Por Redacción Somo el medio

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.- El Consejo Wixárika de Nayarit denunció que sin haber sido consultados autoridades vendieron 100 hectáreas de su territorio donde se incluye su centro ceremonial, parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales por la UNESCO y Área Natural Protegida por el gobierno mexicano para la creación de un desarrollo turístico.

Lo anterior es un problema grave para la comunidad Wixárika que ahora se encuentra impedida para acceder a rendir culto a Tatei Haramara, uno de los cinco centros ceremoniales sagrados de los wixárikas.

El despojo que inició en 2011, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Roberto Sandoval, quienes vendieron las tierras sagradas a dos empresas, Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey y Desarrollos Turísticos Haramara, para construir un desarrollo con hoteles de lujo, escalera náutica y pista de aterrizaje. Los wirrárikas denunciaron que sospechan que las empresas son “fantasmas” y señalaron que los inversionistas son personajes políticos.

El Consejo Wixárika de Nayarit, explicó que la operación de las empresas fue autorizada por el exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva,“Layín”, y por su sucesor Cipriano Pacheco Peña, ha dañado a cinco manantiales y solo permite que la comunidad wirrárikas ingrese a 3 de las cien hectáreas originales.

Por medio de sus usos y costumbres, la comunidad Wixárika ha manejado de manera sustentable su territorio por cientos de años, por lo que llamaron a respetar su cosmogonía y su derecho a la libre determinación. “Nosotros no desobedecemos las reglas, es por eso que nos preguntamos, ¿si nosotros respetamos, por qué ustedes no nos respetan a nosotros ni a nuestros siglos sagrados?”

A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e internacional
A las organizaciones sociales y de derechos humanos
A los pueblos indígenas de México y el mundo

Los pueblos rebeldes caminan hacia la libertad;
los pueblos sumisos marchan hacia la esclavitud.
L.R

El pasado viernes, sujetos armados y encapuchados que viajaban en una camioneta Ford Lobo negra, cabina y media, incendiaron una unidad de la línea AU rentada por nuestra organización, cerca de la comunidad de Alcomunga en la Sierra Negra de Ajalpan.

Los choferes del AU regresaban de haber dejado a nuestros compañeros en el municipio de Tlacotepec de Díaz,. después de haber participado en movilizaciones y protestas en la Ciudad de México contra la Secretaría de Energía (Sener), exigiendo la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, propiedad de Minera Autlan y que pretende construir en la zona baja de la montaña.

Los agresores les cerraron el paso antes de llegar a la comunidad mencionada, los maniataron y fueron bajados con violencia y amenazas, luego rociaron gasolina y prendieron fuego a la unidad de trasporte, señalando que era una advertencia para nosotros.

Denunciamos a Cirilo Trujillo Lezama, alcalde de Tlacotepec de Díaz como el autor material de este acto delictivo y de intimidación. Pistoleros a sus órdenes y bajo el mando de su hermano Marcelo son quienes encañonaron a los choferes y cometieron el incendio al autobus. Atrás de estos actos de violencia e intimidación se encuentra, desde luego, Minera Autlan,

No es la primera vez que Trujillo Lezama recurre a la violencia como su modus operandi. El 24 de noviembre de 2106, dos pistoleros contratados por él y su hermano atacaron a mano armada las instalaciones de Radio Tleyole, las Voces del Maíz, medio comunitario e independiente que pertenece a nuestro movimiento, resultando herido con una bala 9 mm el locutor Gerardo Rivera Juárez, crimen que sigue impune hasta la fecha.

Lo mismo ha sucedido con Fermín González León, alcalde de Zoquitlan. El, su familia y allegados han recurrido en reiteradas ocasiones a las amenazas y a la agresión física directa contra nosotros, de manera pública y en asambleas celebradas en Coyolapa. Zoquitlan y Pozotitla entre otras comunidades opositoras a los megaproyectos.

Estos alcaldes que pertenecen al grupo político del Senador Miguel Barbosa Huerta, virtual candidato de Morena al gobierno de Puebla y su principal mentor, actúan como el brazo armado de la empresa minera que tiene proyectado, además del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzalan, otras dos presas hidroeléctricas en la Sierra Negra.

