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Centro de Derechos Humanos FrayBa

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México

• El Estado mexicano debe garantizar la seguridad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en las comunidades.

El 23 de abril de 2021, en su resolución 35/2021,¹ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar a favor de 12 comunidades indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México, obligando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de las personas, garantizar su seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada en su contra por parte de terceros.

La medida cautelar protege a las comunidades Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera municipal de Aldama. La CIDH realizó un amplio estudio de la información proporcionada tanto de los peticionarios como del propio Estado mexicano, observando que “si bien se han implementado diversas medidas de protección a favor de los habitantes de la zona, las mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo”. Hasta el día de hoy “los habitantes de las comunidades identificadas no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café”.

En los últimos tres días, los disparos han provenido de los puntos de ataque El Colado Fracción Aktik 2, Telemax, Telesecundaria Santa Martha, Ontik y Tokoy hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Yeton y Coco. Según el reporte de los Representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama, el 1 de mayo de 2021, aproximadamente las 15:09 horas, los disparos de alto calibre salieron del punto de ataque Telemax Santa Martha, Chenalhó, hacia un vehículo que transitaba de la comunidad de Tabac a San Pedro Cotzilnam, en que viajaban niñas, niños y mujeres mientras regresaban de su trabajo.

El día de hoy aproximadamente las 02:19, se reportó nuevos disparos de armas de fuego hacia vehículos y personas que transitan por el camino de Tabac a San Pedro Cotzilnam, dichos disparos provienen del punto de ataque Telemax en Santa Martha, Chenalhó.

Estos ataques se mantienen debido a que el Estado mexicano no ha desarmado y desarticulado el grupo agresor, no ha realizado una investigación eficaz para identificarlos ni mucho menos la relación con funcionarios públicos o la delincuencia organizada. Además de la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios creando un clima de incertidumbre permanente para los habitantes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reitera su preocupación por el riesgo que existe en las 12 comunidades del municipio de Aldama, debido a que los ataques con disparos de armas de fuego continúan y hasta el momento el Estado mexicano no ha dado señales para concertar las medidas a adoptarse como lo marca la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

El Frayba celebra la decisión de la CIDH y exhorta al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de las medidas para garantizar los derechos humanos de las personas, así como investigar, desarmar, desarticular y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a las 12 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas.

¹ CIDH. Resolución No. 35/21, MC 284-18 – Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades del Municipio de Aldama, Chiapas, México. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-21_mc_284-18_mx_es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de mayo de 2021
Boletín No. 6

Lee el boletín aquí: CIDH otorga medidas cautelares a favor de comunidades de Aldama

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez


• Desmentimos la versión de accidente vehicular provocado por nuestros compañeros.

• Exigimos al Estado mexicano respetar, proteger y garantizar el trabajo de derechos humanos en Chiapas.

El día de hoy pasadas las 00:00 horas, fueron liberados nuestros compañeros defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez (Lázaro y Vico), quienes por más de 40 horas estuvieron privados arbitrariamente de la libertad. Ellos se encuentran en buen estado de salud, por ello celebramos la vida y reencuentro con sus familiares, sus seres queridos y con la comunidad Frayba.

Desmentimos categóricamente la información difundida por el estado de Chiapas, en donde se ha señalado que el motivo de la detención de Lázaro y Vico se debió a un accidente de tránsito, en Ocosingo.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), preocupa este tipo de discursos porque minimizan el contexto de violencia en la región y por consiguiente el alto riesgo que vivimos las personas defensoras de derechos humanos, tergiversando las agresiones a que constantemente somos blanco, haciéndolas pasar por hechos ajenos a nuestra labor. Y aún más preocupante es que mantenga la política de simulación de la seria crisis de seguridad y derechos humanos, que sigue atentado contra la Vida de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y mestizas en las diferentes regiones de nuestro estado.

Sobre la situación vivida por nuestros compañeros, por ahora valoramos no hacer público los detalles de tales hechos porque les pone en riesgo y vulnera su seguridad y la de los que integramos el Frayba, sin embargo, reafirmamos que la privación de la libertad de nuestros compañeros se origina por nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Lamentamos que ante hechos de denuncia realizados por el Frayba la actuación del Estado mexicano es inoperante, lenta y que generan actos que hace posible mantener el pacto de impunidad, ligado a la ineficacia del sistema judicial.

