En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de Pueblos Originarios de distintas regiones en Chiapas denunciaron que proyectos y programas del gobierno mexicano no garantizan el derecho a una vida libre de violencia, rechazaron la militarización de sus territorios, visibilizaron la falta de acceso a la justicia y exigieron cese la criminalización a defensoras de derechos humanos

Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Frayba

• • Daños al proyecto de Salud Autónoma de Las Abejas de Acteal.

• • Destrucción de 3 casas, una de ellas la de Juana Pérez Arias sobreviviente de la Masacre de Acteal y otra que ocupaban de cocina las desplazadas de Río Jordán.

Urgimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las y los integrantes de Las Abejas de Acteal y respetar la autonomía de la organización que nació en 1992, con apuesta por la paz, referente en la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, especialmente persistente en la búsqueda de justicia por la Masacre del 22 de diciembre de 1997.

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ

El día 18 de septiembre de 2019, a las 8:59 horas, aproximadamente, empezaron a destruir la casa de doña Juana Pérez Arias, en la comunidad tsotsil de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, México. De 75 años, originaria de la comunidad tsotsil Chimix, ella es desplazada del conflicto de 1997 y sobreviviente de la Masacre del 22 de diciembre de ese año. Su esposo Manuel Sántiz Culebra fue ejecutado durante este crimen de Estado, el nombre de él refiere el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1).

(Continuar leyendo…)

Mujeres, niñas y niños del Pueblo Maya Tsotsil, integrantes de La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la comunidad Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenalhó, Chiapas, Méxicofueron desplazados el día 16 de septiembre de 2019. Suman 36 personas en desplazamiento forzado que se encuentran en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Las primeras familias se refugiaron en la sede de la organización desde el 10 de agosto del presente año.

Las Abejas de Acteal persisten en la exigencia de justicia y desde su apuesta de paz, exigen condiciones para el retorno con seguridad de las 6 familias.

Organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas, reprobamos la falta de compromisos de los gobiernos para garantizar el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia

Las organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, manifestamos nuestro repudio a la falta de compromisos de los Gobiernos de los distintos niveles, ante el grave incremento de la violencia feminicida en Chiapas y en todo el país.

De acuerdo a cifras del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, así como por diversas colectivas y organizaciones civiles que documentamos la violencia feminicida en Chiapas, coincidimos en que tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado:

120 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 49 han sido tipificados como feminicidios.
A estas cifras se suma el dato de 4 casos de feminicidios y 63 casos de desapariciones de niñas y adolescentes (entre 2 y 17 años de edad).

Pese a que desde noviembre de 2016, se encuentra activa la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, es patente la violencia feminicida que enfrentamos las Mujeres día a día, lo cual denota claramente la falta de interés de las autoridades de los diferentes niveles para la implementación de medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de su actuación pública.

San Cristóbal de las Casas, uno de los municipios con alerta de violencia de género en Chiapas, es un claro ejemplo de la violencia machista que enfrentamos las Mujeres día a día y que ante la omisión de las autoridades culminan en feminicidios. Muestra indignante de ello son los recientes feminicidios de María de la Luz Vázquez Jiménez, ocurrido el pasado miércoles 14 de agosto, quien fue asesinada en su propio domicilio y de la menor Patricia X de 12 años de edad, encontrada el día de ayer 19 de agosto en Bachajon, Municipio de Chilón.

A estos hechos se le suman muchos casos más de violencia de género y feminicidios que ante la falta de acceso de las Mujeres a la Justicia, la impunidad, el abuso de poder, y la negligencia de las autoridades de los diferentes niveles, se sigue perpetuando y reproduciendo la violencia patriarcal, culpabilizándonos y/o responsabilizándonos a las Mujeres de todo lo que sucede, sin que las autoridades correspondientes asuman la responsabilidad y obligación que les corresponde en materia de derechos humanos de las mujeres.

Ante este contexto de violencia feminicida que enfrentamos las Mujeres en todo el estado de Chiapas y en el país, las organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el feminicidio en Chiapas exigimos:

Que las autoridades de los tres niveles asuman la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública.

