En febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara zona de reserva minera de litio la superficie de 234,855.1980 hectáreas, ubicada en los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Huásabas, Divisadero, Granados, Sahuaripa y Nácori Chico, en el estado de Sonora. Las reservas mexicanas de litio serán otorgadas a la Secretaría de Energía (Sener).

El decreto está respaldado por la reforma a la Ley Minera, llevada a cabo en abril de 2022, que “reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.

López Obrador, en la ocasión de la firma del decreto, señaló que así como el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) recuperó el petróleo con la expropiación petrolera, “ahora lo que estamos haciendo, guardada las proporciones, es nacionalizar el litio”.

La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio “quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables”.

Para eso se creó la empresa estatal,Litio para México (LitioMx), operada por la Secretaría de Energía. La paraestatal fue constituida formalmente en agosto de 2022 tras un decreto firmado por López Obrador.

A pesar del discurso manejado por el gobierno, sobre la nacionalización del litio en México, para Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canadá, “falta un análisis crítico” de este discurso. Según ella, se ha llamado nacionalización del litio “de forma errónea”.

Dicho discurso supone la necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y que este extractivismo integra un proyecto para fortalece la soberanía nacional, resume. “En realidad esta ola extractivista está dinamizada por una política neoliberal del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). Lo que avanza es un proyecto vinculado al capital privado de alto riesgo al erario público”, explica la coordinadora de Mining Watch quieng, juntamente con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), publicó el informe Explotación de litio en México, ¿interés público oextractivismo transnacional?

De acuerdo al informe, lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son “modificaciones minúsculas a la ley” que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. “Muy por el contrario, busca legitimar y posibilitar la apertura a un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras”.

La empresa pública LitioMx tendrá exclusividad en la administración de estas actividades, sin embargo, podrá asociarse con capitales, nacionales o extranjeros.

El Artículo 5 del decreto de agosto del 2022, garantiza que para “administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio”, la empresa estatal “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”. Así, “lo que se instrumenta es un modelo idéntico al esquema neoliberal que en el sector de los hidrocarburos opera desde las reformas calderonistas de 2008”, sostienen las organizaciones en el informe.

El propio López Obrador, en ocasión de la creación de la empresa pública, sostuvo que la inversión privada será necesaria. “No nos alcanzaría para que fuese sólo pública, se requiere de bastante inversión”, dijo en su conferencia de prensa, en agosto de 2022.

Las organizaciones alertan que considerar el litio como un mineral de utilidad pública y estratégico, faculta al Estado a promover acciones impositivas para llevar a cabo estos proyectos.

Los proyectos que ya son prioritarios del gobierno, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, “nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos y las licencias necesarias, el ocultamiento de la información, la desinformación, la manipulación y la imposición para fabricar la aceptación social del proyecto; el linchamiento mediático y político de quienes se oponen a estos proyectos, la criminalización y uso de la fuerza pública, que se suma a la violencia que ya ocurre en los territorios con participación de crimen organizado en contubernio con diferentes niveles del Estado”.

Carros eléctricos para los EEUU

La nueva ola minera es promovida para sostener lo que llaman la transición energética, recalca Isabel Velázquez Quesada, integrante de la REMA y de GeoComunes. Es decir, las nuevas tecnologías necesarias para la transición energética demandan el aumento de la explotación minera.

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“Bajo esta idea ha generado cierto consenso sobre una afirmación abrumadora: para salvar el mundo, entre 2011 y 2060, se quiere aumentar 111% la extracción de minerales, es decir, quieren salvar el mundo promoviendo, para ello, una de las actividades más violentas y dañinas como es la minería”, analiza Quesada.

En este escenario el litio saltó a la escena mundial y, en México, por el lugar que dicho mineral tiene en el proceso de producción de baterías. “Si bien se ocupa en las baterías de muchos aparatos que la industria electrónica produce, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los depósitos de litio es la industria de los automóviles”, sostiene. La demanda global para el litio responde en un 80% al mercado para vehículos eléctricos. Es más, “es al calor de la expansión y acomodo geopolítico del sector automotriz en América del Norte que esta fiebre minera toca tierra en México”.

Mining Watch y REMA advierten que esta nueva ola extractivista está siendo dinamizada por el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente al dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos, armonizando así la región con los nuevos requisitos de valor de contenido regional pactados en el T-MEC.

