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CDH Fray Bartolome de las Casas

Junta de Buen Gobierno Caracol 10 Patria Nueva: Denuncia de agresiones contra Nuevo San Gregorio

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD
CARACOL 10
FLORECIENDO LA SEMILLA REBELDE
ZONA PATRIA NUEVA, CHIAPAS, MÉXICO

A 2 DE DICIEMBRE 2021

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINIÓN PUBLICA.

Nosotros como Juntas de Buen Gobierno del caracol 10 denunciamos lo siguiente:

Denunciamos a los invasores Nicolás Pérez Pérez del ejido San Gregorio las casas, Pedro Hernández Gómez del ejido San Gregorio las casas, a Javier Gómez Pérez de la Ranchería Duraznal, integrantes del grupo los 40 que siguen invadiendo nuestros territorios y siguen haciendo su cometido teniendo como objetivo despojar de sus tierras a nuestros compañeros y compañeras que luchan.

Denunciamos los echos sucedidos el pasado 29 de noviembre del año en curso, a las 8: am 22 invasores comandado por los invasores ya mencionados entran a nuestras tierras con azadones y picos para tomar el potrero colectivo de nuestra comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, estos invasores se ponen a crear una sanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compañeros y compañeras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales; el objetivo principal de estos invasores es hacerle camino a un tractor para seguir invadiendo mas territorio rebelde y provocar que los 22 animales que siguen resistiendo ante estas agresiones, desfallezcan.

Estos invasores siguen avanzando su mal en nuestros territorios llegando al potrero colectivo de 9 hectáreas que está ubicado a 50 metros del centro de la comunidad, ahora atentando con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compañeras y compañeros durante años con resistencia y rebeldía. El pozo de agua también alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2×3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer. Cabe mencionar que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en nuestra lucha por la vida no para hacer algún daño, pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios.

Responsabilizamos al gobierno Municipal, Estatal y Nacional de lo que vaya a suceder con nuestros colectivos, por que siendo llamados Autoridades no mueven ni un dedo ante estos atentados que están viviendo nuestras compañeras y compañeros bases zapatistas, solapan los echos cometidos por este grupo de personas que no hacen mas que atacar a nuestras compañeras y compañeros que están luchando, cuidando de nuestra madre tierra, el gobierno Mexicano no hace nada para detener las invasiones y agresiones que cada vez mas se expande.

El gobierno no hace mas que fortalecer la invasión y la agresión al quedarse callado ante estos actos de despojo, acciones de destrucción que atentan contra la integridad y la vida de la gente que resiste y lucha por la vida.

Seguimos en pie de lucha, no nos vamos a rendir.

ATENTAMENTE:

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD.

Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Organizaciones civiles de Chiapas expusieron a embajadores/as de la Unión Europea las principales problemáticas en el estado


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.

En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:

  • La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
  • La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
  • La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
  • La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
  • Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
  • Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
  • El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
  • La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
  • El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
  • La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
  • La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
  • La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
  • Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
  • El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
  • Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
  • Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.

Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)

Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ

Servicios y Asesoría para la Paz-SERAPAZ

Movimiento Sueco por la Reconciliación-SweFOR

P. Marcelo Pérez Pérez

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Melel Xojobal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH

Red Ambiental del Valle de Jovel

Ángeles Mariscal, Periodista de Investigación

Descarga el documento completo entregado a los embajadores/as de la Unión Europea

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)

Pronunciamiento conjunto: Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Conmemoración de los 15 años de la Masacre en las oficinas de la Coordina Xi’nich, Palenque Chiapas. Foto: CDH Frayba

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2021

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

  • Estado mexicano responsable por acción y omisión de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado
  • La fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia seguirá caminando en la búsqueda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.

El día de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, quienes conformamos el Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI-XI’NICH’, Tsoblej yu’un Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, México, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch’ol y Zoque, así también organizaciones que acompañamos de manera presencial y desde el corazón exigiendo Verdad y Justicia.

Hoy se cumplen 15 años de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, continúan desaparecidos los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López que tenían el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: ¿dónde están? ¿a dónde se los llevaron? ¿qué les han hecho?, además 36 personas de la comunidad aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno, sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.

Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompañados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federación responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su  momento el terror invadió nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organización.

La responsabilidad de funcionarios públicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de México, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herrán Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20.

En este acto conmemorativo hacemos presente a:

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Frayba: Acción Urgente: Desplazamiento forzado de más de 3000 personas en Aldama, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
a 4 de noviembre de 2021.
Acción Urgente No. 10

 Desplazamiento forzado de más de 3000 personas

  • 47 ataques armados hacia 10 comunidades del municipio de Aldama.
  • Imparable las agresiones de parte del grupo armado que actúa desde Santa Martha, municipio de Chenalhó.
  • Consistente la ausencia y complicidad del gobierno mexicano para atender la situación de violencia armada

>> Firma la Acción Urgente aqui <<

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que 10 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas viven diariamente en este entorno torturante.

