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Comunicado de Silvia Juárez, presa en el Amate #14 por defender el territorio zoque

Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Amate #14. Módulo 1, nivel 2, celda 8, cama 1.

17 de marzo de 2017

Al estado de Chiapas y muy en especial a la ciudadanía del pueblo zoque y comunidades hago de su conocimiento que yo hasta hoy llevo 25 días como presa política es por defender la tierra que son de nuestros campesinos, el agua, el aire es de dios nadie es dueño de nada en nuestra Santa Madre Tierra nos la heredó Tata Dios no dejemos que ese puñado de oportunistas que llegan con trampas al poder las entreguen al mejor postor para envenenarlas. No tengan miedo no se hagan esclavo de él. En nuestras manos está defenderlas.

Estorbo tanto en sus intereses que me tuvieron que inventar lo de motín, daños y secuestro es una vil calumnia, ustedes tienen la oportunidad de frenar todo esto, no firmen nada no entreguen copias de sus documentos porque están caminando por la zona diciendo que me sentenciaron a muchos años porque habrían de hacerlo si yo ni siquiera estuve en el pueblo. Soy inocente, en la zona están caminando el Presidente Municipal Armando Pastrana Jiménez y el Sub secretario de Gobierno.

No tengamos miedo primeramente dios no faltará un ángel para que ustedes los proteja pero no les entreguemos nada a esos bandidos porque ellos solo es temporal sus trabajos, y las tierras que ustedes trabajan les ha costado el sudor de la frente.

Defensa de la tierra…
No a la privatización del agua
No al hidrocarburo
Preferible morir de pie que vivir arrodillado

Encarcelarán mi cuerpo pero mi alma y espíritu de lucha jamás, ellos… están y estarán libres con cada uno de aquellas personas que lucha por los mismos ideales que yo.

Si no hay justicia para el pueblo. Que no haya paz para el gobierno

Su amiga

Silvia Juárez Juárez

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Ciudad de México, 20/03/2017.- Ayer en la noche mientras se realizaba el cierre del tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias en el municipio de Asunción Nochixtlan, una suburban abrió fuego frente al domicilio del compañero Felipe Montesinos, integrante del Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio Nochixtlán (COVIC). En una entrevista realizada por el medio libre Surco Informativo Montesinos refirió que las intimidaciones son el resultado de que el comité continúe unido como grupo para denunciar los crimenes de lesa humanidad del 19 de Junio del 2016 .

EL día 5 de Marzo, Santigo Ambrosio, presidente del (COVIC)  y el profesor Felipe Montesinos Sánchez, sufrieron un fuerte atentado en el trayecto de Nochixtlán y la comunidad de La Cumbre. Aproximadamente a siete kilómetros de Nochixtlán, de la oscuridad salió una persona que comenzó a hacer disparos con un arma de alto calibre, del lado derecho entraron dos tiros por el parabrisas, otros dos del lado derechos a la altura de la puerta, hiriendo a profesor Santiago Ambrosio en la pierna derecha.

Ponencia del COMITÉ DE VICTIMAS POR JUSTICIA Y VERDAD 19 DE JUNIO (COVIC) de Nochixtlán Oaxaca sobre la Criminalización de la protesta social durante el XIII Congreso Ordinario estatal de la CNTE (vía NoticiasdeabajoML):

>>Para iniciar, agradezco la oportunidad que me han brindado los delegados efectivos y delegados fraternos asistentes a este XIII CONGRESO ORDINARIO ESTATAL DE LA CNTE.

Ante la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, por lo menos en los últimos años, estaríamos en presencia de la comisión de crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Al respecto, conforme al Estatuto de la corte internacional de julio de 1998, por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se clasifican diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”.

El referente más actual, son los numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de seguridad pública vigente que han sido denunciados por las ONGs como casos sistemáticos; la administración de justicia y derechos humanos tiene indicadores que generan muchísima preocupación; el reconocimiento de estos delitos cometidos en México, deben entenderse desde ahora como “crímenes de lesa humanidad” en una perspectiva del derecho penal internacional.

Ataques como los que vivió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el 2006, con las consecuencias fatales que sufrieron sus simpatizantes, como lo registra el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, 10 años después de los hechos del conflicto. Los casos más recientes de los presos políticos de la organizaciones sociales y magisteriales en Oaxaca, que suman un total de 67 , así como la Masacre por la policía de 11 pobladores en Nochixtlán, Oax., el 19 de junio del 2016, ilustran que hay violencia sistemática contra los pueblos y los trabajadores.

La actual política de seguridad interior es el mecanismo principal de contención social, cuyo objetivo es combatir y abatir “delincuentes”, partiendo de la criminalización de la protesta social, dándole una salida policiaco militar a la protestas de las organizaciones sociales y de planes contrainsurgentes, creando un andamiaje de planes criminales, represivos, con las consabidas atrocidades como en Tlatlaya y Ayotzinapa, de las cuales se desprenden según el discurso oficial problemas de seguridad nacional. Así con campañas de odio, filtraciones de contra información hacia los maestros democráticos de la CNTE y de las organizaciones sociales, han diseñado análisis de riesgos y supuestas vinculaciones de estas con la guerrilla en nuestro país.

