La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses.

Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022.

Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.

El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas.

Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales.

Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.

Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.

Expediente borrado

Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación.

Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.

En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.

Mercado global y crimen organizado

Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020.

En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron.

El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.

En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas.            De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.

Bosques en emergencia

En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).

Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.

Asedio desde distintos frentes

En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.

En 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica.

La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56% de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto.

Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferentes niveles. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.

Las defensoras y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y proporcionan albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones.

Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasas de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.

En los países

En México, la IM-Defensoras documentó un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual durante acciones colectivas. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, 38%.

En Nicaragua, se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones.  Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas, 58%. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas.

En Honduras, sedocumentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47%, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.

En El Salvador, las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigida a organizaciones. Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado.

^{Marcha del movimiento negro contra la violencia policial, celebrada en la ciudad de São Paulo el 24 de agosto, en protesta contra el asesinato de Bernardete Pacífico, lideresa acribillada con 12 tiros en Bahía.}

En Brasil, la difusión de una investigación señala que, entre 2018 y 2022, los asesinatos contra quilombolas se duplicaron con respecto a un estudio previo, el cual había registrado agresiones contra las comunidades afrodescendientes entre 2008 al 2017. En 15 años, 70 quilombolas -descendientes de africanos que se rebelaron y huyeron de la condición de esclavos durante la colonización portuguesa- fueron asesinados en todo el país.

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El estudio titulado Racismo y violencia contra los quilombos en Brasil, difundido el pasado viernes (17), enfatiza que el 70% de los asesinatos sucedieron en territorios no titulados, siendo el estado de Maranhão, al norte del país, el que registró el mayor número de asesinatos.

Elaborada por la Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq) y la organización Terra de Direitos, la investigación señala eventos de violencia contra los quilombos que muestran el recrudecimiento de las desigualdades practicadas históricamente contra las comunidades quilombolas en Brasil.

El estudio analizó 32 asesinatos registrados en 11 estados del país sudamericano y enfatiza que los conflictos por la tierra y la violencia de género están entre las principales causas de los asesinatos de quilombolas en Brasil. “Al menos 13 quilombolas fueron asesinados en el contexto de la lucha por su territorio y la defensa del mismo”, sostienen las organizaciones.

La investigación señala que, a comparación con el estudio previo que registró las agresiones violentas durante un periodo de 10 años, el promedio anual de los últimos cinco años se duplicó, al pasar de 3.8 a 6.4 asesinatos por año. “Se registraron cuatro asesinatos de quilombolas en los años con menor número de violencia en el período analizado. En los años de 2019 a 2021 se registraron picos de 8 asesinatos”, resaltan.

El estudio revela que, al menos, 15 de estos crímenes tuvieron como objetivo a líderes reconocidos por las comunidades.

“El Estado brasileño debe tomar medidas inmediatas para proteger a los líderes de todo Brasil. Es deber del Estado garantizar que haya una investigación rápida y efectiva y que los responsables de los crímenes que han victimado a los líderes de estos Quilombos y a tantos otros rindan cuentas debidamente. Es crucial que se haga justicia, que se conozca la verdad y que se castigue a los responsables. Queremos justicia para honrar la memoria de nuestros líderes que perdemos, pero también para poder decir que, en Brasil, no se tolerarán los actos de violencia contra los quilombolas”, reclamó el coordinador ejecutivo de Conaq, Biko Rodrigues.

Feminicidios, al alza

En el reporte, destaca también el elevado número de feminicidios, pues nueve de los asesinatos fueron contra mujeres. “Los autores de la violencia [fueron] sus parejas actuales o ex parejas. Aunque se refiera al ámbito privado de las relaciones, las organizaciones entienden que la violencia contra las mujeres es un reflejo de la lucha política que llevan a cabo en el quilombo en defensa del territorio y de la supervivencia de las comunidades”, detallan las organizaciones.

La proporción de mujeres quilombolas asesinadas también se ha duplicado en el periodo registrado durante los últimos cinco años, en contraste con el registro de 10 años, entre 2008 a 2017, cuando fueron asesinadas ocho mujeres.

Las organizaciones señalaron que la investigación se inició tres meses después del asesinato de Maria Bernadete Pacífico, acontecido el pasado 17 de agosto. Bernadete, coordinadora de la Conaq, pertenecía a la comunidad de Pitanga dos Palmares Quilombo y era madre de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, otro reconocido líder quilombola, asesinado en 2017 en el contexto de una lucha por el territorio. Acorde a la oficina jurídica de Conaq, las investigaciones sobre el asesinato siguen en curso por parte de la Policía Civil.

Cabe destacar que, pese a que el asesinato de Bernadete no está incluido en el período analizado en la investigación, en lo que va del año 2023 se registra el asesinato de siete quilombolas.

La disputa por tierras

Otro de los hallazgos señala que el 70% de los asesinatos fueron motivados por conflictos de tierras pues sucedieron en territorios que no cuentan con la regularización de sus títulos. Al mismo tiempo, entre 11 quilombos, total o parcialmente titulados, la disputa por el territorio representó el 27% de los asesinatos.

En 10 de las 26 comunidades donde se registraron asesinatos, no hay casos abiertos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización (INCRA), autoridad encargada de la regularización de tierras quilombolas en Brasil.

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Datos de la Fundación Palmares demuestran que existen 1,805 procesos abiertos en el INCRA para la regularización de tierras de territorios quilombolas.

BOX Hallazgos

Algunos de los datos que revela el estudio sobre las agresiones durante el periodo 2018-2022 son los siguientes:

*Se registraron asesinatos en 26 comunidades quilombolas. En las comunidades de Rio dos Macacos (Bahía) y Cedro (Maranhão) hubo 3 asesinatos; en el Quilombo Conceição de Crioulas (Pernambuco) hubo 4.
*En 6 de los 32 asesinatos fue posible identificar la ocurrencia de amenazas anteriores a los asesinatos.
*Maranhão es el Estado con mayor número de asesinatos (09), seguido de Bahia, Pará y Pernambuco, con cuatro casos cada uno.
*El Noreste es la región con el mayor número, con 21 asesinatos registrados, lo que representa el 65,6% de todos los casos. El Norte es la región con el segundo mayor número, con 4 asesinatos mapeados.