Después de esperar siete años para que continuara el proceso de demarcación de sus tierras, un grupo de 180 indígenas Pataxó recuperó la finca Santa Bárbara, territorio que se encuentra en la zona que debe ser demarcada como Tierra Indígena (TI) Comexatibá, en el sur de Bahía. El Informe de Identificación y Delimitación Circunstancial (RCID), publicado por la Fundación Nacional del Indio (Funai) en 2015, reconoce la presencia de ese grupo en la región desde el siglo XVI.
Una semana después de entrar en el territorio, los indígenas siguen temiendo la posibilidad de represalias por parte de los finqueros de la región. “En este momento nos sentimos intimidados en la retomada porque sabemos que los pistoleros y los ganaderos se están organizando, reuniéndose en alguna finca con la intención de atacarnos aquí”, dice uno de los coordinadores del movimiento. El temor no es injustificado: en 2000, la acción violenta de los ganaderos contra una recuperación de tierras cercana culminó con la muerte de un indígena.
Aun con el temor a las represalias, los indígenas están limpiando la zona del antiguo caserío, que está abandonado. Mientras algunos cortaban la maleza que ha crecido alrededor de los edificios, otro grupo recogía la basura. A través de aplicaciones de mensajería, todos se ponían en contacto con hermanos y hermanas indígenas de otros pueblos y territorios para unirse a la recuperación de tierras.
Al igual que la masacre de migrantes de San Fernando y Camargo, Tamaulipas, México, en los años 2010 y 2021, respectivamente, y la volcadura de un tráiler en Chiapas hace seis meses con 53 migrantes fallecidos, la historia se vuelve a repetir. En los Estados Unidos fueron hallados 53 migrantes muertos en el remolque de un tráiler abandonado.
El tema del tráfico de migrantes volvió a acaparar los medios internacionales. El pasado 27 de junio, en otro tráiler, ahora en San Antonio, Texas, fueron encontradas 64 personas, de las cuales, “al menos 53 fallecieron”, según el departamento de justicia estadounidense. Cuatro menores permanecen hospitalizados.
Los oficiales del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) informaron a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que llegaron a la ubicación del camión después de recibir llamadas al 911 de ciudadanos preocupados por llamados de auxilio que escucharon al interior del vehículo.
Según las autoridades de la Unión Americana, la Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo proporcionó a los agentes de HSI imágenes de vigilancia del camión cruzando un puesto de control de inmigración. Actualmente cuatro personas han sido detenidas al estar involucradas en el tráfico de estas personas, incluyendo el conductor. Los detenidos podrían pagar “con cadena perpetua o pena de muerte”, según el departamento de los Estados Unidos.
Cinco observadores de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) se retiraron de la comunidad tsotsil Nuevo San Gregorio, en Chiapas, ante la falta de garantías de seguridad y la agudización de los ataques contra el territorio zapatista.
Al parecer, las agresiones vienen de personas del ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre que buscan desplazar a los zapatistas y apropiarse del territorio.
Los ataques iniciaron en 2019 y, desde entonces, son constantes, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Por ello, el 3 de marzo de 2021, se instaló en la comunidad el campamento de las BriCo.
Sólo en 2022, las brigadistas documentaron 21 agresiones en contra de cinco familias –27 personas- que habitan Nuevo San Gregorio, localidad perteneciente al territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”.
En las videograbaciones del trabajo de observación, una joven denunció que fue amenazada con ser secuestrada por uno de los ‘invasores’. “Sentí miedo, sentí mucho miedo. Antes podíamos salir a caminar, a cargar leña con todos mis hermanos y mis papás, pero desde que empezó el problema ya da miedo. Regresé temblando”.
Los más pequeños plasmaron en dibujos el contexto de la comunidad. “No hay días que no vengan, así como se ve en los dibujos vienen con palos y machetes”, dijo una adolescente. Mientras un niño dijo sentirse muy triste por todo lo que están viviendo.
En el presente informe hacemos énfasis en que los hechos que privaron de la vida a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), ocurridos el pasado 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, van más allá de un acontecimiento aislado. Sostenemos que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con la actividad de defensa de derechos humanos que realizaba desde su pertenencia a La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) en medio de un ambiente de continuidad en las acciones de contrainsurgencia traducidas en la proliferación de grupos armados ilegales que buscan el control territorial, así como esfuerzos constantes por acabar con la organización de carácter pacifista instalada en el municipio de Chenalhó.
