Exhortamos a investigar 13 casos que se encuentran ante la Fiscalía Contra la Tortura, en Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.

Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

De acuerdo a la documentación, que incluyó revisión de los expedientes penales de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, el Frayba registró la Tortura como método de investigación con el objetivo de autoinculpación que viola derechos humanos a integrantes de Pueblos Originarios, en un sistema penitenciario discriminatorio. Algunas de las pratrones de tortura que este Centro de Derechos Humanos encontró son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.

Los 5 presos expresaron en diferentes momentos de su proceso jurídico que fueron torturados, en uno de los casos desde hace 15 años, sin que se iniciara una investigación inmediata de los hechos. Los responsables de estas violaciones a derechos humanos son los agentes aprehensores, en su mayoría elementos policiacos de diversas corporaciones estatales, así como Fiscales del Ministerio Público, peritos especializados y jueces que fueron omisos ante la denuncia.

La ineficacia en la procuración de justicia mantiene en la impunidad el delito de Tortura en los casos de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, quienes además viven en entornos torturantes en encierro. Lo cual contraviene la Ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que: «Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos».(2)

Por lo anterior el Frayba exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas:

Dictaminar la libertad de Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y German López Montejo, víctimas de Tortura y otras violaciones a derechos humanos entre ellas la Privación Arbitraria de la Libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial; además de faltas al debido proceso legal como: a la debida diligencia, a la presunción de inocencia, a la fundamentación y motivación.

A la Secretaría General de Gobierno de Chiapas:

Liberar a Juan de La Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez, por las violaciones a derechos humanos que se encontraron en la revisión de sus expedientes, especialmente la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.

A la Fiscalía Contra la Tortura solicitamos:

Investigar eficazmente los 13 casos que se encuentran en registro de atención desde el 1 de abril de 2019.

Recordamos al Estado mexicano que urge garantizar las medidas necesarias para cesar la Tortura como una práctica sistemática cotidiana que en Chiapas vulnera especialmente a integrantes de Pueblos Originarios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
1 de agosto de 2019
Boletín No. 17

Privación Arbitraria de la Vida de Filiberto Pérez Pérez durante ataque armado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en el que se encuentra la población, perteneciente al pueblo tsotsil, de comunidades ubicadas en la franja fronteriza de Aldama-Chenalhó, Chiapas, México.

El día 27 de julio de 2019, aproximadamente a las 13:00 Hrs., comenzaron a escucharse disparos hacia las comunidades de Tabak, Coco’, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen del municipio de Aldama. Según testimonios la agresión provenía desde la comunidad de Santa Martha, Chenalhó.

En el ataque armado, Filiberto Pérez Pérez originario de Tabak, de 23 años de edad, fue herido de bala mientras se encontraba haciendo diligencias para un velorio familiar y falleció a las 16:00 horas.

El día 19 de julio, este Centro de Derechos Humanos informó al presidente de la República mexicana Andrés Manuel López Obrador de la persistencia de la situación de violencia en la región, con el objetivo de prevenir actos de imposible reparación: «El 17 de julio del presente año se escucharon disparos con armas de fuego, en el lugar conocido como Aktik Il (dos) ubicado en Aldama dentro de las tierras que ocupan las 60 Hectáreas en disputa, estos disparos provenían de personas armadas que están situadas en el municipio de Chenalhó».

Ante los hechos de violencia el Frayba reitera al Estado mexicano lo urgente de cesar la violencia en la región Altos de Chiapas, por lo anterior solicitamos:

Implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas.

Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos.

Investigar la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región Los Altos, de Chiapas.

No dejar en la impunidad la Privación Arbitraria de la Vida de Filiberto Pérez Pérez y las demás violaciones a derechos humanos provocadas por la inoperancia del gobierno de Chiapas.

México, 22 de julio, 2019. Un boletín difundido hoy por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (con sede en Chiapas, México) informa sobre el decomiso de dos camionetas de transporte autónomo zapatista el pasado 8 de julio.

Aquí, el boletín completo:

El 08 de julio de 2019, a las 9:00 Hrs., en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, México, la Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó dos camionetas marca nissan que realizaban servicio de transporte autónomo. Esta acción representa otra agresión a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), en el contexto de hostigamiento militar a su territorio.

Los vehículos decomisados tienen la autorización de la Junta de Buen Gobierno Zapatista -Nueva Semilla Que Va a Producir-, del Caracol V -Que Habla Para Todos-, con sede en Roberto Barrios, municipio oficial de Palenque. El operativo estuvo coordinado por Armando Aguilar Vázquez, delegado del transporte de la región de Palenque.

De acuerdo con información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) la Fiscalía de Distrito Selva abrió carpetas de investigación en contra de los conductores de las unidades incautadas, quienes tienen más de 20 años de dar servicio a población de comunidades de Pueblos Originarios quienes necesitan viajar de territorios de influencia zapatista a la cabecera de Salto de Agua.

Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 06 de julio de 2019, manifestó: “… refrendamos nuestro respeto al Ejército Zapatista a pesar de las diferencias.”

Recordamos al Estado mexicano su obligación de cumplir con el respeto al derecho a la autonomía y la libre determinación de los Pueblos Originarios, tal y como lo establece el artículo 2do. de la Constitución mexicana, así como diversos tratados y declaraciones internacionales, una de ellas la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: «Los Pueblos Indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.»

Por lo anterior este Centro de Derechos Humanos exige al Estado mexicano:

•  Cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de los Pueblos Zapatistas desistiéndose de los actos de criminalización contra los transportistas y el transporte autónomo.

• Entregar los dos vehículos autónomos detenidos por la Delegación de Transporte con sede en Palenque.

• Respetar el derecho a la autonomía y la libredeterminación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construcción civil y pacífica que realizan Bases de Apoyo de cientos de comunidades de Pueblos Originarios en Chiapas.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse para detener toda forma de hostigamientos y agresiones a la autonomía de los Pueblos Zapatistas, procesos organizativos colectivos que desde su cultura avanzan en la construcción de la Vida Digna, creando en sus territorios proyectos que garantizan en los hechos derechos humanos a comunidades históricamente discriminada.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 22 de julio de 2019

Boletín No. 16

Fuente: CDH Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
A 21 de junio del 2019
Boletín No. 21

Rechazamos la cotidiana discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) nos unimos a las diferentes acciones globales por 50 años de lucha y resistencia por la igualdad de los derechos de la comunidad Lesbica- Gay- Bisexual- Transgénero- Transexual- Travesti- Intersexual- Queer – Asexual y otras identidades. (LGBTTTIQA+)

Es necesario avanzar en la deconstrucción de una sociedad machista, patriarcal, homofóbica, transfóbica y lesbofóbica, construir una sociedad inclusiva que estimule a adultos, jóvenes, niñas y niños a respetar las diferencias. El desafío es enfrentar y erradicar la discriminación y la violencia cotidiana tanto en los espacios públicos como en los privados.

Rechazamos todas las formas de discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+ que se basen en la manifestación o expresión por parte de una persona y/o colectivo de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

El Frayba cuenta con información que en el marco de las acciones antipriarcales que se están realizando en San Cristóbal de Las Casas, integrantes de la Colectiva Chuvajetik han sido víctimas de actos de agresiones verbales, discriminación, así como mensajes de burlas, hostigamiento y amenazas de muerte a través de las redes sociales.

La Colectiva Chuvajetik ha trabajado durante tres años por los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+ en San Cristóbal de Las Casas, fundamentalmente en acciones de sensibilización a la población para visibilizar la homofobia y la discriminación, hacia la construcción de una sociedad respetuosa e incluyente.

Las defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, familiares y colectivos que las respaldan, se encuentran en riesgo y vulnerabilidad ya que se enfrentan a actos que violentan la vida, la integridad y la seguridad personal.

Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que: «Los Estados deben generar un clima de respeto en donde todas las personas, incluidas las personas LGBTI, y quienes defienden sus derechos, puedan expresar sus pensamientos y opiniones sin temor a ser atacadas, criminalizadas o estigmatizadas por hacerlo».

El Frayba solicita a las autoridades del estado de Chiapas brinde las protección necesaria y suficiente para las personas participantes de la Marcha por el Reconocimiento y Respeto de Todas las Formas de Amar, que se realizará el 22 de junio de 2019, de la Unidad administrativa al parque de Los Héroes, en San Cristóbal de Las Casas; en el marco del mes del orgullo de la diversidad sexual.

La historia de Isaias Oleta Pérez muestra la discriminación a pueblos originarios en el acceso a la justicia en Chiapas. Tseltal ejecutado por policias, los responsables se encuentran en libertad.

• Presos tsotsiles continúan lucha por su libertad desde los CERSS Núm. 05 y Núm. 10

A las 6 de la mañana, del día de hoy, 10 personas iniciaron un ayuno en exigencia de libertad para 7 presos tsotsiles que han denunciado violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos. Durante 12 horas permanecerán en plantón, sin consumir alimentos, sólo miel y agua, en la entrada del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 05, (CERSS Núm. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Estarán en ayuno: 7 familiares de presos (Andrea Hernández Díaz, Elena Gómez Hernández, Carla Guadalupe Meza Méndez, Facundo Ruiz Gómez, Eva María Ruiz Pérez, Susana y Beatriz de la Cruz Ruiz); 2 integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (Juan Pablo Nava y Jorge Abel Pérez Rodríguez; y Juan Pérez Álvarez, quien estuvo en prisión 16 años y obtuvo su libertad el pasado 14 de mayo.

