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Avispa Midia

Empresas alemanas en “tren maya” refuerzan despojo y militarización

Por Aldo Santiago

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

El informe Tren Maya made in Germany. La Deutsche Bahn y el tren de la destrucción, destaca la participación de empresas alemanas que a primera vista no tienen nada que ver con el sector de infraestructura.

“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.

Protesta en Chiapas contra la imposición del “tren maya” y sus proyectos asociados

Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.

“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.

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El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.

Inversiones

“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.

El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren.

Representantes de las comunidades tzeltales e integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio reiteraron su rechazo al proyecto carretero en Chiapas

Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:

La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.

“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.

Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.

Publicidad de DB como empresa respetuosa del medio ambiente.

“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.

Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.

En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.

La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.

Sureste, el objetivo

En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.

“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.

Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.

La destrucción de la selva le abre el camino al Tren Maya – solo para el “tramo 1” se van a talar 800 hectáreas.

“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”.

Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.

Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.

“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.

“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.

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En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.

“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.

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El Escuadrón Marítimo Zapatista, llamado “Escuadrón 421”

Apenas 500 años después | El Escuadrón Marítimo Zapatista, llamado “Escuadrón 421” | 13 de agosto de 2021

Fuente: Enlace Zapatista

Palabras de los pueblos zapatistas.

Escucha aquí:
(Descarga aquí)  

 

13 de agosto del 2021.

Hermanas, hermanos, hermanoas:

Compañeros, compañeras, compañeroas:

Por nuestras voces hablan las comunidades zapatistas.

Primero queremos agradecer.

Agradecer que nos hayan invitado.

Agradecer que nos hayan recibido.

Agradecer que nos hayan hospedado.

Agradecer que nos hayan alimentado.

Agradecer que nos hayan cuidado.

Pero sobre todo agradecerles que, a pesar de sus diferencias y contrariedades, se hayan puesto de acuerdo para esto que hoy hacemos.  Que tal vez les parecerá poco a ustedes, pero para nosotros los pueblos zapatistas es muy grande.

-*-

Somos zapatistas de raíz maya.

Somos de una geografía llamada México y atravesamos el océano para decirles estas palabras, para estar con ustedes, para escucharles, para aprender de ustedes.

Somos de México y en ustedes y con ustedes encontramos cariño, cuidado, respeto.

El Estado Mexicano y sus gobiernos no nos reconocen como nacionales de esa geografía.  Somos extraños, extranjeros, indeseables, inoportunos en los mismos suelos que fueron cultivados por nuestros antecesores.

Para el Estado Mexicano somos “extemporáneos”.  Eso dice el acta de nacimiento que, después de muchos gastos y viajes de nuestros poblados a las oficinas del mal gobierno, logramos obtener.  Y lo hicimos para poder llegar hasta ustedes.

Pero no hemos llegado hasta acá para quejarnos.  Ni siquiera para denunciar al mal gobierno que padecemos.

Sólo les decimos esto, porque es ese mal gobierno el que le ha exigido al Estado Español que pida perdón por lo ocurrido hace 500 años.

Deben comprender que, además de ser un sinvergüenza, el mal gobierno de México es también ignorante de la historia.  Y la tuerce y acomoda a su conveniencia.

Así que dejemos de lado a los malos gobiernos que cada quien padecemos en nuestras geografías.

Ellos son sólo capataces, empleados obedientes de un criminal mayor.

-*-

Quienes formamos el Escuadrón Marítimo Zapatista, y que nos conocen como el Escuadrón 421, hoy estamos frente a ustedes, pero sólo somos el antecedente de un grupo más grande.  Hasta 501 delegados.  Y somos 501 sólo para demostrarles a los malos gobiernos que vamos delante de ellos.  Mientras ellos simulan un festejo falso de 500 años, nosotros, nosotras, nosotroas, vamos ya en lo que sigue: la vida.

En el año 501 habremos de recorrer los rincones de esta tierra insumisa.

