• Represión y criminalización a población que defiende su territorio.
• José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano con lesiones y en privación arbitraria de su libertad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron una movilización pacífica en el punto conocido como crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Dos personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y varias resultaron heridas, el día de hoy, entre las 10:30 y las 11:00 horas, durante un violento operativo de desalojo en contra de habitantes de San Jerónimo y San Sebastian Bachajón, quienes se oponen a la militarización de su territorio.

En un video publicado por el periodista Mario Nájera se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en la detención ilegal de José Luis Gutiérrez Hernández, (José Luis) de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe y de César Hernández Feliciano, (César) de 30 años de edad, originario de la comunidad San Martin Cruztón, del municipio de Chilón, acusados de ataques a la vías de comunicación¹. Ambos de identidad Maya Tseltal, fueron detenidos en el crucero Temó Ocosingo-Palenque². Los policías municipales directamente responsables son: Guillermo López Díaz, Samuel Jiménez Deara y Carlos Alberto Bertono Gutiérrez.

De acuerdo a los testimonios de José Luis y César, quienes se encuentran en la Comandancia Municipal de Ocosingo y presentan lesiones:

“La policía empezó a tirarnos piedras y golpearnos con palos, nosotros solo traíamos pancartas y mantas…. Los policías me decían que me iba a llevar al Amate, que me iban a quemar al igual que mi camioneta, a pura mentada de madre me traían.” Testimonio de José Luis Gutiérrez Hernández.

“Estaba al lado de la carretera, la Policía empezó a lanzar tolete, palos y piedras a la gente, me agarran a un lado de la carretera que va a Palenque, cuatro policías, me dan un garrotazo en el abdomen y patadas en las piernas, me esposan manos atrás, me dan un golpe con el puño cerrado en la boca, me arrastran hacia una patrulla municipal de Chilón. Ahí me avientan a la góndola boca abajo, intentaba voltearme y con el puño cerrado me sometían. Estuve ahí 10 minutos, luego me pasan a otra patrulla, ahí ya en cabina junto con José Luis Gutiérrez nos traen a Ocosingo y nos decían que nos iban a dar una paliza, me iban a llevar al Amate, que me comunique con los lideres para levantar el bloqueo.” Testimonio de César Hernández Feliciano.

El cerco policiaco militar implementado desde esta madrugada, en el crucero Temó, incluyó dejar incomunicada a la población, sin señal telefónica ni de internet. Además, desde días antes, por redes sociales, se difundieron mensajes que difamaron y criminalizaron a las personas convocantes. Hechos que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de defensoras y defensores comunitarios.

Representantes de comunidades habían convocado a una movilización pacífica en oposición a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido de San Sebastian Bachajón, en Chilón. Exigen respeto a sus derechos como Pueblos Originarios, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Acuerdos de San Andrés, el Artículo 129 Constitucional y el Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas³.

Este Centro de Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado mexicano para:

• Liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.
• Garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación.
• Investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población del Pueblo Maya Tseltal de Chilón.
• Respetar sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como Pueblos Originarios.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano:

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

15 de octubre de 2020

Acción Urgente No. 15

 Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, en Chiapas.

El 11 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, Hugo Alfredo Pérez Hernández, de 37 años de edad, originario de Tabak, en Aldama, Chiapas, México, fue herido por impacto de bala, a la altura de la costilla y en el brazo derecho, en un camino de su comunidad.

Escucha su testimonio en entrevista realizada por el Frayba donde platica cómo es la vida cotidiana en las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en medio de ataques armados:

«Si el gobierno no hace caso, se va a quedar de responsable, si hay más heridos, más muertos porque nosotros ya informamos de lo que está pasando.»

En el NotiFrayba de esta semana:

• Un herido durante al menos 39 ataques con armas de fuego a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, en dos días.

• Alertamos del riesgo de una Masacre en el territorio de Aldama y responsabilizamos al gobierno de México.

El día de hoy, 11 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, Hugo Alfredo Pérez Hernández, de 37 años de edad, originario de Tabak, en Aldama, Chiapas, México, fue herido por impacto de bala, a la altura de la costilla y en el brazo, en un camino de su comunidad, cuando se dirigía en carro a la cabecera de su municipio. Debido a la gravedad de las heridas, se encuentra en el Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo a un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, esta mañana continuaban: «Disparos de altos calibres en los diferentes puntos de ataque. Volcán y T’elemax Santa Martha Chenalho, en dirección hacia la comunidad de Tabak, así como le disparan a los carros que transitan y personas. En este ataque hay un nuevo herido.”

Durante todo el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registró al menos 39 agresiones armadas a las siquientes comunidades de Aldama: Koko’, Stselejpotobtik, Juxton, Ch’ivit, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yeton, Xuxch’en, Ch’ayomte’ y Cabecera; desde 27 puntos de ataque en Chenalhó¹. Los ataques persisten hasta el momento.

La Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama denuncia que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal que se encuentran en Santa Martha, Chenalhó y en Aldama no actúan de manera eficaz para cesar los ataques armados y proteger a la población.

Con Hugo Alfredo Pérez Hernández son 29 personas heridas, además de seis asesinadas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, procedentes de grupos civiles armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, desde marzo de 2018. Además de la desaparición y posterior ejecución del entonces síndico municipal de Aldama Ignacio Pérez Girón, cuyo cuerpo fue encontrado el 05 de mayo de 2019, en la entrada del paraje Yalebtay, municipio de Zinacatán.

La persistente omisión y complicidad del gobierno de Chiapas y del gobierno federal provoca el escalamiento de la violencia en la región Altos; y aumenta el riesgo para la vida de la población en 13 comunidades del municipio de Aldama, en su mayoría mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Por lo anterior, urgimos al Estado mexicano:

• Proporcione el acceso a una atención médica integral a Hugo Alfredo Pérez Hernández y Artemio Pérez Pérez, así como de seguimiento en salud a las demás personas heridas durante ataques a comunidades de Aldama.

• Garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama.

• Aplique los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidad para otorgar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama.

• Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.

• Investigue y sancione a las autoridades responsables de la impunidad de estos hechos, así como los autores intelectuales del escenario de un violencia de gran envergadura que puede suceder una masacre como la de Acteal y por consiguiente de hecho de difícil o imposible reparación.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente  acción urgente:

28 personas heridas y 6 muertas por armas de fuego durante ataques a comunidades de Aldama en dos años y medio.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2020, Artemio Pérez Pérez, de 26 años de edad, originario de la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue herido de bala, durante un ataque armado procedente del punto llamado T’elemax, en Santa Martha, Chenalhó. Su estado es de gravedad y fue trasladado al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas.

Con Artemio Pérez Pérez son 28 personas heridas, además de 6 muertas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, desde marzo de 2018. En este mes de septiembre se registraron seis personas heridas de bala.¹

Desde el día 29 de septiembre de 2020, a las 18:09 horas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentó agresiones armadas a la comunidad de Tabak. Los ataques persisten hasta el día de hoy. De acuerdo a reportes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama:

“Sigue muy fuerte los disparos de altos calibres en contra de la comunidad de Tabac Aldama, los disparos provienen en el punto de T’elemax Santa Martha Chenalhó, siendo las 10:00 horas».

Reiteramos al Estado mexicano su obligación de proteger la vida, seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y hombres en situación de riesgo en los límites de los municipios de Aldama-Chenalhó. Urgimos:

• A la Secretaría de Salud: Se brinde y garantice el acceso a una atención médica oportuna, pronta, inmediata e integral a Artemio Pérez Pérez, ante posibles daños que afecten su estado de salud.

• A la Fiscalía General del Estado: iniciar las investigaciones en contra de quienes resulten responsables de los hechos delictuosos y sancionar a los autores materiales e intelectuales.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano exigiendo:

• Garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama.

• Aplique los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidad para proporcionar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama.

• Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.

