Por Itzela Olivarri

L@s garífunas, que habitan varias regiones del Caribe Hondureño, han sufrido acoso, represión, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias desde hace ya varios años, debido a la resistencia y a la defensa de sus territorios, los cuales, ancestralmente les pertenecen.

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“Nosotras defendemos la vida, la naturaleza, pensamos en los que vienen atrás, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que tengan dónde vivir, dónde sembrar, dónde comer”, comparte Marianela Mejía mediante testimonio en video para el medio Contracorriente.

En los últimos 10 años se han reportado 105 ataques contra sus comunidades; algun@s de sus integrantes han sido detenid@s y encarcelad@s, tal fue el caso de Jennifer Mejía Solórzano, quien el 3 de marzo del presente año fue detenida y, cuando su hermana Marianela acudió a la estación de policía para solicitar informes, también fue arrestada. Después de cuatro días, el 7 de marzo, se les dictó auto de formal prisión y, si son condenadas, podrían pasar 10 años privadas de su libertad.

Las hermanas Mejía son integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y se les acusa de usurpación de tierras en territorio ancestral.

Tierras ancestrales que en realidad les pertenecen y que el Estado no quiere reconocer, por lo que han sufrido expropiación territorial, persecución, amenazas y secuestros.

Aunado a ello, se les ha intentado desplazar de las tierras que habitan, con el fin de realizar diversos proyectos turísticos en la zona de Trujillo. Una de las empresas que quiere realizar estos proyectos es la Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA, de capital canadiense, misma que acusó a 32 miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellas a las hermanas Mejía, de usurpación, daños y amenazas.

Recuento de la violencia

El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz, a los cuales se les hizo una fuerte campaña de desprestigio en las redes sociales, vinculándoles con el narcotráfico y, quienes, hasta la fecha, no han sido encontrados.

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El 13 de febrero de 2021, dos sicarios asesinaron al joven líder garífuna Fernando Padilla, quien pertenecía a la OFRANEH.

El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, integrante de la misma organización garífuna, y también acusada por supuesta “usurpación de tierras”. Por el mismo caso, aún se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.

Ante esta serie de detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados, a principios de julio, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, manifestó su preocupación: “El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas mas vulnerables de la sociedad”.

JOSEMA DE MIGUEL, periodista

“Yo crucé el mar. Cuando me dijeron que las mujeres zapatistas veníais cruzando el mar, se me olvidaron mis penas. Sois valientes. Bienvenidas”, dijo un chico africano que llegó hace unos años en patera a España. Con otros migrantes formaron la comunidad Baye Fall, única rama del Islam de origen indígena en Senegal. Él fue uno de los que quiso tomar la voz en el acto de bienvenida a las compañeras zapatistas que se había organizado en Valencia.

No fue el único. Diferentes luchas se dieron cita en la Plaza de la Virgen para defender una vida digna, la justicia social, el territorio, la tierra, el agua, la misma lucha que mantienen Ecollaures, la Comissió Ciutat-Port, No a la Ampliació del By-Pass, Entre Barris, Frenem la contaminació al Grau. También el Colectivo de Les Moles de Paterna, que anunció su reciente victoria sobre la empresa que pretendía hacer de este paraje natural un enorme centro comercial. Todos reconocieron orgullosos el ejemplo de lucha zapatista que inspira estas luchas del pueblo, de David contra Goliat.

Todos querían dar la bienvenida a las compañeras del escuadrón 421 del EZLN en su Gira por la vida que las llevará a diferentes ciudades europeas. El 5 de julio en Valencia era solo el principio de esta travesía. 4 mujeres con huipil (Lupita, una joven tzotzil de 19 años; Carolina, una tzotzil de 26 años, Ximena, una cho’ol de 25 años, y Yuli, de 37 años, originaria tojolabal y ahora tzeltal de la selva Lacandona), dos hombres y Marijose, una compañera trans, forman el Escuadrón 421. Llegaron a la plaza de la Virgen tras un cordón sanitario formado por voluntarios de la Xarxa solidaritat que organizaba el acto. Ni el cordón, ni las mascarillas ni el calor insoportable pudieron con la emoción, los aplausos y los gritos de 100% zapatista con que Valencia quiso dar la bienvenida.