Según información proporcionada por los representantes de los desplazados del municipio de Aldama desde las 5.04 hrs. del 1 de noviembre de 2021 empezaron los ataques armados, al cierre de esta acción urgente hemos registrado 47 ataques con armas de alto calibre, que han generado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3000 personas, poniéndolas en un alto riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad de las comunidades de Aldama.

Las agresiones son realizadas por un grupo de personas armadas que operan desde Santa Martha, Chenalhó. Las agresiones armadas no han cesado y los habitantes se encuentran sitiados. Las 3000 personas desplazadas pertenecen a las comunidades de Chayomte, Juxton, Stzelejpotobtik, Chivit, Yeton, San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco y una parte de Xuxchen que han abandonado sus casas, huyendo a las montañas para refugiarse.

El Frayba manifiesta su preocupación por la escalada de violencia hacia las comunidades de Aldama que desde hace 5 años han sido permanente las violaciones a los derechos humanos en este territorio de Los Altos de Chiapas, todo esto bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano. Es por ello que exigimos de manera enérgica alto a la violencia, basta de simulación de los gobiernos federal y estatal para atender este horror que vive diariamente el pueblo maya tsotsil de Aldama y Santa Martha.

Les solicitamos a la solidaridad nacional e internacional envíen sus expresiones de repudio por esta grave situación de violencia en Chiapas:

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FrayBa y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro

Defensores comunitarios tseltales de Chilón exigen el cierre de los procesos penales en su contra por defender su territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso  respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF

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Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas se unen por verdad y justicia


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13

 

  • Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.

Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.

 

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Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos

Comunicado

Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas, nos encontramos para unirnos, hacer familia, abrazo y voz colectiva. Hemos compartido nuestra lucha y esperanza para logar la justicia, la libertad y la reparación integral de todos los daños que el Estado nos ha causado.

Les informamos que hemos decidido crear la organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”, hemos reflexionado y pensando en torno a la tortura y nuestros casos, por eso hemos decidido organizarnos para ser escuchadas y escuchados, atendidas y atendidos y acabar con la tortura, la corrupción, la humillación de las personas inocentes que están en las cárceles.

Nuestra demanda al Estado mexicano es que exigimos para nuestros presos, justicia con verdad, libertad con dignidad, agilidad y eficiencia en los tramites.

Asimismo, hacemos una invitación a otros familiares que tienen nuestros mismos problemas para sumarse a nuestra lucha contra la tortura.

A la sociedad en general le invitamos a conocer la situación de quienes hemos sufrido las injusticias de la tortura y el encarcelamiento injusto. Que no nos estigmaticen más.

Exigimos también investigación y castigo a todos los responsables de la tortura.

Atentamente,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
San Cristóbal de Las Casas,
La Concordia,
Pichucalco,
Jiquipilas,
Palenque,
Playas de Catazajá,
Teopisca,
Villaflores,
Chillón,
Cintalapa,
Venustiano Carranza.

San Cristóbal de Las Casa Chiapas, México
A 8 de octubre de 2021

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Frente a las secuelas por tortura Carlos Antonio López Robles denuncia la falta de atención médica adecuada en prisión

  • En el marco del Encuentro compartir la esperanza de familiares y sobrevivientes de actos de tortura.

Sr. Presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos

Por medio de esta humilde carta me dirijo a usted para hacer de su conosimiento y suplicar su valiosa intervención en las diversas irregularidades que existen en mi persona por mi detención el día 29 de octubre del año 2019 por el delito de intento de homicidio simple. En donde fueron violadas todas mis derechos constitucionales y humanos ya que penetraron a mi casa con violencia y armados esposandonos a mi Sra. esposa y a mi para luego vendarnos los ojos y el cuerpo completamente ya en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto ubicado en la Cuidad capital del estado de Chiapas Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Donde fuimos torturados con mi esposa de nombre Julia Hernández Hernández quien fue detenida y torturada con golpes y afixia con una franela en el rostro y agua probocando muchos daños graves en nuestro cuerpo de los cuales tenemos secuelas graves que dañan nuestra vida diaria en ambos. Cave mencionar que por los golpes y patadas que resivi en mi estomago estallaron mis intestinos por lo que tuve una operación para poder reparar el daño con una erida de 20 centímetros en mi abdomen de la cual nadie se iso responsable de los gastos y de nuestra hospitalisación de ambos ni de los gastos médicos, y medicamentos los cuales aun tenemos que estar tomando para el tratamiento de los dolores que aun sufrimos por los severos daños físicos, y mentales que nos mantienen con traumas sicológicos por la impotencia de esta situación jurídica. Que hasta este momento me tiene privado de mi libertad en el centro penitenciario no. 14 El Amate sin tener avance en mi enjuiciamiento por el delito de intento de homicidio simple con la causa penal no. 443/2019.