Que las autoridades de los tres niveles coordinen acciones de prevención, seguridad, cero tolerancia y acceso a la justicia, para erradicar la violencia hacia las mujeres y el feminicidio

Que las acciones recomendadas en la DAVGM sean extensivas a todos los municipios de la entidad, dada la gravedad de la violencia feminicida que se ha documentado, y que no se acote únicamente a los 23 municipios que fueron integrados en la declaratoria de AVGM.

Que se garantice el acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas de violencia de género y feminicidio

Que se persiga y juzgue la violencia feminicida y el feminicidio desde un marco normativo con perspectiva de género y acorde a los protocolos de actuación correspondientes.

Como Mujeres y Organizaciones reiteramos nuestra indignación ante este contexto de violencia feminicida, debido a que las alarmantes cifras citadas representan tan sólo una mirada parcial de la dimensión real de la violencia que vivimos las mujeres en Chiapas y en todo el país.

Nos sumamos y acompañamos las exigencias de las Mujeres de Chiapas y de todo el país que están luchando contra la violencia de género y feminicidio que enfrentamos por este sistema patriarcal.

¡No más violencia contra las mujeres!
¡Alto a los Feminicidios!
¡Exigir el derecho a una vida libre de violencia, no es un acto de provocación!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
https://contrafeminicidiochiapas.wordpress.com/

El 23 de agosto de 2019, se realizará la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación y Vinculación a proceso en contra de los policías Orday Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutierrez y los que resulten responsables, por el delito de Tortura, cometido en agravio del Sr. Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo. (Francisco) El acto tendrá lugar en la sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la atención de delitos no graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, México.

Los policías perpetradores de la Tortura a Francisco, que exhortamos sean vinculados a proceso, se encuentran adscritos a la Comandancia Regional Zona Centro, de la Dirección General de la Policía Especializada, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Sus nombres constan en el expediente penal 50/2015 como los agentes aprehensores que presentaron a Francisco ante el Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito Centro, en Chiapas de Corzo. (Fiscalía)

La mañana del 29 de mayo de 2015, Francisco salió de su casa en el barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, a trabajar su milpa. A unos metros de su vivienda, personas vestidas de civil que él identificó como policías, lo privaron de su libertad y desaparecieron. De acuerdo a su testimonio, durante la detención y traslado fue torturado física y psicológicamente: «Pensé que me iban a matar porque me golpeaban mucho en la cabeza». Posteriormente lo llevaron a la Fiscalía en Chiapa de Corzo donde se intensificó la Tortura: golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, el cuello y las costillas, además de recibir descargas eléctricas. En este lugar el Ministerio Público ignoró las señales de Tortura.

Francisco permaneció durante tres años, cuatro meses, en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados Núm. 14 «El Amate», en Cintalapa de Figueroa. Según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fue acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015. (1)

Las secuelas de la Tortura se intensificaron por las condiciones carcelarias, que a su vez agravaron el estado de salud de Francisco. Peritos independientes que aplicaron el Protocolo de Estambul, el 13 de noviembre de 2015, corroboraron los daños físicos y psicológicos, los cuales persisten a la fecha y le obstaculizan trabajar la tierra y desarrollar su ser como campesino. Entre las consecuencias de la Tortura se encuentran también los impactos al proyecto de vida familiar y las rupturas comunitarias en Francisco como integrante del Pueblo Maya Tsotsil. Además, él refiere que su encierro le afectó espiritualmente en la relación con su territorio.

El 21 de septiembre de 2018, Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo logró su libertad por reconocimiento de inocencia, con el apoyo de una amplia red nacional e internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos. Más de 5 mil cartas que se enviaron desde Francia, presionaron a la Fiscalía Contra la Tortura para avanzar la investigación que hoy posibilita el vincular a proceso a policías perpetradores. (2)

(Continuar leyendo…)

• Riesgo a la vida, integridad y seguridad de 4 familias tsotsiles del Congreso Nacional Indígena.