Dicho esquema contrainsurgente bajo la operación del CISEN, puso en funcionamiento la Operación “Pinza de Oro” desde las oficinas del círculo más cercano de la Presidencia de la Republica, anunciado en forma reveladora por Raymundo Riva Palacio (Eje Central, 10 de julio de 2015). En su análisis la “CNTE: La larga noche” describe las debilidades de una de las reformas estructurales más importantes como lo es la educativa; señala “una incapacidad de gestión”, por una incorrecta y “despilfarrada” política de negocios con la CNTE y que debía cancelar esa mala política; de esta operación cuasi criminal del gobierno federal existen pruebas irrefutables que demostrarían su responsabilidad en los hechos que fueron escalando hasta las consecuencias asesinas de la masacre de Nochixtlan.

Las Victimas de Nochixtlan han manifestado su dolor por la sangre de los hermanos Mixtecos caídos, de centenares de heridos, golpeados, torturados y ejecutados cobardemente por las balas asesinas de las policías racistas, también el ataque indiscriminado a la colonia 20 de noviembre y a los niños y sus madres, como si se tratare de fuerzas beligerantes en conflicto como respuesta al “Operativo Oaxaca”, es publica la responsabilidad de dicho ataque, en este ataque el gobierno no vio población civil en resistencia y movilización pacífica que, pedía y exigía dialogo, dialogo con los maestros apoyados en los padres de familia de las escuelas. Porque no lo entendieron, era solo una exigencia de dialogo público, pero tomaron la decisión criminal no solo de desbloquear las vías carreteras sino de atacar a la población en su conjunto.

El Plan criminal empezó a las 6:40 am., ese día fatal y sangriento 19 de junio, para la historia de los de abajo, de los siempre derrotados, de los que hacen la historia, de nuestros pueblos. Lo que sucedió fue una extensión autoritaria de hace 10 años. Este plan criminal empezó desde antes de la ofensiva represiva, hay pruebas para derrotar las mentiras y falsificaciones de los hechos, las pruebas que se expondrán y estamos seguros que haremos morder el polvo a su verdad histórica oficial; los primeros embates con las fuerzas federales y las fuerza especiales de la Gendarmería, empezó el día 13 de junio, cuando pretendieron desalojar la barricada de Nochixtlán, fueron rechazadas por los pueblos y no por gente extraña ajena al movimiento o por infiltrados de organizaciones sociales, no es así, no es así, las pruebas son públicas y hay cientos de testimoniales que así lo atestiguan, porque insiste el gobierno federal y estatal, la PGR y sus “informes de inteligencia”, en construir su versión oficial, tratando con ello de librar la responsabilidad del gobierno local y federal.

Con un plan poco inteligente, comenzó una semana antes del 19 de junio, el plan de ataque orquestado en el “operativo Oaxaca” con la orden del Estado mexicano, de lanzar una ofensiva total sobre el movimiento popular en Oaxaca. El Gobierno Peñista, entra en acción, inicia el pase de revista a su policía criminal, “856 elementos entrenados y capacitados para matar” (hombres-arma), los informes oficiales, así lo han señalado en la Línea de tiempo de los hechos; los mandos contabilizaron a los uniformados y movilizaron a grupos paramilitares, procesaron sus informes de inteligencia con su muy tristes resultados; los armaron hasta los dientes, dispusieron de equipo logístico, camiones, camionetas y helicópteros, y calcularon la cuota de sangre y el número de vidas que tendrían que arrebatarle al magisterio y a los pueblos mixtecos que habitan en esa región, con la orden de “mátelos en caliente” y así dar un verdadero ejemplo autoritario, un escarmiento de terror fascista ante los pueblos de México y el mundo.

Esta batalla que empezó a temprana hora de la mañana y que duró más de 8 horas, con ofensivas y repliegues, ante según ellos una turba radical de mixtecos huarachudos, los cuerpos represivos, mediante maniobras militares criminales, con equipo terrestre y aéreo, se lanzaron sobre los maestros y pobladores que, desde distintos rincones de la mixteca oaxaqueña, Huajuapan de León, Tlaxiaco y municipios circunvecinos en el Distrito, llegaron a apoyar y en valiente batalla campal, se impidió el paso de las fuerzas federales, con un lamentable saldo de 8 ejecuciones extrajudiciales, 150 heridos de bala, torturados y 27 detenciones arbitrarias de personas que se encontraban en el panteón municipal, centenares de lastimados y golpeados, con un total abuso de autoridad, delitos del fuero común y federal, actos que constituyen violaciones graves a Derechos Humanos. Las agresiones de Nochixtlán, en pocas horas se convirtió en un polvorín nacional, para esa coyuntura, en el punto de quiebre de la correlación de fuerzas entre el Estado y el movimiento magisterial y popular, según la Comisión Permanente del Congreso en su informe sostienen que, “…es equívoco que el domingo 19 de junio ambos bandos participantes (policías y población civil) recurrieron al uso de la violencia”, (pág. 148, inf. Citado), con falsos testimonios, califican de manera temeraria y simple como violencia, nosotros decimos contundentemente, la población no ataco y tampoco agredió, solo se defendió tanto su dignidad como la vida, a pesar de la sangre derramada, se logró impedir el paso de las fuerzas del Estado.

Los diputados y senadores integrantes de Comisión Permanente del Congreso de la Unión, insisten que se investigue a seis organizaciones sociales y a los padres de familia de las escuelas, así como, a las comunidades indígenas que no son ajenos al magisterio; por ello es demasiado temerario e irresponsable solicitar“…que investigue la presencia de al menos 6 grupos ajenos al magisterio que se señala en diversos testimonios que ese día tuvieron presencia en Nochixtlán y que podrían haber participado activamente en hechos graves de violencia”, en el desalojo se encontraron y confrontaron fuerzas desiguales, por un lado el pueblo con mantas, carteles, con palos y piedras y, por el otro el gobierno y sus agentes, la policía federal y estatal, con armas de alto poder, franco tiradores, helicópteros desde donde policías dispararon balas y gases lacrimógenos contra población civil. La presencia de las fuerzas policiacas, es decir, quedo evidenciado que las autoridades no solo excedieron el uso de la fuerza de manera irracional con consecuencias fatales, por ende el gobierno actuó contrario a su responsabilidad de proteger a la comunidad.

