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• En el marco del Encuentro compartir la esperanza de familiares y sobrevivientes de actos de tortura.

Sr. Presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos

Por medio de esta humilde carta me dirijo a usted para hacer de su conosimiento y suplicar su valiosa intervención en las diversas irregularidades que existen en mi persona por mi detención el día 29 de octubre del año 2019 por el delito de intento de homicidio simple. En donde fueron violadas todas mis derechos constitucionales y humanos ya que penetraron a mi casa con violencia y armados esposandonos a mi Sra. esposa y a mi para luego vendarnos los ojos y el cuerpo completamente ya en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto ubicado en la Cuidad capital del estado de Chiapas Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Donde fuimos torturados con mi esposa de nombre Julia Hernández Hernández quien fue detenida y torturada con golpes y afixia con una franela en el rostro y agua probocando muchos daños graves en nuestro cuerpo de los cuales tenemos secuelas graves que dañan nuestra vida diaria en ambos. Cave mencionar que por los golpes y patadas que resivi en mi estomago estallaron mis intestinos por lo que tuve una operación para poder reparar el daño con una erida de 20 centímetros en mi abdomen de la cual nadie se iso responsable de los gastos y de nuestra hospitalisación de ambos ni de los gastos médicos, y medicamentos los cuales aun tenemos que estar tomando para el tratamiento de los dolores que aun sufrimos por los severos daños físicos, y mentales que nos mantienen con traumas sicológicos por la impotencia de esta situación jurídica. Que hasta este momento me tiene privado de mi libertad en el centro penitenciario no. 14 El Amate sin tener avance en mi enjuiciamiento por el delito de intento de homicidio simple con la causa penal no. 443/2019.

Cave mencionar que el juez de control jiró un oficio solicitando a la Fiscalía de la tortura en el estado de chiapas mismo que hasta este momento no he recibido ninguna entrevista por parte de esta Fiscalía y el área médica de este Centro se niega a darme las atenciones necesarias ni los seguimientos y valoraciones, los estudios y análisis clínicos y médicos que con mucho sacrificio emos pagado con nuestros propios recursos, ya que somo una familia de muy bajo recursos y me dirijo a usted para suplicarle y abogar su venebolencia y preste atención a mi queja, con esta carta y me pueda usted faboreser asiendo una efectiva recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Social, con la finalidad que se me sea asignado un defensor de mi oficio que me pueda defender de todas estas injusticias que estoy sufriendo y mi privación de mi libertad. Ya que por la pobreza de mi familia no contamos con los recursos necesarios para poder contratar un abogado particular que pueda llevar mi defensa confiable y conforme a derecho.

Al mismo tiempo le suplico un recomendación a la Fiscalía Contra la tortura para que se lleve acavo una investigación a fondo por la injusticia cometida en mi contra, con delitos inventados y consginaciones echos de manera corrupta e ilegal para privarme de mi livertad. Por lo que le suplico su valiosa intervención a fin de que sean jiradas las instrucciones que sean necesarias a las arreas que les corresponda a fin que se canalisen los estudios de mi exp. no. 443/2019 con la finalidad de obtener mi libertad de esta situación lo más pronto posible ya que soy inosente de este delito que se me imputa por parte de la Fiscalía de Alto Impacto. Y también le suplico gire una recomendación a la comición antitortura internacional de estambul, para el análisis de mi situación de tortura, toda ves que también mi esposa Sra. Julia Hernández Hernández quien aunque esta puesta en livertad tambien fue torturada, sin compasión como si fuera un delincuente muy peligroso por parte de la Fiscalía de Alto Impacto.

Sin nada más que desir por el momento me despido de usted. Quedando muy agradesido y en la espera de una respuesta pronta y faborable.

Respetuosamente.

