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Avispa Midia

Violento desalojo contra comunidad garífuna mas antigua de Honduras

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

Miembros del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda continúan detenidos a la espera de ser enjuiciados por la supuesta usurpación de sus propias tierras

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Garífunas de Punta Gorda mantienen un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

 

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Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis-GTANW

Gobiernos autónomos de la Amazonía peruana se pronuncian sobre las actividades petroleras en sus territorios

Por Kathia Carrillo

GTANW 8/11/22.- Representantes de las naciones Wampís, Chapra, Kandozi, Awajún y Achuar se reunieron en la V Asamblea de las Naciones Originarias el 6 y 7 de noviembre para tratar la problemática de la industria petrolera y derrames en sus territorios. Tras la reunión, emitieron una resolución donde se exige el cese de la expansión de la frontera petrolera, oponiéndose a nuevas concesiones, así como demandando la anulación del lote 64, adjudicado a Petroperú y ubicado en territorio Achuar y Wampís.

Como hace años vienen alertando la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), el proyecto del lote 64 implicaría la destrucción de biodiversidad y alteración de varios sitios sagrados que pertenecen a los territorios ancestrales de ambas naciones, afectando seriamente su subsistencia, por lo que siempre han comunicado su oposición al mismo.  La operación del lote tendrá además impacto en las partes altas del sitio Ramsar Abanico del Pastaza, un área de humedales de alta biodiversidad.

En la resolución, los gobiernos autónomos también demandaron la remediación de los sitios impactados y los pasivos ambientales que han generado los constantes derrames de petróleo, en especial los de 2016 en territorio Wampís (CN Mayuriaga, río Morona) y en territorio Awajún (distrito de Imaza, ríos Chiriaco y Marañón), y el de 2019 que afectó a las comunidades Awajún de Chapis y Santa Rosa (Manseriche, Datem del Marañón). A su vez, exigieron la atención en la contención y limpieza del derrame producido en el km 177 del ONP que lleva más de 50 días sin que se haya abordado adecuadamente y que está afectando territorios Chapra y Wampís.

Como se recordará, en pronunciamientos públicos anteriores[1] respecto al tema del derrame en el km 177 y la problemática del deterioro por antigüedad del oleoducto norperuano, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha exigido al gobierno hacer respetar la norma sobre transportes de hidrocarburos a Petroperú para que lo adecúe y no permita que haya bombeo de petróleo hasta que realice dicha adecuación de manera integral.

Además de la clara oposición a proyectos e infraestructura petrolera que invaden el territorio amazónico, los gobiernos autónomos se pronunciaron en oposición al traslado del crudo de los bloques petroleros ecuatorianos 86 y 87 por medio del oleoducto norperuano. Como se sabe, en días recientes Petroecuador y Petroperú han sostenido reuniones para discutir el proyecto de interconexión de oleoductos entre Perú y Ecuador que permita procesar el crudo ecuatoriano en la Refinería de Talara.

Finalmente, los gobiernos autónomos señalaron su rechazo a la militarización de sus territorios que pretende Petroperú so pretexto de la “protección” del oleoducto norperuano.

Puede leer la resolución;

RESOLUCIÓN-FRENTE-A-LAS-ACTIVIDADES-PETROLERAS

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Avispa Midia

Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

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Avispa Midia

Energías renovables: reconfiguración del despojo en la región latinoamericana

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Detonaciones en la mina San Xavier, propiedad de New Gold, en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México. La empresa canadiense, que comenzó la explotación desde 2007, actualmente maneja el discurso de la “minería responsable con el medioambiente”, pese a que sus operaciones desplazaron a la mayoría de los habitantes de los alrededores. Foto: Aldo Santiago.

La transición energética es una de las políticas económicas de urgencia que han implementado la mayoría de los gobiernos en el planeta, para hacer frente a lo que han llamado como “cambio climático”. Aunque los territorios y la división internacional del trabajo se vienen reconfigurando de diversas formas en el planeta, en América Latina se siguen reproduciendo los viejos esquemas del despojo y el saqueo.