El pasado 4 de este año y mes en curso, aprovechando la visita de López Obrador a la población de Zoquitlan, hicimos una protesta y acusamos públicamente a estos dos alcaldes por operar violenta y abiertamente en favor de los intereses de la minera. Ante esto, tanto López Obrador como Barbos Huerta, se vieron forzados a declararse en contra de la hidroeléctrica.

Ahora los emplazamos a ser coherentes con su dicho, exigiéndoles que veten y retiren la candidatura de Cirilo Trujillo Lezama por PT-Morena a la diputación por el distrito de Ajalpan, , por su actuar fuera de la ley y por ser operador de Minera Autlán.

Denunciamos también el actuar cómplice del gobierno federal en favor de la Minera, ya que la Secretaria de Energía, durante año y medio ha intentado mediante amenazas, sobornos, corrupción, violencia y la ayuda de estos dos alcaldes, imponer una “consulta indígena” para avalar la construcción de la represa, obra que afectaría de manera irreversible los ríos Huitzilac. Coyolpa y el Tonto, tanto en Puebla como en Oaxaca y Veracruz impactando toda la cuenca del Río Papaloapan.

Refrendamos nuestra postura contra los megaproyectos en la Sierra Negra y les decimos que no podrán construirlos, porque la determinación de nuestras comunidades ha sido contundente, firme e intransigente en la defensa del territorio, sus bosques y ríos.

​Declaramos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, está rebasado por la realidad ya que no es un instrumento legal para la autodeterminación de los pueblos indígenas, sino la llave con la cual el gobierno mexicano y las empresas avalan y legalizan el despojo de nuestros territorios por medio del mecanismo de la consulta que dicha norma internacional establece y obliga.

Responsabilizamos públicamente a estos dos alcaldes, a Minera Autlan y a la Sener de cualquier acto de violencia que sigan desarrollando contra el MAIZ y las comunidades nahuas en resistencia de la Sierra Negra.

¡Por la libre autodeterminación de nuestros pueblos!

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan A.C.

¡Los ríos no se venden, se cuidan y defienden!

Fuera Minera Autlán de la Sierra Negra

Tehuacán, Ciudad de Indios; Puebla: 12 de Febrero de 2018.

La aurora del veintiséis de enero

Por Ignacio Andrés
[Fotografía: Karynn Cabrera Rosales]

El pasado sábado 27 de enero, en la plaza ubicada en la intersección entre Avenida La Bandera y calle Sargento Candelaria, se celebró la conmemoración del 48° aniversario de la toma “26 de enero”, primer nombre del campamento que derivaría en la actual Población La Bandera.

Un 26 de enero de 1969, a las 3 de la madrugada y con consignas tales como “casa o muerte”, alrededor de 300 familias —a las que poco a poco se sumarían más— realizaron la ocupación del Fundo La Bandera, constituyendo lo que en un principio se denominó el “Campamento 26 de Enero” y más tarde la “Población La Bandera”. Este suceso marcó un punto de inflexión para otras ocupaciones de terreno que se desarrollaban en Santiago en aquel entonces, logrando generar instancias de coordinación entre las mismas, como lo fue el “Congreso Provincial de Pobladores” en 1970. Es así como en el origen de esta Población se correlaciona el problema de la vivienda, la ascendente movilización social y la colaboración del Movimiento de Izquierda Revolucionaria o MIR*.

 Acerca de la conmemoración del 48° aniversario de la toma “26 de enero”

La jornada comenzó al caer la tarde, tras los preparativos llevados a cabo principalmente por los Talleres Libres Veintiséis de Enero, con un pasacalle en donde participaron la comparsa “La Sin Nombre”, la batucada “Bombanda”, los zanquistas de “Pensamiento Rebelde” y la agrupación “Chikitinkus”.

A continuación tuvo lugar la presentación en escenario de los distintos talleres impartidos. Fue el caso del taller de cuentacuentos, de teatro y de defensa personal. En paralelo, fueron exhibidos los trabajos del taller de arte, de xilografía y telar, cuyo montaje fue distribuido por la plaza. En el caso del taller de huerto, fueron entregadas semillas a modo de reconocimiento para sus participantes. Aparte, lo aprendido en el taller de tinku fue manifestado en el pasacalle previo.

Más tarde fue el momento de la música, a cargo de Abraham, quien tocó trova con un repertorio propio. En simultáneo fue pintado un mural a cargo de Camilo Aguirre y otros compañeros, dedicado a la agrupación “Chikitinkus”.

