Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

3 de septiembre de 2025

Boletín No. 07

ONU ordena al gobierno de México la liberación inmediata de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc

• El caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. 

En la Opinión 21/2025, publicada el 17 de mayo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc privados arbitrariamente de la libertad desde junio de 2022, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, acusados injustamente del homicidio de un policía municipal. 

El Grupo de Trabajo señala que el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco está convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco. Asimismo, refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

Resaltó que hubo irregularidades en la detención, ya que no se cumplieron los procedimientos legales; violaciones al derecho a la libertad y al debido proceso; juicio injusto y discriminación por su condición indígena, y por ser defensores de derechos humanos y del territorio. En este sentido, el Grupo de Trabajo pide al Estado mexicano la liberación inmediata de los cinco presos maya tseltales de San Juan Cancuc, y una reparación integral. 

Además, insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Es de responsabilidad del Estado mexicano cumplir sin dilaciones los puntos ordenados por la opinión.

El Grupo de Trabajo reconoce que el caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. Desde 2020 se han documentado al menos siete casos con acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas, reforzadas por la figura de prisión preventiva oficiosa.

Recordamos que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a partir de la documentación y el acompañamiento jurídico realizado, señaló diversas violaciones en perjuicio de los defensores comunitarios como: detención arbitraria, desaparición forzada e incomunicación, criminalización por su identidad indígena y por la defensa del territorio, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, traducción deficiente e ineficaz, falta de imparcialidad de la jueza, peritajes contradictorios y practicados por personas sin cédula profesional, así como actos de maltrato procesal. Fue por la gravedad de estas irregularidades que el Frayba decidió remitir el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Se resaltó el contexto del municipio de San Juan Cancuc, donde la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Esta práctica constituye una forma de castigo ejemplar contra quienes ejercen la defensa de derechos, expresando además un racismo estructural que afecta principalmente a personas tseltales en Chiapas.

Actualmente se encuentra pendiente de estudio un nuevo juicio de amparo por este caso. Es por ello que hacemos un enérgico llamado al Poder Judicial de la Federación, para que efectúe un estudio profundo del caso, tomando en consideración la Opinión del Grupo de Trabajo, a efecto de que se emita una sentencia que repare plenamente sus derechos, con énfasis en la recuperación de la libertad.

Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación federal, a la instauración de un diálogo para su cumplimiento, recordando que el Grupo de Trabajo fijó un plazo de seis meses para que el Estado informe si les ha puesto en libertad y reparado integralmente. Instamos a las organizaciones nacionales e internacionales, así como a la sociedad mexicana a velar por el cumplimiento de dicha opinión.

¡LIBERTAD PARA LOS 5 DE CANCUC!

¡ALTO A LA FABRICACIÓN DE CULPABLES EN CHIAPAS!

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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ejido Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas.
23 de agosto del 2025

A la lucha por la vida, por la rebeldía, por la defensa de la Madre Tierra y del territorio.

Nosotras y nosotros, integrantes del Colectivo Tsijil Ba Bij (Nuevo Camino) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas, en el marco de nuestro 6º aniversario de resistencia y rebeldía, levantamos nuestra voz para denunciar y manifestar lo siguiente:

Conmemoramos lo ocurrido el 4 de agosto del 2019, cuando nuestra comunidad fue víctima de agresiones e intimidaciones por ser pueblo originario tzeltal, por defender los derechos humanos, la autonomía y el territorio. Aquella violencia buscó sembrar miedo, pero no logró arrancar nuestra dignidad. Hoy reafirmamos: no al olvido, sí a la resistencia. Aquí seguimos y aquí seguiremos.

Manifestamos nuestro rechazo total al megaproyecto de la autopista San Cristóbal – Palenque, impuesto sin consulta libre, previa e informada. Esta obra ha generado división en las comunidades y amenaza nuestra forma de vida. Nuestra tierra es raíz, alimento y futuro, no mercancía. Decimos fuerte: no aceptamos esta obra de muerte.