Las altas temperaturas han tomado por asalto a diversas poblaciones del planeta. Otras más se han visto inundadas de forma inusual. Las pérdidas van desde inmuebles, cosechas, cientos de fallecidos y bosques enteros arrasados por el fuego o el agua. Mientras que algunos han sentido el infierno en la piel, para otros más, esta realidad les queda remotamente distante de su confort. La idea que se ha vendido sobre el “cambio climático” o “calentamiento global” es que el mercado lo resuelve todo, claro, con renovadas cadenas productivas de mercancías y servicios que se enmarcan en lo que hoy se conoce como “desarrollo sostenible o sustentable”.

Desde organizaciones ambientalistas, gobiernos, círculos académicos, pero principalmente el mundo empresarial, atañe el problema a la vieja matriz energética de los combustibles fósiles y como solución se plantea la implementación de las llamadas “energías renovables”. Es decir, en nombre del “cambio climático” se ha comenzado a perfilar una nueva cadena de montaje que pretende cambiar todo para que todo siga igual. Ya que, como lo describe Samir Amin, el principio de la acumulación capitalista, aunque se pinte de sustentable, es sinónimo de “crecimiento exponencial”, y éste, “como el cáncer, lleva en sí la muerte” (Amin, 2009).

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Avispa Midia

Captura de carbono, apuesta mortal para combatir crisis climática

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Un trabajador en un pozo de inyección de carbono de Carbfix en Islandia en 2017. La empresa participa en la nueva planta Orca, diseñada para extraer el dióxido de carbono del aire y almacenarlo en forma de roca.

La industria de los combustibles fósiles promueve el desarrollo de tecnologías para la “captura” y “eliminación” del dióxido de carbono como una de sus estrategias principales de acción climática. No obstante, la promesa de estas tecnologías es una idea distractora para mantener la extracción de hidrocarburos aún a pesar del aumento de la temperatura global.

Así lo alerta el informe La apuesta mortal por el clima, publicado por el Observatorio Europeo de las Empresas y elaborado en conjunto por 10 grupos ambientalistas y observatorios corporativos.

En el documento, argumentan como “fallidas” las promesas de desarrollo tecnológico para combatir el cambio climático. En especial, critican las herramientas existentes de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), financiadas por las mayores empresas del planeta en su búsqueda por alcanzar la “neutralidad” de sus emisiones contaminantes.

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El problema se agrava, señalan los investigadores, debido a la promoción de estas tecnologías desde las instituciones de la Unión Europea. Se espera que, para final de este año, después de las negociaciones climáticas en Egipto, la Comisión Europea presentará una propuesta para regular la certificación de eliminación de carbono.

Mercados

El nuevo marco normativo propuesto por Europa sentaría la base para crear certificados de eliminación de carbono que podrían comercializarse como “compensaciones” en un nuevo mercado de carbono, e incluso, la industria de hidrocarburos con el apoyo de la Comisión, proponen que estos créditos sean comercializados dentro del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.

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La Colectiva Radio

Detenidas mapuche: estado de situación – Entrevista a Soraya Maicoño

(Descarga aquí)  

Cuando todo hacía suponer que la semana comenzaría con el levantamiento del secreto de sumario en la causa que la jueza Silvina Domínguez lleva contra seis mapuche, eso no ocurrió como estaba previsto, por lo menos hasta el mediodía de este martes 25 de octubre. Las detenidas se encuentran desde hace 20 días a disposición de la justicia sin que sus abogadas/abogados hayan podido tomar contacto con las acusaciones y las pruebas que pesan sobre ellas.

En De Hormigas y Cigarras conversamos con Soraya Maicoño Guitart, actriz, narradora, cantante mapuche, quien detalló el estado de de las detenidas y de los niños y niños que están sufriendo encierro con ellas. También nos habló del marco social, del acoso que respiran en toda la región y, como contrapartida de las muestras de solidaridad que las sostiene.

