• • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
12 de diciembre de 2019.
Acción Urgente No. 9

• Riesgo de escalamiento de la violencia en la región ante la omisión del gobierno de Chiapas.

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentaron el desplazamiento forzado de dos comunidades tseltales, integrantes del proceso organizativo de Gobiernos Comunitarios , en el municipio de Chilón, Chiapas, México.

El 06 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 6:00 horas, un grupo civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018.

Son en total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad.

Tres comunidades más se encuentran en riesgo a su vida, seguridad e integridad: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá. Entre los hechos de agresiones el Frayba registró que el 09 de octubre de 2019, 9 personas regresaron a la comunidad de Carmen San José a ver sus domicilios, cuando a las 9:00 horas, aproximadamente un grupo de 7 personas les dispararon con armas de grueso calibre. La agresión duró 30 minutos aproximadamente. El 10 de octubre continuaron las detonaciones.

Desde el 15 de octubre de 2019, el Frayba informó a los gobiernos Estatal y Federal, la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror que vive la población por el cerco armado a comunidades. El Estado mexicano no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar siga escalando la crisis de derechos humanos en la entidad. Por las circunstancias de la actuación impune del grupo armado se presume vínculos con agentes estatales y municipales.

Por lo anterior exigimos:

• Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 125 personas desplazadas de la comunidad Carmen San José y las 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil.

• Evitar el desplazamiento forzado de las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá.

• Aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidad y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas.

Solicitamos a las redes de solidaridad nacional e internacional firmen esta acción urgente y/o envíen llamamientos al Estado mexicano.

Firmar acción urgente en:

https://frayba.org.mx/desplazamiento-forzado-de-comunidades-tseltales-en-chilon/

• • Gobierno de Rutilio Escandón omiso ante situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha1 y el equipo Frayba; quienes hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz.

Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre de 2019, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido del Director del Frayba.

Posteriormente el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio. A raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano.

(Continuar leyendo…)

Cereso número 5
San Cristóbal de las Casas,
Chiapas

A los medios de comunicación alternativos
Al Centro de derechos humanos de Fray Bartolomé de las Casas
A los periodistas y a los medios libres

Reciban un Cordial saludo fraternal de parte de la Organización la voz de indígenas en resistencia y la Organización la voz verdadera de Amate, ambos adherentes a la sexta declaración, recluidos en el Cereso número:5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Antes que nada muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros por nuestra lucha política que hemos realizado desde este penal #5 específicamente la huelga de hambre que iniciamo el pasado 15 de marzo de este mismo año.

Después de este saludo pasamos a lo siguiente, que desde el inicio de nuestra huelga de hambre hemos recibido constantes amenazas.

Para empezar estamos a un lado de la área de enfermería que estamos en plantón y ayuno por tiempo indefinido. estamos muy orgulloso por que nuestro espacio de lucha la hemos ganado a pesar de las constantes amenazas del director de este Centro penitenciario.

Pero ahora enfatizamos y sacamos nuestra palabra que afuera de este muro hay una persona que corre el peligro la integridad de su vida. la han amenazado de muerte. solo por que a sacado a la luz sobre las injusticia que hemos sufrido de parte del estado y somos víctimas de tortura pero a pesar de las amenazas vamos a seguir en la lucha y desaprobamos tajantemente esta cobarde amenaza.

Por eso exigimos la seguridad de la persona amenazada, exigimo la seguridad al Centro de los derechos humanos de Fray bartolome de las Casas que también este Centro a sido amenazada, también exigimos la seguridad que nos han acompañado en nuestra lucha política y por último también exigimos nuestra seguridad a medida que consigamos nuestras libertades.

Por eso hacemos un llamado a los defensores de los derechos humanos, a los medios libre y alternativo y a las ONGS a estar al pendiente sobre nuestra situación y las constantes amenazas que hemos recibimos y sobre nuestra situación desde este cereso número:5.

Desde este Cereso número:5 San Cristóbal de las Casas mandamos saludos combativos.

¡Ya basta de tantas amenasas!

Uniendo nuestro voces y fuerzas de los pueblos Mexicanos, triunfará las Verdaderas Justicias.

RESPETUOSAMENTE

Juan de la Cruz Ruíz y Adrán Gómez Jiménez, integrantes de la Organización La voz de indígenas en resistencia.

Germán López Montejo y Abraham López Montejo, integrantes de la Organización La Voz Verdadera de Amate.

A 9 de diciembre, 2019

________________________________________________

CERSS, N° 10.
Comitán, Chiapas, México
09/12/2019

Comunicado de presos indígenas

Organización viniketik en resistencias
Aderente a la sexta declaración de la selva lacandona. E.Z.L.N.