Criminalizar al movimiento social de Oaxaca, no es una ocurrencia, la tendencia mediática han pretendido hacernos responsables de esta acción criminal y de imponer su verdad histórica oficial; criminalizando a las víctimas de la masacre, además a las organizaciones sociales, al señalar que “…Deben agotarse todas las líneas de investigación que permitan perseguir y someter ante la autoridad jurisdiccional a los responsables de los delitos relacionados con los hechos de Nochixtlán, entre ellos: Daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo, privación ilegal de la libertad, lesiones, resistencia de particulares, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y homicidio” (pág. 149, inf. De la Comisión permanente).

Es clara el método de la SEGOB y PGR de fraccionar en 29 carpetas de investigación, 11 por homicidio y más de 97 carpetas revictimizando a las verdaderas víctimas, en su teoría del caso oficial, de la masacre de Nochixtlan, individualizando la presunta responsabilidad y evadir con su verdad histórica la responsabilidad del Estado mexicano. Sin embargo, dicen las víctimas, somos los sobrevivientes del artero y fallido plan criminal ejecutado por el Estado Mexicano y daremos testimonio directo, porque nos asiste la verdad y como consecuencia los asesinos deben de ir a la cárcel, pues esas ejecuciones y delitos no son solo del orden federal o local, si no también son delitos del Orden Penal Internacional por ser de Lesa Humanidad.

Por estos posibles delitos de corte internacional, normados por el Estatuto de Roma, su observancia seria como dicen los juristas “una buena técnica contra la impunidad”, que no sería más que proteger, respetar y salvaguardar los derechos humanos, con ello se estaría evitando que haya impunidad de los crímenes internacionales que configuren en estos hechos.

Nuestra insistencia en el tema es contribuir, con la información y los testimonios de las víctimas. Ya que la lógica de los hechos impone la necesidad vital de esclarecer la Orden General de Operaciones; la División de Gendarmería de la Policía Federal según, recibió una llamada desde la Mesa de Coordinación que se conformaba por la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la que se les instruyó dar auxilio y rescatar a los integrantes de Policía Federal, Estatal y Ministerial que se encontraban realizando el “Operativo Oaxaca”, a las afueras de Asunción Nochixtlán. Asimismo, lo relativo al momento preciso en que se escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego y, quienes son los responsables en la cadena de mando, de dar la Orden de Matar.

Acudiremos como Victimas ante la jurisdicción internacional, ya que en estos hechos criminales, concurren los elementos que configuran un delito de trascendencia internacional, son aquellos que se comenten contra de la población civil de manera generalizado y sistemático; y quienes comentan el delito tengan conocimiento del ataque, es decir, que se haya planeado con anticipación la manera en que se cometería el ilícito penal, además, que ese ataque causa un grave perjuicio en contra de la población. La procedencia de nuestra apelación estará afianzada en los elementos fundamentales de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en la exigencia del derecho a la verdad, en las normas imperativas de ius cogens, en las garantías de no repetición y en la reparación a la víctimas.

Nos acogeríamos a un juicio internacional, tomando como base el principio de complementariedad que está regulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dicho principio se refiere a que el Estado parte tiene el derecho y la obligación de juzgar a los nacionales que cometen delitos de lesa humanidad de acuerdo a su legislación, tal como lo explica el Lic. Edgar Eduardo Téllez Padrón, en su artículo, (…)“los crímenes que establece el (ESTATUTO DE ROMA) ya forman parte de la legislación nacional y los jueces tienen la facultad de aplicar directamente este tratado si se comenten algunos de los crímenes establecidos , (…) si en el país se cometiera un crimen de lesa humanidad, sin importar que lo realizara una persona civil o un integrante del Ejército, el caso debería ser juzgado por un tribunal penal federal del fuero civil autorizado para conocer de las controversias de orden criminal o de cumplimiento de los tratados internacionales, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución. (…) la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 50 que los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales”. (Revista Defensor, Núm. 07, julio 2011).

Con los elementos que contamos, iniciaremos nuestro juicio en ejercicio de la competencia del ESTATUTO DE ROMA, en una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil. En caso de que el Estado Mexicano no lo haga, ya sea por falta de disposición o por falta de capacidad, tiene el derecho la CPI de juzgar a los responsables por la comisión de los mismos. La CPI se encuentra revestida de un carácter de complementariedad, el cual hace que su competencia pueda anteponerse a la jurisdicción de un tribunal nacional, en aquellos casos establecidos por la falta de voluntad del Estado para investigar o procesar a los agentes del estado o funcionarios gubernamentales responsables.

Los agentes del Estado implicados en la masacre de Nochixtlan, planificaron y calcularon todo su actuar, prepararon su masacre hasta en sus últimos detalles, hasta para impedir los servicios médicos para los heridos tanto maestros como población civil, ( como en un escenario de guerra civil o en un estado de conflicto interno con suspensión de garantías constitucionales), todo fue previsto; sin embargo, hay una cosa que no considero el Estado que, los pueblos acudirían a sumarse a esta gran batalla popular para impedir a toda costa el paso de los criminales y evitar que la masacre se extendiera más, por el territorio oaxaqueño, haciendo uso de la legítima defensa y de la violencia popular como un legítimo recurso humano de autodefensa de las masas populares; la legitima defensa es humana y es legal . Así ocurrió, y con el objetivo de esclarecer los hechos, castigar a los presuntos culpables, la reparación de daños a las víctimas y la no repetición. Ensimismo, las premisas de la verdad que tienen que ver con las investigaciones imparciales que se deben de realizar de manera profesional y, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Pero cómo el Estado Mexicano garantizara estos estándares Internacionales? Si no preservaron de manera debida las providencias esenciales del debido proceso que son resguardar la cadena de custodia del lugar de los hechos.