Cave mencionar que el juez de control jiró un oficio solicitando a la Fiscalía de la tortura en el estado de chiapas mismo que hasta este momento no he recibido ninguna entrevista por parte de esta Fiscalía y el área médica de este Centro se niega a darme las atenciones necesarias ni los seguimientos y valoraciones, los estudios y análisis clínicos y médicos que con mucho sacrificio emos pagado con nuestros propios recursos, ya que somo una familia de muy bajo recursos y me dirijo a usted para suplicarle y abogar su venebolencia y preste atención a mi queja, con esta carta y me pueda usted faboreser asiendo una efectiva recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Social, con la finalidad que se me sea asignado un defensor de mi oficio que me pueda defender de todas estas injusticias que estoy sufriendo y mi privación de mi libertad. Ya que por la pobreza de mi familia no contamos con los recursos necesarios para poder contratar un abogado particular que pueda llevar mi defensa confiable y conforme a derecho.

Al mismo tiempo le suplico un recomendación a la Fiscalía Contra la tortura para que se lleve acavo una investigación a fondo por la injusticia cometida en mi contra, con delitos inventados y consginaciones echos de manera corrupta e ilegal para privarme de mi livertad. Por lo que le suplico su valiosa intervención a fin de que sean jiradas las instrucciones que sean necesarias a las arreas que les corresponda a fin que se canalisen los estudios de mi exp. no. 443/2019 con la finalidad de obtener mi libertad de esta situación lo más pronto posible ya que soy inosente de este delito que se me imputa por parte de la Fiscalía de Alto Impacto. Y también le suplico gire una recomendación a la comición antitortura internacional de estambul, para el análisis de mi situación de tortura, toda ves que también mi esposa Sra. Julia Hernández Hernández quien aunque esta puesta en livertad tambien fue torturada, sin compasión como si fuera un delincuente muy peligroso por parte de la Fiscalía de Alto Impacto.

Sin nada más que desir por el momento me despido de usted. Quedando muy agradesido y en la espera de una respuesta pronta y faborable.

Respetuosamente.

Interno: Carlos Antonio López Robles
carlos Antonio lopez Robles

c.c.p. Lic. Andres Manuel López Obrador, Presidente de la república mexicana
c.c.p. A los medios de comunicación
c.c.p. la prueba de estambul
c.c.p. Fiscalía General de la tortura del Edo de Chiapas
c.c.p. Lic. Rutilio Escandón Cadenas Gobernador del estado de Chiapas
c.c.p. Al archivo del minutario

Cintalapa de Figueroa Chiapas
Centro de Reinserción Social No. 14 El Amate

Encuentras la denuncia escrita de Carlos Antonio aquí

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Nuevos desplazamientos por violencia en Pantelhó

• La omisión del Estado mexicano favorece el miedo y terror contra las comunidades en la zona

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información sobre el desplazamiento de al menos 90 personas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal del municipio de Pantelhó; en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Pantelhó.

Según información recibida por autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo a que se desate la violencia el próximo 1 de octubre: “Hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos, por eso la gente ahora tiene miedo, muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de Las Casas y a otros municipios”.

La violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por el señor Raquel Trujillo, Presidente Municipal electo en el municipio de Pantelhó, de tomar posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones ha impactado y generado temor a la población provocando nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan.

La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social.

El Frayba se une al llamado de Paz y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenalhó y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, frente a la espiral de violencia que hay en la región. Por último exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
28 de septiembre de 2021
Boletín No. 12

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La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades de Aldama y Santa Marta

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

22 de septiembre del 2021

Boletín No. 11

 

  • La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades mayas tsotsiles de Aldama y Santa Marta.
  • La implementación de las Medidas Cautelares 284-18 dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de familias Tsotsiles de las comunidades de Aldama, no impidió la muerte de Domingo Santíz Jiménez.
  • El Frayba solicita a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), adopte Medidas Provisionales frente a la extrema gravedad, urgencia y perjuicio irreparable que viven las comunidades.

 

El 28 de marzo de 2018 las familias tsotsiles de las comunidades de Aldama presentaron ante la CIDH solicitud de Medidas Cautelares (MC), frente al riesgo a la vida e integridad física y psicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban – y continúan – recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasiona desplazamiento de personas.

Tres años después de la solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por parte del Frayba y del Estado mexicano, el día 23 de abril de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la resolución 35/2021 decidió otorgar medidas, registradas con en numero MC-284-18.

A partir de la adopción de las MC, hoy en día suman un total de 121 agresiones por disparos de arma de fuego que han ocasionado la pérdida de la vida de 7 personas[1] y por lo menos han resultado heridas otras 22[2] como resultado del ataque con armas de fuego del grupo armado ilegal que actúa desde Chenalhó, Chiapas.