Hay que sumarle a su trabajo político, social y organizativo, el eclesial que realizaba desde la Parroquia de Santa Catarina, en Pantelhó. Caminar que se encontró en medio de una violencia desbordada en la región de Los Altos de Chiapas y el control territorial ejercido por grupos armados criminales durante los últimos años, junto a una violencia estructural que se vive en el estado la cual ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen como objetivo hacer frente al contexto de injusticia histórica.
Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de julio de 2022 Pronunciamiento conjunto
Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Preocupación por posible detención, desaparición o asesinato del defensor de derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales firmantes, condenamos la solicitud de orden de aprehensión en contra del defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio de 2022 al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, tal como lo ha afirmado la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en su comunicado. Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos.
El Padre Marcelo Pérez Pérez, defensor incansable de derechos humanos, ha realizado innumerables acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio frente a despojos de megaproyectos, familias víctimas de desplazamiento forzado de pueblos originarios, colectivos de familias de personas privadas de su libertad, así como brindando y facilitando procesos de mediación de pueblos y organizaciones que sufren situaciones de violencia, como lo ha hecho en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El bosque y Pantelhó, lo que ha permitido la disminución de la violencia en estas zonas.
COMUNICADO ANTE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN CHIAPAS Y LA PERSECUCIÓN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LA VIDA
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los-las creyentes de otra denominación religiosa.
A los hombres y mujeres de buena voluntad
A los tres niveles de gobierno.
El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de las y los pobres, y de cuantas y cuantos sufren, son gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos-las discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (cf. Conc. Vaticano II, GS 1).
En nuestro país cada día experimentamos la inseguridad y violencia en nuestras calles, escuelas, comercios y desgraciadamente también en nuestros templos, lugares que nos reúnen como comunidad para el encuentro con las hermanas y hermanos y con Dios.
El asesinato de 3 personas: 1 guía de turistas y 2 sacerdotes Jesuitas, en el Estado de Chihuahua, dentro de un templo católico, nos hacen ver la magnitud del problema que se acrecienta cada vez más.
Desgraciadamente también en nuestro querido estado de Chiapas se ha aumentado en los últimos años esta misma situación de violencia e inseguridad. Recordamos los asesinatos del año 2021: el 5 de julio de Simón Pedro, ex presidente de las abejas de Acteal, del Fiscal indígena Gregorio Pérez, muy cercano a su centro de trabajo; del periodista Fredy López Arévalo; y en 2022: de la señora Paula Ruíz y el mes pasado del presidente municipal de Teopisca, entre otras muchas personas más.
Como Diócesis de San Cristóbal de las Casas nos hemos propuesto seguir construyendo la pastoral de la paz.
Desde noviembre de 2019, la comunidad de Nuevo San Gregorio, territorio recuperado del EZLN, ha sufrido constantes agresiones por parte de un grupo de aproximadamente 40 agresores, resultando en el despojo de 155 hectáreas del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas y en una situación de grave riesgo a la vida e integridad de los habitantes.
Tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) como la Red Ajmaq han denunciado las agresiones repetidas veces, con amplia documentación recabada en el lugar de los hechos. Sin embargo, los tres niveles de gobierno se mantienen omisos, a pesar de la creciente gravedad de la situación.
En marzo de este año, se instaló en la comunidad un campamento de Brigadas Civiles de Observación (BriCO), quienes en cuatro meses documentaron 21 agresiones, que incluyen intimidaciones, amenazas de muerte, de violencia sexual y de tortura, agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes, cortes de agua, vigilancia, obstaculización, control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas.
La gravedad de las agresiones y las serias amenazas contra los observadores de derechos humanos, ocurridas los días 10, 15 y 19 de junio y documentadas por las propias BriCO, llevó al Frayba a suspender el campamento de observación este 29 de junio, lo cual ha sucedido en muy contadas ocasiones en los 28 años de trabajo de las BriCO, y lo cual deja aún más desprotegidas a las familias afectadas.
En este video, escuchamos cómo se viven las constantes agresiones en la comunidad de Nuevo San Gregorio:
Cómo viven las agresiones los niños de la comunidad: (Descarga aquí)
El 27 de febrero de 2020, representantes de la comunidad y la Junta de Buen Gobierno intentaron dialogar con los agresores. En la ocasión, se les entregaron tres propuestas, incluyendo la de ceder la mitad del territorio recuperado. Sin embargo, los agresores no lo aceptaron, pretendiendo apoderarse de totalidad de las tierras.