Al ejercito zapatista de liveracion nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
Al pueblo creyente
A la sexta nacional e internacional
Al congreso nacional indígena, CIG
Al pueblo de mexico y al mundo

Compañeros y compañeras resivan un afectuso saludos combativos desde nuestro lugar de lucha.

a casi 9 meses de lucha desde nuestra manifestación pasifica que comenzamos el 15 de marzo pasado exigiendo justicia y livertad. hemos sido objetos de diferentes repreciones hostigaciones de parte de las autoridades ya que nos han proivido el contacto con otros compañeros internos, a habido ocaciones que nos hemos quedado asta 2 dias sin tener agua para nuestro haceo personal, hemos soportado agreciones ficica, agreciones verbales, supuestas reviciones que son utilisadas como intimidación, que nos an torturado psicologicamente con tal de frustar nuestra lucha, para que no sigamos exiguiendo nuestros derechos todas las violaciones del devido proceso. que an sido bulnerados por el simple hecho de ser indígenas y de escasos recurzos.

es por so que pedimos a los derechos humanos no gubernamentales y a las organizaciones sociales independientes que esten al pendiente de nosotros, y al mismo tiempo agradecemos su acompañamiento.

Atentamente

Organizacion viniketik en resistencia

Marcelino Ruiz Gómez
Valdemar Gómez Hernández
Pedro Pérez Jiménez

https://chiapasdenuncia.blogspot.com/2019/12/presos-en-lucha-denuncian-continuos.html?fbclid=IwAR18skXHriEE2LEC8F1nA9TrhpSsVvOK9WzwEBEmbtQozCGhvyB4IvijEmU

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de Pueblos Originarios de distintas regiones en Chiapas denunciaron que proyectos y programas del gobierno mexicano no garantizan el derecho a una vida libre de violencia, rechazaron la militarización de sus territorios, visibilizaron la falta de acceso a la justicia y exigieron cese la criminalización a defensoras de derechos humanos

Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Frayba

• • Daños al proyecto de Salud Autónoma de Las Abejas de Acteal.

• • Destrucción de 3 casas, una de ellas la de Juana Pérez Arias sobreviviente de la Masacre de Acteal y otra que ocupaban de cocina las desplazadas de Río Jordán.

Urgimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las y los integrantes de Las Abejas de Acteal y respetar la autonomía de la organización que nació en 1992, con apuesta por la paz, referente en la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, especialmente persistente en la búsqueda de justicia por la Masacre del 22 de diciembre de 1997.

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ

El día 18 de septiembre de 2019, a las 8:59 horas, aproximadamente, empezaron a destruir la casa de doña Juana Pérez Arias, en la comunidad tsotsil de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, México. De 75 años, originaria de la comunidad tsotsil Chimix, ella es desplazada del conflicto de 1997 y sobreviviente de la Masacre del 22 de diciembre de ese año. Su esposo Manuel Sántiz Culebra fue ejecutado durante este crimen de Estado, el nombre de él refiere el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1).

(Continuar leyendo…)

Mujeres, niñas y niños del Pueblo Maya Tsotsil, integrantes de La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la comunidad Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenalhó, Chiapas, Méxicofueron desplazados el día 16 de septiembre de 2019. Suman 36 personas en desplazamiento forzado que se encuentran en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Las primeras familias se refugiaron en la sede de la organización desde el 10 de agosto del presente año.

Las Abejas de Acteal persisten en la exigencia de justicia y desde su apuesta de paz, exigen condiciones para el retorno con seguridad de las 6 familias.

Organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas, reprobamos la falta de compromisos de los gobiernos para garantizar el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia

Las organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, manifestamos nuestro repudio a la falta de compromisos de los Gobiernos de los distintos niveles, ante el grave incremento de la violencia feminicida en Chiapas y en todo el país.

De acuerdo a cifras del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, así como por diversas colectivas y organizaciones civiles que documentamos la violencia feminicida en Chiapas, coincidimos en que tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado:

120 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 49 han sido tipificados como feminicidios.
A estas cifras se suma el dato de 4 casos de feminicidios y 63 casos de desapariciones de niñas y adolescentes (entre 2 y 17 años de edad).

Pese a que desde noviembre de 2016, se encuentra activa la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, es patente la violencia feminicida que enfrentamos las Mujeres día a día, lo cual denota claramente la falta de interés de las autoridades de los diferentes niveles para la implementación de medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de su actuación pública.

San Cristóbal de las Casas, uno de los municipios con alerta de violencia de género en Chiapas, es un claro ejemplo de la violencia machista que enfrentamos las Mujeres día a día y que ante la omisión de las autoridades culminan en feminicidios. Muestra indignante de ello son los recientes feminicidios de María de la Luz Vázquez Jiménez, ocurrido el pasado miércoles 14 de agosto, quien fue asesinada en su propio domicilio y de la menor Patricia X de 12 años de edad, encontrada el día de ayer 19 de agosto en Bachajon, Municipio de Chilón.

