En el municipio de Morales, Izabal, y frente a la mirada de las autoridades estatales, todos los días saquean, de manera industrial e ilegal, el jade del interior de la Montaña Chiclera, una de las áreas protegidas de Guatemala.
El actual alcalde municipal, una diputada por este departamento y una familia vinculada al narcotráfico, fueron señalados de forma anónima de este nuevo escándalo medioambiental. Nueve meses después, el Ministerio Público, el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron un allanamiento en la montaña, sin lograr una sola detención de los responsables del saqueo.
Por Prensa Comunitaria
La extracción de jade y la destrucción de una de las áreas protegidas en Izabal suman un nuevo escándalo minero en Guatemala. El silencio desde el gobierno municipal se adhiere a la inacción de funcionarios al más alto nivel, en ministerios como el de Energía y Minas, Medio Ambiente y Gobernación, que permiten el saqueo del jade y otros minerales en el interior de la Montaña Chiclera. Según el medio Insight Crime, la onza de jade más fino alcanzó valores por arriba de los 3 mil dólares desde 2010; doce años después en el mercado es el mejor pagado por encima del oro y los diamantes.
En marzo de 2022, una publicación anónima en las redes sociales señaló como responsables a Mynor David Portillo Vásquez -alcalde municipal de Morales, quien busca su reelección con el partido oficialista VAMOS-, a Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Pablo André Mendoza Paz, a quienes se les señala de integrar el cartel de los Mendoza, y a la diputada Thelma Elizabeth Ramírez Renata, quien junto a Portillo forman parte del partido político del presidente Alejandro Giammattei.
En un allanamiento del 15 de diciembre, que implicó un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), fue decomisada maquinaria pesada y ochenta costales con jade en su interior; ninguno de los trabajadores o integrantes del grupo armado, que dan seguridad a quienes dirigen la extracción, fueron detenidos.
Durante el operativo nadie se encontraba en el lugar. ¿Fuga de información? La fiscal general Consuelo Porras o el ministro de Gobernación Barrientos, no dieron detalles.
ALEMANIA: Entrevista a activistas de Lutzerath sobre su lucha por la defensa de los bosques y contra la minería de carbón. Noticias de abajo
CHILE Jornada contra el trans feminicidio empresarial que arrancó la vida de Emilia Milen «BAU». A dos años del crimen llaman a solidarizarse. La Zarzamora.
PERÚ: Llaman a Paro Nacional contra la imposición. y Paraíso neoliberal, herida sangrante de América Latina. de Todo Por Hacer.
Desde el ombligo del monstruo
CDMX: Entrevista a SITUAM ante intentona de poner a sindicatos en el apartado B del derecho al trabajo que prohíbe la contratación colectiva y el derecho de Huelga. Entrevista con Abigail Pamela Gomez Secretaria General del sindicato.
INFANCIAS Las infancias también buscan a los desaparecidos. A donde van los desaparecidos. A donde van los desaparecidos.
Música:
Si en tu plato hay animales no es fiesta – Kiltrak Sónica y Liliana Felipe
En portada: Según análisis, los experimentosde geoingeniería al aire libre sólo deben permitirse si aportan conocimientos fundamentales que no puedan obtenerse por otros medios.
Una incipiente empresa de los Estados Unidos, Make Sunsets, fundada apenas en octubre del 2022 dice que ha lanzado globos meteorológicos que contienen partículas de dióxido de azufre a la estratosfera en un intento de manipular artificialmente el clima, según informa Technology Review. El sitio web de Make Sunsets ha enunciado sus actividades como “activismo de geoingeniería”.
La compañía lanzó “nubes” con dióxido de azufre, un aerosol que podría reflejar la radiación del sol de regreso al espacio. Los dos primeros lanzamientos de globos fueron muy rudimentarios y ocurrieron en abril de 2022 en algún lugar del estado de Baja California, norte de México, meses antes de que Make Sunsets se constituyera en sociedad.
Concretamente, la compañía bombeó gramos de dióxido de azufre en globos meteorológicos y añadió lo que estimó que sería la cantidad adecuada de helio para llevarlos a la estratosfera. Pero no se sabe si el globo estalló ni donde fueron derivadas las partículas porque no había equipos de control en los globos.