Interno: Carlos Antonio López Robles
carlos Antonio lopez Robles

c.c.p. Lic. Andres Manuel López Obrador, Presidente de la república mexicana
c.c.p. A los medios de comunicación
c.c.p. la prueba de estambul
c.c.p. Fiscalía General de la tortura del Edo de Chiapas
c.c.p. Lic. Rutilio Escandón Cadenas Gobernador del estado de Chiapas
c.c.p. Al archivo del minutario

Cintalapa de Figueroa Chiapas
Centro de Reinserción Social No. 14 El Amate

Encuentras la denuncia escrita de Carlos Antonio aquí[:]

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• La omisión del Estado mexicano favorece el miedo y terror contra las comunidades en la zona

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información sobre el desplazamiento de al menos 90 personas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal del municipio de Pantelhó; en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Pantelhó.

Según información recibida por autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo a que se desate la violencia el próximo 1 de octubre: “Hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos, por eso la gente ahora tiene miedo, muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de Las Casas y a otros municipios”.

La violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por el señor Raquel Trujillo, Presidente Municipal electo en el municipio de Pantelhó, de tomar posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones ha impactado y generado temor a la población provocando nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan.

La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social.

El Frayba se une al llamado de Paz y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenalhó y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, frente a la espiral de violencia que hay en la región. Por último exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
28 de septiembre de 2021
Boletín No. 12

Descarga el boletín aquí

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

22 de septiembre del 2021

Boletín No. 11

• La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades mayas tsotsiles de Aldama y Santa Marta.
• La implementación de las Medidas Cautelares 284-18 dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de familias Tsotsiles de las comunidades de Aldama, no impidió la muerte de Domingo Santíz Jiménez.
• El Frayba solicita a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), adopte Medidas Provisionales frente a la extrema gravedad, urgencia y perjuicio irreparable que viven las comunidades.

El 28 de marzo de 2018 las familias tsotsiles de las comunidades de Aldama presentaron ante la CIDH solicitud de Medidas Cautelares (MC), frente al riesgo a la vida e integridad física y psicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban – y continúan – recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasiona desplazamiento de personas.

Tres años después de la solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por parte del Frayba y del Estado mexicano, el día 23 de abril de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la resolución 35/2021 decidió otorgar medidas, registradas con en numero MC-284-18.

A partir de la adopción de las MC, hoy en día suman un total de 121 agresiones por disparos de arma de fuego que han ocasionado la pérdida de la vida de 7 personas[1] y por lo menos han resultado heridas otras 22[2] como resultado del ataque con armas de fuego del grupo armado ilegal que actúa desde Chenalhó, Chiapas.

La más reciente violencia y terror sufrida por los pobladores de las comunidades de Aldama fue perpetrada el 15 de septiembre de 2021; narran los 115 comuneros del lugar que Domingo Sántiz Jiménez, acompañado de otras personas, venían de regreso del municipio de San Andrés Larráinzar, lugar en el que habían realizado compras de mercancías para surtir su tienda abordo de un vehículo de redilas marca Nissan, para posteriormente dirigirse a la comunidad de Xuxch’en municipio de Aldama. Mientras iban pasando el camino, a la altura de la Escuela de Tabak los empezaron a agredir con disparos de armas de fuego en ráfagas, desde los puntos Volcán, Telemax y Tok’oy del sector Santa Martha. Al llegar a la altura del puente Tabak, el vehículo fue alcanzado del lado del copiloto por las múltiples disparos de armas de fuego, aunado a esto por el mal tiempo y los trabajos que se está realizando para la construcción de los 2 km de pavimentación y la destrucción y construcción de un nuevo puente de tabak, por el lodazal que existe, al momento de cruzar el río del puente Tabak, el vehículo quedó atascado en medio del río, los tripulantes descienden del vehículo para resguardarse de los disparos de armas de fuego dirigidos hacia ellos. Al mismo tiempo que el nivel del agua del río subía y por su fuerza arrastro al vehículo unos metros logrando algunos de sus tripulantes salvar su vida con ayuda de habitantes del lugar. Domingo Santíz Jiménez no corrió con la misma suerte, ya que por querer rescatar a sus compañeros fue alcanzado por una bala, cayó y fue arrastrado por el río. Su cuerpo fue localizado el 16 de septiembre del 2021.

Las agresiones armadas han ocasionado desplazamientos forzados de por lo menos 4399, quienes se refugian en las montañas para proteger su vida y que permanecen en un constante estado de angustia y alerta por las agresiones que les hace desplazarse de manera intermitente, sin que se les haya reparado los daños y perjuicios individuales, y comunitarios. Todos estos hechos han sido informados oportunamente a la CIDH.