Exigimos justicia por el asesinato del Padre Marcelo Pérez el año pasado, y por nuestro hermano Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas de Acteal, asesinado el 5 de julio del 2021. Recordamos su palabra y su caminar, que son semillas de lucha que florecen en nuestros corazones.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros hermanos tzeltales de San Juan Cancuc: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, presos injustamente desde el 29 de mayo del 2022. Su encarcelamiento es parte de la criminalización contra quienes defienden la vida y la autonomía.

Denunciamos la mentira del gobierno que dice que en Chiapas se vive paz. La realidad es otra: continúan las desapariciones, los secuestros, los asesinatos de luchadores sociales y la militarización de nuestros territorios. No hay paz cuando hay guerra contra los pueblos.

Sabemos que enfrentamos una tormenta que destruye la naturaleza y amenaza nuestra vida. Pero también sabemos que organizadas y organizados podemos defender lo que nos pertenece. Por eso hacemos un llamado a todas y todos los pueblos, colectivos y organizaciones solidarias a unirnos en defensa de lo que da vida:

•  Defender nuestros derechos.
• Defender nuestra tierra.
• Defender la vida de nuestras hijas e hijos.

Nuestra lucha es no violenta, pero firme y decidida. Queremos un futuro digno para las generaciones presentes y futuras.

ATENTAMENTE

Colectivo Tsijil Ba Bij (Nuevo Camino)
Congreso Nacional Indígena – Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas

LA PAZ SIN JUSTICIA ES UN SUEÑO (P. PABLO VI)

Guiados e iluminados por Nuestro Plan de pastoral diocesano, realizamos hoy 16 de Agosto de 2025 esta peregrinación por la paz, como Zona Pastoral Ch’ol de nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

En el numeral 172 del Plan de pastoral Diocesano dice: Desarrollar una pastoral social encarnada, integral, solidaria y liberadora, desde la práctica de Jesús, que responda a las necesidades socioeconómicas, políticas y culturales del pueblo, cuidando que los proyectos que asumimos como Iglesia en el campo social no caigan en asistencialismo y dependencia, sino creando, animando e impulsando alternativas desde la sabiduría milenaria de los pueblos. Impulsar una pastoral coordinada, capaz de denunciar, cuando sea necesario, con una postura firme el sistema de muerte.

Por tanto, como Pueblo Creyente nos unimos al clamor de nuestras comunidades para denunciar las injusticias que viven nuestros pueblos, sobre todo la inseguridad y la violencia que atenta contra la vida.

Denunciamos y condenamos los actos de intimidación y el allanamiento realizado a la vivienda de la hermana Dora Lilia Roblero García, Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 22 de Julio de 2025; nos causa profunda preocupación este hecho, debido al actual contexto de violencia que vive nuestro Estado de Chiapas.

Dicho allanamiento es un claro acto violatorio de sus Derechos Humanos. Exigimos se investigue esta agresión que destruye la paz que todos anhelamos y se castigue a los responsables.

Denunciamos y rechazamos las agresiones sistemáticas en contra de nuestra Madre Tierra y Territorio: servicio de recolección de basura deficiente o casi nulo vertederos de basura que contamina el ambiente, falta de protección y cuidado de los ríos, ojos de agua y manantiales. El uso indiscriminado de los químicos en el campo.

Denunciamos la venta clandestina de alcohol cada vez más en aumento, sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto. Vemos con preocupación la aparición de nuevos expendios de cerveza como algo normal. En contraste con servicios urgentes y necesarios para la población.

Nuestra peregrinación por la paz la realizamos porque somos conscientes de que no podemos tener paz en nuestro estado ni vivir la paz que Cristo nos da, mientras exista violación a los derechos humanos, violencia, delincuencia, inseguridad, hermanos y hermanas vulnerados en sus derechos fundamentales, en sus derechos a la tierra, a un trabajo justamente remunerado, a la atención sanitaria adecuada, a una alimentación sana, a un trato igualitario y digno en los sistemas de justicia. A todo ello podemos decir que mientras existan víctimas de los dioses del poder y del dinero solamente podemos hablar de una paz como el mundo la ofrece y no como la paz que Cristo nos da. Por eso repetimos nuevamente la paz sin justicia es un sueño.