A pesar de todo, las familias afectadas continúan resistiendo, construyeno la autonomía y cuidando la tierra:
Entrevista con Tony y Julián, observadores que estuvieron en la comunidad de Nuevo San Gregorio desde el año pasado.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
29 de junio de 2022. Boletín No. 22
Ausencia del Estado mexicano pone en riesgo la vida e integridad de personas defensoras y comunidades autónomas que defienden la tierra y el territorio
Amenazas de muerte contra observadores nacionales e internacionales y obstaculización del trabajo de defensa de DDHH del Frayba.
Desde noviembre de 2019 la comunidad Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha sido agredida de manera constante, por parte de un grupo de personas provenientes de las comunidades aledañas del ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre, quienes han despojado cerca de 155 hectáreas que forman parte del territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas , del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” en Chiapas, México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado y denunciado de manera parmanente a los tres niveles del gobierno las agresiones, intento del desplazamiento forzado y del despojo territorial al proceso de autonomía zapatista.
ECUADOR: 16 días de paro nacional convocado por pueblos indígenas, Inicia diálogo pero continua la represión criminal de un gobierno antipopular. con info de Radio Temblor e Indymedia Ecuador.
ARGENTINA: Aniversario de la masacre de Avellaneda, recuerdan a Max y Dario.
ARGENTINA A 20 años de la #MasacredeAvellaneda miles volvieron a gritar #DarioYMaxiPresentes
ESTADO ESPAÑOL: La OTAN policía y arquitecto del capitalismo global. Protestas antimilitaristas contra cumbre de la OTAN en Madrid el 29 y 30 de Junio. Redes.
LGBQT+:
Recordando la revuelta marica de Stonewall en Nueva York que dio origen a la marcha del orgullo gay.
Orgullo: Del levantamiento contra la policía en Stonewall a las patrullas lgbtiq+ en $hile. La Zarzamora
ANARCO EFEMERIDES: Audio fragmento del programa la Conquista del Pan de Argentina.
DESDE EL OBLIGO DEL MONSTRUO
CHIHUAHUA: Asesinan a 2 curas jesuitas en sierra tarahumara en medio de un creciente clima de violencia de grupos armados.
OAXACA Comunicado de pobladores de San Pablo Cuatro Venados. ¨Exigimos verdad, justicia y el fin a los ataques paramilitares y hostigamientos hacia nuestra comunidad por ¡El derecho a vivir en paz!¨
OAXACA Comunidad de Puente Madera se opone a los corredores industriales del corredor interoceanico que les despojan su territorio.
Noty Frayba: Agresiones y amenazas a defensores de derechos humanos y habitantes de las comunidades zapatistas de San Gregorio. CDH Frayba
Música:
Rikchari (Despierta) ARTISTA Minga Artistica
Jóvenes valientes de Saquisilí
Cholas
En portada: El evento “Golpe verde en la Amazonia” tuvo lugar en junio en el estado de Acre. A la reunión asistieron líderes indígenas, con representantes del Cimi y de organizaciones pro-indígenas. Foto: Carol Ferraz/Amigos da Terra
Representantes de 20 pueblos originarios, campesinos, trabajadores rurales extractivistas y organizaciones sociales difundieron su posición de rechazo a la imposición de proyectos de economía verde en el estado de Acre, en la Amazonía brasileña.
Esta articulación fue resultado del encuentro denominado “Golpe Verde en la Amazonia”, efectuado en el municipio de Cruzeiro do Sul, desde donde las y los participantes denunciaron que los proyectos verdes atentan contra la autonomía, los territorios y la vida de los pueblos de la región.
En el evento se abordó las consecuencias de la implementación de programas y estrategias encaminadas a la “compensación” de carbono, las cuales se ejecutan a través de la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).
El estado de Acre constituye un ejemplo de los efectos reales tras la imposición de programas de la economía verde, cuya propaganda creó una imagen de éxito al combate de la crisis climática aún antes de su ejecución.
Consolidación
De acuerdo a un análisis entre organizaciones y comunidades reflejado en la publicación Golpe verde: falsas soluciones al desastre climático, el proceso de mercantilización de la naturaleza en el estado de Acre comenzó con el arribo del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno estatal en 1999, pues dicha administración “adoptó el discurso de que era necesario iniciar un nuevo ciclo económico en Acre, insertando al estado en la ‘era de la economía verde’, para mantener, como se dice, la selva ‘en pie’”.