Cuatro familias de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), quienes son parte del Congreso Nacional Indígena, (CNI) fueron agredidas y desplazadas forzadamente de la Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

Según información con la que cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba,) el día 10 de agosto de 2019, aproximadamente a las 16.54 Hrs., un grupo de 200 personas de la colonia Miguel Utrilla, simpatizantes del Partido Verde Ecologista, atacaron violentamente a integrantes de Las Abejas de Acteal, testimonios refieren lo siguiente:

El día de hoy, 10 de agosto, autoridades de la Colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Barrio Rio Jordán, municipio de Chenalhó en compañía de alrededor de 200 personas simpatizantes del Partido Verde Ecologista, atacaron violentamente a 4 familias integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, así como a sus bienes materiales.

Aproximadamente a las 4.54 de la tarde pasaron a la casa de Alonso Jiménez Méndez, como no lo encontraron amenazaron con quemar la casa. A las 6.05 irrumpieron violentamente en la casa de Alonso Ruiz López, ex mesa directiva de 2018, ya dentro de la casa planeaban si destruir un tanque de agua o tirar la casa.

A las 6:22 de la tarde destruyeron la casa de Alonso Jiménez Méndez, a las 6:34 destruyeron la casa de Antonio Ramírez Pérez, ex mesa directiva. A las 6.57, se dirigieron a casa de José Ramón Vázquez Entzín, donde también se escuchó que estaban destruyéndola.

Este ataque se da en el contexto de la marcha-peregrinación que realizarán Las Abejas de Acteal, el próximo lunes 12 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplen 10 años de la liberación de los autores materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997.

Es preciso recordar que la colonia Miguel Ultrilla Los Chorros del municipio de Chenalhó, es donde proliferaron los grupos armados en los 90’ y donde persisten las estructuras de aprendizajes violentos, de ahí surgieron los autores materiales que perpetraron la Masacre de Acteal. Además desde 2015 la situación ha sido recurrente, las agresiones hacia integrantes de Las Abejas de Acteal son cada vez con hechos de mayor violencia¹.

En un contexto regional de espirales de violencia generalizada, con más de 7 mil víctimas de desplazamiento forzado, donde las acciones de los gobiernos estatal y federal son deficientes, el riesgo a la población se profundiza. Situación que se extiende en Los Altos de Chiapas, en municipios como Aldama, Chalchihuitán, entre otros.

Por lo anterior exigimos al Estado mexicano a:

Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Aplicar los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos en el estado de Chiapas, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.

Atender la conflictividad de raíz, para detener los actos de agresiones, destrucción, hostigamiento y demás violaciones a los derechos humanos hacia integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

                                                Grupos con armas de fuego sitian a 7 menores de edad, 2 mujeres y 8 hombres.

Dos familias pertenecientes al Pueblo Tseltal, integrantes de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), que forman parte del Congreso Nacional Indígena, se encuentran sitiadas por grupos con armas de fuego y vinculadas con autoridades del ejido Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, México.

El 4 de agosto de 2019, aproximadamente a las 7 de la mañana, un grupo de personas encabezadas por las autoridades ejidales, agredieron físicamente a Pedro Díaz Pérez y Sebastián Díaz Pérez habitantes de Agua Clara, quienes se refugiaron en sus domicilios con sus familias.

Posteriormente los agresores realizaron disparos de armas de fuego, lanzaron piedras a las casas de las familias, golpearon con un machete a María Guillén y amenazaron con violar a una menor de edad.

De acuerdo a testimonios, aproximadamente a las 12 del día, personas vinculadas a una organización en la región, arribaron en varios vehículos portando armas de fuego, rodearon las casas, las rociaron con gasolina y amenazaron a las 2 familias con quemarlas. En riesgo 7 menores de edad, 2 mujeres y 8 hombres.

El lunes 5 de agosto, familiares de las personas sitiadas acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público de Salto de Agua, a poner la denuncia formal por los hechos de violencia, el Ministerio Publico solicitó que tenían que llegar las víctimas el día miércoles 7 de agosto a ratificar la denuncia, lo cual representa una omisión para proteger la vida, la seguridad e integridad personal de las familias.

Por lo anterior el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas urgimos al Estado mexicano a:

Garantizar la vida, seguridad, integridad personal y libertad de las 17 personas que se encuentran sitiadas y con amenazas en el ejido Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, en la región norte de Chiapas. Así como de las demás familias que integran la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), habitantes del Ejido Agua Clara, que pertenecen al Congreso Nacional Indígena.