Las personas defensoras de derechos humanos en México realizamos nuestra labor en territorios donde las condiciones de inseguridad y violencia nos vulnera cada día más. Frente a este contexto se suma la omisión y acción del Estado mexicano aumentando con ello la grave crisis de derechos humanos.

Sabemos que esta lucha por la dignidad y la justicia molesta a actores, a ellos les incomoda nuestra presencia y palabra, por tal motivo nos preocupa que las agresiones, amenazas, desprestigio a nuestra labor e incluso del uso de la libertad personal como moneda de cambio para justificar una política de estado que propicia la confrontación y violencia institucional

Frente a esta situación, recordamos la misión que nos dejó jTatik Samuel Ruiz: Caminar al lado del Pueblo pobre y organizado, reafirmamos que seguiremos alzando nuestra voz para denunciar las injusticias, acompañando a los pueblos y a las personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Nuestra misión se hace cada vez más fuerte cuando nos acompáñanos en el camino, ahí nos encontramos en la humanidad que somos y en la queremos ser, por eso enviamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a las personas, colectivos, pueblos, barrios y colonias, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, familiares de víctimas y medios de comunicación, porque sus acciones de solidaridad e indignación hicieron posible la libertad de Lázaro y Vico.

No tenemos otra forma de retribuirles más que con nuestro agradecimiento que viene del corazón y el compromiso desde la resistencia y desde la una visión de derechos humanos que emerge desde los Pueblos, en donde la solidaridad es permanente con sus luchas, procesos y se sostiene con toda la fuerza de construcción de nuevos horizontes de vida más humanos y justos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de abril de 2021
Boletín No. 4

Descarga en PDF: Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victóricov Gálvez Pérez.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Privación arbitraria de la libertad a integrantes del Frayba

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), tienen información de que dos de sus integrantes fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la Ciudad de Palenque, Chiapas, y hasta esta hora su paradero es impreciso.

El 12 de abril de 2021, aproximadamente las 7:00 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba abordo de una camioneta Hillux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el Frayba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo y que alguno de sus familiares llevara con una cierta cantidad de dinero en vehículo particular a las 8:00 horas de la mañana del día de hoy, 13 de abril.

Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos quienes hasta el momento no han dado una información clara sobre la situación.

Ante estos lamentables hechos, el Frayba manifiesta su preocupación y condena de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez. No omitimos mencionar que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectue una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez, para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

 

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

 

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
13 de abril de 2021
Acción Urgente No. 3

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FrayBa

Se intensifican agresiones armadas en contra de pobladores de Aldama durante este fin de semana

  • Actualización de Acción Urgente

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, quienes refieren una intensificación en la detonación de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha (municipio de Chenalhó), dirigidas en contra de poblados de Aldama. Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región.

Durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto; y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha, dirigiendo los disparos contra “todas las personas que ven”. El día de hoy se continúan reportando disparos provenientes del territorio de Santa Martha.

Por lo anterior urgimos la intervención del Estado, a fin de evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramiltiar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones.

Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a firmar la acción urgente y urgir al Estado mexicano intervenga en el presente caso.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

11 de abril de 2021
Acción Urgente No. 02 / actualización 1

Descargar PDF: Se intensifican agresiones armadas en contra de pobladores de Aldama durante este fin de semana

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Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama

  • Con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales, habitantes tostsiles de Aldama bajo ataques de armas de fuego

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, Chiapas, México; que durante los días 20 y 21 de marzo 2021, las comunidad de Aldama han sido agredidas con disparos de armas de fuego de alto calibre provenientes de distintos puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal.

Las agresiones armadas en contra de la población maya tsotsil de Aldama no ha cesado, desde noviembre de 2020, en donde el Frayba registró el mayor indice de ataques, a la fecha, los ataques armados han continuado hacía la población que vive sometida en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población.

El 20 de marzo de 2021, a partir de las 14:00 horas, habitantes de las comunidades Stzelejpotobtic, Coco, Juxton, Yeton, San Pedro Cotzilnam y Tabac recibieron 21 ataques de armas de fuego hasta las 23:30 horas, fueron más de 9 horas de agresión. La comunidad de Stzelejpotobtic recibió 11 ataques armados. Los disparos provenían de los puntos: K’ante’, Pajaltoj, Tok’oy-saclum, Puente Caridad, Vale’tik, Chuch te’, El Puente y T’elemax, municipio de Chenalhó.