Pero no se preocupen.  No vendrán los 501 delegados y delegadas de un jalón.  Sino que por partes irán llegando.

Ahora mismo, en las montañas del Sureste Mexicano, se está preparando la compañía zapatista aerotransportada a la que llamamos “La Extemporánea” y que está formada por mujeres, hombres, niños y niñas zapatistas.

Con esta compañía aerotransportada viajará también una delegación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

(Continuar leyendo…)

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata

POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ A 500 AÑOS DE LA LLAMADA “CONQUISTA DE MÉXICO”: ¡AQUÍ SEGUIMOS, NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS, NO CLAUDICAMOS!

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

13 de agosto de 2021, a 500 años de la Resistencia contra la muerte y el olvido:

Cada vez más se va cuestionando en México, Latinoamérica y el mundo, la llamada Conquista de México; aquel proceso de genocidio, exterminio, despojo e imposición que inició en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y que se agudizó con la llegada de más y más invasores como Hernán Cortés. Sufrimiento, despojo, enfermedades
como la viruela, que dejaron millones de muertes a su paso, tal como la actual
pandemia (que hoy nos asedia pero a la que resistimos con nuestros propios
saberes y organización frente al abandono de los malos gobiernos), fueron las amenazas que llegaron junto a los invasores.

Sin embargo, hubo pueblos, comunidades enteras en resistencia, que pudieron preservan sus lenguas, cultura, tradiciones, creencias; que mantuvieron la relación con la tierra y los bienes naturales que el invasor pretendía destruir. Hombres y mujeres de maíz que se resistieron a ser historia pasada y mantuvieron la memoria para las generaciones venideras, que heredaron eso que algunos hermanos y hermanas, llaman la ética indígena, el cuidado de la madre tierra y con ello el cuidado de la vida, del nosotros, nosotras, nosotroas.

Así como en 1521 se intentó acabar con los pueblos originarios, hoy los malos gobiernos y el sistema neoliberal, buscan las formas de acabar con nosotros y nosotras. Cambian el nombre y las formas, desarrollo, bienestar, progreso, Cuarta Transformación, le llaman ahora a la guerra de conquista, pero en esencia continúan los mismos actos de muerte, despojo y destrucción. Siguen queriendo
exterminarnos, despojarnos, desaparecernos.

Los gobiernos, y el sistema, detrás de sus palabras de desarrollo, progreso, Cuarta
Transformación, busca exterminar todo aquello que no quepa en su lógica neoliberal. Quieren acabar con nosotros y nosotras, que no hablamos de competencia sino de cooperación, ni de ganancias, sino de bien común, ni hablamos de elecciones democráticas electorales, sino de autonomía y autogobiernos.

Hoy nos siguen amenazando las compañías mineras que se quieren imponer en nuestros territorios; el crimen organizado, los grupos narco-paramilitares; la guerra sucia de los malos gobiernos se mantiene. Nos amenazan los partidos políticos y su clientelismo pues buscan dividir a nuestras comunidades, comprándolas con sus migajas; todos ellos son los herederos de quienes llegaron en 1521 con su idea de superioridad respecto a nuestros pueblos, herederos de la idea de destruir para reconstruir, de despoblar para repoblar, como ya lo han explicado nuestros hermanos del EZLN, bajo una nueva lógica, la de la muerte de la madre tierra y de quienes con ella vivimos. Nosotros, nosotras, nosotroas, somos los herederos de quienes resistieron.

A pesar de todo, a pesar de ellos, seguimos aquí, defendiendo nuestro territorio, cuidando la vida de los niños, niñas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres de nuestras comunidades. Hoy más que nunca decimos que no hemos sido conquistados, que no nos vendemos, no claudicamos, no nos rendimos, ni
olvidamos. Que caminamos con los pueblos del Congreso Nacional Indígena y con las y los hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional así como con los pueblos del mundo que también pretendieron ser exterminados, pero que siguen dignamente en pie.