Por estos hechos y frente a la extrema Gravedad, Urgencia y Perjuicio irreparable que viven los beneficiarios de las comunidades de Aldama, el Frayba ha solicitado a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopte Medidas Provisionales a favor de las 12 comunidades beneficiarias de Aldama dentro de la Medida Cautelar 284-18, a fin de garantizar su vida, su seguridad e integridad física.

La Corte IDH en el caso Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II ha establecido: Que en asuntos como el presente la extrema gravedad de la amenaza se debe evaluar en función del contexto específico, siendo evidente que si derechos fundamentales como la vida y la integridad física se encuentran sujetos a dicho tipo de amenaza se está, en principio, ante un contexto que amerita considerar medidas provisionales.^[3]

Así también en el caso de Juan Almonte Herrera refiere que: La información presentada por la Comisión demuestra, prima facie, que las personas indicadas en su solicitud de medidas provisionales y en la Resolución del Presidente de 24 de marzo de 2010 se encontrarían en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.^[4]

Desde este Centro de Derechos Humanos no nos cansaremos de denunciar a los gobiernos del estado de Chiapas y Federal que no cumplen con respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos y la consideración más elemental que los pueblos de Aldama y Santa Martha vivan en paz.

[1] Manuel Gómez Pérez, Alonso Gómez Hernández, Isidro Gómez Hernández y/o José Antonio Gómez Hernández (11 años de edad), Martín Ruiz Sántiz, Filiberto Pérez Pérez, Pedro Lunes Pérez y Domingo Sántiz Jiménez.

[2] Carlos Sántiz Ruiz, José Hernández Sántiz, Juan de Jesús Sántiz Pérez, Emiliano Sántiz Hernández, Alonso “N” Jiménez Gómez, Ignacio Pérez Jiménez, Pascual Pérez  Pérez, Apolonia Santiz López, Marcos Gómez López, Rosa Hernández Ruiz,  Santos Armando Ruiz Hernández (3 años de edad en el momento de los hechos), José Guadalupe Sántiz Jimenez, Juan Lunes Sántiz,  María Luciana Lunes Sántiz (13 años en el momento de los hechos),  Mario Pérez Gutiérrez, Juan Pérez Gutiérrez. Andrés Ruiz Sántiz, Raymundo Pérez Sántiz, Armando Pérez Sántiz, Artemio Pérez Pérez, María Isabel Hernández (Religiosa de la iglesia católica, cuando iba a entregar ayuda humanitaria), y  Andrés Jiménez Pérez de las comunidades de Aldama, Chiapas.

^[3] Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008.

^[4] Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 25 de mayo de 2010.

Descarga el Boletín # 11 en PDF

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[:es]San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

a 21 de septiembre de 2021

Boletín No. 10

• Las Fiscalías federal y estatal de Chiapas cómplices en la falsificación de pruebas a personas inocentes.
• Gobierno de Chiapas mantiene una acción criminal como parte de su política de gobierno.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGECH) cómplices en falsificación de pruebas a personas inocentes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) investigó y documentó la utilización ilegal de las identificaciones de Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) –joven víctima de privación arbitraria de la libertad y tortura– para privar de la libertad a dos personas, una de ellas de nacionalidad salvadoreña.

Yonny Ronay fue detenido ilegalmente y torturado por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de FGECH entre el 13 y 15 de marzo del 2019. En el momento de su detención traía consigo diferentes pertenencias entre las que se encontraba su credencial de conducir.

El día 14 de marzo de 2019 Yonny Ronay fue exhibido por medios de comunicación con fotografías obtenidas por medio de la FAI, como integrante de una banda de la delincuencia organizada, en posesión de armas de grueso calibre y como el responsable de un homicidio en Villaflores, Chiapas.

Al día siguiente, tras ser expuesto públicamente y violar su presunción de inocencia, la FAI determinó darle la libertad a Yonny Ronay alegando que de acuerdo con la investigación le habían encontrado un arma blanca del tipo de navaja multiusos. Horas antes de su libertad la Fiscalía de Distrito Fraylesca (FDF) realizó actos de investigación a Yonny por otros delitos.