Con la entrada en vigencia del T-MEC, el 1 de julio de 2020 ,“se imprimió un significativo sello regional en la fabricación de automóviles a través de los estímulos para fomentar el uso de insumos procedentes dentro de la misma región”, dice el informe.

Así, para poder calificar un vehículo para la exportación libre de impuestos en el 2023 en la zona de libre comercio, 75% de sus componentes llamados esenciales tendrán que ser de origen norteamericano, lo cual incluye, entre otras partes, las baterías de litio.

Ante este cambio, la industria en los tres países se está ajustando para cumplir con este nuevo estándar. Con el dominio de países asiáticos en la producción de baterías de iones de litio, el T-MEC está impulsando para que se hagan nuevas inversiones en la extracción y procesamiento de litio y la fabricación de baterías dentro de los tres países que pertenece al T-MEC.

Proyectos

En un informe anterior, las organizaciones señalaron que existían 36 proyectos mineros de litio en manos de 10 empresas, todas de capital extranjero, pero que sólo tres de éstas tenían algún nivel de avance de sus proyectos.

El resto, eran proyectos de mera especulación financiera, útiles para el enriquecimiento de las llamadas empresas “juniors”, esto es, empresas de bajo capital enfocadas en las fases

de prospección y exploración.

El único proyecto de litio avanzado en el país es el proyecto Bacanora en el estado
de Sonora, cuyo principal inversionista es la empresa china Ganfeng Lithium Co.

Las declaraciones públicas del presidente han indicado que es poco probable que se actúe para expropiar proyectos privados. En junio de 2022 declaró: “En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general […] Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla, y hay proyectos de exploración y de producción, se van a respetar”.

Las organizaciones llaman la atención hacia el hecho de que, según la información más reciente del Servicio Geológico Mexicano (SGM), la mayor parte de los depósitos económicamente viables de litio en México son en arcillas. “Un tipo de depósito que no tiene antecedente de explotación comercial, por lo que incrementa la incertidumbre sobre las implicaciones económicas y ambientales, a pesar de que podemos tener certeza que los impactos ambientales y a la salud de su explotación no distarían mucho de otros proyectos mineros”.

Agua

Las organizaciones también hicieron un estudio sobre la disponibilidad del agua en las regiones donde están los proyectos de litio. Encontraron que casi un cuarto de los proyectos de litio – sumando los privados y los sitios de prospección del SGM – está en zonas de riesgo hídrico extremadamente alto, principalmente los proyectos situados en Chihuahua y en la zona fronteriza entre San Luis Potosí y Zacatecas. Mientras que más de un tercio del conjunto de los proyectos se encuentran en zonas de riesgo hídrico alto.

Las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que “nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a los pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos”.

_{En portada: Clientes del Banco del Valle de Silicón esperan para retirar su dinero de la institución financiera que reportó la quiebra el pasado viernes 10 de marzo.}

El pasado viernes (10), el Banco del Valle de Silicón de Estados Unidos (Silicon Valley Bank) sufrió un descalabro financiero que empujó inmediatamente a las autoridades a lanzar salvavidas para su rescate y evitar que impactará al resto de sus instancias financieras, ya que este banco formaba parte del Sistema de la Reserva Federal estadounidense.

Cuatro días antes de la quiebra, Silicon Valley Bank celebraba por quinta ocasión su inclusión en el ranking anual de los mejores bancos de Estados Unidos que publica la revista Forbes. Fue entonces que los festejos se convirtieron en tragedia financiera y el pánico de los ahorradores se encendió al no haber recibido una notificación previa, mientras el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 592 del Código Financiero de California, tomó posesión del banco, alegando falta de liquidez e insolvencia.

Mientras tanto, se designó a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) como administrador judicial del banco en banca rota, quien aseguró que su papel es proteger a los depositantes asegurados, quienes tendrían pleno acceso a sus depósitos a más tardar este lunes 13 de marzo de 2023 por la mañana. No obstante, la mayoría de las bolsas de valores sufrieron pérdidas este lunes (13) por la incertidumbre que ya ha provocado esta quiebra y por la memoria fresca que dejó el crack financiero del 2007-2008.

Para rematar, Moody’s Investors Service calificó a la baja la salud crediticia de First Republic Bank y otros cinco bancos prestamistas estadounidenses.