El 21 de marzo de 2021, de las 10:00 a 21:00 horas, habitantes de las comunidades de Ch’ivit, Yeton, Tabak, Coco y Xuxch’en vivieron 9 ataques con armas de fuego. Además, trabajadores de una compañía que se encuentran laborando en el tramo carretero Tabac-San Pedro Cotzilnam, estuvieron bajo ataque. Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó. Los las agresiones provenían de los puntos de ataque El Ladrillo que se encuentra dentro de las 60 hectáreas en disputa, además de Vale’tik, T’elemax, Tojtic, Slumka y Yocventana, Santa Martha.

El Frayba manifiesta su preocupación por los hechos de agresión armada que vive constantemente la población del municipio de Aldama. Estos hechos, forman parte de una persistente violencia con impactos psicológicos que ya vive la población y lleva a una fractura profunda del tejido social.

Urgimos al Estado mexicano que investigue, identifique y sanciones al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y ponga de una vez fin a la violencia contra las comunidades de Aldama.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a que firmen esta llamado urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas más apropiadas que garanticen la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de la población en constante asedio.

Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama.

LEE LA PETICIÓN

 
 

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de marzo de 2021
Acción Urgente No. 02

Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama.

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FrayBa

La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura

  • Fiscalía de Alto Impacto fabrica culpables

El 29 de octubre de 2019, Julia Hernández Hernández de 44 años de edad (Julia) y Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) de 37 años de edad quienes llevan viviendo 7 años en unión libre fueron privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad en la colonia Las Granjas de la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes sometieron tortura a Julia y Carlos Antonio para autoinculpase por un delito. Carlos Antonio mantiene graves secuelas a consecuencia de la tortura que pone en riesgo su vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que ese día aproximadamente las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa del familiar en la que se encontraba Julia y Carlos Antonio quien desde el primer momento fue torturado. En la fiscalía, lo llevaron a un sótano, le pusieron sobre un colchón y lo golpearon como una hora “…me pusieron una bolsa en la cabeza, me echaban agua, toques eléctricos y había una persona parada sobre mi estomago…” Carlos Antonio fue obligado a firmar un documento que desconocía el contenido, después de ser colgado de las manos mientras le daban descargas eléctricas.

Julia fue trasladada en otro vehículo, mientras les estuvieron dando vueltas por la ciudad y al llegar a la fiscalía aproximadamente las 20:00 horas, la sentaron en una silla, le dijeron que hablara “les dije que no sabía de qué me estaban hablando… comenzaron a vendarme los ojos y la boca, me envolvieron y me comenzaron a golpear, me preguntaban en dónde estaba las armas y la droga y como no les decía nada seguían golpeándome en la espalda y la cintura, me decían que si no hablada me echarían agua. Había una mujer güera policía entre los hombres, me decía que si no hablaba empezarían con mi esposo y como no dije nada es que comenzaron a torturar a mi esposo. Sólo escuchaba que se quejaba.” Julia fue puesta en libertad el día 31 de octubre de 2019, aproximadamente las 2:00 horas, 32 horas después de su detención, amenazándola con volver a detenerla si presentaba alguna denuncia.

El 30 de octubre de 2019, aproximadamente las 4:00 horas, Carlos Antonio fue trasladado al Hospital «Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza» de Tuxtla Gutiérrez, en donde lo intervinieron quirúrgicamente realizándole una laparotomía exploradora debido al traumatismo cerrado de abdomen a consecuencia de la tortura. Después de dos días de hospitalización, Carlos Antonio fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en el municipio de Cintalapa, donde se pretendió el no ingreso debido al estado grave de su salud, hasta el momento no cuenta con el seguimiento médico adecuado frente a su situación y su salud esta en riesgo.

El Juez de Control mediante exámenes médicos constató las lesiones que presentaba, por lo que ordenó a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo investigar la Tortura y a pesar de eso lo vinculó a proceso. La investigación por Tortura no tiene ningún avance hasta el día de hoy. Julia denunció públicamente los hechos, por lo que en diferentes ocasiones ha recibido amenazas y hostigamiento por policías de la Fiscalía de Alto Impacto.