Al entrar en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio de corte adversarial, las autoridades de procuración y administración de Justicia deben estar preparadas para llevar a cabo una serie de acciones; tales como garantizar la autenticidad de los indicios o elementos probatorios, mediante registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, sin embargo, todos ellos fueron borrados de la escena de la represión y no se levantaron evidencias, como fue público por peritos de la Fiscalía Estatal del Estado de Oaxaca. ¿Cómo darían cumplimiento a lo dispuesto al artículo 277 del Código Nacional d Procedimientos Penales y al Acuerdo A/009/15, de la Procuraduría General de la República?, en los cuales se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, tal como lo hace notar la Comisión Permanente del Congreso “…que la preservación del lugar de los hechos, previo a la cadena de custodia, y que inicia con el arribo del primer respondiente, incluye la evaluación inicial, la protección del lugar y la administración del sitio, y finaliza con su liberación una vez agotados los trabajos de investigación”. (pag.118, inf. Citado). Si días después, limpiaron y manipularon el lugar de los hechos, sembrando, además, evidencias para construir el inicio de su verdad histórica oficial y desvirtuar totalmente el destino manifiesto de la investigación y el deslinde de responsabilidades.

Termino diciendo, la justicia tardía no es justicia… Hasta hoy no han avanzado las investigaciones ni en lo más mínimo, por parte de la PGR.

Asunción Nochixtlan, Oaxaca a 18 de Marzo del año 2017.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 20 de marzo de 2017

Chiapas: Imposición y violencia como modo de gobierno

Pronunciamiento conjunto

El proceso electoral de 2015 en Chiapas, generó una serie de conflictos en diversas comunidades y municipios, que hasta el momento se encuentran latentes. Las confrontaciones han sido encabezadas, sobre todo, por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocasionando violencia y vacíos de autoridad en diferentes alcaldías municipales.

A esto se suma el uso de los programas asistencialistas para coaccionar el voto de las mujeres, pero también la cuota de género requerida a los partidos políticos que fue vista no como una medida para promover la participación de las mujeres en cargos de representación sino como una imposición y requisito que debía ser cubierto de manera formal.

Los enfrentamientos han derivado en un elevado nivel de violencia e impunidad, como lo sucedido en San Juan Chamula, Chenalhó, Oxchuc, San Andrés Larrainzar, Chilón, Tilá, Chanal, entre otros municipios. Todo ello propiciado por el Estado que no asume su responsabilidad e intenta trasladar el problema a los pueblos que han sido utilizados como carne de cañón en medio de los juegos del poder.

Por ejemplo, en el municipio de Chenalhó, inconformes integrados en el grupo que se ha identificado como Movimiento Pedrano, protagonizaron una serie de protestas de creciente intensidad contra la presidenta electa Rosa Pérez Pérez del PVEM, el cual en el estado de Chiapas pertenece al gobernador Manuel Velasco Coello, quien por medio de este partido ha buscado ampliar el control político Las acciones del Movimiento Pedrano, opositor al PVEM, han incluido la toma de la alcaldía, bloqueos, toma de caseta de cobro, y de las instalaciones del Congreso del Estado, así como la retención de funcionarios.

En esta inconformidad uno de los elementos es ciertamente la cuestión de género, sin embargo en el fondo se trata de una lucha por el poder y por el control de los recursos económicos tanto locales como estatales.

Las acciones de protesta de los opositores de Rosa Pérez culminaron con la retención del Presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez, para obligarlo a acordar con dicho Congreso la destitución de la alcaldesa instalando como alcalde sustituto al hasta entonces síndico Miguel Santiz Álvarez.

Esta acción provocó una doble reacción de Rosa Pérez y sus seguidores; por un lado; la depuesta alcaldesa apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el 17 de agosto del 2016 falló a su favor. Por otro lado sus seguidores de la Colonia Puebla (lugar conocido por haber sido bastión de paramilitares) recibieron de manera violenta a quienes habían participado en la retención del presidente del Congreso, dejando está acción un saldo de dos muertos y el desplazamiento forzado de aproximadamente 80 familias.

Cabe señalar que el citado TEPJF en su fallo exhortó a las autoridades del estado a garantizar la seguridad de Rosa Pérez, la de su familia y colaboradores para el ejercicio de su cargo, así como a tomar medidas para asegurar la paz y tranquilidad en el municipio.

Las autoridades Chiapanecas no atendieron la sentencia ni la recomendación y permitieron de manera complaciente la muy previsible acción de los militantes del PVEM, quienes el 23 de febrero tomaron violentamente la alcaldía, una vez más con el saldo de un muerto, Jhony Orlando Vázquez Ruiz, numerosos heridos y alrededor de 250 personas de la Colonia Puebla que ya se encontraban desplazadas en la cabecera de Chenalhó y quienes ante los nuevos hechos violentos huyeron de la cabecera a San Cristóbal de Las Casas. La población refirió al uso de armas de uso exclusivo del ejército y chalecos anti-bala; también se cuenta con testimonios de que en la toma de la presidencia de Chenalhó, participaron grupos armados de Pantelho, Chalchihuitan y Chamula.

El cuerpo de Jhonny Orlando fue encontrado desmembrado el 26 de febrero de 2016, días después, el conflicto cobro otra vida y el 7 de marzo se encontró el cuerpo del joven Lorenzo Santiz hijo del Síndico Miguel Santiz Álvarez en Santa Martha. Desde esa fecha, la tensión, rumores y amenazas en las comunidades y cabecera continúan.

Cabe señalar que el estado de Chiapas estuvo administrando el conflicto, hasta permitir que fueran los grupos armados quienes ejecutaran por su cuenta la sentencia del tribunal, ello a pesar que su misma existencia los ubica fuera de la ley. Nos preguntamos: ¿este modo de actuar es una prolongación de la contrainsurgencia en la que los paramilitares son los ejecutores materiales del plan trazado por el Ejército? ¿Es connivencia y complicidad activa de las autoridades con los grupos delincuenciales? ¿O es simple y crasa incapacidad de gobernar? ¿O quizá se trata de crear una sensación de ingobernabilidad para justificar la Ley de Seguridad Interior que pretende institucionalizar la acción del Ejército mexicano en tareas que corresponden por su naturaleza a la autoridad civil?

En cualquiera de los casos, estos hechos son sumamente graves y apuntan a una responsabilidad del Estado por acción y por omisión, ante un contexto de violencia que podría seguir escalando y que ya ha costado vidas, desplazamientos forzados y un profundo malestar en la población.

Las organizaciones firmantes, hemos venido insistiendo en el desarme de los grupos paramilitares que perpetraron la Masacre de Acteal en 1997; no sólo no se nos ha escuchado en cuanto al desarme, sino que se han reactivado los grupos armados bajo la actual administración del gobernador Manuel Velasco Coello. Contamos con testimonios directos de que en medio de la última confrontación violenta estos grupos estaban adquiriendo nuevas armas.

Así pues son las semillas envenenadas de la contrainsurgencia las que han fructificado en los actuales grupos armados, enfrentados por el control político-territorial, cuyos efectos negativos hacia la población están a la vista: comunidades y familias desintegradas por el conflicto y una ingobernabilidad impulsada y fomentada desde los altos niveles del poder.

Las autoridades no pueden seguir evadiendo su responsabilidad ante lo evidente y obvio de la actuación impune de los grupos armados y el tráfico de armas en la región.

Por lo tanto las organizaciones aquí firmantes exigimos al estado lo siguiente:

1. Se desarme a los grupos armados que están operando en la región, los cuales actúan con total complacencia de las autoridades del estado de Chiapas. Así mismo, se investigue, se desarticulen a las redes de tráfico de armas.

2.-Sea investigada la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y propiciado la violencia generalizada en la región.

3.-Se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de los pobladores en el municipio de Chenalhó.

Integrantes de la Red por la Paz:
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ),Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO),Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI, Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ), Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

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Comunidades de Oaxaca solicitan amparo ante la llegada de megaproyectos eólicos

Por Ricardo Ortíz

CDMX 21/03/2017. La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), anunció la intromisión de una nueva serie de megaproyectos que afectarán a diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec.

Así mismo, denunciaron que las transnacionales de empresas eólicas y mineras, han ocasionado una serie de despojos impulsados desde el Gobierno Federal, lo cual ha detonado conflictos comunitarios y territoriales en la zona, por lo que señalaron, se ha decidido crear “organización” bajo el principio por la defensa de la vida, la tierra y el territorio.

El pasado 16 de marzo, se presentó un amparo colectivo, donde estuvieron presentes pobladores de los pueblos indígenas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec; donde ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, se interpuso un amparo regional.

Dicho amparo constata, que tiene como objetivo el proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta previa y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado ante la nueva etapa de instalación de parques eólicos en las distintas regiones.

Pobladores han señalado que dicho megaproyecto desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura, “en consecuencia, el Estado pretende evitar la garantía de todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas”.

“Desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario, ahora el Gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW, lo cual implicaría triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos”.

Afirmaron que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta con promesas de desarrollo y crecimiento, sin embargo, denunciaron que “los resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son el acaparamiento de tierras de miles de hectáreas, los altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

“La migración de familias enteras de la población campesina de comunidades de Oaxaca ha ido en aumento, además, se han observado impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores”, puntualizaron.

Finalmente, denunciaron que la segunda fase de desarrollo eólico es “la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades, donde solo benefician las empresas privadas y la validación de una política económica de despojo”.

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A LOS PUEBLOS, COMUNIDADES, ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS CERCANÍAS:

La palabra de los pueblos hizo retemblar la tierra, convocada/invocada por vientos del sureste. Las voces de la tierra hablan, preguntan, crean. Quienes queremos escuchar y acompañar, nos preguntamos también a nuestro modo. Sabemos que en las preguntas compartidas se bordan horizontes, caminos, en el paisaje del silencio. Para entrecruzar los colores de esos hilos caminados y por caminar, es que invitamos a este ENCUENTRO-DISCUSIÓN EN TORNO A LA PROPUESTA POLÍTICA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA respecto a la formación de un Concejo Indígena de Gobierno para nuestro país, y la propuesta de una Vocera Indígena que lo represente en la coyuntura política de 2018.

¿Qué significa para nosotr@s, para el país y más allá, en nuestro contexto histórico y en los tiempos que corren? ¿Cómo dimensionamos las tareas, en una perspectiva histórica y de largo plazo? ¿En qué condiciones toca hacerlo?

Es para explorar en conjunto esas y otras preguntas, que estamos convocando, hermanas, hermanos, hermanxs, a reunirnos en un conversatorio que además es HOMENAJE AL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN SU 98 ANIVERSARIO LUCTUOSO, y conmemoración del CENTENARIO DEL MAYOR FÉLIX SERDÁN NÁJERA, Hermano Mayor, gran caminador y preguntón, compañero, guía y ejemplo.

La cita es en el Instituto Cultural Rubén Jaramillo, domicilio conocido en la Colonia Azuchilera, en Tehuixtla, Morelos, los días 8 y 9 de abril de 2017, a partir de las 10 horas del sábado 8. L@s organizador@s proveeremos alimentación y hospedaje en caso necesario, y desde luego será bienvenido el itacate y/o aportaciones para la “compartición”, y la previsión de llevar sleeping bags, colchonetas, cobijas etc., para reforzar la logística.

La agenda de discusión es abierta a partir de las preguntas expresadas arriba, y la organización pormenorizada del conversatorio se implementará al iniciarse el mismo.

Favor de confirmar asistencia detalladamente al correo encuentromayorfelix@gmail.com

Vaya y vuele este avioncito de papel amate, con el viento rebelde, abriendo grietas de abajo y a la izquierda.

Invitan Fraternalmente:

FAMILIARES DEL MAYOR HONORARIO FÉLIX SERDÁN NÁJERA

INSTITUTO CULTURAL RUBÉN JARAMILLO

Tehuixtla, Morelos; marzo de 2017.

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EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MEXICO. A 18 MARZO 2016.

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A las Juntas de Buen Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de México y el Mundo

A los medios de comunicación masivos e alternativos

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York

A los defensores de derechos humanos nacional e internacional

Al pueblo de México y el mundo

Jmololabex ants winiketik icha spatil a wotanik ta pisilik machatik nokol skoltabel te lum kinalik te yuun ta skuenta te nokol spojbel te chopol ajwalil.

Compañeros y compañeras, reciban nuestros saludos combativos de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas.

En este medio compartimos con ustedes y damos a conocer la libertad de nuestro compañero adherente a la sexta que salió libre el día 16 de marzo del presente año, nuestro compañero Emilio Jiménez Gómez que se encontraba preso en Playas de Catazaja, Chiapas (CERSS #17) hoy en día ya se encuentra con sus familiares y en medio de todos nosotros, a pesar de que se vulneraron sus derechos aun así estuvo años en prisión, secuestrado por el mal gobierno dentro de un muro, hasta hoy obtiene su libertad.

En nuestras voces exigiendo su libertad y las voces de otras organizaciones, quienes participaron, apoyaron, creyeron y lucharon con nosotros por cambiar el mundo, el futuro de nuestros hijos.

Estamos resistiendo y luchando juntos para decir ya basta, para demostrar que no somos cómplices de un sistema que encarcela al pobre, donde por alzar la voz somos atacados, somos mandados a la cárcel, por no querer ser partícipes de un negocio corrupto, al que vende nuestras tierras a empresas privaras para hacerse millonario, por eso estamos construyendo nuestra autonomía, solidarizándose en el camino de la lucha para que nadie nos juzgue y ni sean juzgados, siempre buscando un futuro en libertad.

Vamos a seguir luchando y le decimos a este gobierno capitalista represor que no tenemos miedo, nunca vamos a agachar la cabeza, nunca vamos a callarnos, ni hoy ni mañana vamos a dejar de exigir libertad a nuestros compañeros que aún están secuestrados por el estado, Esteban Gómez Jiménez preso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, (CERSS #5) y Santiago Moreno Pérez, preso en Playas de Catazaja, Chiapas (CERSS #17) que fueron detenidos de manera arbitraria, por el hecho de defender nuestros recursos naturales, por tener el compromiso de luchar en contra de las malas acciones del mal gobierno, eso fue el delito que cometieron, por alzar la voz y defender la vida y el territorio

Nuestra lucha lo vamos a mantener en pie, no vamos a rendirnos porque el camino a la justicia para el pueblo es larga y más que nunca hoy necesitamos fortalecer nuestra solidaridad y nuestras luchas.

Desde la zona norte del estado de Chiapas las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en la lucha y resistencia contra los malos gobernantes.

Nunca más un México sin nosotros

Tierra y libertad

¡Zapata vive!

¡Hasta la victoria siempre!

Presos políticos ¡libertad!

¡Juan Vázquez guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡No al despojo de los territorios indígenas!

¡Fuera los policías estatales de nuestro territorio indígena!

¡Presentación inmediata a los compañeros desaparecidos y asesinados de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa!

¡Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras choles del ejido tila!

Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras de San Francisco Xochicuautla!

¡Vivan los pueblos que luchan por su autonomía y libertad!

¡JUSTICIA PARA NUESTRO COMPAÑERO JUAN VAZQUEZ GUZMAN, AYOTZINAPA, ACTEAL, ABC, ATENCO!

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Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A las organizaciones Sociales

A las organizaciones de Derechos Humanos

A los académicos y estudiantes universitarios

Al pueblo en general

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR, TERESITA LUIS OJEDA, VIOLA ACUERDOS CON LA ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO

Denunciamos que la Presidente Municipal de San Dionisio del Mar, Teresita Luis Ojeda, está violando acuerdos y desconociendo a la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, además se encuentra presionando a las autoridades religiosas y comunitarias, para asumir el control de todos los espacios de toma de decisiones de nuestra comunidad. 