First Republic, con sede en San Francisco, cayó un 62% este mismo lunes, mientras que Western Alliance, con sede en Phoenix, se desplomó un 47%, una cifra sin precedentes. Comerica, con sede en Dallas, cayó un 28%.

Por otra parte, la incertidumbre de los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank va en escalada, ya que no correrán con suerte, solo se les emitirá un dividendo hasta dentro de la próxima semana por medio de un certificado de administración judicial por el importe restante de sus fondos no asegurados. Asumiendo que, a medida que la FDIC venda los activos de Silicon Valley Bank, se podrán efectuar futuros pagos.

Los vientos son turbulentos y soplan a contrapelo de la economía estadounidense, ya que Silicon Valley Bank es la primera entidad asegurada por la FDIC que quiebra este año, pero además es considerada la mayor entidad en quebrar desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y el colapso del banco Lehman Brothers.

Cabe resaltar que en aquella ocasión también se tuvo que rescatar a corporaciones como: Bear Stearns, JP Morgan, Fannie Mae/Freddie Mac, American International Group, Citigroup y Bank of America.

Mientras, la última institución asegurada por la FDIC en cerrar fue Almena State Bank, ubicada en la ciudad de Almena, Kansas, el 23 de octubre de 2020. Esto ha provocado especulaciones de crisis más severas en Wall Street y con los depositantes de otros bancos, ya que podría provocar el retiro de sus fondos en escalada y esto provocaría un colapso del sistema financiero estadounidense que golpearía a las economías dependientes.

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El senador Bernie Sanders declaró que este escenario es resultado de un absurdo proyecto de ley de desregulación bancaria implementado en 2018 y firmado por el expresidente estadounidense Donald Trump. “Durante el debate sobre la legislación dije: ¿Tan corta es nuestra memoria que no hemos aprendido nada del crack de Wall Street de 2008? ¿No hemos aprendido nada del desastre de Savings and Loan de principios de los noventa o del robo de Wells Fargo en los últimos dos años o de la deshonestidad de Equifax o del fraude contable de Enron y Arthur Anderson o del fracaso de Long-Term Capital Management o de los miles de millones de dólares en multas que institución financiera tras institución financiera ha pagado por actividades ilegales o engañosas?”, cuestiona el Senador.

Para Sanders no es el momento de que las autoridades financieras tomen el dinero de los contribuyentes estadounidenses para entrar al rescate de Silicon Valley Bank. “Si hay un rescate de Silicon Valley Bank, debe ser 100 por ciento financiado por Wall Street y las grandes instituciones financieras. No podemos seguir por el camino de más socialismo para los ricos e individualismo a ultranza para todos los demás. Tengamos el valor de plantar cara a Wall Street, derogar la desastrosa ley de desregulación bancaria de 2018, acabar con los bancos demasiado grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras, no las arriesgadas apuestas de los capitalistas buitre”, agregó el senador.

Por su parte, el teórico David Harvey, quien ha documentado profundamente la crisis del 2008, en un comentario en sus redes sociales, palabras más palabras menos, hace alusión de esta quiebra a lo que el economista Carlos Marx tipificó como “El capital ficticio”, con el cual funcionan las bolsas de valores al proyectar que ciertos activos financieros se materializarán en algún momento en capital real, es decir, producirá un valor y una ganancia en el futuro cuando sea invertido en la economía productiva.

La realidad es que hay una burbuja que esta a punto de reventar, porque este tipo de capitales no encuentran en términos reales donde realizar esa ganancia prometida y entonces se provocan las quiebras.

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La crisis derivada del llamado “capital ficticio” es derivada del desarrollo del sistema crediticio y especulativo a través de títulos y valores imaginarios que no producen nada, solo representan imaginariamente un valor futuro.

“Vemos circular cantidades cada vez mayores de capital ficticio que aún no se han convertido de un estado imaginario a un estado real (…) Hasta que llega un punto en el que el capital ficticio se vuelve tan enorme que él mismo se convierta en la naturaleza del problema”, expresa Harvey.

El problema, es que ese capital ficticio está creando más capital que no tiene una base que lo respalde, y entonces, está llegando a un punto de colapso, que puede ser mucho peor que toda las crisis anteriores que han golpeado a EEUU.

