Red contra la Represión y por la Solidaridad (Chiapas)
18 de julio 2011

Nos pronunciams en contra de los hechos ocurridos en el poblado Nuevo Paraíso Municipio Autónomo Francisco Villa donde Miembros de la organización regional de cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ocuparon violentamente las tierras de los compañeros bases de apoyo zapatistas.

Como denuncia la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el accionar del ORCAO viene vinculado a los lazos que dicha organización mantiene con los tres niveles de gobierno.

No son hechos aislados. Recientemente denunció la Junta de Buen Gobierno de Oventik que los bases de apoyo zapatistas de San Marcos Avilés viven una situación muy fuerte de tensiones y miedo por las agresiones y amenazas de los partidistas y por la presencia de patrullajes policíacas. También la Junta de Buen Gobierno de Morelia ha denunciado como integrantes del ORCAO secuestraron y torturaron compañeros bases de apoyo zapatistas del municipio autónomo Lucio Cabañas

Esta forma de camuflar el despojo del territorio por parte del gobierno, utilizando para la intervención de grupos de corte paramilitar o de choque, es una estrategia de contrainsurgencia elaborada desde instancias gubernamentales. Queda claro que el despojo de la tierra es la actual arma que da acceso a sus planes económicos, pero no solamente esto, también es la forma mediante la cual intentan desgarrar un pueblo en resistencia, aniquilar su cultura y destruir la autonomia.

Pero como la Junta de Buen Gobierno de Oventik escribe en la denuncia del 1º de julio; “Que no piensen que van a detener con provocaciones, amenazas, agresiones y persecuciones la lucha de los pueblos zapatistas por la construcción de nuestra autonomía y por la liberación nacional, cueste lo que nos cueste, pase lo que pase pero vamos a seguiremos adelante, porque es nuestro derecho”.

Recordamos que estas tierras fueron recuperadas en 1994 en el contexto del levantamiento del EZLN, y tierras reapropiadas para el uso de las familias originarias. Ni los corruptos políticos y sus grupos armados, ni los intereses financieros y sus ejércitos industriales tienen ningún derecho sobre ellas. La libertad en territorio zapatista no es la del libre comercio, si no la que construyen comunitariamente desde su propia autonomía.

Por todo esto exigimos el cese inmediato al hostigamiento y despojo en contra de las bases de apoyo zapatistas por parte de los tres niveles de gobierno, Estatal, Federal y Municipal, y la organización de cafiticultores de Ocosingo (ORCAO).

¡Basta de agresiones!
¡Basta de hostigamiento hacia las comunidades zapatistas!

¡Si nos tocan a uno a una nos tocan a todos!

Red contra la Represión y por la Solidaridad Chiapas
(RvsR-Chiapas)

ESCUCHA LOS AUDIOS AQUÍ: https://radiozapatista.org/?p=3631

A los medios de comunicación y al público en general: La La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la red de alerta temprana y organizaciones solidarias invitan a la conferencia de prensa:

Caracoles Anegados,
Informe sobre la situación actual (2011) de los
damnificados por el Tapón del río Grijalva en el 2007
y presentación de testimonios

Lugar: Centro Cultural – Cafe TierrAdentro. Real de Guadalupe 24, Centro, San Cristobal de la Casas
Fecha: Martes 19 de julio del 2011 a las 12:00 hrs

En este informe se aborda graves violaciones a los derechos económicos sociales y culturales (e irregularidades en posteriores programas de apoyo a damnificados) que se dan a partir de dicho desastre fruto del seguimiento e investigación de lo sucedido desde las inundaciones del 2007 a la fecha (2011)

La red de alerta temprana está compuesta por: La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), La asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)

Esperamos su asistencia y agradecemos su compromiso por informar a la sociedad

Área de difusión
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y esta asociada a
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.
Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

Tel y Fax: (55) 5610 8790 / 5846 1045
Cel: (044) 55 2939 2167

El sábado, Cristóbal Sánchez, estudiante, defensor de derechos humanos y coordinador de la caravana “Paso a paso hacia la Paz” salió libre después de pagar 31.000 pesos de fianza, después de ser detenido ilegalmente en Tapachula el pasado jueves. El domingo en la mañana, se declaró en huelga de hambre para exigir la destitución y castigo de los policías estatales y de migración que le agredieron y golpearon tras su detención.

El sábado por la tarde alcanzó su libertad bajo caución y dio a conocer en conferencia de prensa que no levantará la protesta hasta que las autoridades de Chiapas no castiguen a sus agresores. Desde las diez de la mañana, Cristóbal se instaló frente a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes del gobierno de Chiapas, en donde dijo que “en Chiapas se habla de apoyar a los migrantes y se utiliza a la fiscalía de inmigrantes para detenerlos, encarcelarlos y deportarlos. Creemos que el espíritu de esa fiscalía no era para apoyar cacerías de migrantes. Ahora se encuentra bajo el mando del Instituto Nacional de Migración”.

