En este video de 49 minutos, el Grupo de Trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias” aborda sentipensadamente, de mano de liderezas y pueblos en resistencia, los despojos y las luchas por la vida que se dan en diferentes geografías, tiempos y modos. De esta forma se suman a la Travesía por la Vida que los pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, así como mujeres indígenas y afrodescentientes a la vez que diversidades sexo-genéricas, dan en estos momentos de crisis pandémica y colapso civilizatorio.
Escucha en este video las voces y análisis de mujeres mayas de Chiapas, Guatemala y Yucatán, así como de mujeres mapuches del Wallmapu y arahuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta. A la vez, conoce los aportes de las y los trabajadores de las ciencias sociales que co-laboran con ellas.
Este 12 de octubre decimos SÍ a la VIDA, NO a los proyectos de muerte. Conoce cuáles son esos proyectos de muerte en los diferentes territorios-cuerpos-tierra.
Indígenas Lenka que resisten a que elRio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.
A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.
Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.
En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.
“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.
En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.
En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.
Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.
La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.
“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.
Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.
Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal
Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.
En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.
La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.
“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.
Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.
Plantón permanente antiminero en el municipio de Izabal.
Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.
Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.
En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”
La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.
Resistencia pacífica y amenazas de desalojo
El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.
Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.
Elementos de la PNC argumentan a favor de la empresa minera entre los participantes del plantón antiminero.
“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.
“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.
El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.
Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.
Al cierre de esta edición,Prensa Comunitariaalertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.
Este martes 12 de Octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el “gobierno” autocrático de Piñera, impuso nuevamente un Estado de Excepción Constitucional, específicamente en el territorio mapuche (Wall Mapu) bajo la excusa del combate al “narcoterrorismo”, esto en el contexto de un potente aumento de lof en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Abya Yala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales.
Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino, en las rutas de la llamada Macro Zona (antes zona roja), acompañados del ya “tradicional” asado y el también ya conocido cuidado de Carabineros de $hile; así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel que se vió interrumpida intermitentemente, mientras los “manifestantes” se “distraían socialmente” a orilla de camino. Esto sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores.
Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva a Wall Mapu, contra las graves “alteraciones al orden público” en las cuales no caben las alteraciones que realizan grupos paramilitares, ni camioneros, ni empresarios. Las “alteraciones”, en realidad corresponden al aumento de los procesos de recuperación territorial de las comunidades empobrecidas por la industria forestal y el latifundio colonialista.
Los territorios amenazados con este nuevo Estado de Excepción constitucional comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin, territorios que han potenciado sus procesos de recuperación y control territorial, generando la reacción del empresariado del rubro forestal y de transporte, sectores representados en la oligarquía gubernamental, que no dudó en fortalecerles y ocuparles como motor para justificar esta nueva arremetida represiva.
Esta imposición racista y colonialista se hará efectiva por 15 días, y podría aumentarse por 15 días más si el congreso chileno lo respalda. Así mismo, el nefasto presidente autoimpuesto de $hile, instaló jefes de defensa tanto en la región de la araucanía como en la del Bío Bío, quienes tienen la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, significando esto una verdadera amenaza para la vida de las comunidades, la niñez mapuche (ya fuertemente violentada por el aparato represivo) y para el territorio.
Si $hile incurre en la agudización de la violencia racista, nuevamente el estado fascista estaría ignorando su suscripción a diferentes acuerdos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT (que resguarda los derechos humanos, laborales y justicia social de “los pueblos indígenas y tribales”) y eventualmente la Convencion de los derechos del niño y la niña, como lo hemos presenciado en cada incursión violenta del estado en territorio mapuche.
Hacemos hincapié en la defensa de la niñez mapuche, recordando y repudiando los COBARDES e INTOLERABLES HECHOS ocurridos el día 7 de enero de este año ejecutados por las fuerzas represivas de $hile, en los cuales fueron vulneradas física y psicológicamente niñas y niños mapuche, por ratis y pacos del estado, en donde impactaron fuertemente las imágenes de la violencia ejercida hacia la pequeña hija de Camilo Catrillanca y un audio que dejaba crudas evidencias de torturas sicológicas y físicas hacia niñas mapuche.
A 529 años del inicio de la invasión a Abya Yala, los pueblos ancestrales continúan resistiendo y luchando contra el colonialismo.-
No más militarización del wall Mapu.
¡¡Niñez mapuche libre!!
¡¡Fuera forestales y proyectos extractivistas del territorio!!
* No separamos opinión de información. Nuestras noticias contienen un posicionamiento político editorial. No insista.
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.
Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.
Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.
Nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agostopresentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.
Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.
Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.