La técnica utilizada intenta manipular el clima reflejando más luz solar hacia el espacio, imitando un proceso natural que se produce tras grandes erupciones volcánicas. En teoría, rociar azufre y partículas similares en cantidades suficientes podría contrarrestar el calentamiento global.
Estas prácticas abren un amplio debate sobre las implicaciones que podrían acarrear. No se reconoce los efectos en el mundo real de tales intervenciones a gran escala, con efectos secundarios que podrían resultar peligrosos. Podría poner en riesgo a la Tierra y a la humanidad al alterar la capa de ozono, lo que podría generar lluvia ácida y causar enfermedades respiratorias.
Según revela el medio, algunos investigadores que llevan mucho tiempo estudiando esta tecnología están preocupados porque la empresa Make Sunsets parece haber seguido adelante con los lanzamientos desde un emplazamiento en México sin ningún control.
La empresa está intentando vender “créditos de enfriamiento” para futuros vuelos de globos que podrían transportar cargas útiles mayores. Ofrece a la venta créditos de 10 dólares por liberar un gramo de partículas en la estratosfera, suficientes, según la empresa, para compensar el efecto de calentamiento de una tonelada de carbono durante un año.
Technology Review contactó a varios científicos quienes condenaron el esfuerzo por comercializar la geoingeniería en esta fase inicial. Como informó este medio, la administración Biden está desarrollando un plan federal de investigación que guiaría la forma en que los científicos deben proceder con los estudios de geoingeniería.
En portada: Miembros del pueblo tribal Jenu Kuruba sostienen pancartas durante su protesta en el Parque Nacional de Nagarhole, en la India, donde han sido desalojados en nombre de la “conservación”.
Mientras representantes de casi 200 países y miembros de la ONU celebran la finalización de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), realizada en Canadá del 7 al 19 de diciembre, con la adopción del pacto Kunming-Montreal, organizaciones aseveran que éste representa un peligro para los derechos de los pueblos indígenas.
El acuerdo final, cuyo objetivo es convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030, ha sido criticado por pueblos indígenas y organizaciones como Survival International, quien ha alertado que, de adoptarse esta política, se convertirá en el mayor acaparamiento de tierras en la historia.
Actualmente, 17% de la tierra y aproximadamente el 8% de los océanos del planeta se gestionan bajo esquemas de áreas protegidas, las cuales cuentan con restricciones a actividades como la pesca, la agricultura y la minería.
“No conseguimos detener la adopción del 30%, impulsado como estaba por las fuerzas más poderosas del mundo: incluidos los gobiernos del Norte Global y la industria de la conservación”, detalla la organización mediante comunicado.
En su posicionamiento, establece que el modelo de “conservación fortaleza” implementado en áreas protegidas ha demostrado ser un peligro para los pueblos indígenas del mundo. Como evidencia se registra la expulsión de al menos 14 millones de personas sólo en África debido a la promoción de desalojos de comunidades y abusos de los derechos humanos con el pretexto de la conservación de la naturaleza.
Por su parte, Amnistía Internacional reconoce que el acuerdo derivado de la COP15, pese a contar con una serie de objetivos medioambientales y salvaguardas de derechos humanos, “no protege ni defiende plenamente los derechos de los pueblos indígenas”, como ha manifestado Chris Chapman, integrante de la organización.
Para Chapman, el problema radica en que, dentro del acuerdo Kunming-Montreal, los Estados no reconocen explícitamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas como una categoría separada de zona conservada, lo que coloca sus territorios en peligro ante las depredaciones que a menudo sufren en zonas como los parques nacionales gestionados por el Estado.
Conservación en África ha desplazado millones de habitantes indígenas en nombre de la conservación de la naturaleza.
En específico, este objetivo desde la propuesta del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad fue rechazada principalmente por los países europeos. La incorporación de los territorios indígenas como categoría propia habría incluido la soberanía indígena al plan, facultando a las naciones indígenas para autodeterminarse en sus propios territorios. Sin esa categoría adicional, los esfuerzos de conservación dirigidos por los indígenas se consideran áreas protegidas, sobre las que los Estados tienen el control en última instancia.