Por otro lado, la misma jornada valió para el lanzamiento del libro “El árbol” de María Luisa Bombal Anthes (1910 – 1980), cuento escrito en el 1939, impreso para la ocasión y editado por Colectiva Púrpura. El mismo caso para “Sororidad”, una serie de ensayos sobre sororidad, con relatos y testimonios sobre la misma, así como también del fanzine de “Maracas insumisas” que abarca el estereotipo de la femineidad y lo bello, instrumental al patriarcado. En el mismo stand de Colectiva Púrpura se contó con medicina y cosmética natural vegana.

Para el cierre fue dejada la proyección de los documentales “La toma de La Bandera” (2014), acompañado del estreno de “Recogiendo memoria”, producidos por los Talleres Libres Veintiséis de Enero y todavía en proceso de edición.

El primero revela la historia de la toma, remitiéndose a los tiempos en que el sector era un fundo, la organización para la toma, la resistencia al desalojo. Proceso representado por un elenco infantil, compuesto principalmente por niñas. Una crítica implícita, cuando no explícita, a una historia en la que sobresalen los dirigentes —que no perduran en el posterior desarrollo de la Población—, y que oculta el desarrollo político cotidiano, sostenido en el hogar y conducido principalmente por pobladoras.

Lo anterior es fundamental a la hora de abarcar el devenir de la población durante la dictadura, así como desde la transición pactada hasta el presente. Algo que abarca el documental que se mostró a continuación, donde se recogen testimonios de organización en el período dictatorial —que en ciertos casos prefiguraban una sociedad nueva desde la misma organización barrial—, y que al mismo tiempo, expone los nada extraños casos de violencia doméstica, frente a los cuales fueron constituidos incipientes órganos de autodefensa femenina, según detallan algunos relatos.

No menos relevante es señalar que el pasacalle —así como el carácter de la jornada misma— fue dedicado a las pobladoras, que explotadas y oprimidas, mantienen la organización territorial. En virtud de ello, fue citado al comienzo de la actividad el caso de Lorenza Cayuhan Llebul, mujer mapuche quien el 17 de octubre de 2016 fue obligada a parir engrillada y frente a la presencia de un gendarme hombre, en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción**, así como también el caso de Joane Florvil, quien murió el 30 de septiembre del 2017, tras un mes de hospitalización en la Posta Central, por golpes supuestamente autoinfringidos —los que en realidad fueron propinados por carabineros según se constató más tarde***—  luego de haber sido acusada de abandonar a su hija de dos meses de edad. Más tarde quedaría establecida la inocencia de Joane, quien murió sin volver a ver a su hija****.

Como resultado, la conmemoración, lejos de ser un evento nostálgico, formal o de acento patrimonial, fue una denuncia de la violencia sistemática hacia las Poblaciones por parte del Estado, con especial ensañamiento hacia  las mujeres y niños, así como también de la violencia en el hogar, muchas veces omitida, tanto como el importante rol de las pobladoras en el pasado y presente de la organización territorial.

Pero además, a partir de todo lo anteriormente expuesto, entramos en cuenta de que tales problemáticas —enraizadas en lo más profundo de nuestra sociedad—, lejos de suponer un impedimento para el encuentro entre vecinas y vecinos, lo fomentan, y que La Bandera, además de ser un territorio de digna memoria, es una comunidad rebosante de  (auto) organización, donde la lucha, la sencillez y el afecto van de la mano y perduran todavía, desde aquella madrugada de 1969, en el alma de la Población.

Notas

* Para una breve revisión del origen de la Población recomendamos dos artículos, de distinto origen y énfasis contrapuesto. En primer lugar, “No éramos del MIR los pobladores, nosotros estábamos por una necesidad que era la vivienda: Los pobladores del campamento Nueva La Habana y el MIR, 1970-1973”, disponible en http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php?journal=RHyG&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=1202&path%5B%5D=973. En segundo lugar, “Historia de la toma de la Bandera (La 26 de Enero)” a cargo del Colectivo Miguel Enríquez, disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11483.

** “Querellas y manifestación por caso de mujer mapuche obligada a partir engrillada y con presencia de gendarmes hombres”, disponible en http://www.mapuexpress.org/?p=12201.