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Radio Zapatista

Construcción de Paz en México – Foro Internacional

Desde el sexenio de Felipe Calderón, México inició un camino de violencia y disputa territorial que se ha venido recrudeciendo y que ha llegado a niveles alarmantes, haciendo del país la nación más peligrosa para la defensa del territorio y para el periodismo en el mundo. A esto se le suma la crisis global provocada por la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania y sus terribles consecuencias para la economía mundial y la seguridad alimentaria, provocando nuevas formas de violencia.

Ante esto, la Plataforma para la Construcción de Paz en México organizó el Foro Internacional por la Construcción de Paz en México, que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (ve el programa y l@s participantes aquí).

Las reflexiones propuestas en este foro son una contribución importante para sentipensar la espiral de violencia en la que nos encontramos y vislumbrar caminos posibles hacia la construcción de la paz.

Mesa 1 – Claves para la construcción de paz: una reflexión global

Para poder construir la paz, es necesario primero reflexionar sobre lo que significa la violencia desde enfoques locales hasta globales. Las mesas 1 y 2 incursionan en dichas reflexiones. Marta Ruiz, desde su experiencia como ex comisionada de la Comisión de la Verdad en Colombia, hace un recuento de los procesos de violencia en ese país. Así como la much@s de l@s ponentes, critica la participación del Estado en la reproducción de la violencia. Ante el argumento de que la violencia se reproduce gracias a la ausencia del Estado, ella afirma que, al contrario, la violencia se recrudece justamente cuando hay presencia del Estado, en su íntima relación con el crimen organizado y el paramilitarismo. Asimismo, identifica a la política de la “guerra contra las drogas” como un gran error histórico, que deja de lado una compreensión mucho más amplia de los factores sistémicos de dicha violencia y que conduce a la militarización y a la multiplicación de las violencias.

Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional, también desde la experiencia colombiana, habló del cambio radical del crimen organizado en ese país desde la época de Pablo Escobar al presente, con la diversificación de las áreas de actuación y el papel de los cárteles transnacionales de origen mexicano ahora como distribuidores internacionales de la droga. Pero entender la violencia de los diferentes agentes del conflicto colombiano implica entender lo que él llama “institucionalidad extractivista”, la reproducción de la ilegalidad como una tradición nacional, en la que las élites se aprovechan de la violencia, intimidación y cooptación para apropiarse de los recursos nacionales.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con participación en línea, apuntó hacia la lucha organizada de los pueblos como la única salida para la violencia. Nuevamente, criticó la asociación entre violencia y seguridad, que conduce a la militarización y al control por parte de las fuerzas del Estado y deja de lado los ejes fundamentales de justicia restaurativa, salud, educación, vivienda digna, trabajo, unidad en la diversidad, etc.

Mesa 2 – Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?

¿Cómo entender la violencia y el Estado? ¿Es posible la política sin violencia? Según Max Weber, el Estado mantiene (o debe mantener) el monopolio de la violencia. Sin embargo, en América Latina sabemos lo que eso significa: violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y el ejército, el uso de dichas fuerzas para beneficio de los intereses de las élites dominantes y la íntima relación entre el Estado y el crimen organizado. La violencia, dijo Jenny Pierce, del London School of Economics en el Reino Unido, es rentable para el Estado, y la política del “enemigo interno” sirve para esos fines. El resultado es la violencia crónica que padecemos: guerra, narco, feminicidios, migración, violencia obstétrica por discriminación y la terrible mortandad de los hombres jóvenes pobres en Latinoamérica. Como caminos posibles hacia la construcción de la paz, sugiere lo que llama la “ilustración emocional”, a diferencia de la “ilustración racional” del Iluminismo; o, como dicen los pueblos mayas en Chiapas, el corazonar o el sentipensar. Al mismo tiempo, repensar la seguridad como una propuesta comunitaria: la seguridad humana, y no la seguridad del Estado.

Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, habló de la “zona gris de la criminalidad”, o sea, la intersección entre el Estado y la criminalidad. Una intersección que, explicó, se construyó en los 1970 con la guerra sucia en México. La guerra contra el narco iniciada en 2006 por Felipe Calderón multiplicó los cárteles y la violencia (de 5 cárteles pasamos a más de 200), al decapitar a las organizaciones criminales, que como resultado se dividieron en muchas facciones. Por otro lado, la zona gris se amplió muy considerablemente, llevando a una “guerra de todos contra todos”, un crecimiento de las economías ilícitas, que trafican con los recursos humanos y naturales, una feroz competencia por la gobernanza criminal, con violencia generalizada contra autoridades y candidatos locales, y violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y pequeños empresarios. Para hacer frente a esto, es necesario, como primer paso, identificar los actores y las estructuras criminales.

Como ilustración de lo que es posible hacer desde la sociedad organizada para enfrentar la violencia, Francisco Huaroco Tomás relató la experiencia de lucha y organización de Cherán K’eri en Michoacán, donde en 2011, a partir de un movimiento de mujeres para enfrentar a la delincuencia, decidieron expulsar a los partidos políticos y conformar la ronda comunitaria, un modelo de seguridad proveniente de los antepasados, enfocado en la autonomía y el autogobierno. Por otro lado, en 2015 se inició un proceso de prevención del narcomenudeo, trabajando con jóvenes en las escuelas.

Mesa 3 – Prácticas restaurativas, diálogo y reconstgrucción del tejido social

En el camino de prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social, Lenin Torres relató la experiencia de CIAS por la paz (Centro de Investigación y Acción Social), fundado en 2015, y que ha trabajado en los municipios de Tancítaro, Cherán y Tangacícuaro en Michoacán; Parras, Coahuila; Huatusco, Veracruz; Celaya y Guanajuato capital en Guanajuato; y, Chalco en el Estado de México. Lina Ibáñez por su vez relató la iniciativa “Diálogos improbables” en Colombia, que se ha propuesto establecer diálogos con todas las fuerzas participantes en espacios en conflicto. Y Abel Barrera, del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, relató la experiencia de la policía comunitaria de guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), que ha logrado frenar la explotación minera en partes del territorio guerrerense.

Mesa 4 – La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz

En la última mesa, se conjuntaron educación, espiritualidad y periodismo, como elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en la sociedad. Pietro Ameglio, activista y luchador social, enfatizó la necesidad de reflexionar (no sólo describir, sino analizar) como requisito para la acción. Nuevamente, criticó la asociación paz y seguridad, en vez de pensar la paz como justicia verdadera y dignidad. El Estado, explicó, necesita cuerpos aterrorizados incapaces de pensar. Nuestra tarea, al contrario, es de pasar del terror al miedo; el miedo siendo una herramienta que nos ayuda a sobrevivir y que, a diferencia del terror, no inmoviliza, sino que nos impulsa a actuar.

Marcela Turati habló de los grandes desafíos que enfrenta el periodismo en el país más peligroso para ejercer dicho oficio en el mundo, las carencias materiales y la inseguridad. Ante ese panorama, relató las muchas iniciativas vinculadas a la Red de Periodistas de a Pie, integrada en su mayoría por mujeres periodistas. Periodismo de investigación sobre las masacres de migrantes; historias de búsqueda de desaparecid@s; el proyecto Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte, que buscó rescatar historias de lucha y resistencia en medio de la mortandad de la guerra contra el narco; talleres sobre cómo cubrir el dolor (y cómo manejar el propio dolor), y la convocatoria Periodismo desde lo posible: historias desde los territorios.

Finalmente, Monseñor Rodrigo Aguilar, actual obispo de San Cristóbal de Las Casas, habló sobre la espiritualidad desde la visión cristiana.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo – 25 de Octubre 2022

(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

  • ABYA YALA CONTINENTAL: Convocan a Encuentro Continental de Radios y Medios Libres en defensa del territorio en Tepoztlan, México, del 18 al 20 de noviembre. Tejemedios.
  • CHILE: TRES AÑOS DE ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE, LA LUCHA CONTINUA. BORIC TRAICIONO PERO EL PUEBLO SIGUE EN LAS CALLES CON LOS PUEBLOS MAPUCHE, LOS ESTUDIANTES HONESTOS, LAS Y LOS REBELDES SUEÑAN EL FIN DEL CAPITALISMO. Radio Plaza Dignidad
  • EUROPA: Oleada de huelgas y manifestaciones: una mecha lenta encendida en Europa. Francia, Italia y Alemania con protestas contra el ALTO COSTO DE LA VIDA, contra la Guerra y la crisis climática. Indymedia Argentina