Carlos Antonio ha permanecido un año y tres meses en prisión preventiva,1 es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa hechos que se darían en un asalto cometido el día 23 de octubre de 2019, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, cuando fueron asaltados pagadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) custodiados por policías. Desde marzo de 2020, se espera la audiencia intermedia. Para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, los casos donde existen violaciones graves a derechos humanos no tienen el carácter de urgente o prioritario2 y los Jueces no garantizan el debido proceso y el derecho a un juicio justo excluyendo pruebas obtenidas por medio de Tortura a pesar de que desde junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

Julia y Carlos Antonio, representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura. Debido a las omisiones y la impunidad que prevalece el presente caso, el día 9 de febrero de 2021, el Frayba solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República valorar la atracción del caso para la investigación de la Tortura.

El Frayba exige al Estado mexicano cumplir con su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, integridad y seguridad personal de Julia Hernández Hernández y Carlos Antonio López Robles víctimas de Tortura; garantizar el acceso a la justicia sin ninguna discriminación e investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer el delito de tortura para que estos hechos no se sigan cometiendo en nuestro país.

1 El plazo máximo para que una persona sea juzgada es de un año, artículo 20 Inciso B Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Acuerdo General No. 03/2020 ante la contingencia de salud. Disponible en: https://bit.ly/3bunI3f


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
9 de marzo de 2021

Boletín No. 2

Descargar: La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura

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FrayBa

A todas las mujeres que luchan

#8M2021
#DefensorAsPorLaVida ?‍♀️

A todas las mujeres que luchan.

“Desde el sur nos levantamos contra este sistema de muerte”. ??? #FlorViolenta

@Deni.Valo

https://t.co/ka8xW0ZliU

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Brigadas Civiles de Observación en la comunidad autónoma Nuevo San Gregorio

 

Estado mexicano omiso ante agresiones a Bases de Apoyo Zapatistas.

El día de hoy, 03 de marzo de 2021, se instalaron las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), en la comunidad Nuevo San Gregorio, del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas1 (municipio oficial de Huixtán, en Chiapas, México). El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado la omisión del Estado mexicano que agrava la situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población de esta región. La presencia de observadoras/es nacionales e internacionales tiene como objetivo monitorear violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada.

  Desde noviembre de 2019, un grupo de personas realizan intimidaciones y amenazas a Bases de Apoyo Zapatista. Los agresores invadieron parte de las tierras recuperadas de Nuevo San Gregorio, cercándolas con alambre de púas, quemaron el potrero, cortaron arboles frutales, han roto varias veces la tubería de agua, destruyeron hortalizas y el jardín de plantas medicinales. La presencia de este grupo ha dificultado a seis familias la siembra de cultivos. Además las mujeres sufren acoso y afrontan vulnerabilidades al realizar sus actividades cotidianas. Las acciones de violencia se han intensificado a partir del día 1 de febrero de 2021.

Las BriCo es un programa coordinado por el Frayba desde 1995 e implementado en diferentes comunidades de Pueblos Originarios en Chiapas. La observación de derechos humanos se apega a lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano: “Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas”.2

1 Caracol 10, «Floreciendo la Semilla Rebelde», Junta de Buen Gobierno «Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.» Territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

2 Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

03 de marzo de 2021

Nota informativa

Descargar PDF: Brigadas Civiles de Observación en la comunidad autónoma Nuevo San Gregorio.

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Por el agua, los humedales, la vida y la Paz

 

El día de hoy 6 de febrero del 2021 es un día de alegría y de jolgorio, decenas de hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes han salido a defender la madre tierra, el agua, los humedales y la vida.

 

Han vencido al miedo de los violentos y sus grupos de choque y han hablado en esta peregrinación de paz, diálogo y encuentro con la ciudad y los pueblos originarios.

 

Los jóvenes, niñas, niños, mujeres, hombres y estudiantes han hablado de preservar la vida, las plantas, animales y las fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en los humedales de montaña María Eugenia.