Hablaron en sus lenguas: tzotzil, tzeltal, cho’ol, tojolabal y también en “castilla”. Lupita fue la primera en hablar en su lengua, y pese a que no entendimos mucho, el cuerpo se estremeció de emoción. Después la rapera Tesa agarró el micro para cantar en valenciano, y de nuevo la emoción puso la piel de gallina a todos. También a Lupita quien, pese a que no debió entender nada, grababa con el móvil visiblemente emocionada. Ambas compartían la importancia de mantener la identidad de su cultura y de su lengua materna.

Muchas asociaciones como Obrint Fronteras, el colectivo Voces, Mujeres y Resistencias, o las compañeras del movimiento #RegularizaciónYa, tomaron la voz, para saludarles, para darles las gracias por su visita, “Todo nuestro respeto por la lucha de tantos años. Seguimos su paso sereno, como ustedes nos enseñaron”, dijeron para transmitirles la emoción de tenerlas en este lado del mundo. Yo también la sentí.

Recuerdo cuando de jovencita llegué por primera vez a México y Chiapas. El 1 de enero, cuando todos dormían la resaca de Nochevieja, un grupo de mujeres y hombres ataviados con pasamontañas entraban uniformados por las calles de san Cristóbal de las Casas, símbolo de la lucha indígena durante más de 500 años. Exigían con humildad, pero con fortaleza, el buen gobierno y los autogobiernos en sus comunidades. El Subcomandante Marcos lideraba intelectualmente aquella lucha de David contra Goliat, que rápidamente se extendió y caló en los idealistas europeos. Yo ni siquiera conocía su lucha hasta que unos meses después del levantamiento llegué ingenua de mi pueblo valenciano a Chiapas. Y me identifiqué con las radios comunitarias que se formaban como semillas de esta lucha silenciada durante años. Pusieron en jaque al gobierno federal y las conciencias de todo el establishment de “los coletos” de San Cristóbal.

Años después, casi también por casualidad, estaba en Chiapas en el entierro de Samuel Ruiz, el obispo de los pobres, que denunció la situación de esclavitud que aun vivían los indígenas en los cafetales y las comunidades. Samuel aprendió su lengua y fue la voz que denunció su situación. Cuando en 2011 murió, sus restos fueron trasladados a la Catedral de San Cristóbal, donde él quiso descansar al lado de su gente. El día del entierro, de todas las aldeas zapatistas, incluso de Guatemala, llegaron indígenas caminando, tal como papa Tatik había hecho años antes, a despedir y honrar al obispo, o tan solo a su papa “el caminante”.

Yo creí que, aquel día en la catedral de San Cristóbal, con Samuel se enterraba también el movimiento zapatista. Sin embargo, esta cita en Valencia ha hecho despertar de la inacción, de la siesta que dormíamos apelmazados por nuestros quehaceres cotidianos para sobrevivir en el sistema neoliberal del bienestar.

Ahora, miembros de esas comunidades, de aquel ejército zapatista, estaban delante de otra catedral, la de mi ciudad, Valencia. Pero aquel caminar sereno para mejorar el mundo, la justicia social, el buen gobierno, estaban tan presentes este 2021 como me hicieron sentir de jovencita. La Travesía por la Vida les había traído a la vieja Europa pandémica para recordar que aquella lucha continua, para darnos ánimos, para compartir experiencias y luchas.

