Frayba
Pronunciamiento conjunto: Imparable el aumento de violencia en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
15 de junio de 2022
Pronunciamiento conjunto
En México la defensa de los derechos humanos se enfrenta a una permanente injusticia legalizada
- La investigación de los delitos contra personas defensoras es fundamental para garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
- En Chiapas hay un patrón de criminalización hacia defensores comunitarios de derechos humanos.
- Imparable el aumento de violencia en Chiapas.
Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que América Latina es una de las regiones más peligrosa para el ejercicio de las personas defensoras, apuntando que en México ha registrado el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos [1]. En lo que va del sexenio del actual gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados [2] hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares, estos últimos actúan con la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano, lo que demuestra que durante el gobierno de AMLO hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial.
Señalamos que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente contra las violaciones de los derechos humanos, la cual no debe ser obstaculizada, intimidada y criminalizada. A pesar de las recomendaciones internacionales México sigue sin detener las situaciones de crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura.
De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos originarios. El sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y todos. La Guardia Nacional continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades.
Dentro del historial de injusticias de la Fiscalía Indígena se encuentra la detención el 14 de marzo de 2020 de Cristóbal Sántiz Jiménez del pueblo maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, acusado de homicidio calificado [3]. Las detenciones ilegales y tortura de los indígenas mayas tseltales defensores del territorio Cesar Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández el 15 de octubre de 2020, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación y protesta contra la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio, quienes actualmente se encuentran acusados de motín [4].
La más reciente privación arbitraria de la libertad fue el 29 de mayo de 2022 de Manuel Santiz Cruz indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas más de nombres: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, todas privadas arbitrariamente de la libertad. Actualmente los cinco indígenas tseltales se encuentran detenidos y acusados de homicidio calificado [5] privados de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
A estas injustas detenciones, agregamos el asesinado del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López el 5 de julio de 2021, en Simojovel Chiapas, catequista e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Urgimos al Estado mexicano la protección de la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos garantizando un ambiente propicio y seguro para esta labor.
Exigimos el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa frente a la grave crisis de derechos humanos en México.
Exigimos se adopten las medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas arbitrariamente de la libertad, otorgándola de manera inmediata evitando se siga violentando sus derechos humanos.
Exigimos la inmediata liberación de Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, del Pueblo Creyente del Pueblo Maya Tseltal de San Juan Cancuc, catequistas defensores de la Tierra y del Territorio.
Nos sumamos a la digna lucha de los Pueblos Mayas de Chiapas que defienden su tierra y territorio y que construyen nuevos mecanismos para una vida digna donde se disfrute la paz, libres de las amenazas generadas por la violencia.
Por ultimo queremos señalar nuestra alta preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio de Chiapas, específicamente de las acciones criminales y de impunidad que se vivió el día de ayer en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que exigimos garanticen la seguridad e integridad personal de todas y todos los habitantes de Chiapas.
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional a estar atentos a las acciones políticas y jurídicas a favor de los defensores de derechos humanos en México y en Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc
Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022, “CIDH: elevada violencia contra personas defensoras en el primer cuatrimestre de 2022 urge a los Estados protejan la vida y labor”, documentos disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/114.asp
[2] Mecanismo de Protección a Periodistas, Radio formula,https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/6/13/Mecanismo -de-proteccion-periodistas-que-le-falta-para-no-dejarles-indefensos-718456.html
[3] Frayba, notifrayba, diciembre, 2020. Disponible en: https://frayba.org.mx/nueve-meses-de-detencion-arbitraria-de-cristobal-santiz-jimenez
[4] Frayba, Acción Urgente no.15, 17 de octubre de 2020. Disponible en: https://frayba.org.mx/la-protesta-no-es-sinonimo-de-motin
[5] Frayba boletín no.19, 4 de junio de 2022. Disponible en: https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh
Familias unidas contra la tortura: seguimos en lucha por lograr la justicia, libertad y reparación de daños
Villaflores, Chiapas a 7 de junio de 2022
“Día de la libertad de expresión”
A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional,
Internacional e Independientes
PRESENTE.
Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”. Bajo el reconocimiento mediante la protección y el respeto a nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, la prensa, medios de comunicación y todo aquel que quiera alzar su voz y opinión tendrá espacio en esta sociedad.
En el marco del “día de la libertad de expresión”, como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y fabrica de culpables expresamos que seguimos en nuestra lucha y esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.
NO nos cansamos de denunciar públicamente las malas practicas realizada por las Fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del Estado, esta relación Fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto “Chiapas seguro”, marcado por el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.
Manifestamos que las investigaciones realizadas por las Fiscalías en los delitos de homicidio calificado, secuestro, motín, perpetradas a personas inocentes, contienen deficiencias de fondo y de forma. Las y los jueces son cómplices de subsanar (corregir) las deficiencias en las investigaciones, vinculando a proceso, llevando a prisión preventiva hasta por 2 años y sentenciando a personas completamente inocentes. Todo lo contrario a lo que marcan legislaciones mexicanas, marcadas por los principios del Sistema Penal Acusatorio.
Estas practicas siguen vigentes hoy en día realizadas por los Fiscales del Ministerio Público en el Estado, una de las Fiscalías que hemos denunciado continuamente ha sido la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas anteriormente dirigida por el Fiscal Daniel Arellano Camacho, en la que dicho Fiscal los jueces le han permitido sanar sus deficiencias en investigaciones por los delitos de homicidio y se han sentenciado injustamente a personal inocentes, como es el caso de Yonny Ronay Chacón Gonzalez.
Cabe reiterar que en dicha fiscalía de distrito Fraylesca, se fabrican testimonios de personas que no tienen conocimiento de que han usado indebidamente sus identificaciones, inventan declaraciones de personas que perdieron la vida y aparecen como supuestos testigos en delitos señalando a víctimas de inculpación del delito, con la finalidad de que sus testimonios tengan validez y puedan sentenciar de manera injusta. Es importante remarcar las irreglaridades que realiza la Oficina de Registro Civil de Villaflores al expedir actas de defunción sin cumplir los requisitos establecidos para su expedición, como es el caso de Luis Carlos Dominguez Martinez, quien actualmente lleva un proceso penal, basado en irregularidades garrafales en la investigación con testimonios fabricados.
Como hemos mencionado, la criminalización por delitos fabricados esta muy presente en el estado de Chiapas, tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad.
Ahora 5 personas indígenas tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más integrantes de la parroquia de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, de sus tierra y territorio, quienes el día de ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
- Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de injusticia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
- Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa sean violatorios a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de las Fiscalias, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de su inmediata libertad.
- Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
- Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos inmiscuidos dentro de las instituciones de procuración de justicia, fiscales y jueces, quienes han dañado irremediablemente nuestro núcleo familiar y roto sueños.
Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
Chilón,
Cintalapa,
Jiquipilas,
La Concordia,
Palenque,
Pichucalco,
Playas de Catazajá,
San Cristóbal de Las Casas,
Teopisca,
Venustiano Carranza.
Villaflores.