Esto se consolidó con la promulgación, en 2010, de la Ley Sisa que derivó en la creación del Sistema Estatal de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA). Dicha acción constituyó la primera vez, a nivel mundial, en que la estrategia REDD, creada en el año 2005, se aplicaba para todo un estado.
Durante los años siguientes, la estrategia recibió la promoción a través de REM (REDD Early Movers), un programa estatal alemán que buscaba financiar a las iniciativas pioneras de REDD a nivel global. Con ello, recibió un financiamiento millonario por medio del banco público alemán KfW, el cual transfirió 16 millones de euros al gobierno estatal para consolidar la implementación de REDD en la Amazonía.
A la par, también recibió el apoyo de delegaciones internacionales encabezadas por el Banco Mundial, la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y otros promotores de la estrategia REDD quienes visitaron el estado de Acre, creando con ello la imagen de “historia de éxito” que se desarrollaba en aquel lugar de la selva amazónica.
Sin embargo, de acuerdo a testimonios de pueblos originarios, comunidades campesinas y organizaciones como el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra Brasil, “las decenas de millones de euros que el gobierno de Acre ha recibido del gobierno alemán no han logrado detener la deforestación”.
“Todo este optimismo capitalista, sin embargo, no fue suficiente para ocultar la verdadera cara de la economía verde: un barniz ecológico que esconde la destrucción, el robo de tierras y la sumisión de las comunidades al régimen de acumulación del capital, transformando la crisis ecológica en negocio”, critica el CIMI de la Amazonas Occidental.
Lucro con la crisis climática
Durante el encuentro “Golpe verde en la Amazonia”, los pueblos y comunidades de la selva amazónica reiteraron que además de ser falsas soluciones a la crisis climática, los proyectos de economía verde empeoran la situación social, climática y territorial que viven actualmente.
El evento “Golpe Verde en la Amazonía” denunció las acciones contra la autonomía, los territorios y la vida de los pueblos de la selva. Foto: Carol Ferraz/Amigos da Terra
En los testimonios subrayan como amenaza el avance acelerado de proyectos del tipo REDD+, PSA (Pagos por Servicios Ambientales) y las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), “que se han presentado como soluciones al desastre climático y ambiental en curso, acosando a nuestros líderes y organizaciones, cooptando a algunas de ellas y provocando graves conflictos internos”.
Para las y los participantes del encuentro, estos proyectos se tratan de esquemas de pago por contaminación, que generan pretextos para permitir que se sigan quemando combustibles fósiles y que continúe el crecimiento económico capitalista. “Los esquemas de compensación climática y ambiental, de hecho, van de la mano con la destrucción causada por los megaproyectos y las invasiones directas en nuestros territorios. Las falsas soluciones, como los mercados de carbono, prosperan a medida que aumentan las amenazas y la violencia”, sostuvieron mediante carta.
Un rostro más de la violencia
Entre las principales amenazas identificadas por los pueblos indígenas y las comunidades de la selva amazónica, la cuestión de la protección del territorio fue la más destacada durante el encuentro en Acre.
“Esto se debe a que las invasiones territoriales han provocado cada vez más persecuciones y asesinatos cometidos por mineros, pescadores y cazadores ilegales, madereros y traficantes. Un ejemplo claro es la reciente desaparición del activista indígena Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, quienes, por estar realizando una investigación en tierras indígenas amazónicas, tras salir en un viaje en barco desde la comunidad amazónica de São Rafael, nunca más fueron vistos”, subrayaron mediante la misiva.
“Tenemos un arma, que es la unión de los pueblos”, compartió Derci Telles, cauchera y quien fuera la primera presidenta del Sindicato de Trabajadores de Xapuri (AC). Después de dos años de aislamiento debido a la pandemia del Covid-19, el encuentro del Golpe Verde tuvo la función de tender puentes y fortalecer la lucha de los pueblos de la selva, más allá de discutir las amenazas de la economía verde, porque el objetivo de la lucha sigue siendo el mismo: “En primer lugar, se trata de tierras demarcadas. Sin tierra demarcada, no tenemos salud, ni casa, no tenemos nada”, sostuvo el líder del pueblo Huni Kui en el municipio de Feijóo, Mário Huni Kuim.