Cristóbal también aprovechó para pedir a los relatores de la ONU y OEA que en breve recorrerán, cada uno por su cuenta, algunos estados de la república mexicana que no se dejen engañar por las autoridades estatales de Chiapas y que investiguen por su cuenta, la verdadera realidad de lxs migrantes.

“Es urgente y necesario que investiguen las irregularidades que se cometen en la estación migratoria, Siglo XXI de Tapachula. Es una cárcel, no un centro de aseguramiento. De igual forma demandó a los representes de esos organismos de derechos humanos, que visiten Frontera Comalapa, Suchiate y Huixtla considerados como los principales centros de explotación sexual y laboral de menores de edad.”

Esto contrasta con la imagen que continúa tratando de dar el gobierno de Juan Sabines allí donde tenga la oportunidad. Mientras estas instancias golpeaban y despojaban de su equipo de trabajo a Cristóbal Sánchez, Sabines participaba en un foro sobre migración donde pusieron al estado como punta de lanza en el tema migratorio y dijeron que “sus avances en políticas públicas al respecto como la creación de una Fiscalía Especial de Atención al Migrante, y la existencia de la Secretaría de la Frontera Sur son una muestra patente de este compromiso del gobierno del estado de Chiapas con la protección de los migrantes”.

Saludos compas,

Desde El Barrio, Nueva York, el pueblo migrante del Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York, les enviamos saludos y abrazos cariñosos.

Aqui les enviamos el primer videomensaje de parte de Movimiento por Justicia del Barrio para San Sebastián Bachajón.

El 23 de junio del 2011, en San Sebastián Bachajón, Chiapas, l@s ejidatarios se juntaron en una asamblea especial sobre las acciones que se han organizado al nivel mundial en apoyo a su digna lucha y por la liberación de sus cinco presos políticos.

Durante ese día se compartieron todas las cronicas, fotos y la declaración mundial en apoyo a Bachajón.

Esa noche también se volvió a romper la frontera neoliberal con la presentación del primer videomensaje de parte de Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York para San Sebastián Bachajón. Este videomensaje es una respuesta a tres videomensajes que l@s ejidatarios han enviado.

COMUNICADO SOBRE LA VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA DE CRISTOBAL SÁNCHEZ

Ciudad Ixtepec, a 15 de julio de 2011 – El Albergue Hermanos en el Camino y defensores de derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, se pronuncian en contra de los actos violatorios de derechos humanos cometidos el día 14 de julio de 2011 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en contra de Cristobal Sánchez Sánchez -estudiante de licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), defensor de derechos humanos y organizador de la Caravana Paso a Paso hacia la Paz.

Alrededor de las 17:30 horas, Cristobal Sánchez Sánchez en compañía de Zuleyma Edain Ramos Valdéz y una persona migrante, se encontraban en el centro botanero “El Palomar” realizando investigación de campo, sobre el tema de explotación sexual, para la tesis de licentciatura. Aproximadamente, a las 18:00 horas, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes (FEDCCI) y la Policía Estatal Fronteriza, irrumpieron en el lugar para efectuar un redada. Una persona pidió a Cristobal Sánchez y a sus compañeros que le mostraran sus identificaciones. Estos las mostraron y salieron del lugar.

Posteriormente, mientras se disponían a retirarse, un vehículo de migración pasó a lado de Cristobal Sánchez y sus compañeros. Un oficial de migración –a quien le apodan “El Chino“ quien ya ha sido señalado por corrupción- comenzó a insultarlos; ya que los compañeros de Cristobal comenzaron a tomar fotos con su teléfono celular.

A los pocos segundos, a bordo de una camioneta, llegaron elementos de la Policía Estatal Fronteriza y el ministerio público del fuero común. Estos agentes, representantes del orden público y la justicia en Chiapas, bajaron del vehículo y, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, detuvieron ilegalmente a Cristobal Sánchez y lo obligaron a subirse a la camioneta. Simultáneamente, Zuleyma Edain forcejeaba con los agentes federales de migración, quienes intentaban arrebatarle su teléfono celular. En esos mismos momentos, los miembros de la Policía Estatal Fronteriza se llevaron a Cristobal Sánchez, rumbo a las instalaciones de la FEDCCI, mientras, en el trayecto, lo golpeaban brutalmente entre varios agentes.

Ya en ese lugar -en el que estuvo más de dos horas completamente incomunicado y sin que se le informaran sus derechos- un policía adscrito a dicha Fiscalía encargada de la protección a personas migrantes, golpeó y amenazó con una pistola a Cristobal Sánchez Sánchez. Finalmente, fue trasladado a la Procuraduría General de la República en calidad de detenido, en donde, además de lo sucedido, se le levantaron cargos por daños, lesiones y resistencia de particulares.

Hasta el día de hoy, Cristobal continúa en calidad de detenido y severamente golpeado. Estos actos reprobables fueron documentados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde el Albergue Hermanos en el Camino, defensores y miembros de la sociedad civil, comunicamos lo siguiente:

Lamentamos y condenamos las serias violaciones a derechos humanos cometidas en contra de nuestro colega Cristobal Sánchez Sánchez.

Observamos con desconcierto e indignación la deplorable actuación del personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes y la soltura con la que incurrieron en abusos de autoridad y violaciones a las garantías individuales de Cristobal Sánchez, contenidas en nuestra Constitución y tratados internacionales.

Exigimos como miembros de la sociedad civil, que las instancias encargadas de impartición de justicia en Chiapas, respeten los derechos consagrados en las leyes y castiguen a las autoridades que los violenten.

Reprobamos las declaraciones hechas por el Instituto Nacional de Migración que continúa desprestigiando de manera sistemática, y como medio de defensa, a cualquier defensor, civil o persona migrante que cuestione sus actuaciones.

Señalamos el historial de represión en contra de personas migrantes, característico de la delegada de migración en Chiapas, Maria de las Mercedes Gómez Mont, por lo que no nos sorprende que encubra los abusos de sus agentes y ponga en peligro la vida de los defensores de derechos humanos.

Finalmente, reiteramos nuestra preocupación con respecto a la violencia sistemática con la que actúan las autoridades en las redadas realizadas en contra de migrantes y nos indigna la represión violencia ejercida en contra de defensores de derechos humanos.

Organizaciones sociales advertían del interés gubernamental de aprobar en el anterior periodo vacacional, la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que ahonda en el establecimiento de un estado policiaco-militar que abre la vía militar a la represión de movimientos sociales.

Tratan de hacerlo ahora, nuevamente aprovechando otro periodo vacacional y en medio de la faramalla de la liga de fútbol. El Frente Plural Ciudadano y Centro Pastoral de Chihuahua advierten del “peligro del proceso de aprobación inminente a las Reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Laboral.
Tenemos conocimiento de que existen intenciones de aprobar estas Reforma en este periodo extraordinario de sesiones del Congreso.

La aprobación de las Reformas a estas dos leyes -que se hacen otra vez a espaldas del pueblo, sin consultas públicas y abiertas, sin debates abiertos y públicos- sería un golpe devastador para nuestra sociedad.” En una carta invitación para organizar una jornada nacional contra ambas reformas se dirigen a lxs firmantes del Pacto de Juárez el 10 de junio, a organizaciones sociales y políticas y a mexicanxs, recordando que en uno de los puntos del Pacto Ciudadano se señlaba que ”exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional por el contrario emplazamos al poder legislativo a que elabore conjuntamente con la sociedad una ley de seguridad social y ciudadana”, además de rechazar totalmente la Reforma Laboral en ciernes.

Mientras, la SCJN, la que libera paramilitares de Acteal, dice que los militares podrán ser juzgados en tribunales civiles cuando violen derechos humanos, cosa que no garantiza que se vaya a hacer justicia.

En el marco de las discusiones sobre la LSN, la SCJN que, no olvidamos, contribuyó en el pasado a avalar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, siendo corresponsable de la situación de impunidad prevaleciente en la actualidad, aprobó este 12 de julio restringir el fuero militar, basándose en la sentencia de la CIDH.

La Corte Interamericana determinó en cuatro decisiones, que militares habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra civiles. Además del caso Radilla, en agosto de 2010, estableció que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas de Guerrero, habían sido violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002. En diciembre de 2010, el tribunal determinó que los militares habían detenido y torturado a dos campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. La Corte Interamericana ha manifestado, en reiteradas oportunidades, que la jurisdicción militar no debería aplicarse a violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. México no ha cumplido aún con este requisito.

El primer caso, excepcional, con castigo a militares, es el de Castaños. El 11 de julio de 2006, 14 mujeres que trabajaban en un bar en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, fueron atacadas sexualmente por al menos 20 militares.

Ahora se espera que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel, mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Para Raúl Vera, obispo de Salitllo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón. El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia es el caso de la compañera indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles.“Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”.