RESISTIMOS, recordando que la resistencia no solo es aguantar, sino luchar, enfrentar, proponer, organizar, construir el mundo nuevo desde la autonomía y desde los pueblos, desde abajo y a la izquierda, desde nosotros, nosotras y nosotroas.

Aquí seguimos y aquí seguiremos.

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN REBELDÍA Y RESISTENCIA!
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO!
¡VIVA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA!

 

ATENTAMENTE

Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata

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Avispa Midia

EEUU confirma a Laura Richardson para comandar a más de 1200 militares en Latinoamérica

Por Santiago Navarro F

En portada: Richardson en el Campamento Sabalu. Afganistán, 2013

Este miércoles (11), el senado de los Estados Unidos (EEUU), con el visto bueno del Pentágono, dio luz verde para que la General Laura Richardson se convierta en la primera mujer en comandar el Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés). Compuesto por más de 1,200 militares y civiles, esta unidad está encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. También es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

Richardson reemplazará al almirante Craig Faller, quien estuvo al mando desde el año 2018 y quien implementó diversas estrategias, entre ellas, la Estrategia del Teatro 2017-2027 y continuó la llamada “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018, Amistad y Cooperación por las Américas”. Las justificaciones eran asegurar el suministro de petróleo y gas natural, así mismo, utilizar la ayuda humanitaria ante los desastres naturales para aumentar su presencia en la región latinoamericana.

Ver también: La nueva estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica

Richardson, desde 2019 ya era comandante del Ejército Norte de los Estados Unidos y, con el nuevo cargo, recibe su cuarta estrella. En un comunicado, Hugh W. Howard III, comandante del Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos, dijo que el nuevo puesto de la General es “un logro extraordinario”.

Richardson piloteo helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y sirvió en las guerras de Irak y Afganistán, además fue asesora militar del ex vicepresidente Al Gore (1993-2001). Ella también recibió entrenamiento especial para operaciones de guerra, lo que la Marina llama como operaciones de “inserción y extracción encubiertas”.

Richardson, de 57 años de edad, asume su nuevo cargo en un escenario convulsionado por la pandemia de la Covid-19, donde el Comando Sur ha realizado diversas operaciones en medio de este contexto de crisis, como el aumento de su presencia en la región de la Amazonía. También en octubre del 2020, junto con el gobierno de Brasil, el USSOUTHCOM realizó un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela.

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Aunque aún no se sabe si la comandante va a continuar con las estrategias implementadas hasta el día de hoy por el Comando Sur, lo que si se sabe es que, el Comando Sur ha expresado su preocupación por el avance de capitales de China en la región latinoamericana, por ello ha redoblado sus esfuerzos para mantener su presencia.

En uno de sus últimos viajes, Faller visitó a Uruguay y Argentina, y expresó que le preocupaba que China “había desplegado 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica”. Esto ha implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostuvo el entonces comandante del USSOUTHCOM.

Este es el teatro de operaciones dónde Richardson tendrá que ejecutar sus estrategias para defender los intereses de los Estados Unidos en la región latinoamericana y pondrá en práctica su experiencia adquirida por más de 30 años que lleva en las Fuerzas Armadas de EEUU.

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Avispa Midia

La soberanía alimentaria en Argentina, amenazada por nueva ley agroindustrial

Por Itzela Olivarri

En portada: El Consejo Agroindustrial Argentino, formado en 2020, promueve beneficios para la agroindustria con el pretexto de la creación de empleos. Foto de Revista Criterio Digital

“Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de pie” es el nombre con el que se conoce a la Resolución 216 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicha nación, en la que se aprobó la iniciativa “200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” (200MT), los cuales se pretenden producir antes del año 2030.

Dicha iniciativa surge del “Consejo Agroindustrial Argentino”, del cual forman parte varios sectores de los agronegocios, quienes pretenden salir favorecidos con la implementación de las políticas públicas promovidas por el actual gobierno.