Al salir de la FAI fue detenido nuevamente con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado; hasta este momento legalmente se le atribuyó una responsabilidad sobre estos hechos, es decir la FGECH había fabricado al culpable 24 horas antes.

Por otra parte, contamos con documentación de que el día del homicidio que se le imputa a Yonny Ronay, el joven se encontraba en otro municipio del estado de Chiapas. Este Centro de Derechos Humanos cuenta con documentos que acreditan tortura física y psicológica, privación arbitraria de libertad, mismos indicios que se encuentran dentro de la carpeta de investigación integrada por certificados médicos que constatan las lesiones que le causaron, además de testimonios de sus familiares que lograron verlo cuando se encontraba detenido.

El 21 de marzo de 2019 fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y el 21 de octubre del mismo año la FDF le imputó el delito de robo, vinculandolo a proceso. Durante la audiencia, Yonny Ronay denunció actos de tortura que sufrió durante su detención y señaló al fiscal del ministerio público como uno de sus perpetradores.

El día 23 de abril de 2020 fueron detenidas ilegalmente dos personas por la FAI, quienes también fueron torturados en el sótano de esta institución, y se les atribuyó un robo ejecutado con un arma de fuego el día 24 de abril del mismo año en Tuxtla Gutiérrez. En esa investigación la FAI, utilizó ilegalmente la credencial de Yonny Ronay para fabricar un testimonio y falsificó su firma para incriminar a estas personas. En la fecha de estos hechos él ya se encontraba en prisión.

Por las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, estas dos personas aceptaron reconocer responsabilidades a cambio reducirles la pena y recobrar su libertad por medio de una fianza. Esto no sucedió, por lo que fueron sentenciados a cuatro años cuatro meses de prisión, pena que siguen cumpliendo.

La FAI transfirió el 21 de junio de 2019 la investigación a la FGR por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Un Juez Federal emitió un auto de vinculación a proceso por estos hechos y ordenó investigar los actos de tortura que se manifestaron durante la audiencia.

Del 20 agosto de 2019 al 19 de febrero de 2020 la FGR realizó actos de investigación con finalidad de esclarecer los hechos; en este periodo entrevistó a Yonny Ronay el día 17 de febrero de 2020 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 08 de Villaflores, en ese momento el joven refirió que era imposible que haya sido testigo de esos hechos –del robo y la portación de arma de fuego- ya que en ese se encontraba detenido.

Además, la FGR en su investigación no localizó a las supuestas víctimas y otros testigos de los hechos referidos por la FAI, verificó también que en el lugar de los hechos existían cámaras del C5 que pudieron grabar los hechos, mismo que contrariaba el informe de la FAI, quien argumentó la inexistencia de los aparatos de grabación.

Por estas circunstancias dentro de la investigación, la FGR determinó cerrar la investigación por el delito de portación de armas de fuego: “En estas circunstancias y al no encontrarse debidamente corroborado que –——————————, participó en la comisión del hecho señalado como delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO … sino más bien que se simularon pruebas en su contra… en el hecho señalado como delito antes descrito y el de ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA AGRAVADO”.

Es decir, que la FGR concluyó que el delito de portación de arma de fuego fue fabricado por la FAI, así como el robo ejecutado con violencia, delito por el cual estas personas actualmente se encuentran sentenciadas.

Por estos hechos se configuran los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público, falsificación de documentos, los cuales se encuentran previstos en el Código Penal Federal, por lo que correspondería a la FGR investigar a los funcionarios públicos de la FAI que incurrieron en estas acciones, lo que hasta el momento no se ha realizado.

La Secretaría General de Gobernación y la Dirección de Derechos Humanos del estado de Chiapas tienen conocimiento de estos hechos, sin que hasta el momento hayan intervenido para hacer cesar este cúmulo de violaciones a derechos humanos hacia estas tres personas.

El día 06 de septiembre de 2021 Yonny fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión, por un juez del distrito judicial de Villaflores, el cual no valoró las pruebas de una investigación cargada de violaciones a los derechos humanos.