A estos hechos se le suman muchos casos más de violencia de género y feminicidios que ante la falta de acceso de las Mujeres a la Justicia, la impunidad, el abuso de poder, y la negligencia de las autoridades de los diferentes niveles, se sigue perpetuando y reproduciendo la violencia patriarcal, culpabilizándonos y/o responsabilizándonos a las Mujeres de todo lo que sucede, sin que las autoridades correspondientes asuman la responsabilidad y obligación que les corresponde en materia de derechos humanos de las mujeres.

Ante este contexto de violencia feminicida que enfrentamos las Mujeres en todo el estado de Chiapas y en el país, las organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el feminicidio en Chiapas exigimos:

Que las autoridades de los tres niveles asuman la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública.

Que las autoridades de los tres niveles coordinen acciones de prevención, seguridad, cero tolerancia y acceso a la justicia, para erradicar la violencia hacia las mujeres y el feminicidio

Que las acciones recomendadas en la DAVGM sean extensivas a todos los municipios de la entidad, dada la gravedad de la violencia feminicida que se ha documentado, y que no se acote únicamente a los 23 municipios que fueron integrados en la declaratoria de AVGM.

Que se garantice el acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas de violencia de género y feminicidio

Que se persiga y juzgue la violencia feminicida y el feminicidio desde un marco normativo con perspectiva de género y acorde a los protocolos de actuación correspondientes.

Como Mujeres y Organizaciones reiteramos nuestra indignación ante este contexto de violencia feminicida, debido a que las alarmantes cifras citadas representan tan sólo una mirada parcial de la dimensión real de la violencia que vivimos las mujeres en Chiapas y en todo el país.

Nos sumamos y acompañamos las exigencias de las Mujeres de Chiapas y de todo el país que están luchando contra la violencia de género y feminicidio que enfrentamos por este sistema patriarcal.

¡No más violencia contra las mujeres!
¡Alto a los Feminicidios!
¡Exigir el derecho a una vida libre de violencia, no es un acto de provocación!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
https://contrafeminicidiochiapas.wordpress.com/

El 23 de agosto de 2019, se realizará la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación y Vinculación a proceso en contra de los policías Orday Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutierrez y los que resulten responsables, por el delito de Tortura, cometido en agravio del Sr. Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo. (Francisco) El acto tendrá lugar en la sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la atención de delitos no graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, México.

Los policías perpetradores de la Tortura a Francisco, que exhortamos sean vinculados a proceso, se encuentran adscritos a la Comandancia Regional Zona Centro, de la Dirección General de la Policía Especializada, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Sus nombres constan en el expediente penal 50/2015 como los agentes aprehensores que presentaron a Francisco ante el Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito Centro, en Chiapas de Corzo. (Fiscalía)

La mañana del 29 de mayo de 2015, Francisco salió de su casa en el barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, a trabajar su milpa. A unos metros de su vivienda, personas vestidas de civil que él identificó como policías, lo privaron de su libertad y desaparecieron. De acuerdo a su testimonio, durante la detención y traslado fue torturado física y psicológicamente: «Pensé que me iban a matar porque me golpeaban mucho en la cabeza». Posteriormente lo llevaron a la Fiscalía en Chiapa de Corzo donde se intensificó la Tortura: golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, el cuello y las costillas, además de recibir descargas eléctricas. En este lugar el Ministerio Público ignoró las señales de Tortura.

Francisco permaneció durante tres años, cuatro meses, en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados Núm. 14 «El Amate», en Cintalapa de Figueroa. Según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fue acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015. (1)

Las secuelas de la Tortura se intensificaron por las condiciones carcelarias, que a su vez agravaron el estado de salud de Francisco. Peritos independientes que aplicaron el Protocolo de Estambul, el 13 de noviembre de 2015, corroboraron los daños físicos y psicológicos, los cuales persisten a la fecha y le obstaculizan trabajar la tierra y desarrollar su ser como campesino. Entre las consecuencias de la Tortura se encuentran también los impactos al proyecto de vida familiar y las rupturas comunitarias en Francisco como integrante del Pueblo Maya Tsotsil. Además, él refiere que su encierro le afectó espiritualmente en la relación con su territorio.

El 21 de septiembre de 2018, Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo logró su libertad por reconocimiento de inocencia, con el apoyo de una amplia red nacional e internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos. Más de 5 mil cartas que se enviaron desde Francia, presionaron a la Fiscalía Contra la Tortura para avanzar la investigación que hoy posibilita el vincular a proceso a policías perpetradores. (2)

(Continuar leyendo…)