^{En portada: El evento “Golpe verde en la Amazonia” tuvo lugar en junio en el estado de Acre. A la reunión asistieron líderes indígenas, con representantes del Cimi y de organizaciones pro-indígenas. Foto: Carol Ferraz/Amigos da Terra}

Representantes de 20 pueblos originarios, campesinos, trabajadores rurales extractivistas y organizaciones sociales difundieron su posición de rechazo a la imposición de proyectos de economía verde en el estado de Acre, en la Amazonía brasileña.

Esta articulación fue resultado del encuentro denominado “Golpe Verde en la Amazonia”, efectuado en el municipio de Cruzeiro do Sul, desde donde las y los participantes denunciaron que los proyectos verdes atentan contra la autonomía, los territorios y la vida de los pueblos de la región.

En el evento se abordó las consecuencias de la implementación de programas y estrategias encaminadas a la “compensación” de carbono, las cuales se ejecutan a través de la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).

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El estado de Acre constituye un ejemplo de los efectos reales tras la imposición de programas de la economía verde, cuya propaganda creó una imagen de éxito al combate de la crisis climática aún antes de su ejecución.

Consolidación

De acuerdo a un análisis entre organizaciones y comunidades reflejado en la publicación Golpe verde: falsas soluciones al desastre climático, el proceso de mercantilización de la naturaleza en el estado de Acre comenzó con el arribo del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno estatal en 1999, pues dicha administración “adoptó el discurso de que era necesario iniciar un nuevo ciclo económico en Acre, insertando al estado en la ‘era de la economía verde’, para mantener, como se dice, la selva ‘en pie’”.

Esto se consolidó con la promulgación, en 2010, de la Ley Sisa que derivó en la creación del Sistema Estatal de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA). Dicha acción constituyó la primera vez, a nivel mundial, en que la estrategia REDD, creada en el año 2005, se aplicaba para todo un estado.

Durante los años siguientes, la estrategia recibió la promoción a través de REM (REDD Early Movers), un programa estatal alemán que buscaba financiar a las iniciativas pioneras de REDD a nivel global. Con ello, recibió un financiamiento millonario por medio del banco público alemán KfW, el cual transfirió 16 millones de euros al gobierno estatal para consolidar la implementación de REDD en la Amazonía.

A la par, también recibió el apoyo de delegaciones internacionales encabezadas por el Banco Mundial, la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y otros promotores de la estrategia REDD quienes visitaron el estado de Acre, creando con ello la imagen de “historia de éxito” que se desarrollaba en aquel lugar de la selva amazónica.

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Sin embargo, de acuerdo a testimonios de pueblos originarios, comunidades campesinas y organizaciones como el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra Brasil, “las decenas de millones de euros que el gobierno de Acre ha recibido del gobierno alemán no han logrado detener la deforestación”.

“Todo este optimismo capitalista, sin embargo, no fue suficiente para ocultar la verdadera cara de la economía verde: un barniz ecológico que esconde la destrucción, el robo de tierras y la sumisión de las comunidades al régimen de acumulación del capital, transformando la crisis ecológica en negocio”, critica el CIMI de la Amazonas Occidental.

Lucro con la crisis climática

Durante el encuentro “Golpe verde en la Amazonia”, los pueblos y comunidades de la selva amazónica reiteraron que además de ser falsas soluciones a la crisis climática, los proyectos de economía verde empeoran la situación social, climática y territorial que viven actualmente.

En los testimonios subrayan como amenaza el avance acelerado de proyectos del tipo REDD+, PSA (Pagos por Servicios Ambientales) y las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), “que se han presentado como soluciones al desastre climático y ambiental en curso, acosando a nuestros líderes y organizaciones, cooptando a algunas de ellas y provocando graves conflictos internos”.

Para las y los participantes del encuentro, estos proyectos se tratan de esquemas de pago por contaminación, que generan pretextos para permitir que se sigan quemando combustibles fósiles y que continúe el crecimiento económico capitalista. “Los esquemas de compensación climática y ambiental, de hecho, van de la mano con la destrucción causada por los megaproyectos y las invasiones directas en nuestros territorios. Las falsas soluciones, como los mercados de carbono, prosperan a medida que aumentan las amenazas y la violencia”, sostuvieron mediante carta.

Un rostro más de la violencia

Entre las principales amenazas identificadas por los pueblos indígenas y las comunidades de la selva amazónica, la cuestión de la protección del territorio fue la más destacada durante el encuentro en Acre.

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“Esto se debe a que las invasiones territoriales han provocado cada vez más persecuciones y asesinatos cometidos por mineros, pescadores y cazadores ilegales, madereros y traficantes. Un ejemplo claro es la reciente desaparición del activista indígena Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, quienes, por estar realizando una investigación en tierras indígenas amazónicas, tras salir en un viaje en barco desde la comunidad amazónica de São Rafael, nunca más fueron vistos”, subrayaron mediante la misiva.

“Tenemos un arma, que es la unión de los pueblos”, compartió Derci Telles, cauchera y quien fuera la primera presidenta del Sindicato de Trabajadores de Xapuri (AC). Después de dos años de aislamiento debido a la pandemia del Covid-19, el encuentro del Golpe Verde tuvo la función de tender puentes y fortalecer la lucha de los pueblos de la selva, más allá de discutir las amenazas de la economía verde, porque el objetivo de la lucha sigue siendo el mismo: “En primer lugar, se trata de tierras demarcadas. Sin tierra demarcada, no tenemos salud, ni casa, no tenemos nada”, sostuvo el líder del pueblo Huni Kui en el municipio de Feijóo, Mário Huni Kuim.

^{En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales}

La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.

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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.

Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.

Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.

Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

No es la primera vez

En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.

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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.

En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.

“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.

“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.

CIDH

Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.

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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.

“Faltan los Atala”, dijeron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) luego de la sentencia de 22 años de cárcel para David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres Flores.

El juicio se dio tras cuatro postergaciones en un año de espera. Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Sentencia de Honduras. Se trata de un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

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“Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a Cáceres Flores, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA”, reza el comunicado del Poder Judicial.

Para Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, se trata de un momento crítico-histórico muy importante, “se abre el momento de la lucha más importante para nuestra organización para que los criminales intelectuales sean llevados ante la justicia”.

Zuñiga lamentó que en Honduras la vinculación del poder económico con el militar vuelvan intocables a los responsables del asesinato de Cáceres, quien recientemente fue reconocida como Heroína Nacional por el Congreso Nacional de Honduras.

A pesar de ello, no se honra su memoria y la imagen de la líder indígena lenca solo es usada en eventos oficiales sin ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.

Faltan los autores intelectuales

El martes 21 de junio, un día después de la sentencia, en un muro del banco BAC Credomatic en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Copinh pegó las imágenes de 13 hombres de la familia Atala, a quienes señala como autores intelectuales del asesinato de la defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios.

Previo a la manifestación en BAC Credomatic, donde Jacobo Atala es gerente, los integrantes del Copinh caminaron varias calles con lonas, pancartas y consignas con las que visibilizaron el camino para alcanzar la justicia apenas comienza.

Zúñiga agregó que, desde la muerte de Berta, han sido seis años de engaños sobre una investigación inexistente, bajo la omisión de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla.

Para lograr avances en el caso, entregarán propuestas concretas para alcanzar la justicia integral que serán presentadas antes las instancias correspondientes, asimismo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

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En un comunicado difundido, el Copinh enfatizó en sus primera líneas que no habrá justicia completa hasta la captura, juicio y condena, “está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”. Agregó que la autoridad ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima contra Castillo.

La familia de Berta Cáceres también ha estado presente en las protestas. En el BAC Credomatic, colocaron una cinta para marcar precaución, una acción simbólica para advertir a la sociedad del riesgo de recurrir a los bancos que financian asesinatos de defensores.

También hicieron pintas que tuvieron un confrontación de palabras con el cuerpo de seguridad del edificio que en sus muros rojos relucían en letras negras la frase “Atala asesinos”.

Cáceres padeció persecución y constantes amenazas contra ella y su familia, por lo que tuvo que salir del país por varios meses, debido a su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Aunque en su andar encabezó diversas luchas en los territorios indígenas, también fue cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

De acuerdo a Amnistía Internacional, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

^{En portada: Indígenas Mura muestran un área deforestada en tierras indígenas no demarcadas dentro de la selva amazónica cerca de Humaita, estado de Amazonas, Brasil.}

El miércoles (15), la embajada de los EEUU en Brasil anunció un acuerdo entre los dos países para crear un grupo conjunto dedicado al combate a la deforestación ilegal en la Amazonía y en otros biomas del país sudamericano.

“El nuevo grupo de trabajo bilateral sobre el cumplimiento de la legislación y el combate a la deforestación ilegal estará copresidido por el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres; y por el enviado presidencial especial para el Clima de EEUU, John Kerry”, se lee en comunicado emitido por la embajada de los EEUU.

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Acorde al anuncio, el objetivo principal del grupo de trabajo es alcanzar una tasa de deforestación cero para el año 2028.

Entre las actividades anunciadas por la embajada se enuncian el combate al crimen nacional e internacional de tráfico de animales salvajes, minería ilegal y comercio ilegal de madera; así como el desestímulo del uso del sistema financiero internacional asociado a actividades ilegales con productos forestales provenientes de la Amazonía.

Deforestación acelerada

La región de la Amazonía en Brasil registró un récord histórico de deforestación en los primeros cinco meses del 2022.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), sólo en mayo fueron arrasados 900 kilómetros de vegetación nativa en la selva tropical más extensa del mundo.

Con ello, la Amazonía registra una pérdida de 2,867 kilómetros en lo que va de 2022, una tasa 13% mayor que en los cinco primeros meses de 2021, lo que representa un registro inusual comparado al año 2016 cuando se comenzó a realizar dicha medición.

Contradicción

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, en enero de 2019, comunidades indígenas, negras y tradicionales, así como una multitud de organizaciones sociales y ambientalistas han denunciado la permisión desde las instituciones del Estado brasileño frente a actividades ilícitas como la minería y la tala de árboles en diversas regiones de la Amazonía. A ello se suman las iniciativas del gobierno federal y del congreso nacional para promover y regularizar actividades extractivas dentro de territorios indígenas.

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Datos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam) subrayan la velocidad con que aumenta la deforestación: al comparar los periodos entre agosto de 2018 y julio 2021, la deforestación de la Amazonía aumentó un 56,6 % respecto al mismo periodo de 2015 a 2018.

De acuerdo a datos de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, solo en 2021 se perdieron 3,75 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en el mundo. De esta cantidad, más del 40% se produjo en Brasil, donde se registraron la pérdida de 1,5 millones de hectáreas de bosque tropical.

“La pérdida de bosque primario en Brasil es especialmente preocupante si se tienen en cuenta las nuevas pruebas de que la selva amazónica está perdiendo resistencia y puede estar más cerca de un punto de inflexión de lo que se pensaba; en el que las interacciones entre la deforestación, el cambio climático y los incendios lleven a la transformación irreversible de zonas masivas del Amazonas en una sabana. Esto no sólo supondría una enorme pérdida de biodiversidad y de emisiones de carbono, sino que también alteraría los patrones de precipitación, críticos para la producción agrícola”, enfatizan las instituciones que realizan el monitoreo de la deforestación en esta región.

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

Mientras comunidades impactadas por la actividad minera se vieron obligadas a restringir su lucha en defensa del territorio durante los dos años de pandemia de Covid-19, para atender urgencias económicas y de cuidados de la salud, la industria minera ha podido beneficiarse de las restricciones sociales y posicionarse con más fuerza en los territorios.

Esta es una de las conclusiones del informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), que reflexiona las vivencias de comunidades mexicanas en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros se han aprovechado de la situación.

Durante el periodo de pandemia se profundizó la asimetría entre “los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste”, sostiene el informe.

¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia?

Una de las respuestas dadas por sus autores – Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos – es que el sector minero logró una posición privilegiada al ser incluido en las actividades ‘esenciales’, “echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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En un primer momento las industrias automotriz, minera y de construcción fueron designadas como “no esenciales”, aunque se exceptuó de esto a los proyectos insignia del presidente, presentes en el paquete económico 2020 y 2021, tales como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, para estos tres sectores la suspensión duró solamente entre seis y nueve semanas, y el camino a su apertura coincidió con una carta enviada por 11 senadores estadounidenses al entonces secretario de estado Michael Pompeo, en donde se presionó para un cambio en la clasificación que había decidido el gobierno mexicano.

A esta acción de presión del gobierno estadounidense se sumó la de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), también de los EEUU.

También, añade el informe, la Cámara Minera Mexicana (Camimex), cuyos miembros incluyen grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, realizaron diversas gestiones para lograr la inmunidad frente a las medidas sanitarias, entre ellas, escribir al entonces embajador de los Estados Unidos en México Christopher Landau, para solicitar que la minería fuera considerada “esencial”.

Dos semanas después de la entrada en vigencia del T-MEC, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo del 2020, en su artículo cuarto, “esta triada se incorporó dentro del grupo de las actividades esenciales, bajo las premisas de su relevante rol en la reactivación económica y, para el caso de la minería, en su supuesta importancia en la cadena de suministros de metales para diversas industrias” y, desde entonces, “no hubo tregua” para las comunidades.

Permisos

Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, “las ventanillas administrativas les fueron abriendo nuevamente”.

De acuerdo con el informe, desde junio 2020 a diciembre 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Zacatecas.

Avance de las empresas en los territorios

El informe trae diversos ejemplos del avance de las mineras sobre los territorios durante la pandemia. Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios.

En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

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En muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el “aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio”.

En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, “mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades”.

Grupos de defensa ambiental de los diversos estados consultados para el informe, “observaron una profundización en el control territorial por el crimen organizado a nivel local desde el inicio de la pandemia, con serias implicaciones para su trabajo”.

Policía Minera

El grupo especial denominado Policía Minera, una policía destinada especialmente a la protección de las instalaciones mineras, fue creada en 2020. El reclutamiento de efectivos fue publicado por primera vez en julio de ese año durante un evento virtual titulado “La reactivación de la minería ante la nueva normalidad”.

Para fines de septiembre de 2020, se graduaron los primeros 118 efectivos federales con entrenamiento militar bajo la dirección del Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual supone tener responsabilidad de resguardar instalaciones públicas, no privadas.

“Este esfuerzo fue justificado por el gobierno argumentando que ‘la minería representa una de las industrias clave para el desarrollo del país y para su economía, pues México está entre los primeros lugares en la producción y exportación de diversos materiales’, y

que tal medida ayudaría a disminuir el hurto de minerales desde las instalaciones mineras”, dice el informe.

Mayor lucro

La Camimex reportó, en su Informe Anual 2021, que el valor de producción minero-metalúrgico en México creció en 2020 a su punto más alto desde 2010, subiendo 42.5% comparado con el crecimiento del 2019, para un total de 13,095 millones de dólares estadounidenses.

El sector minero “fue uno de los pocos sectores económicos en el país que experimentó crecimiento en 2020, además del sector agropecuario, con aún mejores pronósticos para 2021”.

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Además, el sector minero “confirma su capacidad mediática y se posiciona como actor estratégico dentro de la llamada ‘transición energética’ y el supuesto viraje hacia el uso de energías ‘verdes’, ‘renovables’ o ‘amigables con el ambiente’”.

Pandemia minera

El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, la cual lanzó el informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera, que abarca 16 casos de estudios de nueve países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.

^{Por Francisco Simón y Luis Ovalle / En portada: Población Chuj se manifiesta pacíficamente contra la construcción de las hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis. Julio, 2018. Foto: Santiago Navarro F.}

La buena noticia llegó el 31 de marzo, a la población maya Chuj, Q´anjob´al y Akateko, de ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichk´isis. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas llamadas, San Mateo S.A y San Andrés S.A, de la empresa Energía y Renovación S.A.  Estas centrales hidroeléctricas son propiedad de la corporación Castillo Hermanos, una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca.

La construcción de esos proyectos inició en 2013, entre denuncias de violaciones a los derechos humanos de los tres pueblos mayas que habitan en una parte de la región fronteriza de Guatemala con México.

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La decisión del BID se dio después aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que el BID incumplió con sus propias normas y leyes,  al otorgar un préstamo de 13 millones de dólares, equivalente a 100 millones de quetzales, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.

Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.

Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida responsable bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al.

María Bautista Hernández, originaria de la aldea Yulch´en Frontera y representante de las mujeres Chuj de la microrregión de Yichk´isis, dijo que la decisión de banco “fue un logro después de 12 años de lucha y resistencia, que marcaron un escenario de asesinatos, criminalización, violencia y división comunitaria, provocada por la empresa a su llegada al territorio, en 2013”.

La dirigente comunitaria, recordó que cuando llegó la empresa ofreció desarrollo, pero lo que en realidad ocasiones fueron impactos en la vida de las personas y en los recursos naturales. “Es lo que hemos estado manifestando y rechazando, que no queremos estos proyectos, porque han causado daños a las comunidades. También a la vida de cada persona y de cada familia. Contaminando los ríos y la tierra. Todo esto, viene a afectar las vidas de las comunidades”.

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Según María Bautista Hernández, lo que demandan las comunidades de Yichk´isis al BID “es que dejen el cerro como estaba cuando llegaron y también que retiren las represas que habían hecho para desviar el río, deben quedar tapadas las perforaciones del cerro Anlaq”, indicó.

Al ser consultada por la presencia de las fuerzas combinadas del Estado en la microrregión, respondió que insisten “en el retiro de las instituciones públicas. Tanto de la policía como del Ejército. Estas dos instituciones sabemos muy bien que están para cuidar a la empresa. Y a nosotros no nos beneficia. Al contrario, nos han intimidado, y solo hemos obtenido inseguridad al tener estas instituciones en el camino”.

^{Texto publicado originalmente en Prensa Comunitaria.}

Miles de personas migrantes salieron este lunes (6) de Tapachula, para solicitar visas humanitarias para transitar libremente por México durante un año. De acuerdo a la documentación de organizaciones, se trata de la octava caravana que sale desde el Soconusco en Chiapas, sólo este 2022 y quizá la más numerosa.

García Villagrán, defensor de los derechos humanos que acompaña la organización de la caravana, considera que más de 15 mil migrantes caminan en ella, “y se va anexando la gente; es necesario que esta crisis humanitaria se atienda conforme a la ley con visas humanitarias inmediatamente a todos y cada uno”.

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Exigen, además del acceso a procedimientos migratorios, un trato digno de las autoridades. “Sí se puede”, se escuchó al unísono, cuando cruzaron por un cerco de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la salida a la carretera a Huixtla que, de otro modo, no hubiesen podido cruzar.

Salieron alrededor de las 6hrs del lunes del Parque Bicentenario, bajo una lluvia leve y constante. Caminaron 14 kilómetros hasta la comunidad Álvaro Obregón donde nuevamente llovió por la noche.

Comunidades religiosas y organizaciones de derechos humanos brindaron agua y algunos alimentos. Hay familias que decidieron comprar arroz y pasta para preparar en la calle. Mientras, la Guardia Nacional los vigila de lejos.

Este mismo lunes, en la estación migratoria Siglo 21, personas de distintas nacionalidades se amotinaron y se subieron a los techos del espacio dependiente del INM para pedir libertad, lo que provocó la presencia militar.

Villagrán espera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atienda personalmente a los miles de migrantes que se dirigen al norte del país y que planean una visita a Palacio Nacional.

Visa humanitaria por un año

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano declaró acción urgente. “Ante la falta de vías para la regularización migratoria y acceso a refugio, salió un grupo”, el cual está integrado principalmente de familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas LBTIQ+ y con discapacidad. Villagrán agregó que también hay mujeres embarazadas.

Las organizaciones que integran el Colectivo continúan la documentación del grupo que este martes (7) caminó rumbo a Huixtla. “Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar protección y evitar el uso injustificado de la fuerza”.

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Este martes, nuevamente el calor y la humedad provocaron que algunos se adelantaran, otros pidieron aventón a los camiones, tráileres y vehículos de particulares; pero algunos se quedaron en el camino.

La asistencia médica también la otorgan las organizaciones. Las infancias son las más afectadas por la insolación y la deshidratación.

Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera, responsabilizó a la autoridad migratoria de que los extranjeros busquen salir en masa de la ciudad fronteriza. Asimismo, señaló la corrupción que existe al interior del INM, “tenemos un gobierno que ha perdido la cordura, perseguir a las personas migrantes”.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene citas hasta agosto y la oficina de regulación hasta finales de septiembre, por lo que temen la cantidad de personas que podrían estar varados y contenidos en Tapachula para esa fecha.

La mayoría de ellos se encuentran en situación de calle, pues los albergues y refugios también se encuentran hacinados. Buscan plazas y parques para acampar y pasar la noche, “o se mueren de hambre o se mueren de tanto odio que hay en Tapachula”, dijo Villagrán.

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

Hace cinco años personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, por mil 500 elementos de las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Nacional Civil del país.

Desde el 2 de junio de 2017 se asentaron en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala. “Para las mujeres y la niñez es muy duro estar aquí”, dijeron durante las actividades conmemorativas del desplazamiento forzado, en los días 1 y 2 de junio.

La justificación oficial para realizar el desalojo fue la “conservación” de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, lo que resulta contradictorio ya que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar.