“La Fiscalía no hace nada, no sé qué hacer, mi hijita fue asesinada. ¿Por qué nos tratan así?, ¿qué le hicieron a mi hija?, ¿qué pasó con ella?, y no me dicen nada. ¡Pido justicia para todas!, pido que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas haga algo, que ayude a las mujeres, no que sólo esté en su curul haciendo nada”, fueron las palabras de Flor, madre de Paola Yazmín, asesinada en una escuela pública federal de la capital de Chiapas.

El mismo mensaje resonó en cada entidad de México, a propósito del Día Internacional de la Mujer que este 2023 convocó a miles de mujeres a alzar la voz, hartas del doble discurso y simulaciones de los gobiernos. “Cada vez somos más”, se escuchó en la conmemoración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

10 mujeres por día

De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, sólo en enero de 2023 se contabilizaron 68 feminicidios en el país. Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua ocupan los primeros lugares.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dio a conocer que el 2022 cerró con 3,755 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 968 casos fueron reconocidos como feminicidio. “Es decir, únicamente en estos casos se acreditaron las razones de género”, explicó el OCNF e hizo hincapié que a pesar del subregistro, en México fueron asesinadas 10.28 mujeres al día. Los 2,787 casos restantes, las autoridades los catalogaron como homicidios dolosos, sin contar los “suicidios” que no se investigan como feminicidios.

A decir del delito de feminicidio, la Ciudad de México es uno de los focos rojos y este 8 de marzo las avenidas principales fueron pintadas de color púrpura para exigir una vida libre de violencia.

Para la marcha los distintos grupos de mujeres se congregaron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Estela de Luz donde realizaron el pase de lista de las víctimas de feminicidio, también de las no identificadas.

Algunas se adelantaron al Zócalo desde antes de las tres de la tarde (hora programada para marchar), así también las organizaciones de madres buscadoras y de víctimas de feminicidio; artistas, niñas, niños y estudiantes.

El operativo de las mujeres policías estuvo en puntos estratégicos y el gobierno federal dijo que las actividades transcurrieron con saldo blanco. Este jueves (9) las pintas que dejó la ola púrpura a su paso fueron borradas.

En el Estado de México, que también ocupa los primeros lugares a nivel nacional en feminicidios, partieron de diferentes municipios del Valle de México para unirse a la mega marcha de la Ciudad de México.

Mientras en Jalisco más de 50 mil mujeres tomaron las calles en tres marchas que tuvieron como destino distintos puntos, la Glorieta de las y los desaparecidos; la marcha que culminó en la Glorieta de la Minerva, y la que concluyó en frente al Palacio de Gobierno.

En Tamaulipas, un estado con altos índices de violencia y que en enero pasado registró dos feminicidios, la marcha fue aprovechada por el gobierno municipal que convocó a una caminata en los límites con Estados Unidos y acompañadas de una funcionaria del vecino país.

En San Luis Potosí las mujeres manifestaron el enojo y hartazgo generalizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Palacio de Gobierno estatal, edificios ubicados en el centro histórico.

Algo similar ocurrió en Morelos donde las mujeres rompieron los vidrios del Palacio de Gobierno en Cuernavaca ante la inacción de las autoridades por erradicar la violencia contra la mujer.

Tijuana, Yucatán, Tabasco, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo Querétaro, Baja California Sur, Chilpancingo, las mujeres también marcharon antecedidas por las familias víctimas de feminicidios, sobrevivientes, maternidades e infancias.

Al final de los recorridos en todas las entidades, las mujeres tapizaron los edificios con pancartas con mensajes exigiendo justicia y por doquier, fotografías de mujeres víctimas de feminicidio.

En el piso, las paredes, puertas y aceras escribieron los nombres de feminicidas y violentadores que caminan libres por las calles de México.

La colmena

En Chiapas, Flor, madre de Paola Yazmín que fue asesinada y hallada el 8 de diciembre de 2022, estuvo acompañada de sus hijas y de más madres y familiares de víctimas de feminicidio que previo a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer realizaron un mitin en la entrada de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Tuxtla Gutiérrez.

También en diciembre del año pasado, Casandra Isabel Arias Torres fue levantada por un grupo armado durante un festejo familiar en Berriozábal, Chiapas. Los hombres armados quitaron los teléfonos celulares a los invitados para eliminar la evidencia; la joven continúa desaparecida.

