FEBRERO 19, ESCRACHE AL CAMPO MILITAR No. 1

¡NO ES CICLOPISTA: ES UNA CÁRCEL CLANDESTINA!

Por segundo año consecutivo, la SEDENA abre las puertas del Campo Militar No. 1 a los civiles, cual si fuera un lugar de paseo, un bonito parque para un domingo en bicicleta, para una carrera de atletismo. Sin embargo, este campo ha sido desde hace décadas un referente al hablar de represión en México, del encarcelamiento clandestino, las torturas, las desapariciones e incluso las ejecuciones extrajudiciales, no es un lugar donde se respete a la ciudadanía: es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos porque en sus instalaciones funciona la cárcel clandestina más señalada en nuestro país.

Se tiene conocimiento, por testimonios y fotografías, que esta cárcel fue usada el 2 de octubre de 1968 para encerrar a cientos de estudiantes traídos de la Plaza de las Tres Culturas. Durante los años setenta y ochenta muchas personas que estuvieron dentro de estas cárceles afirmaron haber visto a más desaparecidos con vida en el mismo lugar. Pueblos enteros, como El Quemado, Guerrero, estuvieron en este lugar secuestrados, desaparecidos. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos desde 2007, fueron traídos a este lugar. Esto demuestra que estas mismas instalaciones han sido usadas como cárceles clandestinas por décadas, es un ejemplo claro de la continuidad del terrorismo de Estado, que nunca ha cesado. No ha sido solo un gobierno el que ha desaparecido, asesinado, reprimido: el Estado en su totalidad lo ha hecho impunemente.

EL PRÓXIMO DOMINGO 19 DE FEBRERO IREMOS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MILITAR No. 1 (Puerta 8 ) PARA SEÑALAR ESTE LUGAR COMO LO QUE ES: UNA CÁRCEL CLANDESTINA.

La cita es a las 11:00 a.m. afuera del Restaurante “El Portón” que se encuentra sobre Periférico (casi enfrente de la puerta 8 del Campo).

Si las Fuerzas Armadas realmente quieren dar una buena imagen a la sociedad, que liberen a los desaparecidos, que abran sus archivos y no sólo sus puertas; que dejen de violar los derechos humanos, de torturar incluso a sus iguales, a policías; que paren esta campaña de represión y que regresen a sus cuarteles. Que todos los responsables y sus cómplices sean juzgados.

Transmisión en vivo aquí (sábado 18 de febrero, 12h)

Manuel Carpio 117, esq. Torres Bodet, Col. Santa María la Ribera
Ciudad Monstruo (DF)

Un documental sobre el desarraigo de habitar el vacío…

Realizado por: Realizado por CAIK – Colectivo de Análisis e Información Kolectiva (www.colectivo-caik.org)

Hasta ahí te mueves from Mariela Zunino on Vimeo.

Lugar: Tierradentro

Fechas tentativas: 16 de febrero

Horario tentativo: 19 hrs

Duración: 54 min.

Idioma: español

Sinopsis:

Chiapas, México. Ciudades artificiales se construyen a lo largo y ancho del estado en nombre del combate a la pobreza. La imagen de cientos de casitas apiladas una al lado de la otra contrasta con los paisajes rurales donde se erigen. “Ciudades Rurales Sustentables” es el programa estatal que busca “dotar de todos los servicios” a la población chiapaneca. Vivienda digna, pleno empleo, salud y educación. El progreso y la modernidad como banderas de un modelo único que niega y ningunea al ser indígena y campesino.

Tenosique, Tabasco, símbolo de una frontera cruel para las persona migrantes

Comunicado de Prensa

Tenosique, Tabasco, 15 de febrero de 2012.

Los dos primeros meses del año 2012 han sido para las personas migrantes que ingresan a nuestro país por Tenosique, Tabasco, días donde descubren lo que significa México para ellos: discriminación, extorción por parte de las autoridades de todos los niveles, asaltos, violaciones, secuestros.

Hoy, en La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes (La 72), viven aproximadamente 35 víctimas en espera de que el Instituto Nacional de Migración les otorgue la Visa humanitaria que el gobierno mexicano está obligado a dar a las personas extranjeras que en nuestro país son víctimas de delitos.