Desde el año de 1985 opera la petrolera Perenco, empresa franco-británica que extrae hidrocarburos en la zona núcleo del Parque Nacional de Laguna del Tigre, zona que junto al Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga más de 50 comunidades en riesgo permanente de sufrir un desalojo como el ocurrido contra Laguna Larga.

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En 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la comunidad que el Estado guatemalteco, presidido entonces por Jimmy Morales, no acató. A partir del 2018 les ofrecieron fincas ganaderas que los propios desplazados debían pagar en abonos.

La situación no es diferente con Alejandro Giammattei. Su gobierno también propuso fincas de tierras que no son fértiles para los campesinos desplazados. Los indígenas no aceptaron, consideran que no existe verdadera voluntad para solucionar el problema de la comunidad.

Este año, la CIDH actualizó las medidas cautelares 412-17, por la falta de efectividad del Estado guatemalteco para proteger la vida de las más 500 personas desplazadas forzadamente de la comunidad Laguna Larga.

Por estas recomendaciones, el gobierno de Guatemala envió 12 raciones mensuales de arroz, cereal, harina de maíz, aceite y avena para todas las familias como una sentencia para permanecer un año más sin respuestas ni reubicación.

Las muertes

“Así como hemos visto nacer a seres queridos también los vemos morir”, dijeron las voces de las mujeres que bordan memoria y resistencia en el acampamento.

Luis Emanuel Hermosilla Suchite de dos meses de edad falleció en el campamento. Su muerte se suma a otras 12 que se suscitaron durante estos cinco años en la tierra de nadie.

El 18 de mayo, el niño Luis Emanuel fue atendido por la brigada de salud de México que acude cada 15 días para identificar los padecimientos de los 500 pobladores que viven bajo techos de palma y nylon para protegerse de las constantes lluvias y de las altas temperaturas.

El pequeño presentó fiebre y los médicos le dieron medicamento para controlarla. “Pero no fue posible”, dijeron Alfonso y Darlyn, padres de Luis Manuel. Las autoridades de Laguna Larga pidieron permiso a la Policía Nacional Civil, a la Conanp y al Ejército para entrar al panteón a enterrar al bebé.

Marvin Pérez, vocero de la comunidad, ya casi no recuerda el número de muertos, incluso de abortos que sufren las mujeres por las condiciones insalubres y la alimentación basada sólo en arroz, frijoles, avena y harina.

“Todo es por falta de atención médica y nosotros hacemos responsables al Estado de Guatemala. Es incumplimiento en todos los sentidos: en alimentación, educación, salud. Mis hijos estudian en el suelo, es algo que desespera, que preocupa, pero estamos dispuestos a seguir en la lucha y resistir hasta que se haga justicia”.

La brigada médica de Guatemala llega dos o tres veces al año. La diarrea y las enfermedades en la piel son casi permanentes entre las niñas y niños. Actualmente se propaga la varicela, virus que temen se convierta en epidemia como el paludismo que padecieron en el 2021.

El caso de Laguna Larga representa una de las grandes injusticias que se perpetran en los límites de Guatemala con México, dijo Aldo Ledón Pereyra de la organización Voces Mesoamericanas que brinda acompañamiento a las familias.

Las brigadas de salud son insuficientes para la cantidad de personas en el campamento. Aunado a eso están las pésimas condiciones del camino que conecta el campamento al El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, donde los guatemaltecos buscan asistencia.

En los constantes días lluviosos, tienen que salir caminando y varias personas enfermas han perdido la vida por no poder buscar atención médica al ser la única vía de comunicación.

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“Reconocemos que el caso de Laguna Larga no es aislado, se une a una estrategia más grande de violencia y de crisis, de violaciones a los derechos humanos, no solo en la región guatemalteca, también del lado mexicano sur-sureste donde cientos de miles de personas están siendo desplazadas con la justificación de megaproyectos”, agregó Ledón.

Crisis humanitaria

“Es posible afirmar que esta crisis se encuentra en su punto más álgido y puede desencadenar consecuencias aún más graves y lamentables”, coincidieron 12 organizaciones de México y Guatemala en un comunicado de prensa.

Las comunidades Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón se unieron a la protesta pacífica en el asentamiento de los desplazados. Realizaron pancartas y celebraron una asamblea, pues la situación para estas comunidades también se agudiza con los desalojos.

Ante este contexto, exigieron al Estado de Guatemala, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, resolver el problema de Laguna Larga. Asimismo, pidieron a la Comisión una visita in situ para verificar las condiciones del campamento, a la vez de solicitar Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo.