En portada: Integrantes de la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano rindieron homenaje por los 56 migrantes fallecidos en Chiapas durante volcadura de trailer y protestaron contra las políticas migratorias en México.
Lilian Korina Ramos Mata desapareció hace cinco años. Tomó una mochila y partió de El Salvador rumbo a Estados Unidos para ganar dinero y mejorar la vida de su hijo y de su madre Rosa Edith Mata, quien ahora integra la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano en busca de migrantes desaparecidos en territorio mexicano.
Es el segundo año que Rosa participa. En 2019 también hizo el recorrido, pero después se suspendieron las actividades presenciales por la alerta sanitaria del Covid-19 y el cierre de las fronteras en varios países de América. (Continuar leyendo…)
El pasado domingo (1) por la noche, al menos ocho individuos armados llegaron a la casa de Zury Quintanilla, secretaria del patronato y presidenta del comité de salud de la comunidad garífuna de Rio Tinto, en el caribe hondureño.
En aquel lugar se encontraba Alonso Salgado Cabalero, dirigente de la comunidad, a quien, sin mediar palabra, los agresores le dispararon quitándole la vida. Después se dirigieron al interior de la vivienda en donde dispararon también contra Quintanilla, dejándola gravemente herida.
Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) declaró que este constituye un acto más en contra de la comunidad de Rio Tinto, donde fue asesinado el dirigente Edwin Fernandez en 2020, cuyo caso no ha tenido ninguna investigación policial por lo que se mantiene en impunidad, reclamó la organización.
Desde hace meses, la Ofraneh ha denunciado incidentes en los que personas han llegado a amenazar y causar daños a la comunidad; sin embargo, las fuerzas de seguridad hondureñas no han investigado las agresiones. (Continuar leyendo…)
Los pueblos originarios y comunidades campesinas del Perú requieren participar en las decisiones sobre el uso de sus territorios y recursos naturales. En el papel, la consulta previa, promulgada por ley en 2011, es un mecanismo para el diálogo, el consenso. Un derecho que el Tribunal Constitucional desconoció como fundamental en una sentencia dictada en febrero de este año, en contra de convenios internacionales.
Frente a la desatención de la justicia del Estado en favor de los extractivismos, hay voces en las comunidades que proponen alternativas de participación directa, en un país que no ratificó el Acuerdo de Escazú y que en 2021 fue el quinto con mayor deforestación en el mundo, de acuerdo a Global Forest Watch.
Para las lideresas indígenas, el problema radica en replantear el mecanismo. Cuestionan cuándo y con qué fines se les consulta, por qué de antemano la condición es la ejecución de actividades industriales, las que contaminan el medio ambiente y destruyen sus fuentes de vida. (Continuar leyendo…)
Considerando solamente registros del 2019, la Unión Europea (UE) exportó más de 6,5 millones de kilogramos de plaguicidas prohibidos o nunca autorizados en su territorio hacia los países que forman el bloque comercial del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Empresas trasnacionales como Bayer/Monsanto, BASF y Syngenta, líderes en la producción de agrotóxicos en Europa, en alianza con grupos de presión favorables a los agroquímicos como SINDIVEG y Croplife Brasil, son los principales promotores del acuerdo comercial que permite la venta de peligrosos productos químicos en Sudamérica.
En portada: Instalaciones de la mina de níquel en El Estor, Izabal
Un grupo de periodistas y académicos, dentro y fuera de Guatemala, han investigado las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal.
Desde el año de 2017 se ha documentado el asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de líderes, autoridades ancestrales y periodistas maya Q’eqchi’.
Cuatro años después se cubrió la imposición de una consulta con la complicidad del Estado, sobre todo durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Gimmattei, para que la mina operara ilegalmente cuando tenía que estar clausurada tras la resolución de la máxima corte constitucional, la cual ordenó su cierre por no haber consultado a las comunidades afectadas y por funcionar, durante 22 años, sin los estudios ambientales correspondientes.
En el contexto de la colaboración de periodistas de 20 medios internacionales en The Store Project, Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir los trabajos de investigación que develan los secretos más oscuros de la mina.