Los hechos los han denunciado ellas y ellos, acompañados por el personal del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. (Centro Usumacinta) y de La 72. Del primero de enero a la fecha tenemos a 74 víctimas de asalto que han puesto denuncia ante la PGJ; 11 secuestros, 2 pusieron denuncia ante la PGR; 10 denuncias por abuso de autoridad y 6 víctimas por extorsión.

Los últimos acontecimientos son los siguientes: El 13 de febrero en uno de los retenes que la Policía municipal tiene en el acceso a Tenosique, policías municipales en contubernio con un taxista extorsionaron a tres personas de origen guatemalteco, pidiéndoles dinero para poder “pasar” y cobrándoles el 200% más de cobro del taxi.

El día 14 de febrero el Dr. José Mejenes Celorio, Director del Hospital General de Tenosique, se negó a darles atención médica a dos personas de origen salvadoreño después de dos horas de hacerlas esperar. Estas personas fueron asaltadas y ultrajadas cerca de Boca del Cerro, lugar bastante descuidado por las autoridades municipales.

Ante las estadísticas que La 72 registra y lo arriba narrado, el personal del Centro Usumacinta y de La 72, nuevamente hacen un llamado con verdadera urgencia a las autoridades del Estado de Tabasco para que intervengan de manera responsable en la zona donde están operando las bandas delincuenciales que asaltan a las y los migrantes. ¿Qué esperan, una desafortunada masacre? ¿Cuántos muertos necesitan para intervenir?

Al Secretario de Salud de Tabasco lo exhortamos a investigar los hechos sucedidos con las personas de origen salvadoreño el 14 de febrero donde les negaron el acceso al examen ginecológico y proctocológico. Así mismo le exigimos que someta a todo el personal de salud del Estado al conocimiento de la realidad migratoria y de la Ley de Migración, que no permite negarle los servicios de salud a las personas migrantes.

Al Presidente municipal y al Director de Seguridad Pública de Tenosique les pedimos investigar los hechos sucedidos en el retén de la Policía municipal, el 13 de febrero y se sancione conforme a derecho a los policías que incurrieron en abuso de autoridad y extorsión.

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C.

La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes

A la Opinión Pública
A los medio de Comunicación estatal, nacional e internacional
A los medio alternativos
A la Sexta Internacional
A los Adherente de La Otra campaña
A la organizaciones independientes
A los defensores de derechos humanos no Gobernamental O.N.G.

Solidarios de la Voz del Amate, Presos injustamente, Promotores de salud y adherentes a La Otra Campaña del EZLN recluidos en el Penal n° 5 de San Cristóbal de las Casas Chiapas.

Las autoridades que se hacen llamar competentes – en México – siguen ejerciendo las continuas violaciones a los derechos humanos dentro de los Centros Penitenciarios, en concreto el Cerss n° 5 de San Cristóbal, por la falta de atención medica a cauzado que las enfermedades de diversos internos se vallan agravando día a día.

Como es el caso de nuestros dos compañeros, primero Rosa López Díaz sufre de un hernia umbilical que su tamaño va aumentando y los dolores son mas severos, aparte también ha solicitado estudios de ultrasonido por posible embarazo fuera de la matriz hasta hoy su estomago va creciendo sin saber que es, en varias ocasiones ha solicitado por escrito la atención medica a las autoridades penitenciarias y al Subsecretario de ejecucion de sanciones penales José Manuel Martínez Clemente de carácter urgente, por lo visto se an hecho sordos.

Y por lo que sabemos está en riesgo su vida por posible ruptura de víceras por cualquier complicación de salud hacemos responsable al estado. Así mismo el – Alfredo Lopez Jiménez sufre de la rodilla izquierda fuertes dolores le creció una bola sin descartar que es por que no le an hecho los rallos X también a solicitado en diversas ocaciones mejor dicho hace mas de dos años a venido solicitando la atención especializada hasta hoy no han tenido respuesta de sus demandas. Es por ello que hoy denunciamos públicamente estas irregularidades que an venido sufriendo. Al mismo tiempo le hacemos un llamado al C. Gobernador Juan Sabines que responda a las necesidades. No es justo la repreción de nuestra salud, la demora, la falta de atención medica exigimos respeto a nuestros derechos.