La comisión de una serie de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad e integridad personal, entre otras violaciones a los derechos humanos representan una acción criminal de parte del gobierno del estado de Chiapas hacia la población, representando una política de investigación penal que constituye la instalación de una fábrica de delitos y culpables.

Descarga nuestro Boletín en PDF.

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[:es]San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
a 08 de septiembre de 2021

Acción urgente No. 9
Grupos armados agreden a población en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

• Entre el caos y la ineficacia de autoridades municipales para atender la violencia expandida en la zona Norte de San Cristóbal, en el perímetro de la comunidad Molino los Arcos.
• Dos personas asesinadas, agresiones, casas quemadas, familias cercadas por los grupos armados.

Este Centro de Derechos Humanos ha recibido información relacionado a una serie de enfrentamientos entre grupos armados en la zona Norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (en adelante San Cristóbal), en el perímetro territorial de la comunidad conocida como Molinos los Arcos, situación en la que nos reportan dos personas asesinadas, quema de casas, familias cercadas, angustia y terror en la población, hechos perpetradas por grupos armados, donde están poniendo en un alto riesgo la vida e integridad, seguridad personal y desplazamiento forzado de pobladores de zona Norte de la Ciudad de San Cristóbal.

Estos hechos de violencia se han prolongado en un lapso de meses donde de manera cotidiana nos reportan disparos de armas de alto calibre y enfrentamiento entre grupos que se encuentran armados, bajo la permisividad de las autoridades municipales y estatales del gobierno de Chiapas.

Según documentación con la que cuenta el Frayba nos refieren que a las 23.30 hrs. Ninguna autoridad ha intervenido en la zona de conflicto, al contrario, hay amenazas de que estos grupos entren a las casas y agredan y desplacen a la población civil.

Por tal razón urgimos al gobierno mexicano la intervención inmediata para:

Primero.- Implementar de manera urgente medidas cautelares y precautorias para garantizar el derecho a la vida e integridad personal y daños de imposible reparación de los pobladores de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Segundo.- Investigar y sancionar a los grupos armados que desde hace meses mantiene en terror a la población de San Cristóbal.

(Continuar leyendo…)

[:es]A los 22 años fue Privado Arbitrariamente de su libertad a partir de la fabricación de delitos y tortura. Desde el 2017 está organizado junto a otros compañeros presos en distintos reclusorios luchando por la libertad. Obtuvo su salida absolutoria gracias a su lucha incansable, del proceso de familiares que acompañan paso a paso las exigencias de justicia y organizaciones, colectivos y personas que se han sumado para derrocar los muros del exterminio que representan las cárceles en Chiapas y en el mundo.

Adrián es ejemplo de persistencia por la vida; sobreviviente de la tortura, de la fábrica de culpables y de la gran impunidad con la que las fiscalías mexicanas han llenado los centros de reclusión de inocentes.

Pronunciamiento conjunto. Libertad absolutoria a Adrián Gómez Jiménez tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente

San Cristóbal de las casas, Chiapas, 8 de septiembre del 2021

El Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas celebramos y recibimos con mucha alegría la libertad y la vida de nuestro querido compañero y hermano Adrián Gómez Jiménez.

(Continuar leyendo…)

[:es]

Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas[:]

[:es]Ojo de Agua Tseltal, Ocosingo; Chiapas

30 de Agosto del 2021

COMUNICADO DE PRENSA

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

A LOS GOBERNANTES DE MÉXICO

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) Y AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

AL PÚBLICO EN GENERAL

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDÍGENAS DE LA SELVA DE CHIAPAS COMITÉ DE DEFENSA DE LA LIBERTADES INDIGENAS, CDLI-XI’NICH, UCISECH, TSOBLEJ YU’UN WOCOLTIC, Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDOS DE LA MASACRE DEL PUEBLO MAYA CHÓL DE LA COMUNIDAD VIEJO VELASCO, ENCLAVADO EN LA SELVA LACANDONA DE CHIAPAS-MEXICO.

REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA TSELTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS.

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

EL DIA 30 DE AGOSTO CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS.