Las presentaciones se fueron acelerando porque el tiempo se agotaba y eran muchas las que querían presentarse y dar la bienvenida al Escuadrón 421. Colectivos de barrio como el Parke Alcosa y el CSOA L’Horta, CEDSALA, Entre Pobles PV, Pau i Solidaritat. Grupos feministas o internacionalistas como la Intersindical de Dones o Perifèries del Mòn, que cerró este acto de bienvenida.

Tal vez ni Lupita, la joven tzotzil, ni Tesa, la rapera valenciana, ni la mayoría de las jóvenes europeas que estaban en la plaza de Valencia habían nacido cuando aquel uno de enero de 1994 se alzó esta lucha. Pero en sus sonrisas, en sus puños en alto llenos de humildad y contundencia, en sus rostros y en sus mentes, estaba la semilla que plantaron aquellos días hace ya más de 27 años en la sierra madre de Chiapas.

La travesía por la vida ha comenzado, después de Valencia viene Barcelona, Paris… El viejo Tatik Samuel y los compañeros que caminaron y lucharon aquellos días estarían orgullosos de ver a estos jóvenes que mantienen con vida esta lucha y la de todas las luchas que se unieron en la Plaza de mi ciudad.

Valencia fue 100% Zapatista.

SIN PROPINA, SIN VACUNAS

Una grave denuncia estalló anoche en un artículo publicado por  Folha :  el Ministerio de Salud habría pedido un soborno en la compra de vacunas de AstraZeneca . Fue Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante de una empresa llamada Davati Medical Supply, quien reveló la historia a la periodista Constança Rezende.

De acuerdo a sus palabras, la Davati entró en contacto con el Ministerio en febrero para ofrecer 400 millones de dosis de inmunizante, y el director de logística de la firma, Roberto Ferreira Dias, impuso la condición de “unirse al grupo” o formar parte del esquema. Para ese “acuerdo”, la empresa debería agregar US$ 1 al precio de cada dosis. O sea, cada persona vacunada rendiría R$ 10 de ganancia. Dominguetti también dijo que la reunión en la que se propuso el trato se llevo a cabo en un restaurante, en un centro comercial, y que había otras dos personas: “Era un militar del Ejército y un empresario de Brasilia”, dijo, aunque sin nombrar nombres.

Afirmó  haber rechazado la propuesta, que fue reforzada al día siguiente, esta vez dentro del propio Ministerio. Después de otro negativo, no hubo más interés de la carpeta en la compra. “Intentamos hablar con Élcio Franco [exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud], también le explicamos la situación, no sirvió de nada. Nadie quería una vacuna ”, informó.

Como dijimos ayer , Roberto Ferreira Dias, quien habría presionado al servidor Luís Ricardo Miranda durante el proceso de compra de Covaxin, incluso fue designado por Jair Bolsonaro para asumir una junta directiva en Anvisa en 2019. El cargo que tiene el partido del exdiputado Abelardo Lupion (DEM-PR), fue  avalado por Ricardo Barros  (PP-PR), líder de gobierno en la Cámara y uno de los focos del escándalo Covaxin.

Poco después de la publicación  del asunto, el ministro Marcelo Queiroga  decidió destituir a Dias .

Y Dominguetti será escuchado  por el CPI de Covid esta semana: según el presidente de la Comisión, Omar Aziz (PSD-AM),  el testimonio será el viernes.

A tiempo:  diputados de la oposición al gobierno enviarán  representación al Ministerio Público de la Federación  solicitando la investigación del caso.

CONSEJOS SUELTOS

Todavía queda mucho por investigar con respecto a la propia Davati Medical Supply, una empresa poco conocida. Es de destacar que AstraZeneca siempre ha dicho que sólo comercializa sus vacunas covid-19 directamente con gobiernos federales y organizaciones multilaterales, lo que hace que toda la historia sea muy extraña.

En marzo,  la compañía se encontró en el centro de la controversia en Canadá luego de que una federación que representaba a los pueblos indígenas del país intentara comprar vacunas fuera de los procesos gubernamentales. En ese momento, la vacunación era muy lenta y la empresa se ofreció a negociar la venta de dosis de AstraZeneca.

Una portavoz de una farmacéutica británica le dijo a la policía canadiense que había  varios informes de terceros que ofrecían sus vacunas de manera sospechosa : “Puedo compartir que les comunicamos a los gobiernos que si una organización ofrece el suministro privado de nuestra vacuna AstraZeneca / Oxford, probablemente no sea una oferta legítima ”, declaró. A su vez, el director ejecutivo de Davati, Herman Cárdenas, se negó a explicar cómo obtendría millones de dosis si los gobiernos de todo el mundo tuvieran tanta dificultad para vacunar a sus poblaciones.

Al mismo tiempo,  Estadão  informó que cientos de ayuntamientos en todo Brasil  estaban firmando contratos con intermediarios de  vacunas para obtener dosis de Sputnik V y AstraZeneca, incluso con compañías farmacéuticas que dijeron que no negociaban de esa manera. Lo más destacado fue la empresa búlgara TMT Globalpharma, pero también se mencionó a Davati: “Un documento presentado al informe menciona que TMT buscó 70 millones de dosis de la vacuna Oxford / AstraZeneca a través de la empresa Davati Medical, en Estados Unidos. El producto se entregaría al gobierno federal, pero el Ministerio de Salud dijo que nunca recibió una propuesta de estas empresas ”. También en marzo, el  Consorcio Paraná se puso en contacto  con Davati para pedirle una oferta para la adquisición de dosis.

Dos meses después, el  reportero Lucas Ragazzi se hizo pasar por un representante de una ciudad ficticia para negociar con las personas que  se comunicaban con los ayuntamientos de Minas Gerais para ofrecer  vacunas y tratar de entender qué estaba pasando. Incluso sin ninguna prueba, los distribuidores afirmaron representar a Davati. Y, para forjar algo de credibilidad, incluso dijeron que la ciudad de São Paulo tenía contratos con la empresa, lo cual es mentira.

UNA ACUSACIÓN MÁS

La bomba  de Folha  no fue la única de la noche. El otro vino de la  Revista Crusoé , según el cual al diputado  Luís Miranda (DEM-DF) se le ofreció un soborno  para no entorpecer la negociación de Covaxin.

Dijo que  días después de hablar con Jair Bolsonaro sobre las señales de irregularidad, se encontraba en una reunión con Silvio Assis, un cabildero vinculado al diputado Ricardo Barros (PP-PR), y recibió una oferta millonaria (pero sin valor definido) para que él y su hermano guardaran silencio.

Las cosas se calientan:  según el artículo, un mes después Miranda tuvo otro encuentro con Assis y con el propio Ricardo Barros. Entonces se hizo una nueva oferta de soborno, ahora por el monto de R $ 1 millón. Silvio Assis confirmó que había conocido a Miranda, pero negó el contenido de la conversación. Y Ricardo Barros no dijo nada, dijo que solo va a hablar con la Policía Federal.

Lo que  es complicado es que el propio Luís Miranda  afirmó que la revista “es responsable de sus artículos y ciertamente pagará por lo que escriba! ¡No quiero que me utilicen para crear narrativas y repito que todas mis conversaciones con Ricardo Barros fueron republicanas y no voy a comentar hechos que no puedo probar! ”.

SUSPENSIÓN

Cinco días después de decir que “ la preocupación del Ministerio de Salud con este tema de Covaxin es cero ”, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga,  anunció la suspensión temporal  del contrato por la adquisición de 20 millones de dosis. Sostiene que, según el análisis preliminar de la Contraloría General de la Federación, no existen irregularidades, pero que la suspensión será por “un análisis más profundo”.

El CPI solicitará  al Ejecutivo más detalles sobre la decisión. Será más sospechoso si las opiniones que llevaron a suspender son demasiado largas. Si la opinión es de hace un mes, ¿por qué no lo hicieron antes? ”, Declaró el presidente de la Comisión, Omar Aziz (PSD-AM).

ESPERE UN POCO

La Fiscalía General de la Nación solicitó al STF  esperar el final del CPI para proceder con la noticia criminal  que pide la investigación del presidente Jair Bolsonaro por el delito de malversación.

El líder del gobierno del Senado , Fernando Bezerra (MDB-PE), dijo ayer que las denuncias sobre la compra de Covaxin fueron investigadas  de manera “cautelosa y juiciosa” por el coronel retirado Elcio Franco , exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud Franco, quien habría concluido que “existe no hubo irregularidades contractuales “.

NEGOCIOS INTERESANTES

Como es bien sabido, el primer interesado en llevar Covaxin a Brasil rápidamente fue el sector privado. También en diciembre del año pasado, una delegación de representantes de clínicas viajó  a India para negociar la compra  de cinco millones de dosis.

Bueno, ahora  Estadão se ha  asegurado el contrato firmado en enero entre la Asociación Brasileña de Clínicas de Vacunas y Frederico Maximiano, socio de Need Medicines (que  acababa de firmar un acuerdo  para representar a Bharat Biotech en Brasil). Se espera recibir al menos R $ 800 millones con el trato , cobrando hasta US $ 40 por dosis. No es menos del doble del precio máximo estipulado por Bharat.

Como la legislación  que permitiría la venta por parte del sector privado terminó por no entrar en vigencia y Anvisa aún no ha entregado la garantía para el uso de este producto, las dosis nunca fueron efectivamente compradas ni entregadas.

PROTECCIÓN CASI TOTAL

Es bien sabido que las diferentes máscaras ofrecen diferentes grados de protección. Pero un  estudio  (todavía preimpreso) realizado en un hospital de Cambridge, Reino Unido, mostró que  es posible prácticamente cero el riesgo de contaminación utilizando respiradores  PFF3, incluso en un entorno hospitalario, con un riesgo de contagio muy alto.

Durante la mayor parte  del año pasado, el hospital siguió la guía oficial del gobierno, que generalmente era proporcionar a los profesionales máscaras quirúrgicas. Allí, los pacientes con covid-19 confirmado estaban en las salas “rojas”, y los que no presentaban síntomas y la prueba de SARS-CoV-2 negativa estaban en las salas “verdes”. El análisis de los datos reveló que el riesgo de que los profesionales de las salas rojas contrajeran el virus era simplemente 47 veces mayor que en las verdes.

Pero cuando comenzó  la segunda ola ,  el hospital cambió las reglas y ofreció PFF3 a los equipos. El resultado: la tasa de infección en ambas salas se equilibró, incluso si los profesionales de las salas rojas estaban en contacto directo y constante con personas infectadas, incluso si los pacientes no usaban máscaras e incluso con una nueva variante. Todavía hubo algunas infecciones, pero como ocurrieron al mismo ritmo que en la sala de pacientes no covid-19, esto sugiere que probablemente no se adquirieron en el trabajo.

Ya se habla mucho sobre PFF2  en Brasil, pero poco sobre PFF3. La diferencia entre ellos en cuanto a la protección individual otorgada es muy pequeña:  según ABNT,  los PFF3 deben garantizar que la penetración de aerosoles en las pruebas no supere el 1%, es decir, deben retener al menos el 99% de estos. Siempre es bueno recordar que, en todos los casos, para que la protección sea eficaz, los respiradores deben ajustarse cómodamente a la cara.

Por Aldo Santiago

El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.

Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.

Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.

Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.

L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.

Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.

Colonialismo verde

Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.

“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.

Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.

Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.

“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.

También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.

Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.

“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.

Mercantilización de la naturaleza

Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.

Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.

“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.

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A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.

“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.

Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.

Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.

Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.

“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.

Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.

“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.