“En consecuencia, los Estados no han reconocido plenamente la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, exponiéndolos a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos”, afirmó Chapman.
A pesar de constituir sólo el 5% de la población mundial, las tierras de los pueblos indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del planeta.
Otras organizaciones indígenas como Indigenous Climate Action, a través de su director ejecutivo, Eriel Tchekwie Deranger, expresaron preocupación debido a que, sin normas sólidas tras el acuerdo, peligre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios tradicionales y sus formas de preservar la naturaleza.
Impulso a SBN
Por su parte, Survival International manifestó el peligro de que el acuerdo Kunming-Montreal incluye la promoción de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).
Específicamente, los objetivos 8 y 11 del pacto promueven la implementación de las SBN para minimizar el impacto del cambio climático en cuestiones como la acidificación de los océanos, así como para restaurar ecosistemas y reducir el riesgo de desastres.
Para la organización, el impulso a las SBN que proviene principalmente de países europeos representa más acaparamientos de tierras y abusos de los derechos humanos sin que se materialicen acciones para contrarrestar el cambio climático.
“El Norte Global, como de costumbre, no ha asumido ninguna responsabilidad por la destrucción del medio ambiente y ha hecho recaer la carga sobre el Sur Global, ayudado en esto por la industria de la conservación que tiene todo que ganar con el dinero desplegado para ‘más Áreas Protegidas y falsas soluciones basadas en la Naturaleza’”, acusa Survival International.
Funcionarios de la ONU y representantes de los países celebran tras aprobación del acuerdo final de la COP15.
Horas después de la adopción del acuerdo Kunming-Montreal, la “Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas” (HAC, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de un plan conjunto para alcanzar el objetivo de convertir el 30% del planeta en áreas protegidas, popularmente conocido como 30 x 30.
La coalición, que integra 116 países, difundió su compromiso para apoyar a los países con acciones concretas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas y otras medidas de conservación.
Para ello The Bezos Earth Fund, propiedad de Jeff Bezos, dueño de la empresa Amazon – responsable por la generación anual de más de 200 mil toneladas de residuos plásticos que amenazan principalmente ecosistemas marinos –, junto a Bloomberg Philanthropies y Rainforest Trust, se comprometió a aportar 3 millones de dólares en los próximos tres años para apoyar los objetivos de HAC.
“Con ello se pondrá en marcha una nueva fase crítica de implementación de la coalición para ayudar a mantener el compromiso político, implementar planes de conservación, apoyar el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, organizar la asistencia técnica y movilizar recursos para alcanzar los objetivos 30×30 en todo el mundo”, anuncio la coalición.
Esta inversión se suma al financiamiento acordado por los países que acordaron el pacto Kunming-Montreal, cuyo objetivo es duplicar la inversión hasta los 200,000 millones de dólares anuales; aunque dichos compromisos financieros no son jurídicamente vinculantes.
En portada: Migrantes esperan al borde del río Bravo para cruzar hacia EEUU en el contexto del fin de las restricciones impuestas por el Título 42.
Soldados pertenecientes a la Guardia Nacional de Texas fueron colocados por el gobierno de dicho estado norteamericano para contener el paso a migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo.
Los cientos de militares se desplegaron acompañados de una docena de vehículos blindados junto al Río Bravo en una zona utilizada por los migrantes para ingresar a los EEUU, en el contexto de declaración de estado de emergencia por parte de la ciudad de El Paso, Texas.
Soldados norteamericanos enla frontera con México. Foto: Gabriela Minjáres
Oscar Leeser, alcalde de la ciudad texana, justificó el estado de emergencia por el aumento de las llegadas de migrantes después de que un juez estadounidense ordenó el fin de las restricciones fronterizas de la era Covid-19, conocidas como Título 42, para el 21 de diciembre.