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

  • NORMALES RURALES: GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL BUSCAN DESMANTELAR EL NORMALISMO RURAL, ESTA SEMANA ATACAN A TETELES PUEBLA Y A PANOTLA TLAXCALA.
  • TLAXCALA PANOTLA: DENUNCIA REPRESIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL CON EL SALDO DE UNA JOVEN ASESINADA Y VARIOS GOLPEADOS Y DETENIDOS. A LOS NORMALISTAS SE LES RECORTA RECURSOS, SE LES ACOSA, SE LES CRIMINALIZA POR DEFENDER LA EDUCACIÓN. EL MAL GOBIERNO HA LEVANTADO DEMANDAS CONTRA LAS ESTUDIANTES
  • PUEBLA TETELES: EL GOBIERNO OCUPA UN DOBLE ROMPE LAS MESAS DE DIALOGO Y NO RESUELVE LAS SIMPLES DEMANDAS QUE ES PEDIR LOS RECURSOS PARA SUS ESCUELAS Y ACUSAN AL GOBIERNO DE DOBLE DISCURSO HAN LEVANTADO DEMANDAS EN CONTRA DE LAS ESTUDIANTES
  • SONORA: Fidencio Aldama, preso político yaqui, recibe condena de 14 años. Por Sare Frabes. Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. AVISPA MIDIA

Música

-Evelyn Cornejo – Almas rebeldes
-El noi del sucre – La bella y la bestia
-El derecho de vivir en paz – varios

 

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 18 de octubre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS

—-FRANCIA: Fuertes protestas CONTRA LA VIDA CARA, más de cien mil trabajadores están en huelga y exigen el alto a la carestía. Para hoy preparan una gran paro nacional.
Hasta 140.000 personas, según los organizadores, y 30.000 según la Policía, han llenado las calles de París ‘contra la vida cara’ que provoca la subida de precios. Hasta 2.000 efectivos se han movilizado para evitar disturbios en un clima social de huelga general.
—-GLOBAL Carta de un anarquista preso a la resistencia de las mujeres y las jóvenes en IRÁN y la resistencia antimilitar en RUSIA y UCRANIA.
La Nemesi
—–LA MÚSICA DE LA PROTESTA EN IRÁN: La canción Baraye que es himno de las protestas en Irán, el autor Shervin Hajipour fue arrestado y a pesar de la censura la música siguió junto con la revuelta por el feminicidio estatal y teocrático de Masha Amini.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
— QUERÉTARO: Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro sostienen paro indefinido desde el 29 de septiembre como respuesta a la violencia de género dentro de las instalaciones
— MÉXICO NORMALES RURALES PUEBLA TLAXCALA: Normalistas rurales en lucha por la defensa de sus escuelas ante intentos de privatización y contra la represión a su organización. En Panotla TLAXCALA denuncia hostigamiento, Policías rodean y sobrevuelan el plantel. Y EN Teteles PUEBLA se mantiene en lucha contra la privatización y la demanda de más recursos a la educación pública.
— CDMX: Dos años de la TomaINPI por la Comunidad Otomi que siguen luchando por sus derechos a pesar del desprecio del mal gobierno de la Ciudad de México. Noticias de abajo
— GUERRERO: ESPIONAJE Y CRIMINALIZACIÓN. Espionaje del ejército al abogado de Centro de Derechos Humanos y reporta al Director y a Organización Campesina como amenaza y grupo criminal. Amenazas a defensores y el movimiento social de Abel Barrera. Filtración Guacamaya, Tlachinillan.
— CHIAPAS: NOTY fRAYBA El pasado 3,4 y 5 de septiembre, Cecilia Jimenez-Damary, experta de la ONU sobre desplazamiento forzado, visitó #Chiapas. “Urge una ley para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internas”. Frayba
— PUEBLA: Comunicado ¡No a la Criminalización de la Radio Coatl Indígena Comunitaria por su trabajo comunitario en Santa María Coapan por su lucha contra relleno sanitario. Radio Zapote
—MÚSICA
Bayaré de Shervin Hajipour
Versiones libres

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Avispa Midia

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: así se construye la transición energética desigual

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Incendios en la amazonía brasileña abren paso a la expansión de la frontera de la agroindustria y la minería.

