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Por letreros zapatistas se canceló la gira del presidente por Toniná
* Ante la moda del fin del mundo
promueven gran plan turístico
Martes 12 de julio de 2011, p. 20
Toniná, Chis., 11 de julio. Las renovadas presiones sobre las bases de apoyo del EZLN en el área de Toniná, iniciadas en febrero pasado y denunciadas en dos ocasiones por la junta de buen gobierno del caracol de La Garrucha (La Jornada, 26 de mayo y 11 de julio) coinciden puntualmente con el lanzamiento del nuevo gran plan turístico del gobierno federal: Mundo Maya 2012, anunciado por el presidente Felipe Calderón en el Museo de Antropología el 21 de junio.
La intención inicial del gobierno federal era realizar el anuncio del programa turístico precisamente en la explanada de Toniná, pero cuando el equipo de logística de Los Pinos vino al sitio en vísperas del acto y se percató de los letreros rojinegros que precisaban que este es territorio autónomo zapatista (letreros por lo demás habituales en todas las regiones indígenas, en particular la selva Lacandona), decidió cambiar la sede de la ceremonia y evitar que el presidente descendiera de su helicóptero en territorio zapatista.
El domingo 20 de junio enviados del gobierno estatal retiraron los letreros, se llevaron uno de ellos y cubrieron con una cortina
una gran manta con los rostros de Emiliano Zapata, el Che Guevara y el subcomandante Marcos, donde se señala que estas son tierras recuperadas por el EZLN, organizadas con el caracol de La Garrucha.
La mañana del día 21 llegó el gobernador Juan Sabines Guerrero, acompañado de un vistoso grupo de lacandones, y al igual que los mandatarios de los otros estados involucrados, se enlazó con la ceremonia presidencial en la ciudad de México vía satélite. Sin letreros.
El ambicioso programa turístico ideado por las autoridades para aprovechar la moda mundial del fin del mundo, de acuerdo con presuntas profecías mayas
, fechado para el 21 de diciembre de 2012, pretende atraer durante los próximos 18 meses carretadas de turistas nacionales e internacionales. Además de infraestructura, se anuncian 500 actos culturales en Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.
El entonces delegado de Gobierno y hoy secretario de Transporte, Horacio Schroeder Bejarano, y el presidente municipal de Ocosingo, Arturo Zúñiga, se habían presentado en Toniná un día antes del anuncio presidencial para presionar a Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz, ambos bases zapatistas, para que quitaran los letreros mencionados. No los pusimos nosotros, fue la JBG, vayan a hablar con ellos
replicó Cruz Espinosa, demandando el cumplimiento de la minuta de acuerdo firmada por el propio Schroeder y otros funcionarios tiempo atrás.
Entre las exigencias contenidas en dicha minuta, que los funcionaros dijeron no estar en condiciones de resolver en ese momento, están el retiro de los cargos administrativos formulados con pruebas falsas contra Cruz Espinosa, por los cuales tiene abierto un proceso judicial (que las autoridades mismas han reconocido que no tiene fundamento, pero sin retirar los cargos), así como la destitución de la directora del museo de sitio, Julieta Camacho Ramírez, quien siempre fomenta la división
y ha sido muy activa en los intentos para despojar de sus tierras al propietario.
Amenaza de levantón
El edil Zúñiga, de extracción panista, y empresario muy interesado en el negocio turístico
, amenazó a Cruz Espinosa con un levantón si no cambia de actitud
.
El área de Toniná siempre ha sido un enclave caliente
. En ella se localiza una gran base del Ejército, justo frente a la comunidad zapatista Nuevo Jerusalén. Ahora, el gobierno termina de construir una escuela primaria adyacente al complejo militar. Aunque casos similares han sido señalados como inapropiados, poner juntos escuelas y cuarteles es una socorrida estratagema contrainsurgente en comunidades indígenas.
Reformas de leyes y fuero militar
Organizaciones sociales advertían del interés gubernamental de aprobar en el anterior periodo vacacional, la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que ahonda en el establecimiento de un estado policiaco-militar que abre la vía militar a la represión de movimientos sociales.
Tratan de hacerlo ahora, nuevamente aprovechando otro periodo vacacional y en medio de la faramalla de la liga de fútbol. El Frente Plural Ciudadano y Centro Pastoral de Chihuahua advierten del “peligro del proceso de aprobación inminente a las Reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Laboral.
Tenemos conocimiento de que existen intenciones de aprobar estas Reforma en este periodo extraordinario de sesiones del Congreso.
La aprobación de las Reformas a estas dos leyes -que se hacen otra vez a espaldas del pueblo, sin consultas públicas y abiertas, sin debates abiertos y públicos- sería un golpe devastador para nuestra sociedad.” En una carta invitación para organizar una jornada nacional contra ambas reformas se dirigen a lxs firmantes del Pacto de Juárez el 10 de junio, a organizaciones sociales y políticas y a mexicanxs, recordando que en uno de los puntos del Pacto Ciudadano se señlaba que ”exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional por el contrario emplazamos al poder legislativo a que elabore conjuntamente con la sociedad una ley de seguridad social y ciudadana”, además de rechazar totalmente la Reforma Laboral en ciernes.
Mientras, la SCJN, la que libera paramilitares de Acteal, dice que los militares podrán ser juzgados en tribunales civiles cuando violen derechos humanos, cosa que no garantiza que se vaya a hacer justicia.
En el marco de las discusiones sobre la LSN, la SCJN que, no olvidamos, contribuyó en el pasado a avalar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, siendo corresponsable de la situación de impunidad prevaleciente en la actualidad, aprobó este 12 de julio restringir el fuero militar, basándose en la sentencia de la CIDH.
La Corte Interamericana determinó en cuatro decisiones, que militares habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra civiles. Además del caso Radilla, en agosto de 2010, estableció que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas de Guerrero, habían sido violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002. En diciembre de 2010, el tribunal determinó que los militares habían detenido y torturado a dos campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. La Corte Interamericana ha manifestado, en reiteradas oportunidades, que la jurisdicción militar no debería aplicarse a violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. México no ha cumplido aún con este requisito.
El primer caso, excepcional, con castigo a militares, es el de Castaños. El 11 de julio de 2006, 14 mujeres que trabajaban en un bar en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, fueron atacadas sexualmente por al menos 20 militares.
Ahora se espera que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel, mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Para Raúl Vera, obispo de Salitllo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón. El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia es el caso de la compañera indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles.“Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”.
Recordamos también algunos casos de violación por parte de militares en el estado de Chiapas que continúan impunes; como es el caso de las tres hermanas tseltales violadas y torturadas por militares. Otras violaciones que se mantienen en la impunidad, como la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez en 1995; ; o la desaparición forzada en 1999 de José Hidalgo también por parte de militares; o la detención y tortura en 2007 de Roberto Encino, estudiante tseltal, por parte de elementos del ejército. Casos documentados por el Frayba.