Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Fuente: Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, 2 de febrero 2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

Posgrado en feminismos del CESMECA

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Comunicado emitido ante la publicación del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

(http://frentedepueblosindigenas.org/acciones/firma-por-marichuy-en-xochciautla-domingo-4-de-febrero-1000-hrs/)

29 de enero de 2018, San Francisco Xochicuautla, Lerma, Edo de México.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios de Comunicación Alternativos, Autónomos o como se llamen
A los Centros de Derechos Humanos
Al pueblo de México y del mundo

Les mandamos un saludo y un abrazo desde la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. Como ustedes saben en Xochicuautla se han vivido injusticias, encarcelamientos, despojo y agresiones por parte del mal gobierno, hemos sentido dolor y rabia, todo esto es por un mega proyecto de muerte denominado autopista Toluca-Naucalpan; que pretende realizar la empresa AUTOVAN S.A de C.V., en contubernio con el gobierno es sus tres niveles. Han causado daño a nuestra madre tierra con la incursión de maquinaria pesada, daños irreversibles a los defensores de derechos humanos y a quienes hemos estado entre rejas injustamente. Es por eso que por este medio les expresamos nuestro sentir y lo que está sucediendo.

El día 24 de enero del presente año a las 6:58 pm se emitió una convocatoria en la página del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. En el cual se menciona lo siguiente:

“…queremos contarles cuál ha sido hasta este momento, el proceso de resistencia en nuestra comunidad para que allá, en otros lados, no les digan otra cosa que no es.”

La situación en la comunidad tomó un rumbo diferente desde el 11 de abril de 2016, cuando la maquinaria de la empresa AUTOVAN derribó la casa de Armando García Salazar, en ese momento algunos compas entraron en conflicto social, porque no consultaron a la población, ni informaron que ellos iniciarían las mesas de diálogo con el gobierno, la empresa AUTOVAN y SAASCAEM; estas mesas se llevaron a cabo durante varios meses y junto con ellos participó la organización SERAPAZ (Servicios y Asesorías para la Paz) que desde un principio llegó a nuestra comunidad para iniciar la negociación; a la cual denunciamos por sus actos, así mismo denunciamos a Miguel Ángel Zenón Romero (desconocemos su procedencia) quien se hizo pasar como integrante de la comunidad en las mesas técnicas e intervino en la toma de decisiones, cuando él no tiene voz ni voto ya que nuestra comunidad está regida por usos y costumbres.

Además, hacerles saber que la propuesta alternativa (#XOCHIPROPONE publicada en conferencia de prensa el 18 de Mayo de 2017), nunca fue consultada con la población, solo un pequeño grupo de personas decidió sobre esta propuesta, nosotras y nosotros no queremos una autopista ni queremos una alternativa. Nuestra lucha es por la vida, por el agua, por el bosque, por el divino rostro y no vamos a permitir que se negocien nuestras tierras.

Hasta ahora nos atrevemos a expresar nuestro pensamiento, porque ya no podemos callar, están haciendo daños a la tierra que los vio nacer, están proponiendo un futuro que no nos beneficia.

Por todos los actos antes mencionados tampoco se han dado asambleas internas, por lo que se decidió no poner a ningún concejal que nos representará; sin antes tener claro el rumbo que tomaría la lucha; nos enteramos de que había personas de la comunidad como parte del CIG (Concejo Indígena de Gobierno), desconocemos totalmente a las personas que estén dentro de él y se los hacemos saber para que ustedes consideren nuestros comentarios y sean ustedes quienes juzguen los actos.

A finales de noviembre y principios de diciembre de 2017 este grupo de personas comenzaron a visitar (por las noches, sin que nadie los viera), a los compañeros que firman los amparos para que se desistieran (argumentan que los amparos ya no tenían validez), los intimidaron y los hostigaron, les dijeron que si no lo hacían serían encarcelados, engañaron a las personas; a los propietarios que son directamente afectados les pidieron el documento de su tierra y su copia de credencial de elector, con el fin de llegar a un acuerdo con la empresa AUTOVAN y el gobierno.

 “Nuestra convocatoria es también para que vengan y sean parte de la toma de protesta del Consejo Supremo Indígena en su reestructuración.”

Nosotras y nosotros denunciamos, ya que esa decisión fue sólo de algunas personas de la comunidad; exponiendo lo siguiente:

• La elección de delegados, consejo de participación ciudadana (COPACI), jefes de sección, comandantes (comanches), representantes de bienes comunales y Consejo Supremo Indígena se realiza mediante una asamblea de usos y costumbres, donde todo el pueblo decide quienes serán nuestras autoridades tradicionales, estas asambleas se realizan en el lugar de usos y costumbres, por lo tanto, la reestructuración del consejo supremo indígena que ellos mencionan no es válida para la comunidad.

“…el Estado viola constantemente nuestros derechos y hace las leyes a modo para justificar despojos, asesinatos, desapariciones, persecuciones y encarcelamientos en todo el país.”

