300 trabajadores despedidos ilegalmente en Calpulalpan, Tlaxcala por empresa transnacional
satélites. Cuenta con 5 mil tiendas de distribución. En México inicia operaciones en julio de 1958, estableciendo distintas plantas y una amplia red de maquila a domicilio. Con el cierre en Calpulalpan pretende concentrar operaciones en una planta en Iztapalapa, Distrito Federal, y otra ubicada en Chalco, estado de México, con la denominación Coscorsa SA de CV; con esta razón social tiene registrada la maquinaria y el equipo para protegerse de cualquier conflicto laboral.
La estrategia productiva de Sandak está sustentada en la diversificación de centros de trabajo con sindicatos y contratos colectivos distintos, las prestaciones también son diferentes y las utilidades las fija en una sola unidad productiva; para el periodo 2009-2010 declaró que tenía mil 800 trabajadores.
Para limpiar su imagen, Bata Internacional presume un código de ética, su pertenencia a campañas en favor de la responsabilidad social empresarial, incluso cuenta con una fundación denominada Bata Children’s Program, que en nuestro país se reduce a distribuir algunas piezas de calzado en la delegación Iztapalapa y dar contribuciones al jardín de niños Cuauhtlahuac.
La política de desplazamiento a la maquila domiciliaria se agudizó la madrugada del 6 de diciembre de 2010, cuando la empresa redujo su planta de Calpulalpan a la mitad. El pasado 18 de julio dio el golpe final intentando sustraer toda la maquinaria de la empresa. El sindicato, con el apoyo de la comunidad en Calpulalpan, se lo impidieron. Hoy, los trabajadores se encuentran en plantón en las afueras de las instalaciones y crece el apoyo nacional e internacional a su reclamo de que sea reabierta por ser una importante fuente de empleo en esa zona.
Las autoridades de trabajo han hecho causa común con la empresa para desesperar a los trabajadores y forzarlos a aceptar las reducidas liquidaciones que les ofrecen mediante volantes y comunicados en la zona.
La parcialidad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala y de su presidenta, Karina Edith Torres Vázquez, ha quedado evidenciada al rechazar en repetidas ocasiones todas las gestiones legales de los trabajadores. El primer emplazamiento de huelga con motivo de la suspensión laboral lo rechazó con el argumento de que no aparecían las firmas del comité en todas las hojas del documento; cuando éstas fueron recabadas, su explicación fue distinta, ahora relacionada con la toma de nota que a la propia junta le corresponde expedir. Indica que el comité ejecutivo no está debidamente integrado y que primero deben subsanar diversos aspectos estatutarios antes de dar trámite alguno a la gestión; eso sí, se ofrece como intermediaria para lograr la inmediata liquidación de los obreros.
Ante la complicidad de las autoridades locales de Tlaxcala, los trabajadores buscan solidaridad y exigen al gobernador Mariano González Zarur que intervenga, no para buscar liquidaciones, como pretenden Sandak y la presidenta de la junta, sino para preservar la fuente de trabajo y evitar que se amplíe la cadena de esta nueva forma de esclavitud que constituye la maquila a domicilio.