Seguiremos caminando en Sinodalidad, manteniendo la luz de la fe, la esperanza y el amor que nos impulsa para seguir peregrinando en la búsqueda de la paz.

Invitamos a las autoridades civiles de nuestros municipios a recibir este comunicado que hoy presentamos como una expresión de los anhelos y aspiraciones de las comunidades de los seis municipios que conforma la Zona pastoral Ch’ol. Y al mismo tiempo les rogamos en nombre de este sufrido pueblo a colaborar en la construcción de la paz con justicia y dignidad.

Peregrinación de las seis Zonas Pastorales Ch’ol de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de agosto de 2025

Boletín No. 06

Padre Marcelo, ley sin Justicia, Verdad mutilada

•    La verdadera justicia implica una investigación exhaustiva, sanción a los responsables y garantías de no repetición. 
•    Se le negó el reconocimiento de persona defensora de derechos humanos y constructor de paz. 

El 6 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, fue sentenciado a 20 años de prisión el “autor material” de la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez (en adelante Padre Marcelo), cubriéndose de impunidad y manteniendo la injusticia desde una estrategia institucional que clausura la verdad, sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas. La ejecución se dio en contra de un defensor de derechos humanos, y el Estado, lejos de protegerlo, lo criminalizó, lo persiguió y omitió la Medida Cautelar MC-506-14 ordenada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Se obstaculizó la justicia, se silenció la exigencia de verdad y justicia. Las acusaciones contra el Padre Marcelo para atacar, intimidar y silenciar su trabajo como defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, forman parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras en Chiapas. A pesar de contar con medidas cautelares el Estado mexicano no garantizó su seguridad. Una vez más el caso de una persona defensora se trata como un simple homicidio, negando el trabajo por la paz y reconciliación entre los pueblos al que dedicó su vida el Padre Marcelo.

La violencia generalizada en Chiapas no deja avanzar la paz. En las últimas semanas se ha reactivado la violencia en la Región Frontera y Sierra, así como en los Altos de Chiapas. En medio de los discursos de paz, grupos armados que operan en las diversas regiones de Chiapas, que no fueron identificados, investigados, judicializados ni desarticulados continúan amenazando a los pueblos y comunidades.

En medio de una violencia generalizada en el estado de Chiapas, donde no se reconoce el trabajo de las personas defensoras, por el contrario, se les asesina, difama, criminaliza y agrede, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para visibilizar a quienes caminamos junto a los pueblos, exigiendo al Estado mexicano cumpla su responsabilidad de proteger y garantizar la vida, seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos.

Exigimos al Estado mexicano que se investigue sin atajos ni pactos de impunidad. Porque cuando se ejecuta a quien lucha por la vida, no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar. Que haya una investigación exhaustiva, identificando a los responsables, sancionando adecuadamente y garantizando que estos hechos no se repitan, que la acción sea un impulso con voluntad institucional para saber la verdad y lograr justicia.
 

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Los 5 de San Juan Cancuc —Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco—, son defensores del territorio; maya tseltales, fueron detenidos arbitrariamente en mayo de 2022.

La Opinión No. 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, advierte que tres de los cinco defensores fueron víctimas de desaparición forzada durante 24 horas; todos fueron sometidos a prisión preventiva oficiosa por un año, y privados de un proceso judicial justo, sin acceso a una defensa adecuada ni a un intérprete en su lengua materna.

Escucha el episodio de NotiFrayba sobre el caso:

Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de julio de 2025
Boletín No. 05

• En riesgo a la vida e integridad de personas defensoras en el estado “más seguro de México”.
• En menos de 10 meses 2 hallanamientos contra integrantes del Frayba.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de nuestra Directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Este hecho no es aislado. Tal como lo documentamos en nuestro informe más reciente “Chiapas, en la espiral de la violencia armada criminal y criminal”, la situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.

Cabe señalar que Dora Roblero fue recientemente ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio, en el mismo contexto en el que se perpetra este acto violento como una medida represiva en torno a la continuidad política de este Centro.

El allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 hrs., cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer este hecho se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, acto seguido arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 hrs.

A su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera.

Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 hrs., un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911.

La desprotección continuó. A las 22:02 PM, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 hrs., llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 hrs.

Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo.

Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas.

En el Frayba hemos documentado este hecho como parte de una serie de agresiones que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios.

La omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional es parte de una política sistemática de desprotección que expone constantemente a quienes defienden la vida y el territorio, en contradicción con el discurso oficial del gobierno estatal, que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.  

Exigimos al Estado mexicano: Que garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad. Convocamos a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas.

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PRONUNCIAMIENTO

Preocupación ante el inicio de las obras vinculadas a la construcción de la mega carretera San Cristóbal-Palenque

Las organizaciones de la sociedad civil que pertenecemos a Slamalil kinal[1] manifestamos nuestra preocupación en relación al medio ambiente, los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos originarios ante el desarrollo del proyecto de construcción de la mega carretera San Cristóbal-Palenque. Consideramos que representa una grave amenaza para la biodiversidad de la región, los ecosistemas locales y las comunidades indígenas que han habitado y protegido estos territorios durante generaciones.

La carretera, planteada bajo una visión de “desarrollo” capitalista y extractivista, ignora los principios fundamentales del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmados por México. En lugar de fortalecer el bienestar de estas comunidades, este proyecto no toma en cuenta sus necesidades, violando su autonomía y dañando su patrimonio cultural y los bienes comunes, la casa común, la madre tierra. El desarrollo no debería de limitarse al crecimiento económico o a la construcción de infraestructuras.

Asimismo, nos preocupa la realización de consultas como las que fueron coordinadas por el gobierno del estado de Chiapas, ya que no cumplen con los estándares nacionales[2] e internacionales de consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinentes en zonas mayoritariamente indígenas.[3] Realizar una consulta popular excluye la participación efectiva de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas, quienes cuentan además con su propia idea del desarrollo o bienestar.

Comunidades y organizaciones indígenas y de derechos humanos han expresado su rechazo al proyecto de forma pública y presentado amparos tanto ante el proceso de consulta como al proyecto mismo[4]. Esta misma situación se presentó en el caso del Tren Maya bajo la coordinación del gobierno federal, proceso ante el que seis relatores de la Organización de Naciones Unidas señalaron violaciones a derechos humanos en el marco de la “consulta” y desarrollo del proyecto[5]. Cinco años después, el gobierno ha aceptado los daños ecológicos causado por el Tren Maya[6].

El obispo Rodrigo Aguilar Martínez, de la Diocesis de San Cristóbal de Las Casas, en su carta pastoral “Caminemos juntos a la luz del Señor” (2020), subrayó los posibles perjuicios ambientales y sociales que traen consigo los megaproyectos en Chiapas, como la autopista San Cristóbal-Palenque, el Tren Maya, la minería, las presas hidroeléctricas y otras explotaciones que alteran ecosistemas, dañan territorios y afectan a pueblos originarios y urbanos. Cuestionó el llamado “desarrollo” que beneficia a unos pocos mientras despoja a las comunidades de sus bienes comunes, y llamó a garantizar un enfoque humano y ecológico cuando se planteen.

Por su parte, el Capitán Marcos, en su comunicado “Adagios” señala que “en su etapa actual, el sistema realiza una nueva guerra de conquista, y su objetivo es destruir/reconstruir, despoblar/repoblar. Destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento de una zona es el destino de esa guerra (…) Los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son solo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados. La disputa entre cárteles rivales no es solo por el tráfico de personas y drogas, es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso en lo que se mal llama ‘Tren Maya’ y ‘Corredor Transístmico’. A los árboles y animales no se les pueden cobrar cuotas, en cambio, sí a las comunidades y a las empresas que se asienten en esa otra inútil frontera en el sureste mexicano”.