La más reciente violencia y terror sufrida por los pobladores de las comunidades de Aldama fue perpetrada el 15 de septiembre de 2021; narran los 115 comuneros del lugar que Domingo Sántiz Jiménez, acompañado de otras personas, venían de regreso del municipio de San Andrés Larráinzar, lugar en el que habían realizado compras de mercancías para surtir su tienda abordo de un vehículo de redilas marca Nissan, para posteriormente dirigirse a la comunidad de Xuxch’en municipio de Aldama. Mientras iban pasando el camino, a la altura de la Escuela de Tabak los empezaron a agredir con disparos de armas de fuego en ráfagas, desde los puntos Volcán, Telemax y Tok’oy del sector Santa Martha. Al llegar a la altura del puente Tabak, el vehículo fue alcanzado del lado del copiloto por las múltiples disparos de armas de fuego, aunado a esto por el mal tiempo y los trabajos que se está realizando para la construcción de los 2 km de pavimentación y la destrucción y construcción de un nuevo puente de tabak, por el lodazal que existe, al momento de cruzar el río del puente Tabak, el vehículo quedó atascado en medio del río, los tripulantes descienden del vehículo para resguardarse de los disparos de armas de fuego dirigidos hacia ellos. Al mismo tiempo que el nivel del agua del río subía y por su fuerza arrastro al vehículo unos metros logrando algunos de sus tripulantes salvar su vida con ayuda de habitantes del lugar. Domingo Santíz Jiménez no corrió con la misma suerte, ya que por querer rescatar a sus compañeros fue alcanzado por una bala, cayó y fue arrastrado por el río. Su cuerpo fue localizado el 16 de septiembre del 2021.

Las agresiones armadas han ocasionado desplazamientos forzados de por lo menos 4399, quienes se refugian en las montañas para proteger su vida y que permanecen en un constante estado de angustia y alerta por las agresiones que les hace desplazarse de manera intermitente, sin que se les haya reparado los daños y perjuicios individuales, y comunitarios. Todos estos hechos han sido informados oportunamente a la CIDH.

Por estos hechos y frente a la extrema Gravedad, Urgencia y Perjuicio irreparable que viven los beneficiarios de las comunidades de Aldama, el Frayba ha solicitado a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopte Medidas Provisionales a favor de las 12 comunidades beneficiarias de Aldama dentro de la Medida Cautelar 284-18, a fin de garantizar su vida, su seguridad e integridad física.

La Corte IDH en el caso Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II ha establecido: Que en asuntos como el presente la extrema gravedad de la amenaza se debe evaluar en función del contexto específico, siendo evidente que si derechos fundamentales como la vida y la integridad física se encuentran sujetos a dicho tipo de amenaza se está, en principio, ante un contexto que amerita considerar medidas provisionales.[3]

Así también en el caso de Juan Almonte Herrera refiere que: La información presentada por la Comisión demuestra, prima facie, que las personas indicadas en su solicitud de medidas provisionales y en la Resolución del Presidente de 24 de marzo de 2010 se encontrarían en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.[4]

Desde este Centro de Derechos Humanos no nos cansaremos de denunciar a los gobiernos del estado de Chiapas y Federal que no cumplen con respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos y la consideración más elemental que los pueblos de Aldama y Santa Martha vivan en paz.

 

[1] Manuel Gómez Pérez, Alonso Gómez Hernández, Isidro Gómez Hernández y/o José Antonio Gómez Hernández (11 años de edad), Martín Ruiz Sántiz, Filiberto Pérez Pérez, Pedro Lunes Pérez y Domingo Sántiz Jiménez.

[2] Carlos Sántiz Ruiz, José Hernández Sántiz, Juan de Jesús Sántiz Pérez, Emiliano Sántiz Hernández, Alonso “N” Jiménez Gómez, Ignacio Pérez Jiménez, Pascual Pérez  Pérez, Apolonia Santiz López, Marcos Gómez López, Rosa Hernández Ruiz,  Santos Armando Ruiz Hernández (3 años de edad en el momento de los hechos), José Guadalupe Sántiz Jimenez, Juan Lunes Sántiz,  María Luciana Lunes Sántiz (13 años en el momento de los hechos),  Mario Pérez Gutiérrez, Juan Pérez Gutiérrez. Andrés Ruiz Sántiz, Raymundo Pérez Sántiz, Armando Pérez Sántiz, Artemio Pérez Pérez, María Isabel Hernández (Religiosa de la iglesia católica, cuando iba a entregar ayuda humanitaria), y  Andrés Jiménez Pérez de las comunidades de Aldama, Chiapas.

[3] Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008.

[4] Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 25 de mayo de 2010.

 

 

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