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Comunicado sobre intento de desalojo en las barricadas de la 7a sección y sobre le desmantelamiento de la radio comunitaria Totopo
Comunicado sobre intento de desalojo en las barricadas de la 7a sección y sobre le desmantelamiento de la radio comunitaria Totopo, en breve les haremos llegar otro comunicado con la información de nueva amenaza de desalojo que se está dando en este momento contra las barricadas de la 7a, militares y grupos de choque se encuentran rodeadondo la zona del bloqueo.
COMUNICADO URGENTE: POLICIA ESTATAL ATACA A LA RESISTENCIA INDIGENA EN JUCHITAN
El día 26 de Marzo alrededor de 1200 miembros de la policía, estatal, ministerial y transito del estado de Oaxaca llegaron a intentar desalojar con violencia y disparos al aire, la barricada instalada por campesinos, pescadores y mujeres de Juchitán desde hace mes y medio en el camino que conduce de Juchitán a Playa Vicente. Hay varios compañeros heridos entre ellos Carlos Sánchez Coordinador de Radio Comunitaria Totopo, quién tiene un brazo dislocado y severas contusiones en su pierna izquierda, y otros más en estado grave, como saldo de la represión.
En esta misma acción un grupo de choque entró a la radio comunitaria Totopo llevándose el transmisor, computadora y el medidor de luz, con el objetivo de acallar su voz, que en estos momentos de resistencia resulta decisiva para la comunicación entre los pobladores.
La empresa Unión Fenosa – Gas Natural sigue intentando apoderarse de manera artera de tierras comunales que pertenecen a Juchitán, para instalar su proyecto Bii Hioxho. Estas tierras han sido acaparadas por ex-presidentes municipales, como el coceista Mariano Santana López, Alberto Reyna Figueroa, Leopoldo de Gyves de la Cruz; así como el actual presidente municipal, el priista Daniel Gurrión Matías.
El territorio comunal de Juchitán comprende más de 68000 hectáreas reconocidas y tituladas como bienes comunales por una resolución presidencial del año 1964.
La compañía Unión Fenosa- Gas Natural cuenta con la complicidad del gobierno federal, ya que se autorizó la creación de este parque sin tener en cuenta la legislación agraria, puesto siendo tierras de origen colectivo, no han cumplido con la obligación realizar la asamblea comunal para decidir sobre el usufructo de la tierra, y en mayor medida cuando se trata de tierras de uso común, como en este caso. Por el contrario, violan la ley haciendo contratos individuales, como si los comuneros fueran pequeños propietarios, y legalizan los acaparamientos mediante documentos notariados.
Asimismo denunciamos que en este parque como en todos los instalados y que se pretenden instalar en la región, no se ha cumplido con la realización del Proceso de Consulta Previa Libre e Informada sobre el proyecto, tal como lo determina la convención 169 de la OIT, la Carta de Derechos de los Pueblos Indígenas que tiene rango constitucional en México.
La zona, donde pretenden levantar el parque eólico es un área de manglares y también un sitio ceremonial de los pueblos indígenas. Es también usada por los pescadores para levantar sus campamentos, mientras realizan sus actividades en la laguna. En esta zona se practica también la ganadería trashumante.
Esta agresión demuestra una vez más, que el gobierno del estado está dispuesto a asesinar a los indígenas del Istmo y así imponer los proyecto eólicos extranjeros a sangre y fuego; y nos preocupa de manera especial que después del enfrentamiento con la policía estatal se estén victimizando y realizando un hostigamiento mediático a la Asamblea del Pueblo Juchiteco, argumentando que la violencia se genero por los pescadores, campesinos y mujeres indígenas que resguardan y defiende la tierra y el territorio en esta barricadas de Playa Vicente.
Conocemos que esta es una táctica del gobierno para implementar una mayor represión como la que realizaron contra los compañeros de de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de Mayo de 2006, le recordamos al gobierno federal y estatal, que los pueblos tenemos memoria, que estamos dispuestos a defender nuestra tierra y territorio que nos la vida, contra este proyecto multinacional que quiere traer la muerte de nuestras tierras, lagunas, esteros y de nosotros mismos.
EXIGIMOS:
- EL CESE A LA REPRESIÓN.
- EL CASTIGO A QUIENES ORDENARON ESTE OPERATIVO POLICIACO
- RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO.