Desde el 2012 se constituyó la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, que rechazamos tajantemente el parque eólico de Mareña Renovables en la Barra Santa Teresa y desconocimos al, en ese entonces, Presidente Municipal Miguel López Castellanos, que se encontraba coludido con ese proyecto. Entonces la Asamblea tomo la decisión de resguardar el Palacio Municipal y el Casino, que se han convertido en símbolos de nuestra resistencia.

Hasta el 2016 sesionó una autoridad civil en nuestra comunidad, debido a que no había condiciones apropiadas para una nueva elección. Finalmente, ese año distintos sectores de la comunidad tomaron la decisión de no confrontarse en nuevas elecciones, en cambio se tomó el acuerdo de nombrar a una persona como pacto de los distinto sectores, así Teresita Luis Ojeda se convirtió en Presidente Municipal, y se comprometió a abandonar sus intereses partidistas, a respetar a la Asamblea General del Pueblo y el resto de los sectores de la comunidad y al rechazo a los proyectos eólicos en nuestro territorio.

Actualmente, la Presidente Municipal ha declarado que la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar ha desaparecido, nombrándose como autoridad máxima, ha tratado de desplazarla en su labor de hacerse cargo de las festividades de la comunidad. Así mismo, ha nombrado a una Policía Municipal para reemplazar a la Policía Popular, que forma parte de la Asamblea General del Pueblo. Pero lo más grave es, que se tienen conocimientos de que se encuentra en negociaciones con las autoridades estatales para la construcción de una infraestructura carretera en la Barra Santa Teresa, que daría entrada al proyecto eólico. Y el día de hoy, 15 de marzo de 2017, pretende realizar la priorización de obras en conjunto con el gobierno estatal, sin hacer participé a la comunidad como era el acuerdo al que se llegó cuando se le nombró para el cargo de la presidencia municipal.

Por tal motivo, el día de hoy la Asamblea General de San Dionisio del Mar, se movilizará contra estas actitudes prepotentes y autoritarias de Teresita Luis Ojeda, a la que desconocemos como autoridad municipal. Ratificamos nuestra decisión de decisión de defender nuestro territorio contra los megaproyectos eólicos, mineros y de infraestructura que pretendan imponer en nuestro territorio. Continuamos en pie de lucha, hasta la victoria siempre.

LA TIERRA, EL MAR Y EL VIENTO NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN

ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO DE SAN DIONISIO DEL MAR

ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRAY EL TERRITORIO

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Comunicado del Comité por los derechos humanos en América latina – CDHAL, Montréal, Québec, Canada

Sumamos nuestras voces por la defensa de los ríos, las aguas y la vida y nos solidarizamos con las comunidades afectadas por represas

Desde 1997, se celebra el Día Internacional de Acción contra las represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, fecha propuesta durante el 1er Encuentro Internacional de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs en Curitiba, Brasil. En el marco de esta jornada, en diferentes lugares de todos los continentes se llevan a cabo acciones diversas para  destacar la importancia social y ambiental de que los ríos corran libres y que las comunidades se puedan relacionar con sus aguas en los distintos territorios de acuerdo a sus respectivas formas de vida. Este martes 14 de marzo de 2017, nosotrxs, desde el Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), organización con sede en Montreal (Quebec, Canadá), nos sumamos a las voces de quienes se movilizan en defensa de las aguas, los territorios, de quienes se han organizado para defender su autonomía, sus derechos, de las comunidades que en resistencia a los proyectos hidroeléctricos impuestos, han construido caminos en favor de la dignidad y en contra del despojo.

Hemos recorrido nuestro camino acompañando las luchas de diferentes movimientos de América Latina que agrupan personas afectadas por represas desde la defensa de los derechos humanos y luchas para que se haga justicia. Hemos conocido la frecuente militarización de los territorios con el fin de proteger los intereses económicos que están implementando dichos proyectos, la represión, criminalización, hostigamiento y asesinatos a quienes defienden su territorio, sus comunidades y sus ríos. Simultáneamente, aprendiendo de los análisis sobre la soberanía energética que han realizado estos diferentes movimientos, comprendiendo que la justicia energética se relaciona con la voluntad de construir un modelo energético popular, inclusivo, justo y respetuoso de los derechos humanos que permita, el control de las fuentes de energía por parte de las comunidades de una manera descentralizada y democrática.

Este proceso nos ha permitido analizar el contexto quebequense, revisar nuestras exigencias y reflexionar sobre nuestras acciones cotidianas. En este trasegar, hemos podido ver que en la actualidad, tanto en el norte como en el sur, tanto en el norte como en el sur, se incrementan los proyectos energéticos que no cuentan ni con la aceptación social ni con el consentimiento de las comunidades, pero también las múltiples luchas que se organizan y se unen bajo una comprensión común: El centro del problema no es la escasez o la falta de energía, sino más bien los modelos de desarrollo que priorizan la producción de la energía a bajo costo para las industrias sin tener en cuenta las necesidades de las poblaciones ni los límites del planeta.

En esta Jornada, estamos participando en el Encuentro Internacional Seminario Internacional “Alimentos,  agua y energía: no son mercancías” organizado en Newark, New Jersey para seguir organizándonos,  articulándonos y nutriendo la fuerza sensibilizadora que nos propone conectarnos con la vida, y poder seguir aportando desde nuestros saberes y espacios de incidencia,  con el fin de avanzar  conjuntamente en la transformación de la matriz energética de los diferentes países y así seguir abonando terreno para la construcción de sociedades alternativas. Con nuestra mirada volcada a este horizonte, saludamos la iniciativa de articulación del Movimiento de Afectados por represas de Latinoamérica (MAR) y su llamado de movilización para irnos preparando para un encuentro mundial de afectadxs por represas.

