tierra y territorio
[:es]Se podría desencadenar la violencia en Chalchihuitan peor que en Acteal[:]
[:es]El 24 y 25 de noviembre se documentaron hechos muy lamentables , 4873 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas viven en condiciones de desplazados, viviendo la mayoría en las montañas con mucho frío en la noche, otros están viviendo en la cabecera de Chalchihuitan. Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso.
Se necesita urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños. Hay varias casas quemadas.
Por favor, urge nuestra solidaridad nacional e internacional, para atender esta crisis humanitaria. También, urge que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal.
Antecedentes[1]:
La violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Esto dio cause a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.
Comunidades con sus habitantes cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:
- Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias
- 8 mujeres embarazadas
- Comunidad de Pom: 436 familias, más de 2000 habitantes, 100 mujeres embarazadas
- Tzomolton:107 familias, 800 habitantes, 6 mujeres embarazadas
- C’analumtic:191 familias, 600 habitantes
- Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
- Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
- Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
- Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
- Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas
4873 personas son desplazadas
Comunidades afectadas, pero no desplazadas:
Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum, Saclum
**Fuente de información: las autoridades de cada comunidad afectada y del ayuntamiento, párroco Sebastian. cel 9191442128
Para apoyar, comunicarse en Caritas de la Diócesis de San Cristobal de las Casas con la coordinadora. Norma cel: 9671203722″
1] De la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/[:]
[:es]Asamblea en defensa de la tierra y por el derecho de las mujeres a decidir – Día 2[:]
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San Cristóbal de las Casas a 24 de noviembre 2017 / Red de Comunicadoras Comunitarias K’asesel K’op / Este día la Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra, el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir retomó sus trabajos con los objetivos de, por un lado, revisar, analizar y evaluar la puesta en práctica de la Alerta de Violencia de Género (AVG), evidenciando así la omisión del Estado y el gobierno en sus tres niveles; y por el otro generar alternativas para prevenir las violencias contra las mujeres, así como hacer justicia a los numerosos casos de feminicidios en Chiapas, que son 62 en lo que va del 2017.
Por la mañana, las asistentes nos dividimos en cuatro grupos para revisar el cumplimiento de los acuerdos estipulados en la AVG. Dado que en cada uno de estos grupos se hizo evidente la omisión por parte del Estado, se prepararon sendas demandas, en los rubros de Seguridad, Prevención, Justicia y Reparación. Estas se presentaron en el marco de un Juicio Popular al Estado mexicano. Para esto, en una combinación de sociodrama, las voceras de cada grupo de trabajo presentaron las demandas y denuncias. Se comenzó exponiendo cómo en términos de prevención, el gobierno implementó una capacitación superficial y breve a funcionarios, lo cual no puede garantizar una verdadera sensibilidad y conocimiento de la complejidad de la violencia de género. A la par, se dijo que las propuestas formativas con la población deben considerar tanto a niñas, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Se insistió en revisar los contenidos mediáticos que difunden las televisoras, radiodifusoras comerciales.
En términos de justicia, se denunció la violencia que replican los funcionarios públicos de las instituciones de procuración de justicia, quienes desconocen los idiomas de los pueblos indígenas y les discrimina por esto, además de que no toman en cuenta la palabra de las mujeres. Ante esto, los hombres asistentes exigieron se escuche a las mujeres siempre.
El Tribunal popular también sirvió para denunciar cómo el gobierno solapa a grupos paramilitares en la región de Carranza. Así como la permisividad frente a diversos tipos de despojo que viven los pueblos indígenas, y que afectan de forma más violenta a las mujeres.