En el papel, estas políticas están centradas en el crecimiento económico, medido por el aumento del Producto Interno Bruto, y con las cuales se pretenden resolver los problemas económicos, sociales, ambientales y sanitarios, ligados al hambre y la malnutrición, por los que atraviesa el país sudamericano.

Sin embargo, un análisis publicado por Acción por la biodiversidad, señala que los principales beneficiarios de dicha iniciativa son los del Consejo Agroindustrial, ya que han planteado una serie de demandas vinculadas con el otorgamiento de subsidios, infraestructura, financiamiento, así como, políticas de inversión respecto a una serie de insumos, como fertilizantes, perforaciones y riego con aguas subterráneas, etc.

Además, plantearon propuestas de deducción del adicional por ganancias de 50%, así como otros beneficios a quienes se registren y muestren incrementos en la producción y en la contratación de personal.

Otro tema presente en la Resolución 216 es la Ley de semillas, con la cual, los sectores concentrados de la agroindustria intentan que Argentina se adhiera al convenio UPOV 91, que prohíbe el uso propio de las semillas por parte de agricultores y, cuyas consecuencias serían una mayor uniformidad genética en la agrobiodiversidad y un mayor control de las corporaciones transnacionales semilleras y agrotóxicas sobre los sistemas agroalimentarios.

De acuerdo a Fernando Frank, autor del informe titulado Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina, con esta resolución el gobierno está asumiendo un consenso político falso, ya que no ha escuchado a la diversidad de voces críticas a los agronegocios, principalmente a las vinculadas con la producción popular; la agricultura familiar, campesina e indígena; las pymes y cooperativas de producción de alimentos sanos; las personas consumidoras y, la academia crítica.

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Algunos aspectos relevantes a considerar sobre lo que implica la implementación de la iniciativa 200MT respecto a la recuperación de tierras son: los agronegocios expanden la frontera agrícola remplazando a los sistemas mixtos agrícola-ganaderos, promoviendo la deforestación de bosques nativos y expulsando a las familias campesinas de sus territorios de cultivo y, la reducción del uso de los agrotóxicos no será posible ya que la expansión se dará en el contexto de la continuidad y profundización del uso de cultivos transgénicos (soja, maíz y trigo) resistentes a herbicidas.

En cuanto al “agregado de valor” habrá que tomar en cuenta que se refiere al fortalecimiento de las distintas formas de ganadería industrial, la industria aceitera y molinera, la industria de comestibles ultraprocesados (bebidas azucaradas, panificados industriales, lácteos, etc.), lo que conlleva a la concentración y extranjerización económica, a la degradación de la calidad de los alimentos y, a la promoción de nuevos monocultivos. Y, aunque en la resolución no mencionan los agrocombustibles como el biodiésel y bioetanol, la producción de estos forma parte del proyecto.

Respecto a las divisas o lo que algunos economistas denominan “restricción externa”, la iniciativa 200MT plantea el aumento del volumen de producción, sin embargo, con proyectos anteriores, como la Hidrovía, se pusieron al descubierto los intereses corporativos, la corrupción y los negocios turbios que se esconden atrás de dichos proyectos, lo cual conllevó la fuga de divisas, contrabando, evasión fiscal, concentración y extranjerización del comercio.

Acorde al análisis del documento, el debate sobre el crecimiento económico que necesita el país no puede estar disociado de los impactos socioambientales, ya que no habrá futuro si no se cuidan y defienden los territorios, los bienes comunes y los pueblos que les habitan.

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Avispa Midia

Comunidades toman planta Bonafont para convertirla en casa de los pueblos

Por Jana X

Después de cuatro meses de campamento de toma de la planta Bonafont, en el día del natalicio de Emiliano Zapata, los Pueblos Unidos del municipio de Juan C. Bonilla y otros 17 pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, junto con el pueblo Otomí migrante en resistencia y el movimiento Mexicali Resiste, decidieron juzgar al gobierno y a las empresas que con engaños les han despojado de la tierra, sobreexplotado el agua y los mantos freáticos de la región.