Los soldados pertenecen a la Fuerza de Respuesta de Seguridad del Batallón de Policía Militar 606, que está capacitada en operaciones de disturbios civiles y respuesta a la migración masiva. “Se utiliza para salvaguardar la frontera y repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales”, dijo la guardia en un comunicado de prensa.
En este contexto, los migrantes ya desbordan los albergues y, como única opción, duermen soportando bajas temperaturas en las calles de El Paso.
Con la declaración de emergencia, la ciudad anunció también que creará un centro de operaciones y un plan para asistir y proteger a los migrantes frente a las duras condiciones climáticas.
Mientras se instalan o amplían los refugios en toda la ciudad, el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) comenzó a transportar en autobús a los migrantes de El Paso a la ciudad de Nueva York y Chicago, consideradas “ciudades santuario” para las personas en movilidad.
Según el administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino, la respuesta a la crisis migratoria permanecerá vigente hasta conocer el resultado de la apelación del Título 42, que se abre paso en los tribunales.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó temporalmente una orden de un juez federal que pedía que el Título 42 terminara el próximo miércoles (21). La suspensión permanecerá vigente mientras la Corte Suprema considera una apelación de Texas y otros estados que solicitan mantener la política vigente.
Hasta el cierre de esta edición las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el despliegue de militares de Texas en la frontera por Ciudad Juárez.
—WALLMAPU CHILE: Reporte de Radio Kvrruf sobre los presas y presos políticos mapuche. Se cumplen 25 días de huelga de hambre de los Presos políticos de la CAM que continúan con la movilización exigiendo su Libertad y condiciones carcelarias mínimas. Llaman a solidaridad activa y combativa. Radio Kvrruf.
—PERÚ: Fuertes movilizaciones y represión en las calles de Perú tras crisis política. Gobierno de ultraderecha se impone. Más de 30 personas asesinadas en las manifestaciones. Pronunciamiento continental de Medios de Comunicación Alternativos del Abya Yala en torno a la situación en Perú. RedCoral
—IRÁN: Arrestan en Irán a Mohammad Ali Kamfirouzi, abogado de varios activistas y periodistas. Entre ellxs dos periodistas presas por cubrir el asesinato de Mahsa Amini.
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—SURESTE MEXICANO: Convocan a Caravana y Encuentro Global «EL Sur Resiste» para la defensa del territorio. Entrevista a Mario Quintero miembro de la APIIDT y de la comisión organziadora de la caravana . Noticias de abajo
–CDMX : La posadita rebelde de la ciudad. Otomís exigen vivienda digna al mal gobierno, celebrando su posada frente a las oficinas del zócalo capitalino.
–CDMX MILPA ALTA: Manifiesto en Defensa de la Vida y de nuestras tierras y territorios comunales que hace la asamblea general de comuneros del pueblo de San Pedro Atocpan perteneciente a la comunidad indígena y agraria de Milpa Alta y sus nueve pueblos. Radio zapatista
Música: Evelyn Cornejo con Planta Medicinal, El derecho de vivir en paz de varios artistas de América Latina.
En portada: El presidente Bolsonaro y la ministra de la Agricultura, conocida como la musa del veneno por apoyar proyectos que liberan agrotóxicos
Organizaciones de la sociedad civil brasileña alertan que todavía en 2022 el Senado Federal brasileño puede transformar en ley el proyecto 1459/2022, conocido como el Proyecto de Ley del Veneno.
La iniciativa, impulsada por diputados vinculados al agronegocio y por el gobierno actual, abre camino para el uso de nuevos tipos de agrotóxicos, además de los 2 mil ya liberados durante la administración de Bolsonaro, la cual finaliza en este mes de diciembre.
En el caso de que el texto sea aprobado, irá aumentar la cantidad de veneno consumido por los brasileños en los alimentos y dispersado en el medio ambiente, incluso con nuevas substancias comprobadamente cancerígenas y otras que aún se desconoce la acción tóxica en la salud y en el medio ambiente.
El texto prevé la eliminación de partes de la legislación en vigencia que prohíben el registro de agrotóxicos con componentes que provoquen cáncer, mutaciones o disturbios hormonales.