Aparte de que estamos presos injustamente por el mal sistema de justicia sufrimos torturas psicologicas de nuestras enfermedades exigimos nuestras libertades inmediatas e incondicionales.

Por ultimo seguimos invitando a la sociedad y el mundo a exigir siempre la verdadera justicia.

¡Todos a la verdad hasta la victoria!

FRATERNALMENTE

Solidarios de La Voz del Amate
Presos injustamente
Promotores de salud de la Otra salud.

Hasta ahí te mueves por Mariela Zunino.

Difusión Cencos México D.F., 1 de febrero de 2012

·         Preocupante impugnación de SEDENA a declinación de competencia al fuero civil en caso de ejecución extrajudicial

·         Desatiende gobierno federal sus obligaciones internacionales y sus propios posicionamientos públicos sobre el tema

Las organizaciones y personas firmantes deseamos destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) impugnó la primera sentencia de amparo dictada por un juez federal en el que víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de elementos del ejército mexicano lograron que su caso fuese trasladado a tribunales civiles.

La SEDENA interpuso un recurso de revisión en el caso de la ejecución extrajudicial por parte de militares del Sr.Bonfilio Rubio Villegas, con lo que mantiene su postura de defender el fuero militar a toda costa, en discordancia con la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que interpretó la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano, así como la restricción del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos de civiles.

La SCJN resolvió el 11 de julio de 2011 sobre el expediente varios 912 / 2010 Caso Radilla Pacheco vs México, la obligatoriedad de las Sentencias de la Corte IDH para el Estado mexicano en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación en lo particular. En este sentido, todos los jueces del país que conozcan de controversias sobre el fuero militar, deberán replicar el criterio de la Corte IDH en el sentido de que ante violaciones de derechos humanos de ninguna manera será el fuero militar competente para conocer del caso, lo que supone que deberán ser los tribunales civiles quienes conozcan de aquellas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, dejando el fuero militar únicamente para los delitos que afecten la disciplina militar.

Asimismo, la SCJN en su calidad de tribunal constitucional, deberá declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, mientras el Congreso no reforme el citado artículo, tal y como lo ordenó la Corte IDH en las Sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y “Campesinos Ecologistas” (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García).

Así como el referido caso del Sr. Bonfilio Rubio Villegas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, existen otros casos que la SEDENA se niega a remitir al fuero civil, en desacato a la decisión de la SCJN, en los que elementos del ejército son responsables de tortura, detención arbitraria y violación de acuerdo a la documentación y litigio de las organizaciones de la sociedad civil.

Cabe destacar la instrucción que giró el 10 de diciembre el propio Presidente de la República en la que instruyó tanto a la Procuraduría General de la República (PGR), como a la Secretaría de la Defensa y de la Marina, para que en casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas se decline la competencia a favor de los tribunales civiles.

Lamentamos que la SEDENA cuestione los fallos del Poder Judicial en materia de protección de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y contravenga la instrucción del Ejecutivo de que se decline la competencia militar a los jueces civiles.

Las organizaciones y personas que suscriben el presente comunicado, acompañan a la familia del señor Bonfilio Rubio y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en la exigencia de que la SEDENA cumpla con su obligación constitucional de declinar competencia a favor del fuero civil. Es por ello, que hacemos un llamado a la SEDENA para que se desista del recurso de revisión que interpuso para evitar el cumplimento de la sentencia del juez federal, para que de inmediato en el caso del señor Rubio Villegas sea analizado por un juez competente civil, tal y como el orden jurídico mexicano lo establece.

Organizaciones, personas e instituciones firmantes

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM)

Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México (AMARC Mx)

Alberto Serdán Rosales

Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (CDD)

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C. (Centro Vitoria)

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)

Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C. (CJDH)

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.

Centro regional de derechos humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C.

Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)

Documenta, A.C.