*** “Director de la Posta Central declara que Joane Florvil habría sido golpeada en la comisaría”, disponible en http://www.24horas.cl/nacional/director-de-la-posta-central-declara-que-joane-florvil-habria-sido-golpeada-en-la-comisaria-2545581.

**** “El mes de injusticia que apagó la vida de la haitiana Joane Florvil en Chile”, disponible en http://www.eldesconcierto.cl/2017/10/06/el-mes-de-injusticia-que-apago-la-vida-de-la-haitiana-joane-florvil-en-chile/.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de febrero de 2018

COLEGAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD EN GENERAL

Por este medio saludamos y agradecemos el gesto solidario y contundente que han expresado frente a nuestra posición de rechazo por el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la UNICACH, el 2 de febrero del presente año, de otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

A nuestra protesta se sumó la renuncia de nuestra colega y compañera, la Dra. Mercedes Olivera, al Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UNICAH en marzo de 2012. Este acto de honestidad intelectual fue secundado por el Dr. Andrés Fábregas Puig, fundador y primer rector de nuestra universidad, quien también devolvió el mismo reconocimiento, otorgado en el mes de mayo de 2015. Ambas personalidades, de amplia trayectoria académica en el ámbito de la antropología, tanto en México como en el extranjero, y un serio compromiso social, nos dieron un claro ejemplo de coherencia y dignidad universitaria, comprometida con el desarrollo científico, artístico y humanístico.

También se han sumado a este acto de rechazo, miembros distinguidos de la comunidad del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad. El rechazo sigue creciendo, como lo expresan las redes sociales y los distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y junto a esto, se amplían las manifestaciones de apoyo a nuestra comunidad académica y de rechazo al otorgamiento del Honoris Causa referido.

Frente a las protestas generadas por el acuerdo del Consejo Universitario, la UNICACH emitió una carta el pasado día 7 de febrero, en el cual anuncia la “suspensión” del otorgamiento del Honoris Causa mencionado. Ello no representa, sin embargo, su cancelación, como ha sido exigido por la opinión pública y las más connotadas voces de académicos de nuestro país.

Por ello, exigimos que el rector de la Universidad, en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, vete la decisión del Consejo Universitario, anteponiendo así los principios universitarios fundamentales. La Universidad es por excelencia la casa donde se cultiva el conocimiento, es fuente de producción de cultura y de principios humanísticos que contribuyen al engrandecimiento de nuestros pueblos. El rector y todos los que conformamos la comunidad universitaria tenemos el deber irrenunciable de cuidar estos fundamentos.

Atentamente

Personal académico, administrativo, estudiantes y egresados de los programas de posgrado de Maestría y Doctorado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH)

FIRMAS

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PRONUNCIAMIENTO DEL 9 DE FEBRERO DE 2018.

AL DR. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL UNICACH

AL MTRO. RICARDO PANIAGUA RODAS, SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA DRA. FLOR MARINA BERMÚDEZ URBINA, SECRETARIA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GRADOS Y RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LOS Y LAS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Los abajo firmantes trabajadores de las ciencias sociales y de las humanidades expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por la decisión de la UNICACH de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda y nos sumamos a las exigencias de cancelación total de dicho doctorado vía el ejercicio del veto de la autoridad correspondiente, es decir, el rector de la UNICACH. Esta exigencia la sustentamos en los argumentos que a continuación enumeramos y que hacen eco de los muchos rechazos masivos, públicos y rotundos que ha recibido dicha decisión y que, hasta el día de hoy, 8 de febrero de 2018, solamente ha sido “suspendida” según un oficio circulado en las redes sociales y firmado por el Secretario General de dicha institución. Enlistamos brevemente nuestros argumentos:

Uno. Como se ha dicho reiteradamente el General Cienfuegos no sólo no cuenta con los méritos académicos para recibir este reconocimiento universitario sino que es parte medular, desde 2012, de la estrategia militarista de seguridad nacional al ser el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del actual gobierno mexicano. Estrategia que ha contribuido a la agudización de la guerra interior en curso, ocasionando miles de desaparecidos, asesinados, feminicidios, desplazados y masacrados. En Chiapas, la memoria del agravio pasa también por una larga noche de contrainsurgencia desde el 1994 en la que las fuerzas armadas han sido actores, no únicos, pero sí centrales. Coincidimos con quienes han afirmado que premiar al General Cienfuegos, es premiar a su institución y esas estrategias en agravio de la sociedad civil mexicana que se encuentra clamando, de diferentes maneras, justicia, verdad y alto a la guerra.

