Frayba
(Español) Entrelazando La Esperanza. Posicionamiento del Frayba a 35 años de su fundación
[:esEntrelazando La Esperanza
Posicionamiento del Frayba a 35 años de su fundación
Aniversario
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 19 de marzo de 2024
Vivimos en Chiapas un gran pesar y preocupación, por la multiplicación de atentados contra la vida, por el atropello de los más elementales derechos humanos y por la represión de los procesos populares. […] nos empeñamos a ser fieles en nuestra vocación […] aportando valores para la humanización de la tierra y sirviendo preferentemente a los más pobres. No podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo entre nosotros.
jTatik Samuel Ruiz García.
Carta Pastoral En Esta Hora de Gracia, 1993
Hoy conmemoramos el 35 aniversario de nuestro caminar desde y con los pueblos, organizaciones y colectividades organizadas por la construcción de un mundo más digno donde los derechos humanos sean una realidad y no discursos huecos utilizados por quienes detentan el poder político, económico e ideológico.
En este andar, que es un parpadeo en la historia de la resistencia de los pueblos, aprendemos permanentemente de sus formas de organización, de su mirada de lucha, nos acercamos a sus sueños, que muchos de ellos son también nuestros, aprehendemos la esperanza, a construirla a pesar de una mala jornada y referenciarla en los logros de los hombres y mujeres de los pueblos que han tejido la defensa y vivencia de sus derechos.
Por esto y mucho más, desde el Frayba consideramos que es un privilegio y una responsabilidad el camino andado. Por lo que reiteramos que seguiremos buscando y construyendo con los procesos organizativos que acompañamos en la construcción de justicia y verdad, desde y con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de muerte que busca destruir las dignas causas de los pueblos.
El Estado mexicano, está en una etapa de fortalecimiento acorde a los intereses del Capital y en contra de la Vida. México, se ha convertido en un territorio de graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía y de población migrante que es expulsada por el terror de la violencia y la miseria en sus países de origen. En este contexto de violencia generalizada y crisis institucional, incumple su responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.
En este periodo electoral todo se agudiza y la impunidad se fortalece. El actual gobierno se sostiene empecinado en mantener su imagen de una autoproclamada Cuarta Transformación, que al igual que los gobiernos anteriores solo consolidan los pactos de impunidad y profundiza la crisis de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Los escenarios para los pueblos, para la clases marginadas y explotadas, no se vislumbran cambios estructurales. Las perversiones de los gobiernos anteriores se colocan como agenda pendiente de este gobierno, detonando una espiral de violencia, en que la mayoría de la población queda en el abandono y que impacta en: desapariciones de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad en un marco de represión y fábrica de culpables instalado como una práctica cotidiana, violaciones a los derechos a la tierra-territorio, agresiones, amenazas y hostigamientos a personas defensoras.
Con base a la documentación de graves violaciones y con el sustento de fuentes directas, sostenemos que en Chiapas existe un dolor e indignación profunda por los mecanismos de la violencia que se dan cotidianamente en el territorio de Chiapas: 1) En la zona Altos con una circunstancia prolongada de desplazamiento forzado, no atendido en sus causas, por la actuación de grupos sucesores del paramilitarismo[1]. 2) En la zona Centro; la desaparición de personas, secuestros y asesinatos. 3) En la zona Costa; la corrupción, la vulnerabilidad de las personas migrantes asediadas por la delincuencia organizada y la represión estatal patente en un mayor control migratorio por las Fuerzas Armadas. 4) la zona Fronteriza; con despojos del territorio, desaparición de personas, reclutamientos forzados, cobros de piso, territorios controlados y zonas silenciadas por la violencia generalizada y 5) la zona Selva; con agresiones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desplazamientos forzados y amenazas al territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como de otras organizaciones y comunidades.
En esta jornada electoral las vías están comprometidas a una elección de continuidad de Estado. Donde las reglas de la gobernanza criminal perfilan que varios de los candidatos estarán vinculados a la delincuencia organizada y en el que otros están en riesgo por no responder a intereses fácticos.