En esta jornada denunciamos la construcción de la central hidroeléctrica Manic 5 sobre el río Manicouagan en Quebec, así como las otras 14 represas construidas en el territorio ancestral de Pessamit sin haber consultado al pueblo Innu que hoy añora su territorio tal como era antes de la inundación y de la parcelización de sus tierras por parte de colonos blancos que implantaron fronteras desconocidas para la comunidad.

Queremos recordar a Berta Cáceres, defensora de los ríos, compañera Lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas-COPINH de Honduras que fue asesinada el 3 de marzo del año pasado en su casa. Berta es un gran ejemplo de la tenacidad y de la resistencia que encabezan las mujeres en las batallas por la defensa del agua, la tierra y la vida. Su lucha permanece y se multiplica.

Nos unimos al trabajo del Movimiento Mexicano por la defensa de las presas y en defensa de los ríos-MAPDER, quien durante diez años ha organizado el trabajo de comunidades indígenas y campesinas enteras que luchan contra los grandes proyectos hidroeléctricos en México.

Hacemos un reconocimiento al Movimiento Colombiano en Defensa de los territorios y afectados por represas (Movimiento Ríos Vivos), por su capacidad de movilización, de fortalecimiento de las organizaciones regionales de afectadxs por represas, por su trabajo en torno a la defensa de los territorios, la transformación del modelo minero-energético y la lucha por modelos de gestión del agua justos. Saludamos todas las actividades que adelantan no solamente este día sino todo el mes de marzo recuperando, construyendo y recreando la paz en las riberas de los ríos.

Nos solidarizamos con lxs compañerxs del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), en Brasil, en su incansable lucha y organización por la defensa de lxs afectadxs por las represas y de los ríos de todo el país. Pedimos justicia para Nilce de Souza Magalhães, más conocida como Nicinha, militante del MAB Rondonia, asesinada el año pasado en su casa del campamento de afectadxs por la represa Jirau.

Nos solidarizamos con las comunidades mapuche que resisten y protestan contra la reciente aprobación de proyectos hidroeléctricos que se implementan sin consulta ni aprobación así como las 40 centrales hidroeléctricas y las más de 100 mini hidroeléctricas proyectadas por el Estado.

Nos solidarizamos con todxs lxs afectadxs por las políticas impuestas por el modelo neoliberal y extractivista especialmente con lxs pobladorxs de las orillas de los Ríos quienes han sido desalojadxs y desplazadxs por la realización de los proyectos, pedimos una verdadera justicia para lxs compañerxs criminalizadxs por defender y recuperar sus territorios y exigímos justicia con las víctimas de crímenes ambientales.

RÍOS LIBRES, PUEBLOS VIVOS!!!

AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!!!

INTERNACIONALICEMOS LA LUCHA!!!!

INTERNACIONALICEMOS LA ESPERANZA!!!!!!

by Mumia Abu-Jamal

Lynne Stewart, after 78 winters in America, has died, after battling for years against breast cancer.

But those were just some of her battles and, like most of us, she won some and lost some. But she never stopped fighting!

For decades, she and her husband, Ralph Poynter, fought for New York’s political activists and revolutionaries, like Black Panthers and Young Lords, a Puerto Rican socialist collective. But mostly, they fought for the freedom of the poor and dispossessed of New York’s Black and Brown ghettoes.

She – they – fought often and fought well in the city’s courts.

Her husband, Ralph, was a stalwart of the Black Panther Party and her most committed defender.

When Lynne was targeted by the U.S. Justice Department, and she was tried and convicted for putting out a press release for her client, the blind Egyptian sheikh, Omar Abdul Rahman, Ralph stood in the hot Washington, D.C., sun with a sign in front of the White House, demanding his wife’s release.

Her defense of her client was in the best tradition of criminal defense lawyers, and she received significant support from a broad swath of the Bar – from lawyers, yes; judges, no.

Initially sentenced to 28 months, the 2nd Circuit sent it back for resentencing – and she got 10 years! Her support only grew.

The late activist lawyer Bill Kunstler once opined that defense lawyers should be officers of their clients, instead of officers of the court.

Lynne Stewart was an officer of her clients, a People’s Lawyer, beloved and respected.

May she ever be so.

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A nuestr@s compañer@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A nuestr@s compañer@s del Congreso Nacional Indígena
A nuestr@s compañer@s de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
A nuestr@s compañer@s de la Sexta en México y el Mundo

Los que conformamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Xiches en Prisión, queremos compartir con tod@s ustedes los detalles del momento en que nos encontramos con respecto a la lucha por la Libertad de nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez.

El once de enero de dos mil diecisiete, a nombre del compañero ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ, se promovió un Incidente no especificado tendente a la libertad preparatoria, ante el Juzgado Octavo de Distrito radicado en el Estado de Oaxaca.

Un incidente no especificado es el nombre del trámite que se realiza para solicitar la libertad antes de concluir la sentencia completa, esta figura esta contemplada dentro de los “beneficios” a los que se puede acceder en cuanto al cumplimiento de una sentencia y se encuentran contenidos en el Artículo 84, del Código Penal Federal, que indica: “se concederá la libertad preparatoria al condenado que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena”.

Bajo este criterio, tenemos que el compañero Álvaro se encuentra sentenciado a 27 años de prisión, de los cuales lleva 19 años con 3 meses en la cárcel; esto quiere decir que ha rebasado por 3 años la condición planteada en el Art. 84 del Código Penal Federal.

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