Ernesto Lopez Portillo Vargas

Fundación Diego Lucero, A.C.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, Universidad Iberoamericana, Puebla

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

John M. Ackerman

José A. Guevara B.

Karlos Castilla

Marieclaire Acosta Urquidi

Miguel Concha Malo

Red de Comités Comunitarios de la Huasteca Veracruzana

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

Red por la Participación Ciudadana AC

Silvia Alonso

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT)

Conformada por las siguientes 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.
Mario Benedetti

Cuando una persona imprescindible muere, el mundo se pone de luto. El torturador Miguel Nazar Haro murió hace unos días y el improbable luto es completamente distinto: él no era imprescindible, pero era imprescindible que no muriera.

Miguel Nazar Haro fue uno de los más terribles torturadores de nuestra historia. Entrenado por la CIA. Financiado por el narco. Pieza clave en la estrategia gubernamental de asesinato, desaparición forzada y violación sistemática de los derechos humanos de disidentes politicos. Asesor de Zedillo contra el EZLN y las comunidades zapatistas. Robacoches de cuello blanco. Entrenador de torturadores expertos en violar derechos constitucionales. Sus historias lo hacen ver como uno más en la lista del pozolero o el mochaorejas; sin embargo Nazar Haro era más siniestro: él era un servidor público.

Pese a haber cometido innumerables crímenes de lesa humanidad, no enfrentó ningún proceso judicial efectivo. Hubo uno en Estados Unidos, acusado por haber organizado y coordinado una banda de ladrones de coches en ambos lados de la frontera. Para él, el enriquecimiento a partir de actividades ilícitas gracias al manto de impunidad que le cubría, fue más que una costumbre. Hubo dos procesos judiciales en México por la desaparición forzada de disidentes políticos. Valdría la pena preguntarse por qué fracasaron estos jucios.

Nazar Haro no estaba solo: era una pieza más en el esquema de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. No era un loco que actuaba aisladamente: recibió entrenamiento para ello y era parte de una estrategia generalizada para eliminar a la oposición política. No actuó solo: había subordinados y también había gente encima de él. Sin ir más lejos, los secretarios de gobernación y el presidente de la república. Los que gobernaban cuando él operaba y los que le siguieron que supieron todo y construyeron estrategias legales para mantenerlo impune.

Sin duda podríamos decir que hoy el mundo está más seguro sin él, sin embargo la impunidad que prevalece se traduce en una inseguridad al cuadrado. Al delito de la desaparición forzada –que no prescribe- y la tortura, se suma la complicidad de los jueces y el gobierno corrupto que trafica con nuestros derechos como si fueran de su propiedad. De la cadena de autoridades y funcionarios públicos, no hay quien se salve. Desde los torturadores hasta los diputados y senadores que modificaron las leyes para que los criminales y torturadores como él pasaran las farsas de procesos judiciales en su casa. Violación de los derechos humanos al cuadrado por cada una de las víctimas. ¿Cuántos años de prisión sería eso?

A Nazar Haro hay que condenarlo todas y todos, y hay que condenar también a los jueces que lo dejaron libre y a los gobiernos que consumaron su impunidad: desde los jueces en Monterrey Guillermo Vazquez Martinez y Jose Manuel de la Fuente Perez, hasta la SCJN. ¿Por qué si sabe que en sus manos está la última palabra de la justicia, elige mirar hacia otro lado?

Hoy se da un luto improbable porque este peligroso criminal murió sin haber enfrentado un castigo justo. Ante esto las mexicanas y mexicanos nos quedamos en un clima de indefensión. Sin embargo, el episodio no está cerrado: la tarea será lograr que el juicio de la historia imponga esa condena ejemplar para que casos como éste no vuelvan a tener un lugar en nuestro país.