Cabe señalar que la violencia generalizada en el país no es de hoy, ni del actual régimen de gobierno, sino que viene de por lo menos el año 2006, con el exPresidente Felipe Calderón y se mantienen a la fecha. Tres sexenios han pasado, es decir 18 años en que los pactos de impunidad se sostienen y tienen sumergido a Chiapas y todo el territorio mexicano en una crisis de violencia y muerte.
La permisividad y complicidad de los poderes político, económico e ideológico propician un territorio idóneo para que operen los poderes fácticos criminales, configurando de esta manera un escenario de macro-criminalidad, lo cual desarma la narrativa que viene de las altas esferas de los gobiernos estatal y federal con la pretensión de construir una realidad manipulada y distorsionada donde no pasa nada.
En estos tiempos de desasosiego, en este Encuentro Entrelazando La Esperanza, los procesos organizativos y comunidades con las que caminamos nos interpelan, animan y convocan a no desfallecer en la lucha, a seguir construyendo desde los espacios inmediatos, a fortalecer nuestras alianzas y apuestas por la vida, con respeto total a la Madre Tierra.
Estando consientes que no será fácil, que la lucha es de larga duración y requiere la unidad de todas y todos, mujeres, hombres, jóvenes, manteniendo los principios fundamentales de la buena vida, en donde se expresen las diversidades de formas de espiritualidad, cultura e identidad, basados en la memoria colectiva, la verdad y la justicia, que es parte del devenir de las manifestaciones más humanas que los pueblos originarios nos han dejado, como parte de la construcción de la paz en un sentido de integralidad.
Desde el Frayba en sus 35 años, reconocemos la impronta profética de jTatik Samuel y su apuesta de caminar junto a las comunidades. Nosotras y nosotros refrendamos el compromiso con la lucha y defensa de los derechos de los pueblos, agradecemos la confianza y el amor que nos ha abrazado durante estos años, les decimos que estamos aquí enraizados junto a ustedes con su digna lucha que nos alienta e infunde esperanza en el caminar hacia la libertad, para derrumbar los sistemas de opresión.
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[1] Estrategia contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano derivado de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
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(Español) Llamamos al Poder Judicial de Chiapas a garantizar el cese a la criminalización judicial en contra de personas defensoras de pueblos originarios
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
5 de marzo de 2024.
Boletín No. 07
Llamamos al Poder Judicial de Chiapas a garantizar el cese a la criminalización judicial en contra de personas defensoras de pueblos originarios
- Cinco compañeros defensores tseltales de San Juan Cancuc a punto de reponer su audiencia de juicio.
- Permanece la criminalización hacia los pueblos zapatistas. Libertad para José Díaz.
El día de hoy, 5 de marzo, distintas voces nos manifestamos afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras, en contra de quienes sistemáticamente se han fabricado delitos. Exigimos la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco compañeros defensores del territorio de San Juan Cancuc.
José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el pasado 25 de noviembre de 2022.
Su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El Juzgado de Control que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional. Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación.Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente.
Frente a esta dilación, el Frayba ha solicitado en tres ocasiones, el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.
También denunciamos la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.
Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales; Guardia Nacional; y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc. Posteriormente entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas. Esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes.
Como atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba, durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, fueron inmediatamente detenidos por la segunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5.
El día 01 de junio del mismo año, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al Juzgado de Control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.
A lo largo del Juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del Juzgado.
Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años. El día de hoy se llevará a cabo la reposición del juicio oral en el Juzgado de Control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal de Las Casas a las 15:00 horas. Por lo que exigimos se garantice el cese a este uso indebido de la maquinaria penal en contra de los cinco defensores del territorio, a través de una sentencia que reconozca las violaciones cometidas.
Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado a garantizar el cese a los procesos de criminalización en contra de personas defensoras indígenas en Chiapas. Para ello es importante que sus jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos.
A todas las personas, colectivos y organizaciones las convocamos a sumarse a las exigencias de libertad inmediata para José Díaz y los defensores de San Juan Cancuc.
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