Dos. Nos preguntamos por las razones profundas que tuvo quien propuso la iniciativa y los Consejeros Universitarios que la aprobaron. Nos preguntamos sobre su entendimiento y compromiso con la autonomía universitaria y las razones de fondo que los mueve, pues no podemos dejar de lado la existencia de prácticas corporativas y clientelares de la cultura política mexicana y su actuar en esta actual coyuntura electoral, así como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior, de la que el homenajeado fue promotor. Una ley, por cierto, también altamente cuestionada en lo nacional y en lo internacional por parte importante de la sociedad civil, los medios independientes y organismos defensores de los derechos humanos. Una ley hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitirá su dictamen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.

Tres. Exigimos también a las autoridades de la UNICACH otorgar las medidas de seguridad correspondientes a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH) así como a sus consejales universitarios y a los de otras unidades quienes, sustentados en criterios académicos y humanísticos, se han opuesto a dicho reconocimiento. Hacemos responsables de la integridad de cada uno de ellos y ellas a las autoridades correspondientes y hacemos firmes votos porque este obscuro capítulo de la vida de la UNICACH se cierre con la total cancelación y no sólo la simple suspensión del Doctorado Honoris Causa referido.

Firmas: Xochitl Leyva (CIESAS, Chiapas, México), Gustavo Esteva (Unitierra-Oaxaca, México), Jorge Alonso (CIESAS, Guadalajara, México), Rosalva Aída Hernández (CIESAS, Ciudad de México), Ana Esther Ceceña (IIE-UNAM, México), Walter Mignolo (Duke University, USA), Raquel Gutiérrez (ICSYH-BUAP, México), Claudia Briones (Universidad Nacional de Río Negro, Patagonia, Argentina), Armando Bartra (UAM, Ciudad de México), Betty Ruth Lozano (Unibautista, Cali, Colombia), John Glehill (Universidad de Manchester, UK), Magdalena Gómez (UPN, Ajusco, Ciudad de México), John Holloway (BUAP, Puebla, México), Catherine Walsh (Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador) Pablo Vommaro (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Shannon Speed (University of California, Los Ángeles, USA), Jaime Preciado (Universidad de Guadalajara, México), Guillermo de la Peña (CIESAS, Guadalajara, México), Joanne Rappaport (Georgetown University, USA), Gisela Espinosa (UAM, México), Francisco Morfín (ITESO, Guadalajara, México), María Teresa Sierra (CIESAS, Ciudad de México), Rosalba Icaza (Institute of Social Sciences-La Haya, Holanda), María Bertely (CIESAS, CDMX), Rolando Vázquez (Universidad de Utrecht, Holanda), Patricia Safa (CIESAS, Guadalajara, México), Gilberto Valdés (Instituto de Filosofía, Cuba), Alejandra Aguilar (CIESAS, Guadalajara, México), Yohanka León (Instituto de Filosofía, Cuba), Mercedes González de la Rocha (CIESAS, Guadalajara, México), Elena Nava Morales (IIS-UNAM, México), Santiago Bastos (CIESAS, Guadalajara, México), Raphael Hoetmer (Programa Democracia y Transformación Global, Holanda/Perú), Susan Street (CIESAS, Guadalajara, México), Gerardo González (ECOSUR, Chiapas, México), Reneé de la Torre (CIESAS, Guadalajara, México), Fernando García, (FLACSO Ecuador, Quito), Magadalena Villareal (CIESAS, Guadalajara, México), Mónica Carrasco (CIESAS, Chiapas, México), Jorge Aceves (CIESAS, Guadalajara, México), María Teresa Fernández (CIESAS, Guadalajara, México), Julia Preciado (CIESAS, Guadalajara, México), Humberto González (CIESAS, Guadalajara, México), Luis Gabriel Torres (CIESAS, Guadalajara, México).

Nota este comunicado une su voz a las muchas expresiones públicas de rechazo de la sociedad civil y a las 17, 699 firmas que exigen la cancelación del citado Doctorado, ver el sitio: https://www.change.org/p/consejo-universitario-de-la-unicach-que-unicach-cancele-el-honoris-causa-al-general-cienfuegos

Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Fuente: Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, 2 de febrero 2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

Posgrado en feminismos del CESMECA