Después de 20 años de idas y venidas en las negociaciones para la conformación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay), los países europeos han intensificado los esfuerzos para ratificarlo, especialmente durante la pandemia de Covid-19 y la Guerra en Ucrania.

El acuerdo, firmado en junio de 2019, todavía no fue ratificado por los países. En estos momentos los textos del acuerdo están sometidos al proceso de revisión jurídica y traducción para, entonces, seguir para la aprobación parlamentaria de los países.

Los términos del acuerdo, como ha sido alertado por distintas organizaciones latinoamericanas y europeas, siguen la lógica colonial y desigual en la división internacional del trabajo. Es decir, estimula la producción industrial en Europa mientras promueve un saqueo de los recursos naturales de América del Sur.

La agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos. Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

Deforestación en la Amazonía

“Refuerza un modelo de exclusión social y de impacto ambiental, ya que implica ocupar cada vez más nuevas áreas y utilizar más intensivamente las áreas ya ocupadas”, evalúa Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip).

Las dos actividades económicas ya son hoy las que “más promueven la destrucción ambiental en Brasil, con profundos impactos para los derechos humanos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, sostiene la investigadora Maureen Santos, integrante del Grupo Carta de Belém.

En el asentamiento Lago Grande, un área de ríos en Santarém, Estado amazónico de Pará, en Brasil, 155 comunidades viven de la recolección de frutos del bosque, de la pesca y agricultura familiar. Alrededor del 55% de su territorio, resultado de la distribución de tierras a pequeños agricultores, está amenazado por la explotación minera.

Rosenilce dos Santos, quien vive en este territorio, cuenta que ahora, además, están sufriendo la presión con la expansión de la soya. “Todos somos conscientes de que no se puede vender tierras, porque es un territorio colectivo, sin embargo, la grilagem (venta ilegal de tierras) avanza. Eso ha generado conflictos dentro de las comunidades y de las familias. Llegan a nuestro territorio ofreciendo hospitales, escuelas, vías de transporte”, cuenta.

Con la expansión de la demanda europea se intensificará la embestida sobre estos territorios, “aumentando los conflictos socioambientales”, añade Santos quien también hace parte de la Federación de Organizaciones de Asistencia Social y Educativa (FASE) de Brasil.

Para pocos

Algunos meses después de la firma del acuerdo entre los bloques, la Unión Europea anunció su Pacto Verde, en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Para Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica, Integración Regional, existe una clara relación entre las estrategias del Pacto Verde Europeo y las disposiciones concretadas en el acuerdo que la “Unión Europea está proponiendo al Mercosur”.

El acceso a los recursos es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto. Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

María Leusa Munduruku (centro) durante la Caravana del Agua en Tapajós. Ella sufrió un intento de asesinato en 2021 por oponerse a la minería ilegal en tierras indígenas. Foto: Ana Mendes/Amazônia Real

“Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio suramericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre UE y Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

Un estudio de GRAIN refuerza el análisis de la investigadora. “Si bien es muy probable que con este acuerdo el aumento de importaciones europeas de etanol y soja se utilice para cumplir con los objetivos de combustible ‘verde’ para el transporte en Europa, esto puede impulsar mayor deforestación y acaparamiento de tierras en países como Brasil. Podría resultar que los gobiernos de la UE provoquen más destrucción del clima con el fin de cumplir sus objetivos climáticos”, dice el estudio.