Lo mismo que el estado hace con el pueblo de México es lo que nos están haciendo los compas de la comunidad, están amenazándonos, porque nosotras y nosotros no vamos a ceder a lo que este grupo de personas quiere. Hacemos un llamado a todas y todos, ya que, si algo nos llega a suceder, sabemos quiénes están detrás de todo esto.

Se preguntarán porqué hasta ahora hacemos estas declaraciones

Porque confiamos en ellos, para nosotras y nosotros la palabra es lo más sagrado y creíamos que estábamos en el mismo horizonte. Porque nuestra lucha no depende de jerarquías, de engaños o de traición, sino de verdades, principios y dignidad.

Sin embargo, aquí estamos y sepan que en Xochicuautla aún resistimos, no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos.

Y como lo dijo nuestro hermano Eduardo Galeano “si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena aunque te caigas”

No a la Autopista Toluca-Naucalpan
No a al proyecto alternativo
No a la negociación

Atentamente
Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla en Resistencia

Continua vulneración de derechos indígenas en Bolivia: balance de años

El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera, elaboró una sistematización sobre vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia del 2006 al 2017, titulada “Mapa de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia”, cuyo resultado final fue presentado el segundo semestre del año 2017.

A 12 años del gobierno del Movimiento Al Socialismo y 8 de la creación del Estado Plurinacional, resulta fundamental para todxs saber datos sustentados, y  debatir sobre esa base, respecto  la situación de pueblos indígenas, territorios indígenas y áreas protegidas que están superpuestas a éstos. En este marco, difundimos, con previa coordinación con el autor, la investigación completa en formato PDF de descarga libre, con el ánimo de impulsar el debate sobre cuestiones de fondo que están señaladas en todo el documento.

Sobre la base de una amplia revisión de datos, testimonios y hemerografía, Ribera identifica que durante 11 años de gobierno del MAS, existieron 65 violaciones de derechos indígenas, varias de ellas revisten mucha gravedad. Así como señala nueve situaciones estructurales relacionadas a la aprobación de normas legales que afectan seriamente a  los pueblos indígenas. Aunque la lista está abierta a ampliarse, como señala el autor, la cronología, formas y detalles de las sucesivas normativas y acciones impulsadas desde el estado que se muestran en la investigación, nos permiten establecer por lo menos tres puntos centrales que proponemos:

• Los derechos de pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente en el país así como las normas internacionales, han sido desconocidos y vulnerados de manera continua desde los primeros años de gobierno. A pesar de la retórica estatal sobre la Asamblea Constituyente y la plurinacionalidad, fue la época en que el gobierno realizó las primeras concesiones petroleras inconsultas en territorios indígenas, a empresas transnacionales asociadas con YPFB. Situación que no ha hecho más que agravarse. También es importante incluir los casos de comunidades campesinas como es el caso de Tariquía, (Tarija), donde existen proyectos de exploración hidrocarburífera que se están concretando ahora.
• Esta ola de vulneraciones están profundamente relacionadas con la destrucción de organizaciones indígenas, en las cuales empresas mineras o petroleras y el estado han impulsado el divisionismo, la creación de organizaciones paralelas afines al gobierno, situaciones de violencia entre comunidades y por correlato la desintegración comunitaria. Lo cual es una agudización y continuación del proceso colonialista de desestructuración de matrices comunitarias.
• La sistemática agresión contra territorios indígenas, derechos y desconocimiento de las propias formas de producción y vida de las comunidades, ha significado una nueva fase de transformación de territorios como la amazonía, el Chaco y áreas protegidas, en zonas para la explotación del capitalismo extractivista, donde el empresariado nacional, agrupado en entes como CAINCO, y transnacional, se han visto ampliamente beneficiados.

Sin embargo, frente a un panorama desolador también se evidencia que existen núcleos de resistencia que están cuestionando las formas de imponer los proyectos extractivos y de mega infraestructura en los territorios, así como a las ideas de “desarrollo” y “progreso” a nombre de las cuales se pretende arrasar a comunidades y regiones biodiversas enteras.

Invitamos a su revisión, lectura, debate y acciones.

Sigue este enlace para consultar el MAPA DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA elaborado por Marco Antonio Ribera (2017)

(Firma la Acción Urgente aquí.)

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.
El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

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Comunicado: “Repudiamos agresiones contra la Caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y lxs periodistas que cubren sus actividades”

Por: Red internacional de Auxiliares en apoyo al CGI en el extranjero “Con Marichuy Sin Fronteras”

A los medios de comunicación,
A la sociedad civil mexicana y a la comunidad internacional,

El domingo 21 de enero recibimos con indignación y alerta la noticia de la agresión en contra de la Caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera María de Jesús Patricio Martínez en el Estado de Michoacán. Como lo denunció el CIG, la caravana fue interceptada en el camino de la comunidad Nahua de Santa María Ostula hacía Paracho por un vehículo gris Honda CR-V. Cinco sujetos con armas de alto calibre detuvieron al último vehículo de la caravana, en el que viajaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristián Rodríguez. Cristian y Aldabi fueron obligados a bajar del auto, fueron amenazados y despojados de su equipo de trabajo así como teléfonos celulares.