Alertamos sobre las profundas afectaciones sociales y ambientales que este proyecto – oficialmente inaugurado el pasado 8 de junio[7]- ocasionará. La deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad serán algunas de las consecuencias irreversibles para la región. Además, tememos que las comunidades indígenas enfrentarán el despojo de sus territorios, la pérdida de sus modos de vida tradicionales y un aumento de la conflictividad y vulnerabilidad social, tal como ya se ha observado con otros proyectos de desarrollo.

Por todo lo anterior, exigimos:

• La suspensión inmediata del proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque.
• La realización de consultas legítimas, previas, libres e informadas, conformes a los estándares nacionales e internacionales.
• La protección de los territorios, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región.
• Un verdadero modelo de desarrollo que respete y beneficie a los pueblos originarios, en lugar de violentar sus derechos.

Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los pueblos de México a solidarizarse en esta lucha por la justicia, la dignidad y el respeto hacia nuestras comunidades indígenas y nuestro medio ambiente.

______________

_{[1] Un espacio de análisis, reflexión y acción integrado por 10 organizaciones civiles y la vicaría de Justicia y Paz que mantiene un análisis permanente sobre el contexto local y nacional, con acciones puntuales como pueden ser capacitación sobre riesgo, seguridad y protección, así como afrontamientos psicosociales; y en construcción de paz con jóvenes; pronunciamientos ante hechos de gravedad, o Encuentros de alrededor de 30 organizaciones sociales y civiles.}

_{[2https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/04/asun_4175104_20210422_1619099079.pdf}

_{[3] Comunidades de Chiapas aprueban construcción de autopista San Cristóbal-Palenque (La Jornada, 23 de marzo de 2025)}

_{[4] Rechazan en Chilón construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque (La Jornada, 3 de marzo de 2025).}

_{[5]  Alerta ONU sobre afectaciones a comunidades indígenas por Tren Maya (anews, 23 de noviembre 2020).}

_{[6] El Gobierno reconoce, cinco años después, los daños ecológicos por la construcción del Tren Maya (El País, 2 de abril de 2025)}

_{[7] Inicia construcción de polémica supercarretera Palenque-San Cristóbal, que conecta con el Tren Maya (Chiapas Paralelo, 8 de junio de 2025).}

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Comunidad de Acteal, Chenalhó, Chiapas

5 de julio de 2025

Boletín No. 04

4 años del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Por la justicia, memoria, la vida; y contra la impunidad

• Las condiciones de violencia que denunció Simón Pedro, se han enraizado en los territorios, y están cubiertas de impunidad.

Hoy, en Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza, nos congregamos para conmemorar cuatro años de la ejecución de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, defensor comunitario de derechos humanos, miembro activo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y sembrador incansable de la paz en su comunidad.

También es un día importante para valorar y reconocer la lucha que han dado su madre, padre, hermana y hermano, esposa, hijas e hijos de Simón Pedro; para denunciar lo que el Estado silencia, sosteniendo la voz frente a la violencia contra quienes defienden los derechos humanos.

Cuando una persona defensora es asesinada, como Simón Pedro, también se golpea a las mujeres que sostienen las familias y los procesos organizativos, a las hijas e hijos que crecen con la ausencia del papá o mamá asesinada. Los impactos de esta violencia también son colectivos, contra la comunidad y la propia organización de Las Abejas de Acteal.

Simón Pedro fue guía y vocero de un caminar colectivo, profundamente enraizado en la espiritualidad cristiana liberadora y en la cosmovisión de los pueblos tsotsiles. Su compromiso con la vida digna, su lucha no violenta y su palabra firme contra la violencia estructural y criminal en los Altos de Chiapas, marcaron un ejemplo vivo de lo que significa ser defensor del territorio y de los derechos humanos desde abajo, desde el corazón del pueblo.

Reafirmamos que su asesinato fue un crimen contra toda la humanidad. Aunque el autor material ha sido sentenciado, la justicia sigue incompleta; la Fiscalía General del Estado de Chiapas no agotó todas las líneas de investigación, ni esclareció la responsabilidad de autores intelectuales. Esta omisión no solo representa una falta de diligencia institucional, sino que se convierte en una forma de tolerancia a la violencia contra quienes defienden la vida.