- EL CESE AL HOSTIGAMIENTO A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN RESISTENCIA CONTRA EL PROYECTO EÓLICO
- CESE AL HOSTIGAMIENTO DE LAS BARRICADAS INSTALADAS EN CARRETERA PLAYA VICENTE – JUCHITAN SAN DIONISIO DEL MAR, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN Y SAN MATEO DEL MAR DE NUESTROS PUEBLOS EN DEFENSA DE NUESTRAS TIERRAS TERRITORIO.
- DEVUELVAN EL EQUIPO DE NUESTRA RADIO COMUNITARIA TOTOPO.
¡¡¡NO AL PROYECTO EÓLICO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC!!!!
¡¡¡¡LA TIERRA, EL MAR Y EL VIENTO SON FUENTE DE VIDA, Y NO MERCANCIA!!!!!
¡¡¡¡FUERA UNION FENOSA GAS NATURAL DE LAS TIERRAS COMUNALES DE JUCHITAN!!!!!
ASAMBLEA DE PUEBLOS INDIGENAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO. ASAMBLEA POPULAR DEL PUEBLO JUCHITECO ASAMBLEA POPULAR DE PUEBLOS DE SAN DIONISIO DEL MAR ASAMBLEA POPULAR DEL PUEBLO DE ÁLVARO OBREGÓN ASAMBLEA POPULAR DE PUEBLOS DE SAN FRANCISCO DEL MAR ASAMBLEA DE PUEBLO DE SAN MATEO DEL MAR. COMITÉ DE RESISTENCIA AL PROYECTO EÓLICO DE UNIÓN HIDALGO UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA NORTE DEL ISTMO
ASAMBLEA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
http://http://www.facebook.com/pages/Asamblea-de-Pueblos-del-Istmo/
http://tierrayterritorio.wordpress.com/
Av. Efraín R. Gómez #49, 4a sección
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
70000
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Av. Efraín R. Gómez #49, 4a sección
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
70000
“Nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes llenas de esperanza”: mujeres de Atenco
México. El Estado mexicano, que señaló de mentirosas a las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual durante la represión en Atenco y Texcoco en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr una “solución amistosa” por las acciones, que son parte de su fracasada estrategia por frenar la organización de abajo y a la izquierda. Las sobrevivientes lo rechazan y reiteran que seguirán su demanda de justicia, que va más allá incluso de las acciones jurídicas.
En un par de meses se cumplirán siete años de los brutales operativos policiales ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco. Su saldo es bien conocido: cateos ilegales; cientos de detenciones arbitrarias; el asesinato de Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea a manos de la policía; la tortura física y psicológica de todas las personas arrestadas; y la expulsión ilegal de cinco personas extranjeras. El caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la violencia generalizada, fuimos sometidas a la tortura sexual, de la que se documentaron por lo menos 26 casos.
La violencia institucional no sólo se tradujo en cárcel, asesinato y tortura; luego enfrentamos la represión judicial, procesos interminables; sentencias inauditas -hasta por 112 años de prisión-. Tras conseguir la libertad de todos y todas después de años de movilización y resistencia, no podemos dejar de percibir que la impunidad ha sido el común denominador en este asunto.
En las primeras horas de la detención, en el enorme comedor de visitas del penal de Santiguito, nos encontrábamos las mujeres en silencio, esperando pasar a rendir declaración. Una chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.
Hemos vivido la criminalización y estigmatización. Los diferentes funcionarios del gobierno federal y estatal nos llamaron mentirosas, inventando que seguíamos un manual utilizado por grupos radicales para inculpar falsamente a los agentes policíacos de violación.
La impunidad anunciada.
Acudir a las autoridades para denunciar la represión parecía una locura. Ellos usaban a los medios de comunicación comerciales para anunciar que no existían denuncias formales, cuando según su preciado Estado de derecho debía seguirse una investigación por oficio ante las evidencias físicas de tortura. Nosotras decidimos no legitimar sus mentiras con nuestro silencio: Denunciamos.