La consecuencia de ello ha sido el secamiento de sus pozos, y manantiales, al punto de generar hace poco más de un mes un gran socavón, el cual a la fecha las autoridades no pueden explicar su origen. Mientras, los pueblos lo dicen claramente: “es la sobreexplotación por las empresas como Bonafont, Volkswagen, Carol, Audi entre otras”.

Por cuatro meses se mantuvo el campamento de toma de la planta Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, que se encuentra a las faldas de los cerros Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Esta es una región abundante en agua, la cual proviene justo de los cerros que la rodean y que han sido resguardados por los pueblos nahuas originarios de esta región.

No obstante, después de 29 años del robo de su agua a través de la extracción diaria de  1,600,000 litros de agua en la planta ocupada, había provocado que los pozos artesianos de la región se secaran, además de una sequía generalizada y la imposibilidad de que los pueblos campesinos e indígenas que allí habitan para poder continuar con su modo de vida, que es a partir de la agricultura campesina de pequeña escala y autoconsumo.

En estos cuatro meses de cierre de operaciones de la planta, dicen los habitantes de estos pueblos, “los pozos han vuelto a tener agua”.

Previo a la toma del 22 de marzo de este año y durante los cuatro meses que duró el campamento de resistencia, se dio un proceso de asambleas y consulta entre los pueblos que habitan esta región, en donde además se informó sobre el despojo y las intenciones de abrir nuevos pozos para continuar con el robo de agua, por lo que 14 pueblos, hartos del despojo y la sequía, se articularon en “Pueblos Unidos” para defender el agua e impedir que continúe el saqueo.

Entre los pueblos imperó la misma voz: “ya era demasiado el robo, estamos hartos, y si no actuamos ya, nos seguirán despojando. Queremos justicia.”

Juicio de los pueblos

Dicen que siempre estuvieron abiertos al diálogo, pero ni las autoridades del gobierno, ni la empresa se acercaron para dialogar. Los pueblos evidenciaron que a las autoridades se les llamó a través de los cauces formales y se les invitó a tomar la palabra en el evento de festejo del aniversario de Emiliano Zapata, pero ellos no llegaron.

Se les estuvo esperando, y simplemente no llegaron. Ante la ausencia del gobierno, los pueblos decidieron hacer del evento un espacio de denuncia. Ahí, los 20 pueblos presentes denunciaron los diferentes atropellos que han vivido en la defensa del agua frente a la sobreexplotación y contaminación de los ríos.

Un ejemplo es el caso del río Metlapanapa, el cual ha sido explotado por años por empresas como Volkswagen, Audi, Bonafont, Junghans, Coca-Cola, granjas Carol, Hylsa, y otras, además de los parques industriales y el creciente desarrollo inmobiliario, e incluso ante un nuevo complejo industrial llamado “Ciudad téxtil” que se pretende instalar en la región.

Todas estas empresas usan grandes cantidades de agua. Por ejemplo, señalaron que la empresa automovilistica Volkswagen, contra la cual también hubo resistencia que en su momento fue reprimida, producen 20 carros por minuto y para la fabricación de cada carro se usan hasta 4,000 litros de agua.

Las empresas además contaminan los ríos, arroyos y mantos freáticos al verter los desechos tóxicos de sus procesos industriales. Denunciaron que en el río Metlapanapa corren las aguas negras y fecales de las empresas, pues en él se descargan sustancias tóxicas como plomo, cadmio, aluminio y arsenio provenientes de las fábricas que operan en la región.

El espacio de denuncia sirvió para que también se señalaran otros megaproyectos que atentan contra la vida de los pueblos, como el gasoducto que corre en toda esta región entre Puebla y Morelos y que forma parte del PIM (Proyecto Integral Morelos) el cual incluye además super autopistas y termoeléctricas de ciclo combinado y que ante la resistencia al proyecto, ya ha habido diferentes actos de represión que han ido desde la detención arbitraria y por razones políticas, hasta el asesinato de quienes se han resistido, como el caso de Samir Flores, el cual ya fue denunciado.