Isabel, madre de Casandra, también contó su historia e hizo el reclamo a las autoridades frente a la Fiscalía de Chiapas que dirige Olaf Gómez Hernández, a quien las madres de víctimas de distintos delitos contra mujeres exigieron tomar el cargo y dejar el discurso de: “fue en la administración pasada”.

Más de 10 familias acudieron con pancartas y su voz a Fiscalía, procedentes de varios municipios del estado al sur de México. Otras madres y hermanas enviaron cartas que fueron leídas por activistas, mientras los uniformados resguardados al interior del edificio de la Fiscalía fotografiaban a las mujeres que no dejaron de repetir la palabra ‘justicia’.

En Chenalhó, las mujeres integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal conmemoraron el 8M con una jornada de ayuno y oración, después de una caminata que realizaron del crucero Majomut hasta la ermita de los mártires de Acteal.

Las mujeres contaron sus experiencias en las luchas, “en este caminar”, hablaron sobre la violencia institucional que no respeta sus derechos por ser parte de la resistencia y la lucha.

“Somos abejas y por eso nos atacan quieren saber si tenemos fuerza y valor para defendernos… pero nos han despertado”, dijo una de las mujeres que tomaron la palabra. “Como mujer creí que no era valiente, pero un día no le tuve miedo a los hombres”.

“Vean su fuerza como mujeres, el valor y la capacidad que tenemos. No es ahora que nos damos cuenta, no es hasta ahora que las mujeres empezamos a salir adelante, a defendernos, a ver nuestro valor… como mujeres les invito a que no tengamos miedo que sigamos en esta lucha y en esta resistencia”.

^{En portada: Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del CSIM derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.}

Persecución, criminalización, detenciones y asesinatos. Distintos rostros de la violencia arrecian en múltiples geografías de México, a la par del avance de megaproyectos de infraestructura: trenes para el despojo, gasoductos, minería, deforestación y muchas otras amenazas que se ciernen, sobre todo, contra comunidades indígenas de todo el país.

Es en ese contexto que, durante los días 4 y 5 de marzo, la red de pueblos, naciones, tribus, barrios y colectivos que convergen en el Congreso Nacional Indígena (CNI), reunidos en Tehuacán, Puebla, retomaron los trabajos de la Asamblea Nacional para compartir la palabra, analizar las realidades y proponer estrategias para hacer frente a lo que, sostienen, son diferentes mecanismos de violencia de parte del narcoestado mexicano y las empresas.

Más de 400 asistentes, miembros de 25 pueblos originarios procedentes de una veintena de Estados de la república, se dieron cita para conversar sobre la violencia institucional, del crimen organizado, la relación entre ambos actores y su confluencia con la implementación de los proyectos capitalistas.

Durante las próximas semanas, presentaremos una serie de ocho entrevistas y diálogos con participantes de la reciente Asamblea. Con esto, pretendemos esbozar un pequeño vistazo de las distintas realidades que se espejean a lo largo y ancho del territorio mexicano y que resisten a las violencias en sus distintas expresiones.

En esta primera entrega, compartimos la experiencia de las comunidades indígenas aglutinadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes mantienen la lucha por construcción de autonomía, a la par del aumento en la violencia del crimen organizado, el avance de monocultivos y la implementación de estrategias de cooptación del Estado.

El largo camino en la construcción de autonomía

El arribo de una comisión bastante nutrida, integrada por más 40 personas, fue la respuesta, desde el CSIM, a la convocatoria realizada por el CNI para participar de los trabajos de la Asamblea Nacional.

El CSIM es una organización en la cual convergen representaciones y autoridades de más de 65 comunidades originarias de distintos pueblos: purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región occidente del país.

Entre los asistentes, dialogamos con Alejandro Cortés, oriundo de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, quien resalta que el proceso actual del CSIM es un paso más en la larga historia de lucha en la región por la construcción de la autonomía de las comunidades indígenas.

“Nosotros entendemos la autonomía como un proceso que lleva varias etapas (…) el principal objetivo es lograr la autonomía y libre determinación”, asevera Cortés desde el inicio de la entrevista.

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Para contextualizar, apunta que el Consejo Supremo es producto de un esfuerzo organizativo que tiene sus orígenes en la década de 1970, inspirado en diferentes movimientos rurales y campesinos que nacieron con la meta de defender los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios.