Además, cumpliendo con las demandas del sector del agronegocio, se pretende reducir el tiempo de aprobación de nuevos agrotóxicos y retirar órganos técnicos del gobierno como instancias de aprobación de estas substancias.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Brasil es el tercer mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, después de China y los Estados Unidos.
Estados como Mato Grosso, donde el uso de estas substancias es intenso, debido a la presencia masiva del agronegocio, son líderes nacionales en casos de cáncer en jóvenes y niños. Las pulverizaciones son consideradas las principales fuentes de contaminación humana y del medio ambiente, según la Fundación Oswaldo Cruz.
De acuerdo con especialistas, si el proyecto es aprobado se va a generar un nivel de contaminación que prácticamente eliminará la posibilidad de existencia de otros modelos agrícolas basados en la producción de alimentos saludables, sin uso de agrotóxicos, como es la agroecología.
Un estudio realizado por el Grupo ETC denominado Barones de la Alimentación 2022: Lucro con la crisis, digitalización y nuevo poder corporativo revela que muchos sectores agroalimentarios son ahora tan “pesados” que los controlan solo cuatro o seis empresas, lo que les permite ejercer una enorme influencia sobre los mercados, la investigación agrícola y el desarrollo de políticas, socavando las posibilidades de soberanía alimentaria.
El estudio, basado en las ventas mundiales de 2020, examinó las corporaciones que lideran y controlan cada uno de los 11 sectores agroalimentarios clave, semillas, agroquímicos, genética ganadera, ferlitizantes sintéticos, maquinaria agrícola, farmacéutica animal, comercialización de materias primas, procesadores, industria cárnica, venta minorista de comestibles y entrega de alimentos mediante plataformas.
Los economistas consideran que si cuatro empresas concentran el 40% del sector o más, están funcionando como un oligopolio. “Muchos de los sectores que monitoreamos ya están por encima de ese umbral del 40%; otros están a punto de superarlo”, revela el estudio.
Por medio del estudio se pudo constatar que el 2020 “fue horrible” para la seguridad alimentaria y la salud, pero de enorme auge para las grandes industrias agrícolas y de alimentos. En medio de una pandemia global –combinada con crisis climáticas, estancamiento en las cadenas de suministro, picos de precios, aumento del hambre, escasez de alimentos y energía, conflictos civiles, violencia racial y guerras – los Barones de la Alimentación aprovecharon al máximo las crisis convergentes para reforzar su control sobre cada eslabón de la cadena alimentaria industrial.
Un ejemplo es el mercado de las semillas. Hace 25 años, en otro estudio, la organización informaba que las 10 más grandes compañías de semillas en el mundo controlaban 40% del mercado global. Hoy solamente dos compañías controlan 40% del mercado. La alemana Bayer controla 23% del mercado, la estadounidense Corteva Agriscience, 17%, la china ChemChina-Syngenta, 7%, y la alemana Basf, 4%.
En relación a los agroquímicos, las cuatro empresas más grandes controlan 62% del mercado mundial. Son ellas: la china ChemChina- Sinochem, 24.6%, Bayer, 16%, Basf, 11.3%, Corteva, 10.4%.
El estudio llama la atención sobre tres tendencias que aumentan la capacidad de los Barones de la Alimentación para mantener el control sobre la cadena alimentaria industrial. La primera de ellas es la digitalización de la agricultura y los alimentos en toda la cadena. La segunda es el creciente poder de los barones asiáticos de la alimentación, especialmente chinos. La tercera es la integración horizontal, incluida la creciente participación de las empresas de gestión de activos en los sectores de alimentación y agricultura, que crea una apariencia de competencia, pero disminuye la competencia real.
Procesadores de Alimentos y Bebidas
En 2020 se produjo un aumento del 36% en el número de las fusiones y adquisiciones, por un total de 110 mil millones de dólares.
Las principales empresas son Pepsico, de Estados Unidos, Nestlé, de Suiza, JBS, de Brasil, Anheuser-Busch Inbev, de Bélgica y Tyson Foods, de Estados Unidos.