Ante la explotación y robo permanente de las empresas legitimado por el gobierno, los “Pueblos Unidos” de esta región del estado de Puebla exigieron justicia, una justicia que ellos mismos se han encargado de procurar, pues como dijeron algunos de los jóvenes que participaron de la toma: “Del gobierno no esperamos nada bueno, nuestra lucha es por la autonomía y la libre determinación”. Es por ello que decretaron la reapropiación de lo que fue arrebatado bajo engaños y corrupción y convertirlo en una Casa de los Pueblos.

De ser una sede para el robo, hoy será una Casa de los Pueblos

Los entrevistados (de los cuales resguardamos su identidad por seguridad) señalaron que durante las diferentes asambleas que se realizaron en los cuatro meses de toma, se decidió primero cerrar la planta y los pozos para acabar con el despojo y parte de los abusos. Después surgieron diferentes propuestas de cómo usar el espacio, entre las que señalaron estan: para casa de salud, como espacio deportivo y educativo, para la comunicación desde los pueblos y para la formación de los pueblos para la agricultura orgánica.

Aún faltará que este lunes (9) tras una rueda de prensa se continúe con el proceso asambleario para que los pueblos decidan por sí mismos qué uso darán a las instalaciones. Por ahora, los pozos han sido clausurados de forma permanente, y se espera que esta batalla sea el inicio de muchas batallas por la defensa del agua y de la vida, para que los pueblos puedan continuar viviendo como pueblos campesinos que manejan desde sí mismos el uso respetuoso del agua, como de por sí ya lo hacían.

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Continúa criminalización de Garífunas en Honduras

Por Itzela Olivarri

L@s garífunas, que habitan varias regiones del Caribe Hondureño, han sufrido acoso, represión, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias desde hace ya varios años, debido a la resistencia y a la defensa de sus territorios, los cuales, ancestralmente les pertenecen.

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“Nosotras defendemos la vida, la naturaleza, pensamos en los que vienen atrás, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que tengan dónde vivir, dónde sembrar, dónde comer”, comparte Marianela Mejía mediante testimonio en video para el medio Contracorriente.

En los últimos 10 años se han reportado 105 ataques contra sus comunidades; algun@s de sus integrantes han sido detenid@s y encarcelad@s, tal fue el caso de Jennifer Mejía Solórzano, quien el 3 de marzo del presente año fue detenida y, cuando su hermana Marianela acudió a la estación de policía para solicitar informes, también fue arrestada. Después de cuatro días, el 7 de marzo, se les dictó auto de formal prisión y, si son condenadas, podrían pasar 10 años privadas de su libertad.

Las hermanas Mejía son integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y se les acusa de usurpación de tierras en territorio ancestral.

Tierras ancestrales que en realidad les pertenecen y que el Estado no quiere reconocer, por lo que han sufrido expropiación territorial, persecución, amenazas y secuestros.

Aunado a ello, se les ha intentado desplazar de las tierras que habitan, con el fin de realizar diversos proyectos turísticos en la zona de Trujillo. Una de las empresas que quiere realizar estos proyectos es la Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA, de capital canadiense, misma que acusó a 32 miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellas a las hermanas Mejía, de usurpación, daños y amenazas.

Recuento de la violencia

El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz, a los cuales se les hizo una fuerte campaña de desprestigio en las redes sociales, vinculándoles con el narcotráfico y, quienes, hasta la fecha, no han sido encontrados.

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El 13 de febrero de 2021, dos sicarios asesinaron al joven líder garífuna Fernando Padilla, quien pertenecía a la OFRANEH.

El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, integrante de la misma organización garífuna, y también acusada por supuesta “usurpación de tierras”. Por el mismo caso, aún se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.