H.I.J.O.S. México
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
Juicio y castigo a los culpables y sus cómplices.
Los desaparecidos nos faltan a todos.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Por una solución definitiva -apegada a la justicia y al derecho- al añejo y doble conflicto presente en el Territorio Indígena Zoque de Los Chimalapas,

Los abajo firmantes, organismos civiles, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos/as, queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la histórica, tenaz y paciente lucha pacífica del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, en defensa de la integridad de su ancestral territorio –existente como tal desde la época prehispánica- y en pro de la preservación de sus invaluables bienes naturales, constituidos por los más variados ecosistemas naturales, que hacen de dicho territorio el más biodiverso de México y Mesoamérica (y el mejor conservado, gracias precisamente a los cuidados y a la lucha de los indígenas zoques chimalapas).

Hoy día, quienes aquí firmamos, estamos claros que en el origen del doble conflicto presente en el territorio indígena  y comunal de Los Chimalapas, que data de hace más de 60 años -el conflicto agrario y el conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas–se han encontrado siempre ilegítimos y depredadores intereses de empresas y contratistas madereros, ganaderos invasores y supuestos propietarios privados, cobijados y alentados por los sucesivos gobiernos del estado de Chiapas, contando casi siempre con la complicidad de los respectivos gobiernos federales (expresados particularmente por las políticas y acciones asumidas por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y –hasta hace muy poco- por la Secretaría de Gobernación (SEGOB)).

De esta forma, estamos en condiciones de afirmar que, en el escalamiento de la tensión y violencia social que ha prevalecido recientemente en la zona oriente de Los Chimalapas, ha existido una clara responsabilidad de los tres diferentes gobiernos involucrados: del gobierno federal –en particular de la SRA; de la SEMARNAT y de la SEGOB; la primera al dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados legalmente; la segunda al expedir permisos de explotación maderera a predios ubicados en zona de conflicto agrario y la SEGOB, al pretender –durante muchos años- administrar el conflicto social; del gobierno de Chiapas, tanto al manipular la información, no sólo entre la opinión pública nacional y chiapaneca, sino entre los propios núcleos agrarios de origen chiapaneco, sino también al enviar masivamente contingentes policiacos a la zona y al tomar medidas unilaterales, como la creación del nuevo municipio “Belisario Domínguez; y, finalmente, del gobierno de Oaxaca, al mantener una posición pasiva y omisiva frente al escalamiento del conflicto.

En ese sentido, nos parece altamente injusto y humanamente inaceptable que los tres gobiernos citados, hayan permitido ó pretendido, y actualmente sigan permitiendo -y en algunos casos como en el caso del gobierno de Chiapas, fomentando- el utilizar a familias y a pueblos indígenas y a comunidades pobres, necesitados de tierras para sobrevivir, como verdaderos “escudos humanos” y “carne de cañón”, orillándolos a una confrontación violenta con los indígenas zoque chimalapas, dueños ancestrales del territorio, confrontación que sólo ha beneficiado a los citados intereses ilegítimos de madereros, ganaderos, acaparadores privados de tierra ajena y a funcionarios públicos, en detrimento de los derechos humanos más elementales –individuales y colectivos- y en detrimento de los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

Es por ello que –como sociedad civil-  valoramos la paciencia, generosidad e inteligencia con que han sabido responder a las diversas agresiones, despojos y provocaciones, las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, ofreciendo en contrapartida, una alternativa integral, justa tanto para con sus propios derechos como Pueblo Indígena, como para los derechos de sus –así llamados por ellos- hermanos indígenas y campesinos chiapanecos pobres –a quienes los gobiernos chiapaneco y federal, les repartieron ilegalmente tierra comunal zoque y a quienes los chimalapas no pretenden de ninguna manera, desalojar– y justa también para con la Madre Naturaleza.

Hacemos un llamado tanto a la sociedad mexicana en su conjunto, a valorar y apoyar públicamente la pacífica lucha del Pueblo Zoque Chimalapa y su propuesta integral de solución, como a todas las instancias y niveles del Estado y gobierno mexicano (Poder Ejecutivo –federal y de los estados de Oaxaca y Chiapas-, Poder Legislativo y Poder Judicial) a intervenir de forma honesta y responsable, en pro de una solución definitiva, apegada a la justicia y al derecho, al añejo y doble conflicto presente en el territorio indígena zoque de Los Chimalapas, haciendo prevalecer el interés de la Nación, así como los derechos humanos –individuales y, sobre todo, de los Pueblos Indígenas- y los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

Atentamente

Organismos Civiles y Organizaciones Sociales

–          Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

–           Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.