El Pacto Verde, según sus documentos, busca la protección del capital natural europeo, que incluye su biodiversidad y sus recursos hídricos. Bruckman subraya el aspecto rebasado del punto de vista ambiental de esta visión. “En pleno siglo XXI ya sabemos que el planeta opera como un grande bloque con sus biomas complejos pero todos integrados. De nada sirve proteger el capital natural europeo si no se protege, por ejemplo, la Amazonia, que es el bioma que tiene la mayor capacidad de captura de carbono en el planeta. Proteger el capital natural europeo significa proteger las reservas naturales y los biomas en el mundo entero”, señala.

En Brasil, 87% del área de minería está en la Amazonia. El sector minero “ya está impactando de forma colosal este territorio e irá impactar aún mas en los próximos 20 años (…). Tenemos un futuro de mucha disputa global por recursos naturales estratégicos, por bienes comunes estratégicos”, sostiene Bruckman.

De manera que la investigadora alerta que el acuerdo entre UE y Mercosur no es solamente un acuerdo comercial, “tiene que ver con un nuevo orden mundial que ellos mismos están proponiendo”.

Más emisiones

Distinto del Pacto Verde Europeo, el acuerdo no obliga que los países del Mercosur cumplan las metas del Acuerdo de París. A pesar de citarlo, “no hay ningún mecanismo o arbitraje previsto en el acuerdo que obligue que los países sí cumplan dichas metas”, detalla Santos.

Hoy Brasil, Argentina y Paraguay ya están en llamas por cultivar soya o caña para el mercado europeo. Las emisiones provenientes de los incendios forestales o de la pérdida de sumideros no aparecen en la contabilidad climática europea.

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De acuerdo con el documento El comercio entre los bloques aumenta la violencia, las desigualdades, la crisis de los derechos humanos y la emergencia ambiental, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, la UE es el según mayor importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas.

Organizaciones mantienen la lucha contra el avance de la industria minera en la amazonía brasileña. Foto: Lanna Ramos.

Además, es responsable por 16% de la deforestación asociada al comercio internacional y 25% de las emisiones de efecto invernadero provenientes del sistema de abastecimiento alimentar en la UE son provenientes de emisiones producidas por importaciones de América Latina.

Con el acuerdo, GRAIN estima que aumentará en un tercio las emisiones de gases con efecto de invernadero en los países de Mercosur procedentes del comercio de tan sólo ocho productos agrícolas. Mas de 80% de estas emisiones provendrán de un sólo producto: la carne bovina.

¿Soluciones basadas en la naturaleza?

Los reclamos contra el acuerdo no vienen solamente de organizaciones de los dos lados del océano. Países como Francia también han manifestado la necesidad de que el acuerdo obligue a los países del Mercosur a cumplir con compromisos ambientales.

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A los medios de comunicación, el embajador de la Unión Europea en Brasil,

Ignacio Ybañez, dijo que la Comisión Europea ya posee un borrador de un documento adicional sobre temas ambientales que será presentado a los países.

Sin embargo, el documento no es público, y aún no se conoce su contenido.

“No tenemos acceso a la documentación que está siendo negociada, la mayor parte de las informaciones que tenemos en relación a las propuestas vienen de organizaciones de la UE que logran acceso y que nos informan. Eso es un absurdo”, sostuvo la integrante del Grupo Carta de Belém.

Uno de los temas que Santos considera que puede ser integrado en declaraciones adicionales al acuerdo son las ‘soluciones basadas en la naturaleza’ como “salida para resolver la crisis climática”, cuyo eje central es el mercado de carbono. “Pienso que este tema va a entrar con mucha fuerza, ya que es una bandera clave de la Unión Europea y que lo viene defendiendo en los acuerdos globales”, explica.

Dichas soluciones fueron consensuadas entre los países en las conferencias del Clima de la ONU, las llamadas COPs, y son consideradas por diversas organizaciones y pueblos en todo el mundo como ‘falsas soluciones de mercado’.

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“Para nosotros son falsas [las soluciones basadas en la naturaleza]; ellos ponen este nombre en mecanismos que ya existen hace 20 años y no dan resultados concretos para el problema del clima”, dijo Santos.