Alejandro Cortés detalla que el objetivo compartido entre las comunidades del CSIM es fortalecer la vida comunal, “en donde la Asamblea es la máxima autoridad y es la que toma las decisiones (…) para poder lograr lo que nosotros llamamos una vida mejor, una vida comunal de justicia plena”.

Frente al despojo

La lucha de las comunidades de la región purépecha se enfrenta a diversas amenazas. Entre ellas destaca el proceso de expansión de la agroindustria mediante la voracidad de monocultivos como el aguacate y las bayas (popularmente conocidos como berries: arándanos, frambuesas y zarzamora), sobre todo, para la exportación a Estados Unidos.

De acuerdo a cifras del sector agroindustrial, estos productos ocupan el segundo y tercer lugar de exportaciones mexicanas, lo cual, en conjunto, solo en el año de 2020, alcanzó un valor de más de 6 mil millones de dólares.

En el caso particular de las bayas, un estudio para el mapeo de la expansión de la agroindustria en tierra ejidales de Michoacán, publicado en octubre de 2022, encontró que dicha producción, la cual depende cada vez más de los sistemas de invernadero, ha transformado las áreas agrícolas para satisfacer la demanda extranjera alterando los patrones locales de uso de la tierra y los recursos hídricos.

“Principalmente es el aguacate, pero también están los berries, son los que han ocasionado también desplazamiento. Incluso de mucha gente que vive o que trabaja en condiciones de esclavitud. Son jornadas largas y no les pagan lo que deberían, trabajan en condiciones muy precarias”, complementa Cortés sobre el escenario del despojo por la agroindustria.

El integrante del CISM enfatiza que esta es una realidad compartida entre las poblaciones que integran el Consejo. Otro ejemplo de ello es el caso de su comunidad, Santa Fe de la Laguna, donde denuncia la invasión de tierras por parte de pequeños propietarios, “particulares del municipio de Quiroga”, a quienes señala como responsables del cambio de uso de suelo, la deforestación y la transformación de tierras para la producción agrícola intensiva.

Esto ha generado conflictos que han desembocado en violencia contra las comunidades. Así lo muestra el caso del asesinato de Jesús Miguel Gerónimo, quien se desempeñaba como Jefe de Tenencia en la comunidad de Ichán, en la región conocida como la Cañada de los Once Pueblos.

Cortés no duda en señalar a la agroindustria como la responsable del crimen, debido a que “él se opuso a que las parcelas se siguieran rentando a las empresas agroindustriales, y pues ahí es donde plantan los berries. Entonces es otro problema, el asesinato de líderes, comuneros que defienden la tierra”, lamenta.

El caso más reciente es el de Alfredo Cisneros, miembro de la comunidad de Sicuicho, quien fue asesinado debido a las denuncias que interpuso, como Comisariado de Bienes Comunales, ante el avance de la deforestación en los territorios purépechas.

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Lamentablemente, la respuesta de las empresas fue la violencia, pues “es una zona aguacatera. Ahí hay varios grupos del crimen organizado, grupos paramilitares que actúan con total libertad”, denuncia Cortés.

Seguridad, comunitaria

Debido al incremento de la violencia en la región, las comunidades indígenas promueven la gestión de armas, armamento y otras herramientas para equipar a sus órganos de seguridad comunitarios, donde destaca la figura de la ronda comunal.

Según Cortés, la ronda es una agrupación ancestral, es la manera tradicional de resguardar la seguridad y, en pocas comunidades, como la suya, en Santa Fe de la Laguna, prevalece hasta la actualidad.

Una de las características de este cuerpo de seguridad es que, a diferencia de los elementos policiacos, quienes la integran son personas pertenecientes a la comunidad y no perciben ningún salario, sino ejercen un trabajo voluntario para resguardar a la población indígena. Sin embargo, actualmente, los miembros de la ronda comunal no cuentan con el reconocimiento de las autoridades estatales, lo cual implica que no se les permite la portación de armas y están expuestos a detenciones de otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional.

Alejandro Cortés señala su preocupación debido al avance del crimen organizado y, a la par, por la entrada en vigor, en 2022, de las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, impulsada por el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Cortés reclama que las comunidades no fueron consultadas respecto a dichas reformas, a pesar de que ahora el Estado les presiona para contar con su anuencia en la implementación. “En esencia, el Estado asume el control total de la seguridad y relega al último término a la Asamblea General de la Comunidad. O sea, las decisiones ya no las toma, en la cuestión de seguridad, las asambleas generales, las toma el gobierno del Estado con los mandos policiacos que tienen, la Secretaría de Seguridad”, detalla.