Recordamos también algunos casos de violación por parte de militares en el estado de Chiapas que continúan impunes; como es el caso de las tres hermanas tseltales violadas y torturadas por militares. Otras violaciones que se mantienen en la impunidad, como la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez en 1995; ; o la desaparición forzada en 1999 de José Hidalgo también por parte de militares; o la detención y tortura en 2007 de Roberto Encino, estudiante tseltal, por parte de elementos del ejército. Casos documentados por el Frayba.

Quizás la indiferencia de tanta muerte, quizás porque sólo son estadísticas o cifras, quizás porque así son las autoridades del gobierno de Veracruz y de Orizaba y consideran que la muerte de dos trabajadoras sexuales no importan, que no tienen el carácter humano, ni mucho menos si son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, pertenecen al Colectivo Feminista Cihuatlatolli y a la Red Mexicana de Trabajo Sexual

El 29 de junio de 2011 nuestra compañera Rafaela Navarro fue degollada en el hotel “Los Pascuales”. Once días después, nuestra compañera Fabiola Orozco Isouza, de 23 años y con un embarazo de 8 meses, fue estrangulada en el hotel  “El paredón”. Las autoridades no dan respuesta, se mantienen insensibles ante los asesinatos de dos mujeres. Los dos hoteles, por ejemplo, donde se perpetraron los crímenes se mantienen aún abiertos, sin investigación alguna.

Existe miedo entre las trabajadoras sexuales, pues se teme que la lamentable ola de feminicidios llegue a Orizaba, más aún, con la indiferencia de las autoridades o su complicidad ante estos crímenes, ya no se sienten seguras. Ahí está, lo que vale la vida de las mujeres para las autoridades del estado de Veracruz y de la ciudad de Orizaba.

La Red Contra la Represión y por la Solidaridad protesta enérgicamente contra el asesinato de nuestras compañeras Rafaela Navarro y Fabiola Orozco. Estas muertes son agresiones contra La Otra Campaña. Pedimos mantenernos atentos, difundir la información sobre estos crímenes, realizar pronunciamientos, y a preparar y a mantener nuestra solidaridad.

ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA LA OTRA CAMPAÑA
ALTO A LOS FEMINICIDIOS
ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA EL COLECTIVO FEMINISTA CIHUATLATOLLI Y CONTRA LA RED MEXICANA DE TRABAJO SEXUAL
NO MÁS IMPUNIDAD

Contra el despojo y la represión…

la solidaridad

Red Contra la Represión y por la Solidaridad
RvsR

¡CONTRA EL DESPOJO Y LA REPRESIÓN: LA SOLIDARIDAD!
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Denuncian bases zapatistas despojos de tierra y agresiones cometidos por Orcao

En imagen de archivo, milicianos del EZLN hacen guardia en un lugar del municipio autónomo de La Garrucha – Foto Víctor Camacho

La junta de La Garrucha responsabiliza de estas acciones a José Peñate Gómez, Osmar, Pedro López García, Marcos Hernández Morales, José Alfredo Peñate Gómez y Miguel Centeno Gutiérrez (Guadalupe Victoria), así como a Adolfo Ruiz Gutiérrez, Domingo Gutiérrez Ruiz, Bersaín, Miguel y Baldemar Gutiérrez Gómez, Jerónimo, Andrés y Eliseo Gutiérrez Pérez (Po’jcol), y Fidelino Gómez Morales, Carmelino Ruiz Guillén, Fidelino Gómez Lorenzo y Marcos Gómez Morales (Las Conchitas).

La JBG demanda que los orcaístas, asesorados por los tres niveles de gobierno, desocupen las tierras recuperadas después de 1994. Son nuestras y las vamos a defender cueste lo que nos cueste, sostiene. Estamos hasta la madre de las provocaciones. La JGB exige al presidente de Orcao, Antonio Juárez Cruz, que su gente desocupe la tierra de las bases de apoyo de Nuevo Paraíso y, a los invasores, que saquen láminas y madera que trajeron de su tierra, y que devuelvan la madera robada. En caso contrario, si suceden graves problemas responsabilizamos directamente al gobierno y a la directiva de Orcao.

Otro caso donde los gobiernos federal, estatal y municipal asesoran a los dirigentes de Orcao para invadir tierras recuperadas por el EZLN, es el poblado Nuevo Rosario, en el municipio autónomo San Manuel. Allí los invasores están tumbando muchos árboles para vender leña en Ocosingo. La JBG responsabiliza a la directiva de los cafetaleros oficialistas por rentar indebidamente la tierra recuperada al ganadero Alejandro Alcázar, de San Cristóbal de las Casas.

Esto ha provocado destrozos en milpas del municipio zapatista San Manuel, debido al corte de los alambrados para que penetre el ganado. También han sido afectadas ocho familias que no pertenecen a ninguna organización, habitantes del mismo Nuevo Rosario.