A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de mayo de 2019

Pronunciamiento

La Red TDT región sureste exhorta al Estado mexicano a investigar violaciones a derechos humanos de personas integrantes del pueblo maya tsotsil privadas de su libertad.

El día 18 de mayo de 2019, una brigada de la región sureste de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, observamos la situación en la que se encuentran 5 integrantes del pueblo maya tsotsil, quienes el pasado 13 de mayo reiniciaron una huelga de hambre, desde dos cárceles en Chiapas, México, en demanda de su inmediata libertad.

Durante una visita a los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas y Núm. 10 en Comitán, defensoras y defensores recopilamos los testimonios de Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, quienes denunciaron Tortura, faltas al debido proceso en sus detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión, así como discriminación por ser pueblos originarios. Dos fragmentos de estas historias se relatan a continuación:

«El día 28 de febrero de 2007, cuando llegó un operativo en mi domicilio, eran muchos policías, que entraron por la barda y por la entrada principal y destruyendo todo. Me detuvieron, me tiraron al piso. Mi esposa estaba embarazada y tenía en brazos a mi hijo de tres años. Me sacaron de mi casa a golpes y me subieron a una camioneta, en el camino me siguieron golpeando con un objeto, todavía al contarlo me duele mucho. Llegamos a una casa y ahí me siguieron torturando, en esa casa estuve dos días y dos noches. Ya no resistía los golpes. Luego según ante el Agente del Ministerio Público me obligaron a firmar unos papeles que no me dieron qué era.» (Juan de la Cruz Ruíz, 38 años, originario de la comunidad Majomut. del municipio de San Juan Chamula, de ocupación comerciante.)

«El 13 de febrero de 2004, unas personas a bordo de un vehículo gris… Me llevaron en arraigo un mes, en la finca pitiquitos, ahí me siguieron torturando y me amenazaban de que me iba a ir peor. En las noches no dormía, tenia pesadillas. Pasó el mes y me trasladaron al penal de Cerro Hueco. Ahí me preguntaron que si ratificaba mi declaración, yo dije que no porque me habían torturado para obligarme a declararme culpable. Aún así, me dictaron auto de formal prisión. No sabía hablar español.» (Adrián Gómez Jiménez, 30 años, originario de la comunidad de Romerillo, municipio de San Juan Chamula, de ocupación peón de albañil)

A las organizaciones que realizamos la visita a los presos en huelga de hambre en Chiapas nos preocupa la situación de salud de quienes iniciaron sus acciones de protesta desde el 15 de marzo, por lo que hacemos un llamado a generar las condiciones necesarias que garanticen la revisión constante y atención debida.

Por otra parte, celebramos y abrazamos a Juan Pérez Álvarez y a su familia. Juan obtuvo su libertad el 14 de mayo de 2019 después de 16 años en prisión. Él se encontraba en huelga de hambre en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados Núm. 10, en Comitán, Chiapas, México. Originario de Amatenango del Valle, es integrante del pueblo maya tseltal, campesino, forma parte de la organización Viniketik en resistencia y también denunció que fue torturado durante su detención el 29 de marzo de 2003.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre exigen al Estado mexicano: revisión de sus expedientes penales; continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las 5 personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación.

Las organizaciones de la región sureste de la Red TDT exhortamos al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas y al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador atiendan las peticiones de los presos en huelga de hambre y en lucha, un total de 20 casos.

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “BETY CARIÑO” A.C.
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.
Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

• A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensifica la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios BAEZLN.

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López,(1) maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde Pueblos Originarios construyen Vida Digna.

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona,(2) como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes.(3)

Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población: «Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino».

Además en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas.

El Frayba constata con los datos recabados por las BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del pasado 10 de abril: «En nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados (4)».

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• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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NotiFrayba: Tortura a Pueblos Originarios en Chiapas ante la ONU

En el Informe alternativo que organizaciones de la sociedad civil entregaremos al CAT, el 25 de abril, en Ginebra Suiza, se evidencia la sistemática Tortura a personas integrantes de pueblos originarios en Chiapas, especialmente durante detenciones arbitrarias y discriminatorias. Escucha el testimonio de Adrian Gómez Jiménez, uno de los 13 presos que iniciaron, el 15 de marzo de 2019 una huelga de hambre desde distintas cárceles y actualmente se encuentra en ayuno parcial:

• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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A los Pueblos que luchan

A las mujeres y hombres que con su andar, han inundado de dignidad la vida, y dan sentido del caminar del Frayba, que junto a/a lado de ustedes, pulsa la tierra, con sus resistencias que hacen la luz y las rebeldías que nos convocan a no desistir del mundo nuevo que está surgiendo.

El presente informe, recoge la sistematización de la situación en que enfrentan las comunidades y personas en su lucha por la defensa de sus derechos humanos en Chiapas.

El sexenio terminado mostró una crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad.

La violencia desbordada se ha propagado en todo nuestro país manteniendo como blanco a la sociedad civil principalmente organizada que defiende su territorio y la vida.

Este documento Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias trata de esbozar los símbolos en perspectiva histórica de estos 30 años del caminar del Frayba al lado del pueblo organizado, donde se cuentan las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte de todos los niveles de gobierno, en particular durante el crítico sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex gobernador Manuel Velasco Coello, responsables, junto a los poderes fácticos, de ocasionar la profundización de los conflictos, que sitúa a la población en una crisis civilizatoria.

Frente a la ausencia de verdad y justicia, los Pueblos persisten en los caminos de la resistencia construyendo sueños y esperanzas en alternativas frente al olvido y en respuesta a la compleja realidad que se vive en México.

En este recuento se evidencia que el Estado mexicano, a pesar de haber firmado y ratificado diversos instrumentos de derechos humanos, de carácter vinculante, en el ámbito interamericano e internacional, en la realidad no cumple con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.

Es por ello que las iniciativas autónomas como La Otra Justicia construida desde los Pueblos tiene el propósito de resistir contra el olvido y abonar a la verdad, justicia y no repetición de graves violaciones a derechos humanos. Por tanto los Pueblos no olvidan y señalan los responsables y combaten de frente a la impunidad en México. La memoria es identidad, como una historia construida por sobrevivientes que el Estado no puede silenciar.

Agradecemos a todas y todos los que han dado su palabra que nos alimenta cada día, con su valentía han enfrentado al sistema y lo desafían, por su fuerza denuncian propiciando, organización, comunidad y restitución y resignificación de los pueblo, que generan alternativas de vida la cual nos ha acuerpado en estos 30 años de caminar del Frayba, el cual no sería tal sin las manos y pasos firmes de mujeres y hombres que se tejen en su horizonte de lucha, por lo que reafirmamos nuestro compromiso radical con los pueblos y comunidades con quienes en cualquier rincón de Chiapas, México y el mundo pugnan por la verdad, la justicia y por el cambio profundo del sistema capitalista a nuevos sistemas de vida basado en el Lekil Kuxlejal.

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