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Donald Trump cumple con una de sus promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones
Amy Goodman y Denis Moynihan
Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.
Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.
Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.
Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.
Mumia Abu-Jamal: La ilusión de la medicina correccional
Por Mumia Abu-Jamal
(Descarga aquí)En el inframundo de las prisiones de Estados Unidos, hay que deshacerse de todas las suposiciones médicas que uno trae del llamado mundo libre. Hemos sido condicionados a ver a las enfermeras como dulces fuentes de consuelo y a los doctores como personas dedicadas a curar a los enfermos y aliviar nuestro dolor.
En prisión, nuevas reglas rigen la medicina y la atención médica. Aquí el dinero manda. Las personas enfermas son prácticamente ignoradas.
Esto puede parecer severo, pero les aseguro que la realidad es aún más severa.
Hace poco escribí sobre un abogado autodidacta en prisión que se llama Dennis ‘Solo’ McKeithan y su batalla para recibir tratamiento para el doloroso trastorno nervioso conocido como culebrilla. Mientras leí la transcripción del proceso, encontré los notables comentarios y preguntas del juez instructivos. Él preguntó esencialmente si la empresa contratada por el Departamento de Correcciones (DOC) para proporcionar atención médica tendría un conflicto, porque como una empresa privada, sus intereses eran ganar dinero al negarse a proveer los medicamentos que los presos necesitaban. El testigo negó la sugerencia, pero el juez había tocado un nervio.
Desde el año 2015 hasta la fecha, mis abogados y yo hemos estado exigiendo un tratamiento verdadero para mi infección de Hepatitis C. Inicialmente el DOC presentó una falsa declaración jurada para justificar que un magistrado federal desechara mi demanda. El DOC argumentó que mi Hepatitis iba bien, que podría durar años sin tratamiento.
Un juez federal no estaba de acuerdo con esto y celebró una audiencia que demostró la falsedad de la declaración jurada. Unos meses después, el mismo juez declaró que el protocolo del DOC era anti-constitucional.
El DOC respondió que mi Hepatitis C estaba en un nivel bajo. De nuevo, el juez discrepó, declaró anti-constitucional el protocolo por segunda vez y ordenó mi tratamiento. El DOC esencialmente hizo caso omiso del dictamen durante casi dos meses.
A principios de esta semana, me hicieron análisis adicionales. Los resultados acaban de llegar. No sólo tengo Hepatitis C muy avanzada, sino también cirrosis del hígado, llamado F4, porque el DOC no quería gastar el dinero para tratar mi infección. El DOC dijo que le costaría seis cientos millones de dólares.
A mí solo me puede costar la vida.
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.
–©’17maj
31 de marzo de 2017
Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org
Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com
Traducción Amig@s de Mumia, México