El objetivo de esta acción de protesta es solidarizarse con 7 presos tsotsiles quienes continúan la lucha por su libertad a 83 días de que iniciaron una huelga de hambre. Posterior a un lapso de 30 días de ayuno, 5 de ellos reiniciaron la huelga de hambre el 14 de mayo de 2019: Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo, Germán López Montejo (Desde el CERSS Núm. 05, en San Cristóbal de Las Casas) y Marcelino Ruiz Gómez. (Desde el CERSS Núm. 10, en Comitán de Domínguez).

Debido a la situación penitenciaria en la que se encuentran y por los días transcurridos sin alimentos ni atención médica adecuada, hay un deterioro importante en la salud física y emocional de los 5 presos en huelga de hambre1. Existe el riesgo de que su salud se agrave debido a la decisión de los presos de continuar en huelga de hambre ante la omisión del gobierno del Estado de Chiapas.

A la fecha, sus demandas no han sido debidamente resueltas. Un ejemplo es la falta de acceso a sus expedientes penales: El pasado 24 de mayo la familia de Juan de la Cruz Ruiz pagó 3.500 pesos para la entrega de la copia de su expediente; y por el de Adrian Gómez Jiménez les solicitaron 10 mil pesos. Esta situación intensifica las condiciones de discriminación a población económica y socialmente vulnerable.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre y sus familias en ayuno exigen al Estado mexicano: continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación2.

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A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de mayo de 2019

Pronunciamiento

La Red TDT región sureste exhorta al Estado mexicano a investigar violaciones a derechos humanos de personas integrantes del pueblo maya tsotsil privadas de su libertad.

El día 18 de mayo de 2019, una brigada de la región sureste de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, observamos la situación en la que se encuentran 5 integrantes del pueblo maya tsotsil, quienes el pasado 13 de mayo reiniciaron una huelga de hambre, desde dos cárceles en Chiapas, México, en demanda de su inmediata libertad.

Durante una visita a los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas y Núm. 10 en Comitán, defensoras y defensores recopilamos los testimonios de Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, quienes denunciaron Tortura, faltas al debido proceso en sus detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión, así como discriminación por ser pueblos originarios. Dos fragmentos de estas historias se relatan a continuación:

«El día 28 de febrero de 2007, cuando llegó un operativo en mi domicilio, eran muchos policías, que entraron por la barda y por la entrada principal y destruyendo todo. Me detuvieron, me tiraron al piso. Mi esposa estaba embarazada y tenía en brazos a mi hijo de tres años. Me sacaron de mi casa a golpes y me subieron a una camioneta, en el camino me siguieron golpeando con un objeto, todavía al contarlo me duele mucho. Llegamos a una casa y ahí me siguieron torturando, en esa casa estuve dos días y dos noches. Ya no resistía los golpes. Luego según ante el Agente del Ministerio Público me obligaron a firmar unos papeles que no me dieron qué era.» (Juan de la Cruz Ruíz, 38 años, originario de la comunidad Majomut. del municipio de San Juan Chamula, de ocupación comerciante.)

«El 13 de febrero de 2004, unas personas a bordo de un vehículo gris… Me llevaron en arraigo un mes, en la finca pitiquitos, ahí me siguieron torturando y me amenazaban de que me iba a ir peor. En las noches no dormía, tenia pesadillas. Pasó el mes y me trasladaron al penal de Cerro Hueco. Ahí me preguntaron que si ratificaba mi declaración, yo dije que no porque me habían torturado para obligarme a declararme culpable. Aún así, me dictaron auto de formal prisión. No sabía hablar español.» (Adrián Gómez Jiménez, 30 años, originario de la comunidad de Romerillo, municipio de San Juan Chamula, de ocupación peón de albañil)

A las organizaciones que realizamos la visita a los presos en huelga de hambre en Chiapas nos preocupa la situación de salud de quienes iniciaron sus acciones de protesta desde el 15 de marzo, por lo que hacemos un llamado a generar las condiciones necesarias que garanticen la revisión constante y atención debida.

Por otra parte, celebramos y abrazamos a Juan Pérez Álvarez y a su familia. Juan obtuvo su libertad el 14 de mayo de 2019 después de 16 años en prisión. Él se encontraba en huelga de hambre en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados Núm. 10, en Comitán, Chiapas, México. Originario de Amatenango del Valle, es integrante del pueblo maya tseltal, campesino, forma parte de la organización Viniketik en resistencia y también denunció que fue torturado durante su detención el 29 de marzo de 2003.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre exigen al Estado mexicano: revisión de sus expedientes penales; continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las 5 personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación.

Las organizaciones de la región sureste de la Red TDT exhortamos al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas y al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador atiendan las peticiones de los presos en huelga de hambre y en lucha, un total de 20 casos.

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “BETY CARIÑO” A.C.
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.
Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.