A continuación, puedes consultar los reportajes que revelan el pago de apoyos constantes a la PNC para garantizar su colaboración en el desalojo de comunidades Q’eqchi’ de tierras apetecidas por la mina; el uso de tácticas de espionaje y vigilancia para criminalizar a líderes indígenas y a periodistas locales críticos de la actividad minera; el ocultamiento de la contaminación ambiental, sobornos y la tolerancia del Estado de Guatemala a las irregularidades de la empresa ruso-suiza.
Гватемала: Guatemala se escribe en ruso
El gobierno de Guatemala ha permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal.
La mina espía y criminaliza para controlar El Estor
Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal.
Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco
La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.
Durante casi una semana, diversos medios comunitarios, alternativos e independientes han compartido reflexiones sobre el quehacer periodístico en la actualidad. Han resaltado las condiciones adversas de cada país, que van desde agresiones y amenazas directas, robo de equipo, persecución y hasta el asesinato. Una labor que se realiza, en la mayoría de los casos, con recursos mínimos, pero destaca el ejercicio de una autonomía en las líneas editoriales y formatos que se usan.
Bajo estas condiciones, la vulnerabilidad de lxs periodistas es más drástica cuando se es mujer, trans, lesbiana, disidente sexual. Durante el encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abril, en Guatemala, han participado periodistas indígenas y urbanos de estas disidencias que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina.
En este evento ha participado delegaciones de 11 países: Brasil, Colombia, Bolivia, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y el País Vasco. A continuación, presentamos algunas voces recogidas de las disidencias sexuales en este evento.
Encuentro continental “mujeres, territorio y libertad de expresión”, realizado en Guatemala los días 25 al 29 de abril.
Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.
En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.
De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.
Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.
La Policía ha desplegado un fuerte contingente de efectivos ante el brote de violencia en Colón
Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.
La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.
Alerta
La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.
Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.
También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.
Funeral de un campesino asesinado en la plantación Paso Aguán. 2011. Manu Brabo
Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.
A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”. Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.
Boicot
La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.
Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.
“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.
“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.
Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.
En portada: Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena.
Este lunes (26), un tribunal federal confirmó la suspensión de la licencia ambiental para lo que sería la mayor mina de oro a cielo abierto en la selva amazónica en Brasil, un proyecto de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp.
En una votación de 3-0, el tribunal mantuvo su sentencia anterior. Como lo hizo en 2017, la empresa minera había apelado la sentencia la cual consideró que la consulta de la empresa con los pueblos indígenas locales y el estudio sobre los impactos socioambientales del proyecto no cumplían los criterios exigidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
Volta Grande es el nombre de la mina que se mantiene suspendida y que pretende operar a orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El proyecto abarca 2,400 hectáreas para extraer oro, a solo 20 kilómetros de distancia de la central hidroeléctrica de Belo Monte.
El cauce del río Xingu ya fue alterado por la construcción de Belo Monte hace más de una década. A la reducción de su caudal y la afectación a la reproducción de los peces, ahora los pueblos Xipaya y Kuruaya, amenazados por el proyecto Volta Grande, temen el envenenamiento de las aguas y tierras.
La población indígena y ribereña de Pará ya sufre los impactos socioambientales causados por la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu. (Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazonia Real)
“Mi comunidad no fue consultada sobre el proyecto de Belo Sun”, sostuvo Lorena Curuaia, líder de la aldea Iawa. “Belo Monte ya ha tenido un gran impacto en el Xingu. Un segundo proyecto podría significar la muerte de los pueblos locales”.
Por su parte, Belo Sun ha argumentado que, pese a que la comunidad más cercana está a más de 10 km de distancia, ya consultó a los pueblos indígenas.
Tal como durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica, los pueblos dicen que no fueron consultados sobre el nuevo emprendimiento minero, denuncia que es corroborada por el Ministerio Público Federal (MPF).
Dicho organismo afirma que la empresa sólo tuvo en cuenta las áreas oficialmente demarcadas, y que las comunidades indígenas que se encuentran fuera de estos lugares también deberían ser tomadas en cuenta.