Por ahora es todo.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Desde que las comunidades organizadas decidieron declararse en resistencia pacífica, no se han hecho esperar los ataques en redes sociales, También se montaron dos bloqueos, uno que hace cobros ilegales a vehículos, ubicado cerca de la Finca El Recreo en la salida a Río Dulce. El otro se encuentra después de la Colonia Minera, éste en apoyo a la empresa. Se observa en el lugar que colgaron mantas señalando a Abelino Chub dirigente indígena maya Q’eqchi’ y al profesor Enrique Quinich, como responsables del “bloqueo”.
Abelino Chub, en la actualidad forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que le habían denunciado sin pruebas, la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A.
En sus redes sociales Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa.
Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”
La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook, contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc.
Estas páginas y personas, son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.
Resistencia pacífica
Desde la madrugada del 4 de octubre, se encuentran en un plantón permanente en la entrada a la cabecera del municipio. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.
Pese a esto agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) esta mañana se acercaron al lugar de la resistencia, para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió
“Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.
“Allá dejan pasar y no hay problema” indicó unos de los agentes al referirse a los dos grupos que se organizaron para cerrar el paso y cobrar a cada vehículo que pasa.
“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado rasista, opresor y dictador” se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas, han colocado donde realizan la manifestación.
“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya” expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.
Bloqueos a favor de la empresa
Desde el 6 de octubre, en apoyo a la minera con carteles y pancartas, un grupo de personas está ubicado cerca de la colonia de la compañía de níquel CGN-Pronico, en la ruta a Panzós.
El otro bloqueo se ubica cerca de la finca el Recreo. Estas dos acciones perjudican la manifestación pacífica, de las autoridades del Consejo Ancestral y la Gremial de Pescadores. Ésta tiene como objetivo rechazar las acciones del Ministerio de Energía y Minas en la preconsulta por el proyecto minero Fénix, que ha dejado fuera a los representantes de las comunidades que fueron nombrados en asamblea.
En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortesía de la familia Uruchurtu.
“¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.
–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.
Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.
–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.
Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.
Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.
En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.
“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.
“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.
Jornada de búsqueda y aprendizaje de técnicas para rastrear fosas clandestinas, realizada por familiares de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, el 13 de agosto de 2021. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.
Claudia Uruchurtu
El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.
La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.
Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.
Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.
“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.
Antes de ser víctima de desaparición forzada, Claudia Uruchurtu documentó irregularidades en el manejo de recursos públicos en el municipio de Nochixtlán, durante la administración de la alcaldesa Lizbeth Huerta, del partido Morena. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.
Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.
Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”
Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.
Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.
“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.
“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.
Las labores de búsqueda realizadas por la Guardia Nacional tras la privación de la libertad y desaparición forzada de Claudia Uruchurtu se realizaron al azar, sin responder a una investigación científica, denunció su hermana Elizabeth. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.
La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.
Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.
“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.
Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.
El tamaño de la impunidad
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).
El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.
Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.
Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.
Aprender a rastrear
Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.
En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.
“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.
Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.
La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.
Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.
Con apoyo de familias de buscadoras de Sinaloa, las madres y padres de personas desaparecidas en Oaxaca aprenden técnicas de rastreo, identificación de fosas y anatomía humana. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.
Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.
Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.
Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.
Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.
Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.
–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.
–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.
Lo que no hace el Estado
A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.
El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.
Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.
Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.
Abrir paso a la esperanza
Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.
De los 3,629 reportes de personas desaparecidas y no localizadas registrados en Oaxaca desde 1964, el 90% ocurrieron en la última década, en los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.
“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.
Las autoridades comunitarias que forman parte de los cuatro Consejos de autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, iniciaron este lunes una serie de manifestaciones en rechazo al proceso preparatorio de preconsulta, por el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y la empresa rusa Solway, que promueve el ministro Alberto Pimentel y el viceministro Oscar Rafael López.
La comunidad se movilizó en las carreteras que comunican hacia Río Dulce y comunica, al municipio con Panzós, Alta Verapaz. Las autoridades comunitarias denunciaron que el Ministerio de Gobernación movilizó a unos 300 de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Jutiapa e Izabal, a pesar de tener conocimiento de que las manifestaciones anunciadas se harían de forma pacífica.
Las autoridades y dirigentes comunitarias conversaron con los responsables de la PNC que llegaron al municipio y les pidieron respetar el derecho del pueblo Q’eqchi’ a reunirse, manifestarse y expresarse.
Una de las autoridades consultadas dijo que el Ministerio de Energía y Minas MEM, no ha paralizado las operaciones de la minera Fénix y que, por el contrario, las ha protegido desde el 2019, en desacato a la orden de la Corte de Constitucionalidad.
El domingo 3 de octubre, en el Parque Central del municipio, a unos 320 kilómetros de la ciudad de Guatemala, las autoridades de los cuatro Consejos Indígenas Q’eqchi’ se reunieron, para decidir, según dijeron, las medidas que tomaran ante la decisión del MEM de excluirlos y discriminarlos del proceso de preconsulta.
“El alcalde municipal Joel Lorenzo, Reyes, acreditó a COCODES afines a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN; desde el 2017 las instituciones del Estado operan en beneficio a la empresa, como ha quedado demostrado, ¿entonces, a quién quieren consultar a la empresa o al pueblo Q’eqchi’?”, expresó una autoridad vía telefónica que prefirió omitir su nombre.
Las autoridades indígenas piden que se detenga las reuniones de preconsulta, se deje de excluir a los principales actores en el problema y sea suspendidas las operaciones de CGN en el departamento, como requisito previo para realizar la consulta comunitaria por el proyecto minero Fénix, tal y como lo ordenó la CC.
Todo tiene un límite. No hay mal que dure cien años… ni pueblo que lo aguante. Esto todos lo sabemos, y este sábado (2) nos lo demostró Brasil cuando las calles de centenas de ciudades -ente las cuales destacan São Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Brasilia – se inundaron con miles de ciudadanos que, con pancartas, banderas y sus voces al límite exigían salvar a su gente del hambre, la corrupción y la enfermedad, comenzando por una demanda esencial: ¡Fuera Bolsonaro!.
La protesta no sólo adquirió vida en el marco territorial de Brasil, otros 17 países entre los que figuran Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra también se sumaron convocadas por la Campaña Nacional Fuera Bolsonaro.
Esta exigencia no es desconcertante, los actos desleales cometidos contra la nación que prometió retribuir preceden al mandatario. Fue desde enero del 2019 que, al tomar funciones, dicho presidente inauguró su lista de manejos negligentes: la inflación que encarece e imposibilita la vida digna de los brasileños y el desempleo de 14,1 millones de personas que se ven orilladas lentamente a la calle sin posibilidades de procurar un patrimonio a sus familias. A finales del mismo año, cuando la enfermedad del coronavirus comenzaba a amenazar al mundo, Bolsonaro se mostró indiferente al peligro latente y este desinterés prosiguió en el pico de la pandemia, hasta sumar 600 mil muertos por COVID-19 que han adelgazado considerablemente la población más vulnerable.
Las recientes protestas son un llamado proveniente de los partidos de izquierda entre los cuales destacan el Partido de los Trabajadores -PT, de Luiz Inácio Lula da Silva- y la Central Única de Trabajadores (CUT), pero igualmente se presentaron miembros de partidos izquierdo-centralistas -Partido Socialista Brasileño (PSB) y Partido Democrático Trabalhista (PDT)- para demostrar su inconformidad y el convergente deseo de ver a Bolsonaro fuera de la silla presidencial.
Tod@s se encontraron en las plazas y las calles exigiendo un juicio político al actual presidente, porque cuando lo intentaron hacer por las vías formales fueron ignoradas. Lo que sucede es que Arthur de Lira, quien preside la Cámara de Diputados, está aliado con el gobierno actual y no con el pueblo al que se supone debería servir, por lo cual se niega rotundamente a tramitar los ya cientos de peticiones de “impeachment” acumuladas.
Además de Lira existen todavía más personajes que apoyan a Bolsonaro, lo cual se observó el 7 de septiembre cuando el presiente en turno convocó a mega manifestaciones que reunieron alrededor de 125 mil allegados en Brasilia y São Paulo. Y es que esta fidelidad se explica, porque este sector de la población se ve beneficiado por una magnanimidad selectiva, o mejor dicho tráfico de influencias del presidente y su esposa Michelle Bolsonaro.
Otra gota que colma el vaso de los menos privilegiados es el descubrimiento de movimientos de corrupción, tales como que el presidente y su esposa han intervenido para beneficiar a un grupo selecto de empresas, propiedad de sus amistades, con el programa de emergencia de la entidad bancaria durante la pandemia de coronavirus.
La denuncia recae sobre Michelle Bolsonaro, quien intercedió ante la Caixa Económica Federal para otorgar a empresas amigas un saldo superior al permitido por el programa de asistencia o inclusive adelantos del mismo, cuando en realidad estos créditos subsidiados por el Estado son fondos que estaban dirigidos para auxiliar a pequeños y medianos empresarios en los fatídicos tiempos de coronavirus. Mientras miembros de la comunidad brasileña sufren de hambre, se les estimula económicamente a las confiterías que abastecen de postres para las fiestas del matrimonio presidencial.
Se sabe que integrantes de las bancadas de derecha, quienes se habían separado del gobierno, se mostraron renuentes a participar en las movilizaciones; aun así, los manifestantes se sorprenden de descubrir su propia fuerza al ver su poder de convocatoria y observar cómo desciende la popularidad de Bolsonaro en las encuestas: tienen la esperanza de encender un cambio que derroque al presidente que les dio la espalda desde un principio.
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