“Es la única forma que se pueden defender y como pueden garantizar la seguridad de las comunidades”, refiere Cortés sobre la importancia de sus instituciones comunitarias. “Es la única garantía que tenemos de una defensa comunal real, porque las otras organizaciones son fáciles de cooptar”, argumenta.

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Cortés asevera que las reformas impuestas representan “un obstáculo para el proceso en búsqueda de autonomía”, esto debido a que, argumenta, lo que está en juego es la seguridad de las comunidades ante el avasallamiento de las empresas y el crimen organizado.

¿Autonomías?

El miembro del CSIM asevera que, actualmente, un frente en disputa que se gesta ante el Estado mexicano es el que corresponde al derecho que tienen las comunidades indígenas a recibir y gestionar, de manera directa y sin injerencia del gobierno, los recursos públicos contemplados en el presupuesto local.

“El presupuesto directo entendido como un medio para lograr esta autonomía, no como un fin”, ataja Cortés. La razón de ello, argumenta, es que de esta manera, con los recursos que les corresponden, las comunidades puedan fortalecer las instituciones comunales emanadas de la organización de cada población indígena. Entre estas figuras destacan los Consejos de Gobierno Comunal, jueces tradicionales, además de los responsables por resguardar el territorio de las comunidades, tales como los comisariados de bienes comunales y las rondas comunitarias; todas, órganos independientes de la estructura del Estado mexicano.

Cabe resaltar que, pese a que en marzo de 2021 se publicó la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, donde el legislativo local prometió el reconocimiento legal al ejercicio del derecho al presupuesto directo de las comunidades indígenas, en los recovecos de la norma se encuentran candados como el que enuncia explícitamente el artículo 116, donde establece que solo “podrán ser reconocidas las autoridades indígenas, de aquellas comunidades previstas en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)”.

Para Cortés, esto evidencia una estrategia de control de parte del Estado. “Ahorita vemos que hay, para el gobierno, procesos de autonomía ‘buenos’ y ‘malos’. Nosotros somos los malos, porque no estamos recibiendo línea del gobierno del Estado, porque no estamos dentro de la agenda del gobierno federal, ni del gobierno estatal y porque no nos pueden controlar”, argumenta.

Al mismo tiempo, enuncia otras acciones por parte de actores locales para frenar el proceso organizativo del CSIM. Por ejemplo, lo que sucede en municipios como Erongarícuaro y Ciudad Hidalgo, donde los ediles, pertenecientes al partido Morena, el mismo que controla los gobiernos estatal y federal, han interpuesto demandas de amparo para evitar a las comunidades indígenas el acceso al presupuesto directo.

“Vamos en contra de cualquier partido político”, enfatiza Cortés sobre el carácter apartidista de las comunidades que integran el Consejo. Al mismo tiempo, denuncia que la respuesta del Estado es la promoción de grupos que, bajo el discurso de la construcción de autonomía, están proponiendo una alternativa que es del lado del gobierno.

Cortés se refiere al trabajo del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, organización que promovió la Ley Orgánica Municipal de Michoacán. Dicha agrupación también remitió sus observaciones a la reforma de la ley de seguridad estatal, como evidencia la exposición de motivos de la iniciativa. “Están obstaculizando el trabajo, porque llegan a las comunidades a dividir (…), descalificar el trabajo que nosotros estamos haciendo, pretenden aislar a nuestro movimiento”, acusa Cortés.

Ante ello, el indígena purépecha señala que las comunidades integrantes del CSIM continuarán implementando movilizaciones, como la toma de carreteras y marchas para exigir el cumplimiento de sus demandas, así como un alto a la violencia y justicia por los asesinatos de sus autoridades.

Es el caso del crimen contra Alfredo Cisneros, donde a petición de la comunidad de Sicuicho, se realizarán protestas para exigir la investigación y justicia en el homicidio. “Nosotros no hacemos nada sin que las autoridades sean las que promuevan y eso es parte de la autonomía, la democracia comunal, comunalicracia le llamamos nosotros”, asevera.