En memoria de nuestras hermanas y hermanos que desde hace 14 años fueron desaparecidos, ejecutados, y desplazados de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

14 años de investigación simulada, ineficaz e inefectiva, de impunidad, sin que hasta el momento sepamos del paradero de nuestros compañeros Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, personas que fueron desaparecidas por la acción y omisión del Estado mediante un operativo paramilitar, por aproximadamente 40 civiles armados y 300 elementos de la Policía Sectorial, en presencia de Fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno estatal, en la Selva Lacandona. En dicho operativo resultaron 4 desaparecidos (dos de ellos ya han sido identificados sus restos y entregados a sus familiares) 4 personas ejecutadas extrajudicialmente y 36 personas desplazadas forzadamente, además de que se mantenerse vigente órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlo responsable de asesinar a sus propios compañeros.

Demandamos la aparición con vida de nuestros dos compañeros y de las 89,488 personas registradas como desaparecidas según el informe semestral de la Comisión Nacional de Búsqueda (Informe semestral CNB 2021, https://www.gob.mx/cnb/es/documentos/informe-semestral-cnb-2021?state=published) y que día a día se incrementa. En este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

También recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue asesinada al interior de su vivienda, cuando se encontraba embarazada. También a nuestra compañera Petrona Núñez González que fue secuestrada y torturada el mismo día de los hechos y que más tarde logró escapar. Sin embargo, como consecuencia de su afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

Nuestro dolor e incertidumbre por nuestros hermanos y hermanas, asesinados y ejecutados en esa masacre y por el no saber en dónde están nuestros dos compañeros desaparecidos desde entonces.

La agresión hacia los pueblos indígenas no para:

CONDENAMOS Y EXIGIMOS JUSTICIA, POR EL COBARDE ASESINATO DE SIMÓN PEDRO PEREZ LOPEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DEL SITIO CASA DE LA MEMORIA Y LA ESPERANZA, TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL.

Ningún desaparecido más

Presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y de los más 80 mil desaparecidos en México

Presentación con vida de nuestros hermanos Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán desaparecidos el 13 de noviembre del 2006.

Atentamente

FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LA MASACRE DE VIEJO VELASCO

ASAMBLEA y COORDINADORA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL XI’NICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC.

DESCARGA EL COMUNICADO DE PRENSA 

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[:es]

Tras la denuncia por el delito de tortura, el pasado 9 de agosto de 2021, el Juez de Control del Distrito Judicial en Villaflores, Chiapas, dictó auto de vinculación a proceso en contra de agentes policiales aprehensores por su probable intervención en el delito de tortura en agravio de Sergio Alberto González Castro (González Castro) originario del municipio de La Concordia. Los agentes policiales quedaron bajo la medida cautelar de firmas semanales y no acercamiento a la víctima, hasta que se cumpla el plazo de investigación complementaria de un mes.

En 2015, González Castro fue torturado para obtener su confesión por el delito de Abigeato (robo de una vaca), fue procesado y posteriormente absuelto en octubre de 2018, al acreditarse la detención ilegal, violaciones a derechos humanos y falta de elementos para acreditar el delito. Hasta el momento a González Castro no se le ha reparado los daños causados por las violaciones a derechos humanos cometidas a él y a sus familiares de acuerdo a estándares internacionales.

Lamentamos que para la procuración y administración de justicia en Chiapas, quien ha sufrido tortura para autoinculparse por un delito que no cometió esté sujeto a prisión preventiva; mientras que los probables responsables de cometer el delito de tortura estén sujetos bajo libertad condicionada.

#StopTortura
#EnElPaísDondeSeErradicóLaTortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de agosto de 2021
Nota informativa

Descarga la nota aquí

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• Exigimos justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México.
• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad
• Hacemos un llamado a poner un alto a la impunidad con acciones de abajo, pacíficas y organizadas desde la sociedad civil.

Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.

Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.

Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:

Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.

En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial1 de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.

Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.

Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.

De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.

Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.

Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:

Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.

Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.

Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:

• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.

• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.

Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.

Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.

¡No están solas, no están solos!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México
29 de julio de 2021

Descarga el Pronunciamiento conjunto aquí: Pronunciamiento Verdad y Justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos

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