Industria de Carne
A pesar de la pandemia, los mayores países exportadores de carne – Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rusia, los países de la Unión Europea y México – lograron embarcar más carne en 2020 que en 2019. Las empresas que dominan el mercado son JBS, de Brasil, Tyson Foods, de Estados Unidos, Cargill, de Estados Unidos, Smithfield Foods-WH Group, de China, Marfrig, de Brasil.
La industria cárnica sigue siendo un negocio sucio, constata el estudio. Persisten los casos de contaminación por patógenos en los productos cárnicos, contaminación de las aguas subterráneas. Persisten la corrupción, las pésimas condiciones de salud laboral, lesiones y muertes de trabajadores.
Tecnología
La digitalización de la alimentación y la agricultura emerge como el nuevo techno-fix del día. La investigación revela que todos los sectores de la cadena alimentaria industrial están en proceso de convertirse en empresas digitales. Al mismo tiempo, las grandes empresas de tecnología se están involucrando estrechamente con la producción industrial de alimentos. Los datos extraídos a través de tecnologías digitales son en sí mismos una mercancía: la cadena industrial de alimentos se basa en recopilación de datos masivos para cultivar, procesar, comerciar, rastrear, vender y transportar sus productos.
Además, se incluye la implementación de drones fumigadores, jardineras robóticas impulsadas por inteligencia artificial y operaciones automatizadas de alimentación animal equipadas con reconocimiento facial para el ganado.
Los gigantes agrícolas como Bayer, Deere & Company, Corteva, Syngenta y Nutrien están reestructurando todo su negocio en torno a las plataformas de datos masivos. La plataforma digital ‘FieldView’ de Bayer, por ejemplo, extrae 87 mil millones de puntos de datos de 180 millones de acres (72.8 millones de hectáreas) de tierras de cultivo en 23 países y los canaliza a los servidores en la nube de Microsoft y Amazon.
Red Campesina
En el estudio se receurda que los pequeños campesinos alimentan el 70% de la población mundial usando menos del 30% de la tierra, el agua y los recursos agrícolas del mundo. La cadena alimentaria industrial de hoy permite a los Barones de la Alimentación más grandes del mundo tener más poder económico que los 3, 600 millones de familias de agricultores, pescadores y productores del mundo juntos.
“La industria alimentaria busca constantemente socavar el hecho de que los tres mil millones de productores indígenas y campesinos del mundo, rurales y urbanos, pescadores y pastores, no solo alimentan a la mayoría de la población mundial y a la mayoría de los desnutridos del mundo, sino que también crean y conservan la mayor parte de la biodiversidad del planeta, lo que los convierte en la mejor defensa de la humanidad contra el cambio climático”, sostiene el Grupo ETC.
La organización defiende que es hora de retirar todo recurso a la cadena alimentaria industrial. Es necesario “exigir la eliminación de todo apoyo financiero a la cadena alimentaria industrial, exponiendo su alto grado de control corporativo transnacional y sus múltiples abusos”.
Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias
El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.
Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.
Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.
El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.
La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?
La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.
Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.
¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?
En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.
Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.
¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?
Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.
La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.
¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?
Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.
Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?
No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.
Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.
En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador
Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.
Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.
Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.
Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.
“Trajeron a toda la gente a este parque con engaños de que vendría la Cruz Roja”, señala una guía en el memorial de El Mozote donde se registran los nombres de las víctimas. Foto: Juliana Bittencourt.
“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.
Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.
Amnistía inconstitucional
Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.
Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.
Sitios donde fueron encontrados los restos de las personas asesinadas por el ejército salvadoreño. Fotos: Juliana Bittencourt
No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.
Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.
Contrainsurgencia promovida por EEUU
La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.
Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.
En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.
Rufina Amaya, campesina sobreviviente de la masacre de El Mozote denunció las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Foto: Juliana Bittencourt
Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.
Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.
Estado incumplió
En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.
Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.
Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.
“Meses después de la firma de la paz en 1992, nosotros nos venimos acá”, cuenta una de las guías del memorial de El Mozote quien aún no nacía cuando su madre abandonó el lugar cercado por militares. Foto: Juliana Bittencourt
En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.
La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.
De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.
“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.