Las hermanas Jennifer y Marianela Mejía Solórzano han sido acusadas de “usurpación” de tierras ancestrales garífunas. Imagen de Procesohn

Ante esta serie de detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados, a principios de julio, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, manifestó su preocupación: “El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas mas vulnerables de la sociedad”.

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Avispa Midia

Se reportan diez indígenas Yaqui desaparecidos en la ultima semana

Foto de portada por Santiago Navarro F

Por Vanessa García Navarro y David Milán

En Sonora, el pueblo Yaqui de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que forman la Tribu Yaqui, denunció el pasado miércoles 14 de julio, la desaparición de varios miembros de su comunidad. Desde entonces la incertidumbre continúa latente, pues, los familiares ignoran en qué condiciones se encuentran las víctimas de este acontecimiento.

En la denuncia pública, hecha por la comunidad, figuran los nombres de siete personas: Martín Hurtado Flores, Braulio Pérez Sol, Eladio Molina Zavala, Juan Justino Galaviz Cruz, Fabian Sombra Miranda, Leocadio Galaviz Cruz, y Fabian Valencia Romero (cuyas edades oscilan entre los 27 y 66 años); sin embargo, en esa misma fecha, también se reportó la desaparición de Artemio Arballo Canizalez, Benjamín Portela Peralta y Gustavo Acosta Hurtado. Son diez indígenas que hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos.

Se informa que siete de ellos fueron vistos por última ocasión mientras se disponían a llevar vacas para efectuar una celebración en una población aledaña. La comunidad se enteró de las desapariciones el mismo día que ocurrieron, por tanto, la guardia tradicional de esta comunidad decidió proceder con cautela antes de tomar acciones. Al día siguiente, al ver que sus hermanos no volvieron, la vigilancia tradicional y algunos voluntarios partieron rumbo a la sierra a bordo de cuatro camionetas para buscarlos. Lamentablemente los escasos hallazgos fueron “sólo el equipaje esparcido de tres de ellos, una piola y una vaca quemada,” como indicaron los familiares en la denuncia pública.

Otro miembro del pueblo, que por razones de seguridad prefirió solo presentarse como Felipe, explicó las circunstancias de la desaparición y, la situación peligrosa en la que se encuentran, ya que desconfían del Estado y de la presencia del narco en la región, los cuales muchas veces no se sabe distinguir. “Ellos cuidaban vacas. Eran parte de un rancho que se llama Agua Caliente. Iban por unas reses para las fiestas tradicionales del siguiente pueblo, que se llama Bataconsica, que está a cinco kilómetros de nuestro pueblo que se llama Loma de Bácum”, dijo Felipe.

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Avispa Midia

Pico de Oro: una isla cercada por agua y palma de aceite en Petén

Por Avispa

Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria

En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera

La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.

Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.

Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.

A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.

La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.

Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera

En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.

Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.

Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.

Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.

Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.

“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.

Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.

En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.

Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera

“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.

Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.

Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.

“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.

Diálogo de sordos con los palmeros

Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.

La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.

Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.

Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.

La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.

Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera

Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.

Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.

“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.

Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.

“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.

“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.

Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.

La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.

A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.

“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.

La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.

Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.

Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.

Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.

A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.

Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera

Tan lejos del Estado

Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.

Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.

El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.

“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.

“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.

El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.

Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.

“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.

La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.

Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.

El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.

Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.

En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.

Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera

La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.

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Costa Rica: casi un centenar de agresiones contra recuperador@s de tierras en 2020

Por Sare Frabes

En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.

El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.

Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.

El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.

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El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.

Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).

Recuperador@s en la tierra Cabécar de China Kichá.

“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.

Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.

“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.

De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.

Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.

No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.

Las agresiones

Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.

“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.

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Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.

Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.

Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.

Incendio de casas en la recuperación de Kerpego, territorio China Kichá, uno de os ataques mas graves en la escalada de violencia contra recuperador@s ocurridos entre febrero y marzo del 2020.

Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.

También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.

“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.

Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.

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