mismo camino: la palabra, La Otra Justicia, sosteniendo en nuestras luchas la esperanza de memoria y verdad.

Con la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo estratégico-operacional fue destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se aisló a la población civil para forzar su apoyo en beneficio de las operaciones militares. Esta política originó más violencia en medio de las negociaciones por una salida política al conflicto armado interno, mediante la acción de grupos paramilitares a quienes se delegó el uso de la fuerza, en un actuar de total impunidad.

Los registros, tan solo en la zona Norte de Chiapas, con el actuar del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia entre los años de 1995 a 1999, son: 122 casos, de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales; más de 4,500 personas desplazadas de manera forzada. De estos hechos, ocho casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ejemplo de los crímenes cometidos en el territorio, el cual se encuentra en su etapa de informe de fondo. Otro hecho es el cometido el 22 de diciembre de 1997, donde 45 personas fueron ejecutadas, más cuatro no nacidos. Son ahora 28 años de impunidad. Es por ello que hoy nos convoca este foro para exigir justicia y verdad, a 19 años del crimen de la Masacre de Viejo Velasco, donde fueron ejecutadas cuatro personas y cuatro desaparecidas, de las cuales solo dos han sido encontradas, mientras 36 personas siguen en desplazamiento forzado interno.

La actual violencia generalizada y sistemática en Chiapas no es aislada: es la expresión de una guerra prolongada contra los pueblos indígenas, donde la delincuencia organizada, la militarización, la descomposición institucional y la fractura comunitaria se entrelazan para sembrar miedo, división y muerte. Como ejemplo está la ejecución de Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, cometida el 5 de julio de 2021. Seguimos exigiendo justicia e impulsando el reconocimiento a su labor como defensor de derechos humanos, manteniendo su memoria y honrando su lucha. Así también, el asesinato del profesor José Artemio López Aguilar, perpetrado el 21 de octubre de 2023; lo siguió la ejecución, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024. Aunado a este terror, la ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez, hecho cometido el 20 de octubre de 2024 en el contexto de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quien por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas. Entre otros hechos que, desafortunadamente, podrían llenar páginas y páginas para describir esta profunda crisis social.

Es por ello que señalamos que en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente, con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando.

El proceso de despojo, asesinatos, ataques y crímenes de la violencia organizada continúa contra la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos.

A 30 años, nosotras y nosotros, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia en Chiapas, continuamos la lucha por la verdad y la justicia. Saludamos El Común del EZLN, porque solo organizados podemos seguir con nuestra lucha por la paz con justicia y dignidad.

Hoy, en este Foro de Memoria Histórica, nuestras comunidades perseveran en la Verdad, la Justicia y la Dignidad frente a los pactos de impunidad. Pasarán los días oscuros de los gobiernos en México, ya que permanece la esperanza que nace desde el corazón, en nuestras palabras fortalecieron con el copal; se trazaron los senderos con la luz de las velas; con el sonar de los tambores y caracoles alzamos la voz hacia nuestros ancestros y con el eco de la música elevamos nuestros testimonios en los signos de La Otra Justicia.

Reafirmamos que la lucha de nuestros pueblos es pacífica y que nuestras estrategias se sostienen en la paz. Recordamos al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos.
Es en nuestros caminos que seguiremos abriendo espacios de Justicia: una justicia que nace desde los pueblos para desmontar la violencia estructural del sistema capitalista y patriarcal. Así lo caminó nuestra compañera Blanca Isabel Martínez Bustos, a quien hoy evocamos con memoria viva y de quien nos deja su digna rabia, fuerza que alimenta la resistencia radical por la vida y el territorio.
Llamamos a la solidaridad de la sociedad civil, nacional e internacional, para que se sumen a nuestras causas en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Que en sus trincheras de lucha expresen su indignación frente a estos crímenes contra los pueblos, y que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.
 

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