 1 Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 años, originarios de la comunidad de Cotsilnam, heridos de bala, el 04 de septiembre de 2020; Andrés Ruiz Santis, de 61 años de edad, originario de la comunidad de Sepelton, fue herido de bala, en el camino de Tabak. el 12 de septiembre de 2020; Raymundo Pérez Sántiz de 16 años y Armando Pérez Sántiz de 31 años, heridos de bala, en Tabak, el 13 de septiembre de 2020.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

30 de septiembre de 2020

Acción Urgente No. 13

Descargar: Riesgo para la vida en comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en el municipio de Aldama.

282 familias pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil, se encuentran en riesgo para la vida, seguridad e integridad por ataques armados.

Amenazas, agresiones y difamaciones vulneran el derecho a la libre expresión y organización del Comité Chalchihuitle.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 1,237 personas en desplazamiento forzado, que conforman 282 familias, en 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, México.¹ Debido a que los ataques con armas de fuego, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, persisten durante el confinamiento por Emergencia Sanitaria de Covid 19, ante las omisiones del Estado mexicano.² Además continúan las amenazas, agresiones y difamaciones hacia las y los integrantes del Comité Autónomo de Desplazados Forzados InternosChalchihuitle (Comité Chalchihuitle)³ y hacia diez familias de Cruz K’ak’alnam, quienes en su mayoría son niñas, niños, mujeres y personas mayores.

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El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

Fuente: Frayba

• Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país

La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.

Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

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Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.¹ La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.

Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.

Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.

En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.

El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.

La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”.² Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.

De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.

Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.

”Hasta que la Justicia Llegue”

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• Autoridades penitenciarias y de salud incumplen medidas dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

   

La Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incumplen orden, con fecha 20 de mayo de 2020, dictada por Mario Fernando Gallegos León, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Juez Federal), en el Estado de Chiapas, México, paraimplementar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad física de personas privadas de su libertad en la entidad; específicamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas y en el CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud en la que se encuentran los presos de identidad Maya Tsotsil: Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo¹, así como Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Alexander Hernández Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García internos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y Marcelino Ruiz Gómez recluso en el CERSS No. 10 de Comitán de Domínguez, quienes continúan sin recibir atención adecuada a su salud frente a la amenaza de contagio por COVID-19².

El 20 de mayo de 2020, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha presentó un amparo para reclamar la omisión en la atención a la salud de los presos antes mencionados bajo custodia del Estado. En esa misma fecha,el Juez Federal otorgó la suspensión de plano, para que las autoridades responsables comprueben de qué manera están llevando a cabo las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio en las prisiones, garantizar la vida e integridad física, así como vigilar y garantizar el cumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para la mitigación y control de riesgos a la salud frente al COVID-19³. Las autoridades debieron proporcionar inmediatamente la atención médica especializada necesaria, incluyendo estudios, valoraciones y medicamentos que resulten pertinentes para poder preservar la salud de los presos, sin que hasta el momento se haga efectivo.

El día 05 de junio de 2020, ante el incumplimiento de las autoridades de salud y penitenciarias, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha interpuso, ante el mismo Juzgado Federal un incidente por defecto en el incumplimiento de la suspensión de plano. Por lo que el Juez Federal debe requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de las medidas otorgadas.

La Organización de las Naciones Unidas señala en las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, que las personas de Pueblos Originarios privadas de la libertad son las más vulnerables, por ello, son merecedoras de una especial atención, traducida en el deber amplio y directo de protección respecto de su salud por parte de las autoridades “a nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado”⁴. También recomienda que las autoridades debieran examinar la manera de poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, entre otras a las personas presas de edad avanzada y las enfermas, así como a las detenidas menos peligrosas.

El Frayba ha realizado diversas intervenciones en los ambitos estatal y federal para informar la situación de violaciones a derechos humanos y al debido proceso de Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, sin embargo se mantiene la falta de justicia. Por lo anterior reiteramos a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas; a Juan Óscar Trinidad Palacios, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a Rafael León González, Vocero de la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, la adecuada atención a la salud de los presos señalados y su inmediata libertad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

10 de junio de 2020

Boletín No. 12