Negar la calidad de defensor comunitario a Simón Pedro es invisibilizar la lucha de miles y es también una forma de complicidad. La vida, como bien sagrado e irreparable, no puede ser resarcida con medidas parciales. El Estado mexicano sigue en deuda: con Simón Pedro, con su familia, con Las Abejas de Acteal y con todos los pueblos que luchan por el Lekil Chapanel —La Otra Justicia, la verdadera.

La impunidad que cubre el Caso de nuestro compañero Simón, es la misma que cobija la violencia que azota la región de los Altos, en medio de una diversificación de grupos armados y criminales; esta misma impunidad se enraizó en el territorio, agudizando las condiciones que denunció y por lo que le costó la vida.

Recordamos al Estado mexicano su obligación indeclinable de garantizar los derechos humanos, proteger la integridad y la vida de las personas defensoras, especialmente la de los pueblos originarios a quienes históricamente, no sólo se les excluye, margina o ignora, también se les criminaliza y asesina.

Desde este Centro de Derechos Humanos, decimos que hoy, más que nunca, seguiremos nombrando a Simón Pedro, sembrando su memoria, caminando su palabra, luchando por la paz y la justicia verdadera; y porque todas podamos defender los derechos humanos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 
4 de julio de 2025

Boletín No. 03
 

En el Frayba ratificamos a Dora Roblero en la dirección del Centro

• En este momento de importantes desafíos y en asamblea del Consejo Directivo nombramos a Dora Lilia Roblero García como Directora por un segundo periodo.
• Frayba renueva dirección con apuesta a su proyecto histórico de caminar junto a los pueblos.

En sesión de Asamblea, el Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presidida por Fray Raúl Vera López, OP, se nombró a Dora Lilia Roblero García como Directora para un segundo periodo de tres años, mayo de 2025 a mayo de 2028, resultado de un proceso de análisis, consulta interna y discernimiento colectivo.

Dora Roblero, integrante del equipo Frayba desde hace 17 años, ha dado testimonio constante de su compromiso como defensora de derechos humanos. Su acompañamiento ha estado marcado por la sensibilidad, firmeza y trabajo colectivo ante los desafíos que atraviesan los pueblos y comunidades de Chiapas, en contexto de violencia estructural y criminal.

Durante su primer periodo, de mayo 2022 a mayo de 2025 en la Dirección, su compromiso facilitó procesos de revisión crítica, fortalecimiento del equipo, y articulación de los ejes del Plan Estratégico del Frayba, atendiendo al contexto actual y sus exigencias.

La Asamblea valoró su capacidad de conducción, así como su compromiso político con el proyecto histórico del Frayba. Este nombramiento reafirma la voluntad del Consejo Directivo de asegurar continuidad y profundización en la defensa de los derechos de las comunidades,  pueblos originarios, y la lucha de las mujeres.

Nuestro caminar ha sido enriquecido por quienes nos han permitido acompañarlos, en lo local, nacional e internacional. Tenemos la esperanza de seguir contando con su confianza, fortaleciendo alianzas y abriendo alternativas para la transformación social, horizontes de dignidad y justicia.

Frayba reafirma su vocación por construir un México distinto donde las luchas de los pueblos sean quienes vayan construyendo la vida digna y paz en los territorios.
 
Consejo Directivo
Fray José Raúl Vera López, OP 
Blanca Isabel Martínez Bustos
Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco, OP
José de Jesús Landín García
José Jorge Santiago Santiago
María Dolores González Saravia
Pedro Gutiérrez Jiménez

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Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González

Antonio González Méndez es un indígena maya originario de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, México. Cuando fue desaparecido en 1999 contaba con 32 años de edad. Él y su pareja Zonia López Juárez tenían 3 hijas y un hijo: Ana, Magdalena, Elma Thalía, y Gerardo.

Ante la falta de actuación del Estado mexicano para esclarecer los hechos y localizar a Antonio, su familia, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2000. El 4 de mayo de 2019, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 62/19. Debido a la falta del Estado mexicano al cumplimiento integral de las recomendaciones, el 22 de enero de 2022, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuya sentencia fue publicada el 12/12/2024. En ella, la CoIDH declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio.
 