Casas abandonadas en la comunidad de Vila da Ressaca, cuya población ribereña también está afectada por el proyecto Belo Sun y no fue consultada (Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazônia Real)
Lorena Curuaia, de la comunidad Iawá, también se queja de que, después de ocho años, siguen siendo ignorados, pues fue desde 2014 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Semas) concedió a Belo Sun una licencia preliminar para el proyecto.
Belo Sun puede apelar la decisión ante un tribunal superior. En el contexto de la posible aprobación del proyecto de ley 191/2020, que libera la actividad minera en territorios indígenas, las decisiones de tribunales pueden sentar un precedente para definir las normas sobre cómo deben realizarse las consultas con pueblos tradicionales.
En portada: Cierres de infraestructura clave, como el Puerto de Ningbo-Zhoushan, Zhejiang en China, han creado “cuellos de botella” en la circulación de productos industriales alrededor del mundo.
El Banco Mundial (BM) ha alertado que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, están aconteciendo pérdidas económicas severas en la región de Europa, Asia Central y el resto del mundo. Este escenario es considerado, por este organismo, como la segunda crisis más importante en estos dos años, así como la sexta recesión global más grave.
Las previsiones son benéficas para las empresas y gobiernos productores de petróleo, pero los impactos más severos recaen en las poblaciones y países más pobres. El BM señala en su documento llamado Guerra en la región: Europa y Asia Central, presentado este 2022, que se prevé que 40 millones de personas podrían cruzar el umbral de pobreza extrema. No obstante, en 2021, con la COVID-19, el Banco ya había documentado que al menos 100 millones de personas se sumaban a este umbral.
Además, la Organización de las Naciones Unidas ya registraba que, en 2019, la pobreza mundial rebasaba 1,300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día.
El BM, en su documento recién lanzado, muestra su preocupación por el ritmo de producción de mercancías y servicios, ya que en 2022 prevé una caída del doble de lo que fue la recesión sufrida en 2020. “Los países de la región ya se estaban preparando para una ralentización de la recuperación del COVID-19 que comenzó en 2021, debido a la reducción del crecimiento”, pero con la guerra empeoró la situación señala el Banco.
El documento anuncia que las continuas interrupciones en las economías, por la COVID-19 y la escalada de las tensiones geopolíticas, ya deja sentir los impactos a través de múltiples canales, como los mercados financieros y de materias primas, los vínculos comerciales y migratorios y en la confianza de los inversores.
Estos contextos han golpeado principalmente los bolsillos de los consumidores con la subida de precios de los energéticos y los alimentos a nivel mundial. Esto es uno de los factores, al que atañe el BM, “han llevado a un número significativo de personas a la pobreza extrema”.
Tras la guerra en Rusia y Ucrania, la región Euro-Asiática sintió inmediatamente los efectos y, posteriormente, en escalada, ha impactado al resto del planeta. Rusia es un importante exportador de energía y metales industriales, pero, además, entre los dos países en conflicto bélico, suministran conjuntamente más del 25% de las exportaciones mundiales de trigo.
Estantes vacíos durante el fin de semana en un supermercado Giant Foods de Alexandria, Virginia, EEUU.
“Europa depende especialmente de la energía rusa, de la que importa el 47% del gas natural y el 25% del petróleo. Armenia, Georgia, Kazajstán y Turquía importan más del 75% de su trigo de Rusia y Ucrania, y muchos países de Oriente Medio y África dependen de las importaciones de trigo y otros productos básicos provenientes de Rusia y Ucrania, lo que podría provocar inseguridad alimentaria”, alerta el Banco Mundial.
El escenario actual ha fragilizado los tejidos de la llamada globalización económica y financiera, al interrumpir la conectividad de las rutas comerciales, lo que ha provocado no solo el aumento de los costes de producción, sino que, también, tensiones en las cadenas de los principales sectores industriales en el mundo. Desde la industria alimentaria, la automovilística, la construcción, la petroquímica y la del transporte.