Más allá del comercio

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur empezó a ser negociado en 1995, en el mismo año de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este contexto el acuerdo adhirió toda la agenda de esta organización en lo que respecta a los acuerdos internacionales, agenda esta que repasa la liberalización del comercio.

“Incluye, entre otros, la liberalización de servicios básicos como, por ejemplo, el agua y la energía; privatización de servicios públicos, facilitando la entrada de empresas europeas en esta gestión; desregulación laboral; desregulación del sistema financiero; privatización de bancos públicos”, explica Adhemar Mineiro.

Otro punto son las compras realizadas por los gobiernos – federal, estatales y municipales – en los países de Mercosur. “Todas las compras, como por ejemplo de alimentos, deben ser realizadas mediante licitaciones internacionales, dando acceso a las empresas europeas”, lo que vulneraria, por ejemplo, las compras de productos de la agricultura familiar hechas por el gobierno brasileño.

Agrotóxico: “doble patrón”

El acuerdo facilita la venta de agrotóxicos producidos por empresas europeas. Los impuestos sobre los productos químicos serán reducidos o eliminados en 90%. La previsión de la Comisión Europa es que debe aumentar en 47,6% las exportaciones de estos productos hacia el Mercosur.

Al mismo tiempo, la UE reforzó sus restricciones internas a los agrotóxicos. De acuerdo con un informe de 2019 de la Asociación Brasileña para la Reforma Agraria, 44% de las sustancias registradas en Brasil son prohibidas en la UE. De los 113 productos de la empresa alemana BASF, 71 son aprobados en Brasil, agrotóxicos altamente peligrosos, siendo que 57 de ellos no tienen registro para su uso en la UE.

Congreso de Brasil ha liberado uso de agrotoxicos prohibidos en la UE.

“El acuerdo refuerza un doble patrón, en el cual los ciudadanos del Mercosur son tratados como segunda categoría”, dijo Santos.

El estudio Comercio Tóxico: a ofensiva do lobby dos agrotoxicos da UE no Brasil, realizado por Gabriel Cassoti, de Amigos de la Tierra Europa, revela el lobby ejercido por este sector en Europa y en Brasil, y que las empresas fueron consultadas por la UE para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo.

Hoy existen 5 mil agrotóxicos liberados en Brasil, siendo que 1,500 de ellos fueron permitidos en el gobierno de Jair Bolsonaro.

Sustitución

Los carros, principalmente de la industria alemana, tendrán su venta facilitada en los países del Mercosur. “El sector automovilístico también fue consultado para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo”, sostiene Lúcia Ortiz, de la organización Amigos de la Tierra Brasil.

La Unión Europea estableció, como parte de sus estrategias para reducir las emisiones de carbono, el objetivo tener al menos 30 millones de coches cero emisiones para 2030. Además, planea prohibir ventas de vehículos con motores de combustión en 2035.

“La UE, con su directriz de energías renovables, va a sustituir sus carros con motor a combustión por carros eléctricos o movidos a hidrógeno verde, y nos quieren vender los carros que ya no utilizan. Mientras exportamos para allá los minerales necesarios para su tecnología de la transición energética”, dijo Ortiz.

Comercio electrónico sin control

Gabriel Cassoti alerta para un punto poco discutido sobre el acuerdo que es el comercio electrónico de las grandes empresas digitales. El acuerdo prohíbe la tributación de los lucros de estas empresas. “Existe un gran lobby de las cinco mayores empresas – Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba – que están entre las siete mayores empresas del mundo”.

Además, el acuerdo prohíbe los Estados regular los flujos de datos personales de los usuarios de sus plataformas, datos estos “que generan altísimos lucros para estas empresas”.

Expectativa

Existe una expectativa sobre los rumbos del acuerdo debido a los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, que se definen el próximo 30 de octubre entre Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El tema estuvo en las discusiones de la campaña electoral.

Lula ha sostenido que, si es elegido, pretende “mejorar” el acuerdo para garantizar que los países de Mercosur puedan tener una política industrial. Sin embargo, el eurodiputado Cañas declaró a los medios europeos que una posible renegociación del acuerdo “no va a ocurrir”.