(In)cumplimiento de la sentencia a seis meses de su publicación
Lamentamos que a seis meses después de la publicación de la sentencia, México no haya demostrado voluntad política para cumplir con las reparaciones ordenadas. La única medida que implementó a cabalidad fue la reparación económica. Si bien saludamos esta acción, notamos que tanto la investigación como la búsqueda, disposiciones más urgentes para la familia, y que más impacto tienen para la sociedad en su conjunto, no están atendidas con seriedad.
 
            Investigación de los hechos
Un punto crucial es la investigación de la desaparición forzada de Antonio. La Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de Chiapas presentó un primer plan de investigación con graves fallas, y haciendo caso omiso a las demandas de la familia.

En su plan de investigación, queda patente que la Fiscalía desconoce la propia sentencia, pone en duda hasta la presencia de Paz y Justicia en Sabanilla, y la existencia de un motivo para desaparecer a Antonio.

De igual forma, se sugiere indagar sobre el perfil de Antonio para determinar si era susceptible de haber sido blanco de un grupo paramilitar. Es otro grave retroceso; la sentencia deja claro que el motivo de la desaparición de Antonio es su pertenencia a un movimiento político-social que el Estado, a través de una política de contrainsurgencia plasmada en su “Plan de Campaña Chiapas 1994” buscaba “destruir y/o desorganizar”.

Las acciones de investigación propuestas evidencian además una ignorancia de las pruebas e indicios que sostienen la sentencia de la CoIDH, y que fueron aportados no solo por la familia y el Frayba, sino también por el mismo Estado.

El sentimiento que queda al leer el plan de investigación es que no se está tomando en serio el esclarecimiento de los hechos. Pareciera que la Fiscalía no tiene claros ni los hechos más básicos del caso. Además, el documento es de difícil lectura, y es obvio que varios apartados fueron copiados y pegados del anterior plan y/o de otros documentos.
 
            Búsqueda de Antonio González Méndez
Otro de los pilares de la reparación del daño, y el más importante para la familia de Antonio, es la búsqueda. A más de 26 años de su desaparición, y tras la emisión de la sentencia, el Estado por primera vez organizó jornadas de búsqueda en abril 2025. Al menos, así fue presentada esta acción a la familia. Pero más que una búsqueda, fueron acciones de prospección dentro de un perímetro muy importante, en una lógica de reconocimiento del terreno. Esto fue un primer golpe para la familia de Antonio. La invitación a una búsqueda creó importantes expectativas que fueron decepcionadas.

Apareció claramente la falta de coordinación interinstitucional necesaria para desarrollar acciones de esta magnitud. La familia y el Frayba nos pudimos percatar de que la mayoría de los y las funcionarias presentes no tenían conocimiento ni de la sentencia de la CoIDH, ni de los hechos de la desaparición, ni mucho menos del contexto en el cual se dio.

Es preocupante en particular que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Chiapas en todo momento ignoró a la familia y sus representantes en sus diálogos con las demás autoridades. Pese a ser una acción de reparación fundamental para la familia, en esta primera búsqueda el trato hacia ellas fue irrespetuoso, y no se tomó en cuenta su palabra, quedando clara la falta de voluntad de realizar una búsqueda real y profunda con la plena convicción de hacer todo lo posible por localizar a Antonio.
 
            Otras medidas de reparación
La familia, el Frayba como sus representantes, y el Estado, hemos llegado a varios acuerdos sobre la implementación de la sentencia de la CoIDH. Los espacios de interlocución han sido importantes, sobre todo los que permitieron aterrizar en medidas concretas las exigencias de la CoIDH hacia el Estado. Dichas medidas, además de la investigación y búsqueda, abarcan varios temas, desde la atención de salud para familiares de Antonio, hasta la difusión de la sentencia en redes sociales, y medidas de no-repetición.

Sin embargo, lamentamos la falta de solidez de los compromisos tomados por el Estado en varios ámbitos. En particular, nos preocupa que en la interlocución se llegue a revertir los acuerdos consensuados entre todas las partes.

Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González

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