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Avispa Midia

(Español) Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

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Por Aldo Santiago

En portada: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Este cultivo se caracteriza por la alta demanda de agua, la erosión de los suelos y la vulneración de la soberanía alimentaria de las comunidades. Pese a ello, se ha expandido a escala global con apoyo de la agroindustria y financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Aldo Santiago

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.
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Colectiva La Zarzamora

(Español) Enfrentamiento entre Comunidades lavkenche e Infantes de Marina tras provocación militar

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Por:La Zarzamora/Fotografía: Aukin

Durante la tarde de este 19 de octubre comunidades mapuche de la franja lavkenche, comunicaron que se produjo un enfrentamiento entre pu weichafe y militares, luego de que las fuerzas represivas destruyeran una barrera de control sanitario levantada por las comunidades en Wentelolen como medida preventiva en territorio que ha desarrollado una larga lucha de reivindicación, recuperación y control territorial.

El enfrentamiento se habría producido en el territorio lleullueche entre Wentelolen por el norte y Curapaillaco por el sur, en el cual pu weichafe habrian confrontado la provocación tanto de policías como de militares.

Se hace una llamado a organizaciones de DDHH a estar al tanto de estos hechos y a hacerse presentes. Así mismo se llama a los medios libres a que entreguemos la mayor cobertura posible en esta “nueva pacificación” del WallMapu.

COMUNICADO URGENTE

Hoy 19.10.2021 a las 14: 30 hrs, empezaron los enfrentamientos de las comunidades contra Carabineros de Chile y efectivos del ejército……

Urgente llamado a observadores de derechos humanos y medios alternativos…

Se informa que se estarían produciendo enfrentamientos entre agentes del Estado y las comunidades en el Wallmapu, zona lavkenche.

Solicitamos estar atentos, ya que se están viendo las primeras consecuencias de la militarización de la Macrozona Sur.

Comunidades de LLeu-Lleu
Vocero de la CAM

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Avispa Midia

(Español) América Latina, ante el imperialismo digital

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Por Avispa

 Esta región sufrió con más fuerza que ninguna la caída mundial de los servicios de Whatsapp, Instagram y Facebook. Eso reveló su atraso digital, en parte resultado de políticas del imperio de Mark Zuckerberg, que la usa como un banco de pruebas.

Por Carlos Gutiérrez*

En estos últimos días la empresa Facebook Inc. vivió uno de los pasajes más negros de su historia. El nuevo capítulo del conglomerado de redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a mediados de septiembre, cuando el diario The Washington Post publicó “The Facebook Files”, un trabajo de investigación con documentos que muestran cómo los directivos de la empresa conocen los efectos nocivos de su plataforma y sin embargo han antepuesto sus intereses económicos a la seguridad de los usuarios.

Aquel trabajo periodístico también revela cómo Facebook Inc., aunque supervisa a casi todos sus usuarios, evita hacerlo con miles de cuentas VIP, lo que permite publicar material que puede incluir acoso e incitación a la violencia. “Los documentos ofrecen quizá la imagen más clara, hasta ahora, de qué tanto se conocen los problemas de Facebook al interior de la compañía, incluyendo al propio director ejecutivo”, dice la introducción de la investigación.

El domingo 3 de octubre, la ingeniera informática y exempleada de Facebook, Inc., Frances Haugen, confesó a CBS, una de las más importantes cadenas de televisión en Estados Unidos, que ella fue quien filtró a The Washington Postdichos documentos internos. Contó que los obtuvo a principios de 2021 cuando renunció a la empresa, a la que había ingresado en 2019.

Al día siguiente del “destape” de Haugen, las plataformas de Facebook, Whatsapp e Instagram sufrieron un apagón de seis horas. Es la segunda gran falla de este servicio en su historia; la anterior sucedió en 2008, pero entonces aún no tenían la importancia y penetración de la actualidad. El impacto mundial de esta semana afectó a 3.500 millones de usuarios, con pérdidas económicas globales superiores a los 1.000 millones de dólares, reporta Netblocks.

La caída de los servicios más populares de Facebook Inc. reveló la dependencia de millones de personas a estas plataformas digitales y su tremendo alcance económico. Por ejemplo, solamente Facebook perdió, por esta falla, unos 6.000 millones de dólares, calcula Bloomberg Billionaires Index. “El día en que Facebook desapareció de todos lados parece haber sido el resultado de un intento de Facebook de estar en todas partes”, publicó la articulista Molly Roberts en The Washington Post.

Facebook nació en 2004. Desde entonces, medios de comunicación, instituciones, gobiernos, líderes políticos y sociales, así como millones de ciudadanos en el planeta utilizan esta red social de manera cotidiana. Ha crecido de la mano de algunos escándalos como el que vivió en 2018, cuando investigaciones periodísticas revelaron que la consultora Cambridge Analytica adquirió datos de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, los cuales sirvieron para manipular a los votantes en las elecciones de 2016.