Comenzó el largo peregrinar acudiendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) -ahora FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas). Pasaron dos años en donde rendimos declaración; ampliamos declaración; nos sometieron a peritajes; más citaciones y demagogia; padecimos a las diferentes fiscales que pretendían hacerse de capital político con nuestra demanda de justicia. Elena Pérez Duarte, entonces fiscal, nos hablaba como madre adolorida por sus hijas caídas en desgracia; después vino Guadalupe Morfín, que con su prepotencia dijo que no había avances y que no nos hiciéramos falsas ilusiones respecto a consignar el caso.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) llevaba una investigación llena de irregularidades. Donde 29 policías habían sido señalados directamente por una compañera denunciante, las autoridades procesaron a 9 de ellos por los delitos de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero nunca por tortura. En resumen, todos los policías fueron absueltos y el costo emocional para nuestra compañera fue devastador.
En este contexto acudimos en abril de 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la petición de que investigara lo ocurrido el tres y cuatro de mayo de 2006. Supimos entonces que nos encontrábamos en medio de un proceso que por lo menos se llevaría siete años más.
La simulación ha sido la estrategia del Estado mexicano. En febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su dictamen respecto a la investigación del caso, reconoce “la flagrante violación a las garantías individuales y abuso de autoridad”. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo y cualquier autoridad que haya participado en la planeación y ejecución de los operativos se le deslindó de toda responsabilidad del ejercicio de la fuerza pública, argumentando que los policías actuaron por cuenta propia, diluyendo así la responsabilidad de la cadena de mando y de los funcionarios partícipes.
En septiembre del mismo año, la FEVIMTRA, declinó la competencia a la PGJEM, no sin que antes Guadalupe Morfín sacara su tajada política al declarar ante los medios de comunicación la consignación federal del caso en el contexto de su salida de la fiscalía para candidatearse para ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué más da una mentira en la carrera de altos vuelos de la exfiscal!.
Pasaron los años y el Estado mexicano hizo todo lo necesario para perpetuar la impunidad. Fue hasta julio del año pasado, que durante la exanimación a la que fueron sometidas las autoridades mexicanas por parte del Comité CEDAW de la ONU (Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), realizada en Nueva York, con bombos y platillos se anunció que la Procuraduría había consignado y arrestado a dos policías por actos de tortura en agravio de nosotras. Extraordinaria coincidencia que giraran órdenes de aprehensión el mismo día en que se le cuestionaría al Estado acerca de las investigaciones.
El panorama le cambió a partir del 14 de marzo el Estado mexicano. Durante la audiencia de fondo ante la Comisión Interamericana, en un acto desesperado por mantener intacta su imagen de garante de los derechos humanos ante organismos internacionales, se dirigió a nosotras diciendo ofrecer “disculpas” y exigiendo su derecho de convenir una salida “amistosa”, un derecho que visto desde el poder, está por encima de nuestro derecho de justicia. Dejamos de ser las mentirosas, nos ofrecieron becas y apoyos. De sus bocas salio la palabra “solidaridad”, como si ésta pudiera venir de los de arriba.
No fue difícil tomar una decisión al respecto. ¡No creemos en las promesas de las autoridades mexicanas! Hemos entendido durante estos años que lo que nos ha fortalecido y nos permite seguir explorando los caminos hacia la justicia, la construcción de la memoria y la reparación no está exclusivamente en los espacios jurídicos.
Hemos encontrado eco y solidaridad en nuestras organizaciones y colectivos, incluso en la sociedad en general. Nuestra apuesta sigue siendo la organización y el fortalecimiento de los procesos colectivos. Sabemos que la tortura sexual es una herramienta poderosísima usada para rompernos y desmovilizarnos.
Logramos hablar del tema de forma franca y abierta, sin tabús, desmontamos la victimización y el estigma, logramos colocar el término tortura sexual en un sitio visible, la forma en que se instrumenta y el daño que causa. Avanzamos en estrategias de afrontamiento individuales y colectivas. Nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes, llenas de esperanza por cambiar el actual estado de las cosas. Nuestra lucha no es por becas, programas y terapias psicológicas.
Los hechos en Texcoco y Atenco no fueron la decisión de un par de policías nerviosos a los que se les pasó la mano; fue un acto concertado por los tres niveles de gobierno. Los tres partidos políticos más relevantes (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática) se hermanaron para reprimir y detener a la organización nacional en torno a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y La Otra Campaña. Sus crímenes han sido en vano.
Seguiremos caminando abajo y a la izquierda.
Proyecto Mirada Sostenida
Publicado el 18 de marzo de 2013
Fuente: Desinformémonos