Investigar de manera urgente y efectiva los hechos de violencia y sancionar a los responsables.

Cesar actos de agresiones, hostigamientos e intimidaciones a comunidades de Pueblos Originarios integrantes del CNI, respetando su derecho a la autonomía y al territorio, en Chiapas y México.

                             Exhortamos a investigar 13 casos que se encuentran ante la Fiscalía Contra la Tortura, en Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.

Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

De acuerdo a la documentación, que incluyó revisión de los expedientes penales de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, el Frayba registró la Tortura como método de investigación con el objetivo de autoinculpación que viola derechos humanos a integrantes de Pueblos Originarios, en un sistema penitenciario discriminatorio. Algunas de las pratrones de tortura que este Centro de Derechos Humanos encontró son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.

Los 5 presos expresaron en diferentes momentos de su proceso jurídico que fueron torturados, en uno de los casos desde hace 15 años, sin que se iniciara una investigación inmediata de los hechos. Los responsables de estas violaciones a derechos humanos son los agentes aprehensores, en su mayoría elementos policiacos de diversas corporaciones estatales, así como Fiscales del Ministerio Público, peritos especializados y jueces que fueron omisos ante la denuncia.

La ineficacia en la procuración de justicia mantiene en la impunidad el delito de Tortura en los casos de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, quienes además viven en entornos torturantes en encierro. Lo cual contraviene la Ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que: «Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos».(2)

Por lo anterior el Frayba exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas:

Dictaminar la libertad de Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y German López Montejo, víctimas de Tortura y otras violaciones a derechos humanos entre ellas la Privación Arbitraria de la Libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial; además de faltas al debido proceso legal como: a la debida diligencia, a la presunción de inocencia, a la fundamentación y motivación.

A la Secretaría General de Gobierno de Chiapas:

Liberar a Juan de La Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez, por las violaciones a derechos humanos que se encontraron en la revisión de sus expedientes, especialmente la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.

A la Fiscalía Contra la Tortura solicitamos:

Investigar eficazmente los 13 casos que se encuentran en registro de atención desde el 1 de abril de 2019.

Recordamos al Estado mexicano que urge garantizar las medidas necesarias para cesar la Tortura como una práctica sistemática cotidiana que en Chiapas vulnera especialmente a integrantes de Pueblos Originarios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
1 de agosto de 2019
Boletín No. 17

Privación Arbitraria de la Vida de Filiberto Pérez Pérez durante ataque armado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en el que se encuentra la población, perteneciente al pueblo tsotsil, de comunidades ubicadas en la franja fronteriza de Aldama-Chenalhó, Chiapas, México.

El día 27 de julio de 2019, aproximadamente a las 13:00 Hrs., comenzaron a escucharse disparos hacia las comunidades de Tabak, Coco’, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen del municipio de Aldama. Según testimonios la agresión provenía desde la comunidad de Santa Martha, Chenalhó.

En el ataque armado, Filiberto Pérez Pérez originario de Tabak, de 23 años de edad, fue herido de bala mientras se encontraba haciendo diligencias para un velorio familiar y falleció a las 16:00 horas.

El día 19 de julio, este Centro de Derechos Humanos informó al presidente de la República mexicana Andrés Manuel López Obrador de la persistencia de la situación de violencia en la región, con el objetivo de prevenir actos de imposible reparación: «El 17 de julio del presente año se escucharon disparos con armas de fuego, en el lugar conocido como Aktik Il (dos) ubicado en Aldama dentro de las tierras que ocupan las 60 Hectáreas en disputa, estos disparos provenían de personas armadas que están situadas en el municipio de Chenalhó».

Ante los hechos de violencia el Frayba reitera al Estado mexicano lo urgente de cesar la violencia en la región Altos de Chiapas, por lo anterior solicitamos:

Implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas.

Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos.

Investigar la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región Los Altos, de Chiapas.

No dejar en la impunidad la Privación Arbitraria de la Vida de Filiberto Pérez Pérez y las demás violaciones a derechos humanos provocadas por la inoperancia del gobierno de Chiapas.