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Oleada de silenciamiento violento contra periodistas en Puebla
La criminalización de la verdad
Puebla, 17 de Febrero de 2016
En México decir lo que se piensa es peligroso, contar lo que ocurre puede ser aún más peligroso, investigar lo que se esconde detrás de las mentiras suele ser letal. En lo cotidiano la verdad es motivo de miedo y buscarla se está volviendo extremadamente peligroso, y eso hace que la impunidad pueda convertirse en dueña de la realidad. En México el espacio público se está cerrando, está muriendo porque lo que en realidad ocurre se tiene que compartir en voz baja, porque quienes lo dicen públicamente están siendo amenazados, encarcelados, asesinados por un sistema de pactos de impunidad y corrupciones entrelazadas que abarcan todo el espectro del poder. Los periodistas son parte de esa población que está siendo exterminada de manera recurrente y sistemática en todo el país, pero no sólo se trata de exterminar a las personas sino al oficio periodístico como tal. Puebla no es la excepción.
En menos de un mes, en Puebla han ocurrido tres hechos que son muestra de que la oleada de silenciamiento violento del espacio público está aquí. Primero la “llamada de atención” por parte de Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones, a Paula Carrizosa, reportera de La Jornada de Oriente durante la inauguración de Museo Internacional Barroco; segundo, las amenazas anónimas vía Twitter a Aranzazú Ayala, reportera de Lado B, a través del hashtag #Aniquilaaunperiodistapor; tercero, la aparición del cuerpo de Anabel Flores, reportera del Sol de Orizaba, en territorio poblano. Entre 2010 y 2015 hubo al menos 92 agresiones a periodistas en Puebla, según lo documentado por Artículo XIX. En ese mismo período el congreso de Puebla aprobó la #LeyMordaza (2011) y la #LeyBala (2014) que conforman un marco legal orientado por el temor de los poderosos a que la verdad se haga pública y se defienda.
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Frayba: El Estado mexicano sigue sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 16 de febrero de 2016
Boletín de prensa No. 03
El Estado mexicano sigue sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas
- A 20 años de los Acuerdos de San Andrés
Hoy hace 20 años, en San Andrés Sakamch’em de los Pobres, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Son 20 años, en que el gobierno de México se ha negado a cumplirlos; 20 años de puesta en práctica en los territorios zapatistas, con la construcción de sus propias formas de gobernarse, primero a través de los Municipios Autónomos y posteriormente con los 5 Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) considera que el Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de manera reiterada. Esto, para imponer su política económica y así avanzar en un modelo de desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras, en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país.
Las administraciones federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas, particularmente a la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio. Es el caso del pueblo nahua de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la devastación de su territorio por amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto del grupo Higa; y la Tribu Yaqui en Sonora, que ha ganado un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender el Acueducto Yaqui, que les quita el agua para abastecer a la industria en Hermosillo, sin embargo, las propias autoridades no han respetado esta decisión.
También han sido atacadas las formas de gobierno que varias comunidades y pueblos originarios han construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán en Michoacán, agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces coludidos con la delincuencia organizada.
Es importante señalar que continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. Además persiste el desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y grupos paramilitares.
Frayba reivindica el inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su sobrevivencia.