–           Ik Balam, Agencia de noticias ambientales

–          Proyecto Carta Mesoamericana

(responsable de su distribución y difusión: Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas)

Ccp.- A las Comunidades Indígenas Zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa

Ccp.- Lic. Felipe Calderón Hinojosa – Presidente de México

Ccp.-  Ministro Juan N. Silva Meza – Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ccp.- Lic Alejandro Poiré – Secretario de Gobernación (SEGOB)

Ccp.- Lic. Rafael Elvira Quezada.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Ccp.- Agr. Abelardo Escobar Prieto.- Secretario de la Reforma Agraria (SRA)

Ccp.- Dr. Marco Vinicio Martínez Guerrero – Presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA)

Ccp.- Dr. Raúl Plascencia Villanueva.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Ccp.- Ministro Jorge Mario Prado Rebolledo – Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ccp.- Lic. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador de Oaxaca

Ccp.- Lic. Juan Sabines Guerrero.- Gobernador de Chiapas

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra – Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza

Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ccp.- Sr. Santiago Cantón.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.-

Ccp.- Oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(Convenio 169)

Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

Ccp.- Alberto Herrera.- Dirección ejecutiva de Amnistía internacional México

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de Derechos Humanos

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores del Medio Ambiente

Ccp.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca.

Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.

Ccp.- CP Jesús Martínez Álvarez .- Secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca

Ccp.- Lic. Noé Castañón.- Secretario general de Gobierno del estado de Chiapas

Ccp.- Lic. Adelfo Regino.- Secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca

Ccp.- Lic. Jesús Caridad Aguilar Muñoz.- Secretario de Pueblos y Culturas Indígenas del estado de Chiapas

Ccp.- A medios de comunicación, nacionales e internacionales.

En estos momentos está partiendo del zócalo de la ciudad de Oaxaca la
caravana de retorno de los desplazados de San JUan Copala a sus
hogares.

La noche previa el gobernador amenazó a los integrantes del municipio
autónomo de que ellos serían los responsables de las agresiones que
sufrieran por parte de los paramilitares, en una reunión en la que
este gobernador estuvo acompañado permanentemente por los dirigentes
de los grupos paramilitares.

El gobernado ha amenazado, por medio de funcionarios públicos, con
impedir el libre transito de los desplazados a sus hogares mediante la
fuerza publica en algún lugar de la ruta de traslado.

Hace 10 minutos nos entrevistamos con el Lic. Saul Bolaños,
representante del Estado Mexicano ante las mesas de trabajo para la
implementación de las medidas cautelares 197-10 a quien pedimos ante
esta actitud amenazante del gobernador del Estado de Oaxaca la
protección del gobierno federal.

Igualmente se firmó una minuta con la Comisión estatal de derechos
Humanos de Oaxaca en la que esta se compromete a acompañar el proceso
de retorno de los desplazados y se ha hecgho la solicitud a la
Comisión nacional de Derechos Humanos.

Pedimos a la Comisión Interamericana de derechos Humanos establecer
comunicación con el gobernador del Estado y solicitarle birnde las
condiciones de seguridad para el libre transito y el retorno de los
desplazados de San Juan Copala.

En correo siguiente, enviaremos al la CIDH el documento firmado por el
secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, el numero 2 en la
jeraquia del gobierno del estado, en la que el gobierno del estado se
comprometió a garantizar el completo retorno de los desplazados a mas
tardar el 20 de enero del 2012, el cual a pesar de haber sido firmado
por la autoridad fue desconocido por estas y en su lugar el gobernado
trató de resolver el problema de los desplazados de San Juan Copala
poniendolo a votación de las “autoridades” impuestas por los dos
grupos paramilitares que asolan la región.

Este es un mensaje urgente.

David Cilia Olmos
Beatriz Cristobal Delgado
Presidente del Foro Permanente por la comisión de la Verdad
Copeticionario Medidas cautelares MC 197-10