JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS:

Momento de escuchar las demandas de la sociedad

4 de mayo de 2011
Boletín 06/2011

A lo largo de los últimos años, las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado la persistente violencia que caracteriza amplias zonas del país, y exigido ante las autoridades la necesidad de revisar la estrategia de seguridad implementada por la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Hoy día, ante la creciente violencia a lo largo de todo el país, una vez más los ciudadanos y ciudadanas manifiestan su descontento y reclamo de justicia. La violencia estructural e institucional ha reconfigurado la vida cotidiana de la población y ha puesto en mayor riesgo a las víctimas de delitos y sus familiares, víctimas de violaciones a los derechos humanos, a los defensores y defensoras de derechos humanos y a toda la sociedad.

El pasado 28 de marzo Morelos fue testigo de un nuevo acto de violencia que se suma a la larga lista de asesinatos y desapariciones documentadas en todo el país. Ese día en Temixco fueron asesinadas seis personas, una de ellas el hijo del poeta Javier Sicilia. Este doloroso hecho ha dado lugar a la expresión del descontento de una familia afectada por la pérdida de uno de los suyos, así como la convocatoria para la marcha que arrancará en la ciudad de Cuernavaca y llegará el próximo fin de semana al zócalo de la ciudad de México. Junto con la convocatoria a la marcha llega también la propuesta de un Pacto Nacional por la Paz.

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresamos nuestro respaldo a esta marcha a la que se sumarán las defensoras y defensores que la integramos y quienes deseamos manifesta lo siguiente:

El asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega debe ser investigado adecuadamente y castigado para garantizar el derecho a la justicia y de su familia a la verdad. Pero de igual manera se tiene que garantizar ese derecho a cada familia de las cuarenta mil personas asesinadas y otras miles desaparecidas. Saber su nombre, las circunstancias de su muerte y si existe evidencia de alguna vinculación con la delincuencia. No más acusaciones sin sustento, que se dignifique su memoria, que no se estigmatice a las víctimas de la violencia.

Como sociedad tenemos el derecho a la verdad. Saber qué está pasando realmente y quiénes son los responsables de la impunidad rampante existente en el país. Impunidad es que haya cuarenta mil personas asesinadas y que el Estado no pueda castigar a cada uno de los responsables de esas muertes; impunidad es que las instituciones de seguridad y justicia estén el servicio de la delincuencia y no de la sociedad, impunidad es que no se investiguen los asesinatos y las desapariciones. Con todo ello se les niega a las familias su derecho de acceso a la justicia.

Exigimos una rendición de cuentas por parte de las autoridades en los ámbitos federal estatal y municipal.

La delincuencia organizada existe al amparo y la connivencia con el poder político y económico.

La actual situación no es responsabilidad de la sociedad sino de aquellos que han dejado que el dinero de la delincuencia se haga presente en las instituciones gubernamentales.

¡No más impunidad!

Este nuevo esfuerzo ciudadano tiene el reto de trascender lo sucedido en las movilizaciones de 2004 y 2007, no puede quedarse en mesas de diálogo y pactos estériles. Esta es la oportunidad de iniciar un diálogo ciudadanos, plural, serio incluyendo la perspectiva de derechos humanos que obligue a diseñar y poner en práctica una estrategia para poner fin a la impunidad y garantizar seguridad para la sociedad y no para los gobiernos.

La estrategia de guerra implementada por el gobierno federal, lejos de resolver este problema, lo ha incrementado. Las labores del Ejército en tareas de seguridad pública que no le corresponden, solo ha significado escalar la violencia. El clima de miedo y terror forma parte de una estrategia que busca paralizar a la sociedad, cuando únicamente con la participación ciudadana es posible conseguir un cambio, mediante políticas públicas que prioricen educación, cultura y empleo y no las que se fincan en medidas autoritarias y policiaco‐militares. Alto a un estado policiaco y militarizado. La justicia y el respeto a los derechos humanos no admiten demora a riesgo de terminar afectando a toda la sociedad.