2017 estuvo marcado por la violencia sistemática ejercida en contra periodistas y defensores de derechos humanos, particularmente de aquellos que defienden los territorios comunitarios. Solo en las primeras semanas de enero de 2018, han sido asesinados el periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas y Guadalupe Campanur, defensora indígena de los bosques en Cherán, Michoacán.

Por lo que denunciamos enérgicamente estos actos de hostigamiento e intimidación que generan un ambiente de incertidumbre, desconfianza y terror en la población. Aún más, el ataque contra la caravana claramente marca una voluntad de obstaculizar la labor del CIG y su vocera, de reunir las experiencias de violencia y opresión que sufren los pueblos indígenas de México, establecer lazos entre comunidades y barrios, entre el campo y la ciudad para sumar el apoyo ciudadano a nivel nacional y lograr recabar las firmas para el registro del CIG en la boleta electoral.

Estos actos que vulneran el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación establecidos en la Constitución y que el Estado tiene obligación de garantizar. Es por ello que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de este ataque y exigimos que se garantice la seguridad tanto de lxs periodistas que cubren los eventos del CIG, como de la compañera María de Jesús Patricio Martínez y las y los concejales de los distintos pueblos que integran el CIG.

Lxs abajo firmantes, ciudadanxs mexicanxs residentes en el extranjero, estudiantes, profesores, profesionistas, activistas, migrantes forzados y auxiliares del CIG, repudiamos enérgicamente ante la comunidad internacional este cobarde ataque y exigimos condiciones de seguridad para todxs lxs integrantes del CNI y del CIG y periodistas que los acompañan.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, proyectos independientes comunitarios, ciudadanos del mundo que se unan a nuestro llamado.

Red Internacional de Auxiliares en apoyo al CIG en el extranjero “Con Marichuy Sin Fronteras”

Barcelona
Donostia/San Sebastián-País Vasco
Filadelfia PA, EUA
Grand Rapids Michigan, EUA
Norristown PA, EUA
Sherbrooke, Canadá
Guatemala, Guatemala
Exeter, Reino Unido
Londres, Reino Unido
La Haya, Países Bajos
Dortmund, Alemania
Bruselas, Bélgica
Marsella, Francia
Lyon, Francia
Rio de Janeiro, São Paulo y Fortaleza- Brasil
Valencia, España
Quito, Ecuador
Zaragoza, España
Sevilla, España
Cali, Colombia
Santiago de Chile.
Bruselas, Bélgica.
Gold Coast, Australia.
Madrid, España.

Firmas solidarias:

Colectivos

Red de Apoyo a la Participación de Mujeres y Pueblos Indígenas de Barcelona
Desde Europa con Marichuy
Coalición Fortaleza Latina PA, EUA
Asamblea de Solidaridad con México en el País Valencia
London Mexico Solidarity
Despiertos y Actuando, Red solidaria de Mexicanos en Bélgica
Colectivo Y Retiemble, Madrid.

Condenamos el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia
Exigimos seguridad a defensoras del territorio en riesgo y a la caravana del CIG

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se une a la demanda de justicia ante las agresiones a pueblos del Congreso Nacional Indígena, integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, su red de apoyo y periodistas que hacen cobertura de su recorrido por el país.

El pasado 16 de enero, en el municipio de la Chilchota, Michoacán, fue encontrado el cuerpo sin vida de Guadalupe Campanur Tapia, indígena purépecha, defensora del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios. Lupita fue fundadora de la Ronda Comunitaria de Cherán que custodia y defiende los bienes naturales y el territorio de Cherán.

El municipio de Cherán, en Michoacán, es parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y se ha caracterizado por su proceso de autonomía y organización comunitaria en la defensa de los bosques en contra de la explotación ilegal de madera.

EL 21 de enero, entre Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán fue atacada la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) en donde viajaba su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. El último vehículo de la caravana fue interceptado por dos camionetas de la que salieron sujetos fuertemente armados obligando a los comunicadores independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a entregar sus cámaras y teléfonos celulares. Marichuy se dirigía a Nurío, municipio de Paracho, después de concluir una reunión en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán.

Es importante señalar que en ese contexto, el pasado 9 de enero el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que aglutina a 30 comunidades originarias, acordó respaldar a Marichuy vocera del CIG.

El riesgo que viven las defensoras de derechos humanos es cada vez más preocupante, en este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Lucila Bettina Cruz Velázquez, defensora zapoteca de la tierra y territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y concejala del CIG. La CIDH pidió al Estado mexicano proteger de forma inmediata la vida e integridad de Bettina Cruz y su familia.

El Frayba condena el feminicidio de la defensora de derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia y exige al Estado mexicano una investigación exhaustiva, para evitar que este hecho quede en la impunidad.

Nos solidarizamos con la familia de Guadalupe Campanur Tapia y con la comunidad de Cherán, Michoacán, en su ejercicio de autonomía como pueblo purépecha en la defensa de sus bienes naturales y de su territorio.

De igual manera nos unimos a las exigencias de seguridad a la caravana del CIG y a su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, así como de Bettina Cruz y su familia.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de enero de 2018
Boletín No. 02

PDF aquí: Cese de agresiones al Congreso Nacional Indígena