 

 

El día de hoy sábado 6 de febrero venimos caminando hombres y mujeres dignos de los cuatro puntos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero también venimos de los Altos, Norte y Selva Zoque de Chiapas, pero también de más lejos de las chinampas de Xochimilco, de la gran Ciudad de México y de sus palacios, lugar en la que nuestra voz retumba y esperemos sea escuchada, y se salve la vida y los humedales de montaña del valle de Jobel.

 

El día de hoy le pedimos a los gobiernos, que estén al nivel de lo que la historia les reclama, sabemos que es fácil caer en tentaciones, vender el agua por unas monedas, pero con qué cara podrán los funcionarios ver a los ojos a sus hijos y sus nietos, si vendieron y traicionaron su futuro .. les pedimos que no lo hagan, en la deshonra y en la traición no hay camino, no hay luz, no hay vida .. la vergüenza es estar muerto .

 

 

Le pedimos a los funcionarios honestos del gobierno municipal, estatal y federal a que den con nosotrxs la lucha por la vida, el agua, y los humedales.. a qué evidencien, denuncien y entreguen pruebas de los funcionarios corruptos que están vendiendo el futuro de los chiapanecos …

 

Sabemos que somos miles de pobladores de este Valle que estamos luchando por los humedales .: que no estamos solos.. que los maestros, los jóvenes, niños, estudiantes y mujeres están luchando a nuestro lado ..les agradecemos su apoyo y les damos las gracias por esto y por lo que vendrá en la defensa de la madre tierra.

 

 

Los humedales y el agua son más que diez, veinte, treinta votos, la aritmética no cuadra, no se puede dejar sin el preciado líquido a más de 50 mil pobladores del valle de Jobel por cumplir los caprichos de 100 personas que los tranzaron y les vendieron terrenos en humedales … es un crimen de lesa humanidad .. es un atentado contra la naturaleza, nuestra casa común y es un suicidio como sociedad y humanidad.

 

Por lo tanto llamamos al pueblo de San Cristóbal a estar preparados, e impedir cualquier relleno en la Zona de humedales. Y sobre todo a garantizar el derecho humano al agua y la vida para las futuras generaciones para más de 250 mil habitantes del valle de Jobel.

 

!Los humedales se aman y se defienden! !La madre tierra no se vende!

 

! Agua para todos, Agua para la vida!

 

 

Representantes de los cuatro puntos de la ciudad, estudiantes, jóvenes, niñas, niños, abuelas, abuelos, mujeres, hombres, académicos, defensorxs de Derechos Humanos, pueblos originarios, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y la Red Ambiental del Valle de Jobel.

 

Leer el comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas:

 

 

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio

  • El pueblo tseltal pide protección de la justicia federal ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y pide a la Fiscalía General del Estado de Chiapas se desista del ejercicio de la acción penal en contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano quienes fueron reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto.
  • El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de México. 27 de enero del 2021. El día de hoy representantes del pueblo maya tsetal del municipio de Chilón, Chiapas, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo que interpusieron por la construcción impuesta de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento.

No es la primera vez que el pueblo tseltal de Chilón vive los impactos de la militarización de sus territorios; particularmente, durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, cuando en 1995 se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007 después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.

Trece años después, específicamente en el mes de octubre de 2020 los habitantes del municipio de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

Ante esta información el día 15 de octubre de 2020 decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín.

Posterior a los hechos de represión y conociendo los impactos que los proyectos militares pueden tener en su vida comunitaria, el pueblo maya tseltal se organizó para iniciar un proceso legal por medio de una comisión nombrada en su asamblea tradicional. Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

Dicha demanda de amparo, denuncia que la licencia y la construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto, ya que para el pueblo maya tseltal del municipio de Chilón es claro que la Guardia Nacional se trata de un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá de que se haya concebido como un cuerpo civil; por lo que el proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad. De la misma manera, la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados en la zona temen que se fomente la prostitución como ocurrió en el pasado, se acentúe el alcoholismo como medidas de control y división comunitaria.

A pesar de que se expusieron diversos argumentos y contundentes para el que se evitará causar daños irreparables al territorio del pueblo maya tseltal por los cuales el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, sinembargo, el Juez la negó. Por lo que este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tseltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido.

Contacto para prensa:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C

Comunicación

Narce Santibáñez Alejandre

5585312218

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Comunicación

Azalia H. Rodríguez

9671356978

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio.