Fotos: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
En su último mensaje a la nación, el 28 de julio, la presidenta del gobierno de facto del Perú, Dina Boluarte, anunció que Petroperú y Petroecuador firmaron un acta de cooperación internacional.
El Ministerio de Energía y Minas del Perú indicó que comprará a Ecuador crudo que será procesado en la refinería de Talara (región Piura, norte peruano) y exportado desde el puerto de Bayóvar (Piura). El proyecto incluye la construcción de un ducto de hasta 70 kilómetros de extensión para transportar 200,000 barriles por día desde la provincia ecuatoriana de Orellana.
“Con su capacidad actual, el oleoducto norperuano genera un promedio de 146 derrames por año. Anunciar que triplicará su capacidad operativa es una irresponsabilidad mayúscula que representa una grave amenaza para nosotros y para toda la Amazonía”, advierten en un comunicado.
Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.
En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.
De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia.
“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.
Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos.
Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.
Hace unos días la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kristin Noem, viajó a Guatemala para firmar un memorandum de entendimiento con el gobierno de Guatemala, que acuerda el lanzamiento del Programa Conjunto de Seguridad, el cual permitirá interceptar a personas vinculadas a las denominadas redes transforterizas del crimen organizado o con vínculos terroristas, en puertos y aeropuertos de este país.
A pesar de que Noem sostuvo que el acuerdo fue en torno a que Guatemala sería considerado el “tercer país seguro”, contrario a ello, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Francisco Jiménez, negó que se hay asumido dicho compromiso. Mientras que el documento puntualiza que el objetivo es establecer el Programa de Seguridad Conjunta (JSP, por sus siglas en inglés), mediante el cual se pretende ampliar la participación bilateral en cuestiones de control de seguridad fronteriza.
Los agentes de los Estados Unidos (EEUU) tendrán la posibilidad de participar presencialmente y actuar directamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala. Así mismo, se espera que los oficiales que participen en este programa, incluyendo los guatemaltecos, trabajen bajo la dirección y coordinación del jefe de Misión de los Estados Unidos en la República de Guatemala, y bajo la supervisión operativa de la división del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP, por sus siglas eninglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Dirección General de la Policia Nacional Civil guatemalteca.
Fuente: Avispa Midia Texto por Camila Plá y Javier Perea Fotografías por Alberto Hidalgo y Javier Perea
“En este territorio intentaron hacer silencio con la bala, pero como no lo consiguieron empezaron a hacerlo con saña. No lo han conseguido tampoco, ni lo conseguirán”, dijo Selvin Milla, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y compañero del Consejo de Pueblos K’iche (CPK), mientras nos explicaba la larga y compleja historia del pueblo K’iche en Iximulew, conocido en castellano como Guatemala.
Estábamos reunidas a un día del “Reencuentro con Lolita Chávez y nuestra comunidad Maya K’iche”, en el espacio del CPK, Guatemala. Era viernes 27 de julio y ya era tarde. Afuera los comercios cerraban y dentro un fuego acompañaba nuestra plática. El grupo anfitrión estaba esperando la llegada de los internacionalistas de Colombia, Honduras, El Salvador y México quienes fuimos convocados para acompañar y acuerpar el aniversario del retorno de Lolita.
Y es que esta defensora de territorio, vocera del CPK, feminista comunitaria y mujer de sonrisa generosa y abrazo enternecedor, estuvo exiliada durante siete años debido a múltiples amenazas contra su vida por defender los territorios que habita y la habitan. Hace apenas un año pudo regresar y seguir caminando con su comunidad para defender la vida. A lo largo de los años, el Concejo ha defendido el territorio frente a amenazas de empresas mineras como la canadiense Goldcorp, así como grupos madereros que talan los bosques que embellecen las montañas.
Aunque ya está en casa, las amenazas no han parado y son la última cara que ha tomado la violencia sistémica que vive el pueblo K’iche. Dichas acciones datan de siglos. En las últimas décadas se manifestaron como genocidio a las comunidades mayas por el gobierno guatemalteco. Justamente de eso nos hablaba Selvin, nos contó que el territorio K’iche ha sido cuna de resistencias desde tiempos que se pierden en la memoria de su pueblo y que durante el genocidio su tierra se pintó con sangre, pero que aún así nunca han podido silenciar el grito de fuerza de su gente.
Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.
El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.
“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.
En portada: Grupo Mashco Piro avistado en la ribera del río Las Piedras, Madre de Dios, Perú. Foto: Survival International
Una sentencia constitucional que respalda a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), en el Perú, se suma al primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un Estado, el de Ecuador, por vulnerar sus derechos.
El Tribunal Constitucional del Perú falló a favor de la inconstitucionalidad de la ordenanza 006-2023 de la Municipalidad Provincial de Ucayali, que les negaba el derecho a la vida y prohibía la creación de áreas protegidas para PIACI, con el argumento de que no existen en la jurisdicción.
La región Ucayali es la más violenta del país para comunidades nativas. Allí se encuentra una de las dos provincias donde se registra la mayor deforestación de la Amazonía peruana. Entre Coronel Portillo (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco) suman más de 500 mil hectáreas de bosques perdidas desde el año 2001. Además, en Coronel Portillo el cultivo de coca creció en 2.481% entre 2015 y 2021, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En consecuencia, ambas localidades encabezan los reportes de amenazas contra defensores ambientales en el Perú. Ucayali es la región en la que se cometieron más asesinatos de guardianes de territorios desde 2010: once del total de 54 crímenes, de acuerdo al informeSituación de los defensores indígenas en Ucayali 2024.
Esta región cuenta con 12.600 kilómetros de caminos ilegales, alrededor de los cuales se expanden la tala y otras actividades ilícitas en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas. Una de estas vías transcurre cerca de la reserva Murunahua, que protege a etnias en aislamiento como los mascho piro, chitonahua y amahuaca.
La búsqueda de la defensora de territorios mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace siete meses en la región de Los Ríos, es obstruida por las instituciones del Estado de Chile.
Las organizaciones que se movilizan por la activista demandan la separación de la fiscal Tatiana Esquivel, por haber detenido las investigaciones y supervisado diligencias policiales en las que violentaron a los familiares de Chuñil.
Desde el 8 de noviembre de 2024 no hay rastros de Julia Chuñil, de 72 años, y su perro Cholito. Por su posición como presidenta de la comunidad indígena Putreguel, en la comuna Máfil, al sur de Chile, era amenazada por el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien no ha sido incluido en las indagaciones fiscales.
En portada: Mineros trabajan en un punto de extracción de oro ilegal en Itaituba, estado de Pará,en la Amazonia brasileña. Foto: Lucas Landau
La deforestación de bosques primarios y la contaminación de ríos por minería ilegal de oro se expande en la Amazonía, en zonas de frontera de Ecuador, Colombia, Brasil y el Perú. A la vez, se registra una correlación entre la actividad formal e informal en territorios transfronterizos.
En el noroeste de la Amazonía, crece la contaminación de ríos por la minería aurífera de aluvión en la triple frontera entre Colombia, Brasil y el Perú, advierte un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El impacto grave se registra en las cuencas del Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis y Putumayo, en territorio colombiano; en los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay y Mazán, en el Perú; y en el Puruí y Japurá, en suelo brasileño.
Esta actividad minera no causa deforestación, pero daña directamente los caudales y la biodiversidad al emplear dragas y mercurio. La contaminación por este mineral se propaga en los alimentos y pone en peligro la salud de las poblaciones amazónicas.
En Colombia la zona más afectada por el mercurio es la cuenca del río Caquetá. Foto: Radio Macondo FM.
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los yurí-passé, altamente vulnerables, corren riesgo por los vertidos en el Parque Nacional Natural Río Puré, en el sureste de la Amazonía colombiana.
En esta zona, la mayoría de la actividad minera por aluvión se registra en la frontera con Brasil. En noviembre de 2024, a través de imágenes satelitales, se detectaron 29 dragas en el curso del río Puré, mientras que en marzo y abril de este año se hallaron 27 dragas.
A su vez, la actividad se expande en el río Cotuhé, que pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo y limita con el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil.
Los monitoreos encuentran una correlación entre la entrega de concesiones mineras formales en áreas transfronterizas y el crecimiento de minería ilegal. En Colombia se observan balsas mineras clandestinas que ingresan a áreas protegidas, provenientes de zonas de Brasil donde se registran licitaciones mineras legales. La crisis de la minería ilegal en la Amazonía no es abordada por los gobiernos desde la fiscalización de la economía legal, mientras la mayor parte del oro exportado desde la Amazonía a los mercados globales proviene de la minería ilegal.
Ecuador en estado de emergencia
De otro lado, al norte de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, crece la extracción aurífera ilícita alrededor de la reserva ecológica Cofán Bermejo, poniendo en peligro seis territorios ancestrales de etnias shuar y kichwa, indica un reciente informe del MAAP.
En esta provincia, cerca de la frontera con Colombia, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes, desde el 2020 se registra un rápido incrementode actividad minera en áreas de amortiguamiento, importantes para la conservación de la biodiversidad amazónica, como el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ACU Cascales).
Minería en zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cofán Bermejo. Se aprecia maquinaria en el bosque, muy cerca del río.
En esta última se encuentra la mayor superficie deforestada por organizaciones criminales que operan en territorio fronterizo.
El impacto ambiental se agrava en el país, donde entre 2002 y 2024 se perdió un total de 262,000 hectáreas de bosques primarios y el 5,6% de su cobertura arbórea, de acuerdo a Global Forest Watch (GFW).
La suma de superficie boscosa afectada por minería informal hasta finales del año pasado en Ecuador es de aproximadamente 754 hectáreas. El mayor aumento fue en 2024, con una expansión de 189 hectáreas.
A la par del crimen organizado, los territorios son vulnerados por los gobiernos. Al sur de la Amazonía ecuatoriana, recientemente se aprobó una nueva licencia ambiental para la etapa de exploración del proyecto Panantza. La Corte Constitucional anuló en 2022 un primer permiso, debido a que la licitación se ubica en áreas indígenas y no se realizó consulta previa.
El precio del oro y la seguridad nacional
La violencia por la minería ilegal en Ecuador llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno y estados de excepción. En mayo, una emboscada atribuida a organizaciones criminales dejó once militares muertos.
Bandas locales y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del lado colombiano, se disputan zonas auríferas como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. Solo en Alto Punino se han perdido 1,500 hectáreas de selva desde 2019, según el MAAP.
La minería ilegal permite la expansión de otras economías ilícitas, haciendo del oro una fuente de financiamiento para grupos armados.
En Colombia, la extracción de oro de aluvión es controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más del 70 % de esta minería es ilegal, afectando 63,000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño.
En términos monetarios, este tipo de minería puede extraer hasta tres kilogramos de oro por mes, lo que equivale a unos 275,000 dólares.
El crecimiento de la extracción de oro en Sudamérica, motivado por el alza de su precio en el mercado global, es una amenaza para las comunidades ancestrales amazónicas. En esa línea, el MAAP localizó el 68% de la deforestación por minería en Ecuador en tierras de comunidades indígenas.
En 2008, la onza de oro se cotizaba en alrededor de 812 dólares. Para 2024 se incrementó en más de 200%, alcanzando los 2,514 dólares. Las políticas arancelarias recientes y las compras de bancos centrales impulsan aún más la demanda. Así, este año el precio del mineral llegó a nuevos máximos de 3,000 dólares por onza, en una suerte de nueva fiebre del oro. La violencia y la destrucción en la Amazonía siguen su curso creciente a la par del valor del oro para la economía mundial.
En portada: “¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka’apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!” se lee en la pancarta que sostienen jóvenes Ka’apor.
Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.
Desde el año 2023 Wildlife Works y Forest Trends buscan implementar en el noroeste de Maranhão un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), estrategia encaminada a la generación de créditos de carbono y vinculado a las ideas de “neutralidad y compensación de carbono” que organizaciones y pueblos a nivel global han denunciado como falsas soluciones a la crisis climática.
Tuxa Ta Pame, un Consejo de gobierno Ka’apor creado en el año 2013, denuncia que el proyecto de la empresa norteamericana “líder global en desarrollo de proyectos REDD”, pretende abarcar una extensión de 531,000 hectáreas de selva amazónica para generar los créditos de carbono a través del mecanismo promovido por la ONU, empresas trasnacionales y ONGs conservacionistas.
Guerreros Ka’apor atan a madereros durante una expedición en la selva para buscarlos y expulsarlos del territorio indígena de Alto Turiaçu. Foto: Lunae Parracho
Mientras tanto, el pueblo Ka’apor mantiene la defensa contra la deforestación en la selva del Alto Turiaçú donde la protegen activamente contra amenazas que van desde cazadores furtivos, ganaderos y empresas madereras y mineras. Ahora, denuncian que las pretensiones de las empresas norteamericanas generan divisiones internas debido a que han mantenido reuniones secretas con algunos miembros de su pueblo, llegando incluso a firmar acuerdos sin la representación ni consulta a toda la comunidad indígena.
División
Un informe de la organización Salva la Selva asevera que, de acuerdo a testimonios de dirigentes de Tuxa Ta Pame, los dos grupos norteamericanos mantienen reuniones desde principios de año con representantes de la Asociación Ka’apor Ta Hury del río Gurupi, los cuales están a favor del proyecto. “Las reuniones se celebraron en la ciudad de Zé Doca, donde tiene su sede la asociación. Según los dirigentes de Tuxa Ta Pame, Wildlife Works y Forest Trends nunca les invitaron a participar en las reuniones”, complementa.
Entre otros señalamientos, recalcan que la empresa norteamericana ha recurrido a otros pueblos, como el Tembé, que habita las tierras Alto Río Guamá y Turé-Mariquita en el estado de Pará, fronterizo con Maranhão, para que le acompañen a celebrar reuniones con comunidades Ka’apor. Según las denuncias, los grupos norteamericanos han ofrecido cuantiosas sumas de dinero a los miembros del pueblo Ka’apor con quienes se reunen, sin embargo, no han presentado los detalles del proyecto a los líderes de Tuxa Ta Pame.
Consejo Tuxa Ta Pame del Territorio Indígena Alto Turiaçu en la Amazonía brasileña
Un reportaje del medio The Intercept Brasil confirma estas acusaciones al presentar la entrevista con el cacique Iracadju Ka’apor, presidente de la Asociación Ka’apor Ta Hury, quien compartió que el contrato con Wildlife Works se propone para una duración de 10 años, con una donación inicial de poco más de 70 mil dólares, “para llevar a cabo la vigilancia y protección del territorio por parte de los indígenas”.
Adicionalmente, la empresa norteamericana prometió ingresos por más de 350 mil dólares, mensuales, derivados por la venta de los créditos de carbono, los cuales prometió serán destinados para inversión en salud, educación y protección del territorio indigena. No obstante, remarca el reporte, “ni la Asociación, ni la empresa, ni la ONG facilitaron más detalles sobre el proyecto”.
Acusaciones contra Wildlife Works
La empresa norteamericana Wildlife Works enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos en algunos países donde tiene presencia. Tal es el caso en Kenia, donde empleados de la empresa han sido acusados de cometer abusos sexuales dentro de las actividades del proyecto REDD+ del Corredor de Kasigau, al sureste del país africano.
Una investigación realizada por SOMO y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) revela que Wildlife Works, en contradicción con su imagen social y ética, es responsable de graves violaciones de derechos humanos en el proyecto Kasigau, el cual genera créditos de carbono que vende, entre otros, a clientes como Microsoft, Netflix, McKinsey y Shell.
Ahora, en la Amazonía, yacen señalamientos de conducta ilegal por parte de Wildlife Works, quien pese a no contar con registro legal en Brasi, ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación Ka’apor Ta Hury, lo que de acuerdo a la legislación del país sudamericano restringiría sus operaciones en esos territorios.
En contraste, Itahu Ka’apor, miembro de los Tuxa Ta Pame, asevera que para los Ka’apor, sus relaciones no se basan en el intercambio monetario, sino en un sentido de colectividad, ancestralidad, autonomía y reciprocidad entre los seres humanos y los demás seres vivos presentes en el territorio, por lo que mantendrán la resistencia contra el proyecto REDD+ y su intención de mercantilizar la naturaleza.