“El conglomerado Zuckerberg”, como le llama Luis Ángel Hurtado, académico de la Universidad Nacional de México, domina dos de cada tres mensajes enviados en redes sociales. “De esa magnitud debemos ver el papel que está jugando esta red sociodigital, la cual puede generar que un país completo quede incomunicado. O por lo menos una generación completa, porque quienes pagaron los estragos más fuertemente fueron las generaciones millennial y centennial”, explica el experto, promotor de la campaña “Verified” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Latinoamérica vivió el apagón de manera diferente a Europa y Estados Unidos. En la región afectó no solo las comunicaciones interpersonales, sino las actividades económicas. “Eso tiene que ver con la gran cantidad de comercio informal que hay en América Latina, que utiliza bastante Whatsapp y Facebook para colocar sus productos”, afirma Cristian León, director ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org. En Europa o Estados Unidos el fenómeno afectó más a nivel de comunicación interpersonal.

Según estimaciones de Statista GmbH, la falla de Facebook pudo haber generado pérdidas por unos 71,5 millones de dólares en Latam y el Caribe, donde –apunta en esa plataforma de datos la periodista Marina Pasquali– “es más fácil encontrar una aguja en un pajar que una persona que no use Facebook, Instagram ni WhatsApp”. La misma publicación muestra que, en mercados como Chile, Uruguay y Puerto Rico, más del 80 por ciento de la población usa las redes sociales. “Millones de influencers y pequeñas empresas en la región también dependen de estas plataformas para desarrollar su negocio”, apunta Pasquali.

La informalidad “es un problema endémico” de esta zona, escribió Vinícius Pinheiro, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un artículo publicado en septiembre de 2021. Menciona que “antes de la pandemia, en promedio, 1 de cada 2 empleos era informal”, y por la crisis sanitaria, las ocupaciones informales resultaron las más afectadas “por la destrucción de empleos y la abrupta pérdida de ingresos”. En el segundo trimestre de 2020, por ejemplo, la covid-19 arrasó con 43 millones de empleos.

En el informe Tecnologías digitales para un nuevo futuro, publicado este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que esta región tiene un “contexto desafiante”. Esto se debe a que la revolución tecnológica ha provocado un “auge de las plataformas globales, dando lugar a una excesiva concentración de poder económico y político en no más de una veintena de corporaciones de dos o tres potencias mundiales”. El mercado de estas empresas, calcula la Cepal, “supera o se acerca a un billón de dólares”.

En América Latina, el crecimiento digital no ha tenido una estrategia definida, sino que ha respondido a urgencias y necesidades tecnológicas, señala Cristian León. Por ello se utiliza más Facebook o Whatsapp que plataformas más complejas. “La mayoría de los países no tienen un buen gobierno digital, como sí lo tienen en Europa, donde han priorizado la generación de plataformas para servicios básicos. Es una lógica distinta”, explica.

Aun así, los latinoamericanos usan Facebook en cifras significativas, con Brasil y México al frente. De acuerdo con Statista, el primero registró más de 160 millones de usuarios en agosto de 2021, mientras que el segundo tuvo 105 millones. Colombia ocupa el tercer lugar con 40 millones y el cuarto Argentina, con 37 millones. En esta región el gasto en publicidad ha crecido “de manera significativa”. El reporte Estado de las Redes Sociales y el CX, realizado por Socialbakers, señala que, en el primer semestre de 2021, este gasto creció hasta 68 por ciento, en comparación con el 59 por ciento que reportó Norteamérica y el 44 por ciento registrado por Europa Occidental.

El 5 de octubre, en una audiencia que Haugen tuvo con el Senado de Estados Unidos, se dijo que Facebook Inc. tuvo ingresos por publicidad entre 51 y 58 dólares por usuario en el último trimestre, en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con los dichos de la exempleada de este conglomerado, la empresa busca que los usuarios más jóvenes accedan a redes como Instagram, porque ellos son el gancho para atraer a sus padres a Internet.

Latam tiene una situación contradictoria, porque a pesar del alto uso de plataformas digitales existe un importante rezago tecnológico. Cristian León encuentra una explicación a este fenómeno: estamos viviendo un “colonialismo digital” y esta es una zona de experimentación para compañías como Facebook Inc. “Muchos de los experimentos que ha hecho Facebook, por ejemplo, cuando creó una nueva pestaña para ver noticias, la probó primero en América Latina antes de llevarla al norte global. Facebook ve a esta zona como un lugar para probar cosas. Nos ven como el patio trasero digital. Las mismas lógicas geopolíticas de antes se están llevando a las lógicas de políticas digitales”.

León encuentra otra de las razones para este rezago en el tipo de infraestructura que ha generado cada país. “Como subcontinente hemos llegado un poco tarde y directamente hemos ingresado en la tecnología móvil. En muchos países, con excepción de Brasil, Chile y Uruguay, se ha priorizado generar conectividad móvil en vez de generar conectividad por fibra óptica. La ventaja de la fibra óptica es que es mucho más barata y da mucho más ancho de banda, es mucho más estable y permite una mayor inclusión digital”.

Esto también puede explicar por qué América Latina resultó más afectada económicamente durante las seis horas del apagón del 4 de octubre. CNN, con base en información de Cost of Shutdown, de la organización no gubernamental Net Blocks, calcula que Brasil y México son los países de América Latina que más dinero pudieron haber perdido. El primero, con pérdidas por 24.674.513 dólares y el segundo con 13.803.751; el tercer sitio corresponde a Argentina, con 7.653.705 dólares y Venezuela, con 5.790.294 dólares. Colombia se ubicó en la quinta posición con 3.711.567 dólares.

Estas cifras traen enseñanzas, como que los latinoamericanos tienen que cambiar su cultura tecnológica. Pasar de analfabetas digitales a usuarios responsables e informados en el uso de estas tecnologías. Se requiere mayor educación, advierte desde Perú Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas en la organización internacional Access Now. “Para muchas personas, Facebook o Whatsapp son todo el internet. Necesitan entender que hay otras alternativas”, señala.

Como reflexiona Luis Ángel Hurtado, “la caída de Facebook nos hizo ver el gran poder que hemos depositado en Mark Zuckerberg. Hay que pensar si debemos seguir depositando tanto poder a una sola persona. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la gran oportunidad de expresarnos todos los ciudadanos. Toda la gente que accede a internet y, por supuesto a las redes sociodigitales puede expresarse públicamente. Pero eso conlleva un gran poder y una gran responsabilidad, como diría en su momento Franklin D. Roosevelt.”  Verónica Arroyo, por su parte, recomienda diversificar el uso de herramientas digitales. “Es lo que nos va a salvar de que esta experiencia se repita o que un día Facebook deje de funcionar y nos quedemos realmente fuera de un montón de cosas”.

El riesgo es alto. La ONU advierte que, así como los datos que proporcionamos en las plataformas digitales pueden servir para rastrear y diagnosticar problemas en temas de agricultura, salud o medioambiente, entre otros, o para realizar tareas cotidianas como moverse en el coche o pagar facturas, también pueden ayudar a infringir los derechos humanos. En un texto titulado “Influencia de las tecnologías digitales”, señala que esto ocurre “controlando nuestros movimientos, compras, conversaciones y comportamientos. Los gobiernos y las empresas disponen de más herramientas para extraer y explotar datos con fines financieros y de otro tipo”.

Al final de esta semana negra para Facebook Inc., la revista Time lanzó una portada provocadora, en la que sugería borrar a Facebook. ¿Es posible enviar al basurero a esta red social? “Yo creo que sí, pero hay que entender a Facebook como uno de los servicios, como una de las plataformas”, responde Cristian León. “Pero será difícil eliminar el conglomerado de Facebook, Instagram, Whatsapp y varias otras empresas que ha venido adquiriendo”. Para él, el capital que “ha amasado” Zuckerberg le permite crear cualquier otra tecnología y seguir vigente.

Quizá el apagón de los servicios de Facebook Inc. sea el preámbulo de una nueva cultura en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Los grandes imperios como el de Mark Zuckerberg surgen porque los ciudadanos no usan responsablemente sus servicios. El tema es importante e involucra a todos: gobiernos, ciudadanos y empresas para que juntos encuentren nuevos canales para comunicar, vender y socializar.


* Miembros de la mesa editorial de CONNECTAS

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.

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Avispa Midia

(Español) Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

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Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

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Avispa Midia

(Español) Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

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Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

En contexto:Tras 5 días de protestas, cae reforma tributaria en Colombia

Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

 

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FrayBa y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro

(Español) Defensores comunitarios tseltales de Chilón exigen el cierre de los procesos penales en su contra por defender su territorio

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso  respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF

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Grupo de Trabajo "Cuerpos, Territorios, Resistencias"

(Español) Con motivo de las contracelebraciones del 12 de octubre

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En este video de 49 minutos, el Grupo de Trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias” aborda sentipensadamente, de mano de liderezas y pueblos en resistencia, los despojos y las luchas por la vida que se dan en diferentes geografías, tiempos y modos. De esta forma se suman a la Travesía por la Vida que los pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, así como mujeres indígenas y afrodescentientes a la vez que diversidades sexo-genéricas, dan en estos momentos de crisis pandémica y colapso civilizatorio.

Escucha en este video las voces y análisis de mujeres mayas de Chiapas, Guatemala y Yucatán, así como de mujeres mapuches del Wallmapu y arahuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta. A la vez, conoce los aportes de las y los trabajadores de las ciencias sociales que co-laboran con ellas.

Este 12 de octubre decimos SÍ a la VIDA, NO a los proyectos de muerte. Conoce cuáles son esos proyectos de muerte en los diferentes territorios-cuerpos-tierra.

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Avispa Midia

(Español) Tras demora judicial, COPINH exige sentencia en caso Berta Cáceres

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Por Ñani Pinto

Indígenas Lenka que resisten a que el Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.

A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.

Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.

En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.

“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.

En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.

En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.

Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.

La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.

Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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Avispa Midia y Prensa Comunitaria

(Español) “Para nosotros no es cansado estar aquí”: Resistencia antiminera en Guatemala

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Por Avispa

Fotos e información de Prensa Comunitaria

En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal

Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.

En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.

La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.

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“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.

Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.

Plantón permanente antiminero en el municipio de Izabal.

Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.

Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.

En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica y amenazas de desalojo

El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

Elementos de la PNC argumentan a favor de la empresa minera entre los participantes del plantón antiminero.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.

Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.

Al cierre de esta edición, Prensa Comunitaria alertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.

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La Zarzamora

(Español) 12 de Octubre 2021: Piñera decreta Estado de Excepción Constitucional en Wall Mapu, Territorio Mapuche

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Por: La Zarzamora

Este martes 12 de Octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el “gobierno” autocrático de Piñera, impuso nuevamente un Estado de Excepción Constitucional, específicamente en el territorio mapuche (Wall Mapu) bajo la excusa del combate al “narcoterrorismo”, esto en el contexto de un potente aumento de lof en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Abya Yala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales.

Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino, en las rutas de la llamada Macro Zona (antes zona roja), acompañados del ya “tradicional” asado y el también ya conocido cuidado de Carabineros de $hile; así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel que se vió interrumpida intermitentemente, mientras los “manifestantes” se “distraían socialmente” a orilla de camino. Esto sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores.

Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva a Wall Mapu, contra las graves “alteraciones al orden público” en las cuales no caben las alteraciones que realizan grupos paramilitares, ni camioneros, ni empresarios. Las “alteraciones”, en realidad corresponden al aumento de los procesos de recuperación territorial de las comunidades empobrecidas por la industria forestal y el latifundio colonialista.

Los territorios amenazados con este nuevo Estado de Excepción constitucional comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin, territorios que han potenciado sus procesos de recuperación y control territorial, generando la reacción del empresariado del rubro forestal y de transporte, sectores representados en la oligarquía gubernamental, que no dudó en fortalecerles y ocuparles como motor para justificar esta nueva arremetida represiva.

Esta imposición racista y colonialista se hará efectiva por 15 días, y podría aumentarse por 15 días más si el congreso chileno lo respalda. Así mismo, el nefasto presidente autoimpuesto de $hile, instaló jefes de defensa tanto en la región de la araucanía como en la del Bío Bío, quienes tienen la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, significando esto una verdadera amenaza para la vida de las comunidades, la niñez mapuche (ya fuertemente violentada por el aparato represivo) y para el territorio.

Si $hile incurre en la agudización de la violencia racista, nuevamente el estado fascista estaría ignorando su suscripción a diferentes acuerdos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT (que resguarda los derechos humanos, laborales y justicia social de “los pueblos indígenas y tribales”) y eventualmente la Convencion de los derechos del niño y la niña, como lo hemos presenciado en cada incursión violenta del estado en territorio mapuche.

Hacemos hincapié en la defensa de la niñez mapuche, recordando y repudiando los COBARDES e INTOLERABLES HECHOS ocurridos el día 7 de enero de este año ejecutados por las fuerzas represivas de $hile, en los cuales fueron vulneradas física y psicológicamente niñas y niños mapuche, por ratis y pacos del estado, en donde impactaron fuertemente las imágenes de la violencia ejercida hacia la pequeña hija de Camilo Catrillanca y un audio que dejaba crudas evidencias de torturas sicológicas y físicas hacia niñas mapuche.

A 529 años del inicio de la invasión a Abya Yala, los pueblos ancestrales continúan resistiendo y luchando contra el colonialismo.-

No más militarización del wall Mapu.

¡¡Niñez mapuche libre!!

¡¡Fuera forestales y proyectos extractivistas del territorio!!

* No separamos opinión de información. Nuestras noticias contienen un posicionamiento político editorial. No insista.