La migración
Junto a los impactos económicos, también se está desprendiendo una ola migratoria y de refugiados provenientes tanto de Rusia como de Ucrania, así como de los países impactados. El Banco Mundial registra que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania. Más de la mitad han cruzado a Polonia y otros más se han dirigido hacia Hungría, Moldavia y Rumanía. “Se calcula que el número de refugiados aumentará en los próximos meses, por lo que los países de acogida tendrán que afrontar el reto de acogerlos”, según este organismo.
Desde que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, anunció que recibiría hasta 100 mil personas que están huyendo de la guerra, en Tijuana, la frontera de México, cada día sigue llegando gente proveniente de Ucrania, Rusia y de otros países. Este nuevo reflujo migratorio se suma a los miles de personas que esperan cruzar hacia EEUU, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití.
“Habrá que movilizar rápidamente recursos financieros adicionales y ayuda humanitaria para aumentar la capacidad y garantizar la prestación de servicios básicos. En Ucrania, se calcula que ya hay 6,5 millones de personas desplazadas internamente y que aproximadamente un tercio de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia”, señala el documento del BM.
Mientras tanto, EEUU recibe a los miles de migrantes en unas de sus peores crisis. De acuerdo la Oficina de Estadísticas Laborales el Índice de Precios al Consumidor de este país ha alcanzado uno de los niveles de inflación más altos en los últimos 40 años. Alcanzó un incremento de 8,5% para el año que finalizó en marzo y lo mismo sucede en América Latina.
El impacto de la guerra en las perspectivas económicas de la región depende de cómo evolucione el conflicto en curso. “Un conflicto más prolongado podría incrementar los costes humanos y económicos, aumentar la incertidumbre política, fragmentar la integración regional y perturbar los vínculos críticos de comercio e inversión”, prevé el organismo financiero mundial.
Transición energética
El Banco Mundial ha aprovechado los diversos escenarios de crisis para acelerar las políticas que permitan el reemplazo de la matriz energética, sobre todo en los sectores productivos, como una necesidad para sostener el ritmo de producción de mercancías y servicios y así, el engranaje de las principales economías pueda funcionar.
Por ello, este organismo llama a los Estados-nación a “mantener la atención en la mejora de la eficiencia energética y la transición verde para asegurar un futuro sostenible”.
Según el BM, la guerra y el aumento de los precios de la energía convencional, “demuestran aún más el atractivo de las energías renovables y la importancia de la transición de los sistemas energéticos hacia una energía más barata, limpia y fiable”, ya que ello asegurará “el uso de innovaciones tecnológicas que podrían permitir a las economías de la región mitigar el impacto de la guerra en el crecimiento económico”.
Periodistas de Guatemala, Bolivia, México, El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina conversarán durante una semana sobre los retos que implica en estos momentos de regresiones autoritarias en el continente ejercer el periodismo desde los territorios con enfoques comunitarios, feministas e indígenas.
Los periodistas se reunirán del 25 al 29 de abril en Guatemala para conversar, tomar una pausa en el intenso camino de informar a diario sobre lo que pasa en sus comunidades y reflexionar sobre la importancia de comunicar desde el territorio, privilegiando voces feministas e indígenas.
El encuentro empezará con una jornada de reflexión que acompañará Pedro Vaca, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, quien compartirá sobre los mecanismos de protección que apoya la Comisión y sobre las acciones concretas tomadas en casos específicos de periodista amenazados, perseguidos y acosados por actores criminales, élites de poderes políticos económicos e incluso por los gobiernos de sus países.
La jornada de reflexión estará acompañada también por Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, quien en entrevista con Prensa Comunitaria, uno de los organizadores del encuentro, aseguró que en el país centroamericano hay muy pocas garantías para el libre ejercicio del periodismo, lo cual ha afectado la calidad democrática de Guatemala.
El resto de la semana, los periodistas realizarán actividades como paneles, talleres y ejercicios de reflexión a partir de las experiencias específicas de sus países.
Inauguración del Encuentro Continental de Periodismo en Guatemala. Foto: Prensa Comunitaria
Durante el encuentro se destacará el papel de las periodistas en la defensa del territorio desde un ejercicio de género y resistencia. También se analizará el papel que han jugado los periodistas indígenas en la defensa de sus comunidades al denunciar los abusos históricos a los que estas han estado sometidas, sobre todo por parte de gobiernos, estructuras paramilitares y la industria extractivista.
A diferencia de otros encuentros, centrado en el ejercicio urbano del periodismo desde agendas relevantes para las ciudades capitales, en este los protagonistas serán los comunitarios, quienes ejercen el periodismo desde una óptica diferenciada, la que da hacerlo de forma constante desde los mismos territorios.
Un documento preparatorio del encuentro lo explica así: “El periodismo comunitario y el periodismo feminista son categorías que funcionan como mecanismo de romper la hegemonía de la narrativa dominante para la exigibilidad de derechos. Ambos, juntos a otros nombres del periodismo fuera del cerco oficial y corporativo que funcionan para los sectores que se benefician de las estructuras de desigualdad social, han diversificado presencia de actores sociales en campo mediático y diversificado los modelos de reporteo, actores e incorporar a sujetos oprimidos por el poder dominante e invisibilizados por el periodismo de este.”
Desde Prensa Comunitaria, ese periodismo pretende romper con la forma tradicional de reportear y contar, distanciarse de eso, siendo la propia gente la que produce su propia información, para sí misma y desde sí misma. Es un compromiso con la transformación de la realidad y las formas de comunicar.
El encuentro ocurre en momentos en que el continente americano vive importantes regresiones democráticas debido a los afanes autoritarios de sus líderes, desde Jair Bolsonaro en Brasil hasta Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador. Estas nuevas autocracias, caracterizadas por el afán de concentración de poder y la difuminación de los controles sociales que suelen ser garantías del respeto a los derechos individuales y sociales en las aún frágiles democracias latinoamericana, han golpeado, y fuerte, al periodismo, sobre todo al comunitario.
Reflexionar y compartir experiencias es parte de un ejercicio más integral de resistir, desde el periodismo comunitario, esos embates autoritarios.
La situación en Guatemala
La situación del país anfitrión del encuentro es solo una muestra del deterioro continental. En Guatemala, las agresiones a periodistas no son nuevas, mucho menos en el caso de periodistas comunitarios, que han tenido que soportar desde hace años encarcelamientos, allanamientos de sus viviendas, zozobra impuesta por las autoridades o persecución de empresas privadas extractivas que son dueñas y señoras del territorio ahí donde tienen proyectos mineros o hidroeléctricos.
Inauguración del Encuentro Continental de Periodismo en Guatemala. Foto: Prensa Comunitaria
En los últimos años, sin embargo, la situación general de deterioro democrático durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han agravado la persecución a periodistas. Solo en 2021, Prensa Comunitaria registró 125 agresiones a periodistas.
Uno de los ejemplos que mejor ilustra el patrón de agresiones es el de El Estor, el municipio de Izabal en el que funciona una mina ruso-suiza que sobornó al Estado de Guatemala para reprimir a los comunitarios Maya Q’eqchi’ que se han opuesto a la depredación ambiental de la mina. Los periodistas que han cubierto estas luchas, también Maya Q’eqchi’, han sido objeto de persecución constante desde 2017, cuando la Policía Nacional Civil, al servicio de la minera, mató a un pescador, y más recientemente en 2021, cuando el Ministerio Público abanderó la persecución de tres periodistas comunitarios que documentaron más agresiones de la PNC.
De forma extraoficial se registra que ya de Guatemala han tenido que salir al menos cuatro periodistas acosados por el régimen de Giammattei.
Todos los casos de persecución, y en especial los que tienen que ver con el periodismo comunitario, están amparados en una cultura de impunidad que se ha alimentado en los últimos años por la regresión autoritaria que, como se dijo, no es exclusiva de Guatemala.
Durante este encuentro periodístico, serán los periodistas comunitarios del continente, las periodistas feministas e indígenas quienes buscarán, con el diálogo, la forma de resistir desde el periodismo.
