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La militarización tensa la protesta social en los Andes
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka
El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.
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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.
En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.
El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.
La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.
El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.
En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.
La lucha se extiende al norte
Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado. Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.
La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.
La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.
La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.
Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.
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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.
La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital. El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.
Doble agresión contra nuestra Organización; nos citan a una audiencia fallida en Pichucalco y al mismo tiempo nos agreden en Bach’en, Chenalhó
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
8 de febrero de 2023
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios libres y Alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 30 años de testimonio de lucha no violenta y de trabajar por la paz y la justicia para nuestro pueblo, para México y el Mundo, el mal gobierno de México a través de su sistema de justicia corrupta y podrida SE BURLAN DEL CASO DEL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO Y HERMANO SIMÓN PEDRO PÉREZ LÓPEZ citándonos a una audiencia en la ciudad de Pichucalco que nuevamente fue cancelada; al mismo tiempo, AUTORIDADES COMUNITARIAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN CHENALHÓ, GOLPEAN Y HUMILLAN A COMPAÑERAS de la comunidad Bach’en, integrantes de nuestra Organización Las Abejas de Acteal que se habían reunido para evitar ser desmantelados sus servicios de luz eléctrica por parte del agente rural municipal y su gente.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con sus aliados del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PRIISTAS Y LOS RICOS Y PODEROSOS SE HAN UNIDO PARA DESTRUIR NUESTRA RESISTENCIA CIVIL Y PACÍFICA, nuestra lucha por la justicia verdadera por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; EL GOBIERNO DE LA LLAMADA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”, HA HECHO SUYA LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE DE DESGASTE Y DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO, aquella que diseñó el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León para encubrir su crimen de Estado cometido en la Masacre de Acteal y de otros crímenes cometidos contra otros pueblos de México.
EL CASO DE SIMÓN PEDRO
La estrategia contrainsurgente y de desgaste hacia nuestra lucha y caminar se evidenció cuando el juez del Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas nos había citado el 7 de febrero para la audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS en el caso del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro. Pero, vergozosamente el juez nos dio la noticia que no habían trasladado al autor material del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro al juzgado de Pichucalco, Chiapas.
Ante esta burla y humillación de parte del sistema judicial de Chiapas, nos preguntamos, ¿ACASO LOS ASESINOS SON LOS QUE DECIDEN SI ASISTIR O NO A UNA AUDIENCIA? ¿DE QUIÉN ES ESA RESPONSABILIDAD?
NO SE TRATA SÓLO DE UN ERROR, NO SE TRATA SÓLO DE UN PEQUEÑO INCONVENIENTE. ESTE TIPO DE SITUACIONES TIENEN DE TRASFONDO DESGASTARNOS. SABEN QUE NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS SON LIMITADOS Y NO NOS PODEMOS DAR EL LUJO DE ASISTIR A MILES DE AUDIENCIAS FALLIDAS, APUESTAN A DESGASTARNOS PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE. APUESTAN A QUE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE NOS ACOMPAÑAN PIERDAN LA CONFIANZA Y YA NO ASISTAN A ESTAS AUDIENCIAS, APUESTAN A QUE NOS QUEDEMOS SOLAS Y SOLOS, AL DESGASTE DE NUESTRO TEJIDO SOCIAL. ¿POR QUÉ? ¿POR CUÁNTO TIEMPO MÁS?
La suspención de la audiencia del caso de nuestro hermano Simón Pedro, no está aislado con los hechos de agresión y violencia que sufrieron en este mismo día a nuestros compañeros de la comunidad Bach’en.
El Caso de desmantelamientos de sercivio de agua y luz eléctrica de Las Abejas de Bach’en.
Mientras nos encontrábamos en frente del juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas, fueron insultados, agredidos y golpeados mujeres y hombres de la comunidad Bach’en miembros de Las Abejas de Acteal, por la gente partidista de dicha comunidad.
Los Sres. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, Cristóbal Pérez Pérez presidente de Comité de Educación, Miguel Hernández Vázquez patronato de luz eléctrica, junto con 60 hombres aproximadamente, el día 7 de febrero alrededor de las 11 y media de la mañana, llegaron al poste de luz de donde tiene tomado el suministro de energía nuestro compañero Miguel Pérez Pérez con el objetivo de cortarle dicho servicio al igual que nuestro compañero José Vázquez Pérez.
Su molestia fue que el pasado 4 de febrero nuestros compañeros en mención junto con el resto de las familias también miembros de Las Abejas de Acteal, decidieron reconectar dichos servicios después de 6 meses de haberles sido desmantelados los servicios por estas mismas autoridades comunitarias, por el hecho de que nuestro compañero Miguel Pérez Pérez no aceptó un cargo de comité de educación ya que existe un acta de acuerdo elaborada en el año de 2014 que regula formas y tiempos en cuanto a cargos y para mantener la armonía en dicha comunidad. Por esta razón nuestro compañero Miguel se amparó con dicho documento, sin embargo las autoridades y la asamblea argumentaron que ese documento ya no tenía validez; ya que en una asamblea celebrada en el año de 2020 decidieron modificar las cláusulas del citado acta de acuerdo, cambiando totalmente el sentido y contenido con el del 2014, además a nuestros compañeros de Las Abejas ya no fueron tomados en cuenta su palabra como en el año de 2014.
Entonces cuando nuestras compañeras y compañeros de la Organización Las Abejas se enteraron de que las autoridades de Bach’en y su gente venían a cortarles los servicios de luz eléctrica a nuestro compañero Miguel y José, se organizaron rápidamente para evitar ser cortados dichos servicios. Las mujeres y hombres rodearon el poste de luz, y en ese momento se acerca en modo agresivo el sr. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, mientras una compañera de Las Abejas le pidió a este autoridad que no cortaran los cables de luz y que mejor se platicara de manera respetuosa a lo que el agente mencionado respondió “la gente ya no se puede calmar, además tú eres mujer, no tienes derecho a hablar aquí”. Un señor de nombre José Méndez de la comunidad Ch’ixilton quien fue contratado por el patronato de luz eléctrica de Bach’en para cortar el servició de luz eléctrica de nuestros compañeros Miguel y José, fue quien empezó la agresión quitándole a fuerzas el celular de nuestro compañero Miguel, pero con el apoyo de las compañeras pudo recuperar dicho dispositivo de comunicación. Enseguida, el hijo del agente de nombre Ismael Jiménez Pérez, golpeó a una compañera de 37 años de edad. Y otra compañera cuando estaba resistiendo y evitando que subieran al poste fue empujada y golpeada cayéndose al suelo y un hombre de nombre Pedro Gutiérrez Pérez se le fue encima, rompiéndole el sueter, aunque otra compañera intentó levantarla, pero otro hombre se le acercó y le dobló el dedo pulgar de la mano izquierda. A nuestro compañero Miguel Pérez Pérez lo estuvieron jaloneando en varias ocasiones pero no soltaba el poste de donde estaba agarrado, quedó con moretones de su brazo derecho. Fueron varias mujeres golpeadas, insultadas y humilladas.
El suministro de energía eléctrica de nuestro compañero Miguel a pesar de la agresión que sufrieron, sí pudieron defenderlo. Pero no fue así el del compañero José, le cortaron la luz eléctrica y se llevaron su cable de bajante.
¿Por qué estamos siendo agredidos, burlados y despreciados por las autoridades judiciales en el caso de nuestro hermanos Simón Pedro?
Señor Andrés Manuel López Obrador:
¿Por qué su gobierno, su gobernador en Chiapas, sus jueces, su sistema judicial, su sistema penitenciario en Chiapas, su presidente municipal de Chenalhó y sus agentes rurales municipales, nos agreden, nos desprecian y nos humillan?
¿Por qué permite tanta mentira y desprecio en el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro? Por que somos “indígenas”, porque somos pobres? Dónde quedó su palabra en tiempos de su campaña de que son “primero los pobres”?
¿Es una represalia de su gobierno contra nuestra lucha y organización que no acepta soluciones amistosas y que no negocia la justicia y su dignidad?
Queremos dejar claro que aunque nos agredan, aunque nos maten, aunque nos masacren; No tenemos miedo, sobreviviremos, retoñaremos y resucitaremos siempre.
Aunque el mal gobierno nos ponga obstáculos, seguiremos adelante, hasta que se haga justicia por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; no permitiremos que quede en impunidad, lucharemos con todas nuestras fuerzas como lo venimos haciendo con el caso de la Masacre de Acteal. No dejaremos solo a la familia del compañero Simón Pedro, estaremos apoyándoles siempre. ESTAREMOS AQUÍ EL 3 DE MARZO, AUNQUE NOS HAYAN DEJADO PLANTADOS; ESTA VEZ EL MAL GOBIERNO NO PODRÁ ENGAÑARNOS CON SU SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTO.
Así mismo los cortes de luz eléctrica hacia nuestros compañeros y compañeras, le exigimos rotundamente al presidente municipal de Chenalhó que hable con su gente de la comunidad Bach’en, para que inmediatamente restablezcan el servicio de luz eléctrica de nuestro compañero José Vázquez Pérez.
Y LA AGRESIÓN HACIA LAS COMPAÑERAS DE AYER, AHORA SE ENCUENTRAN MAL Y CON DOLOR EN TODO SU CUERPO, PORQUE FUE HORRIBLE LO QUE HICIERON LOS PARTIDISTAS CONTRA ELLAS, lo que hicieron el agente rural municipal junto con el patronato de luz y su gente, fue muy grave, por lo que este hecho humillante no permitiremos que quede impune.
Hermanas y hermanos, quienes conocen nuestra lucha, quienes saben el motivo de por qué el mal gobierno federal, estatal y local nos quieren ver destruidos; les pedimos difundan esta nuestra palabra, ayúdenos a denunciar estas dos arbitrariedas vergonzosas hacia nuestra Organización; tanto del caso de nuestro hermano Simón Pedro, como la agresión de ayer hacias nuestras compañeras de Bach’en.
Les pedimos estén pendientes, no nos dejen solas y solos, porque lo que nos están haciendo los malos gobernantes y los partidistas en las comunidades no es un juego, porque así empezó en el año de 1997, haciendo parecer que son conflictos intercomunitarios, cuando en realidad es parte de una estrategia de guerra para destruir nuestra lucha y nuestro pueblo organizado.
Ante todo lo anterior, EXIGIMOS:
¡Al gobierno de López Obrador no permita más dilación en el caso de Simón Pedro!
¡Justicia verdadera para Simón Pedro!
¡Castigo a todo los responsables tanto material como intelectuales en el caso DE Simón Pedro!
¡No más cortes de luz eléctrica ni agua en la comunidad Bach’en¡
¡Respeto a las mujeres Abejas de la comunidad Bach’en!
¡Garantía a la integridad física y psicológica de nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Bach’en!
¡Alto a las represalias hacia nuestra Organización Las Abejas de Acteal!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
Javier Flores Zepeda Eliseo López Arias
Presidente Secretario
Luis Miguel Gómez Pérez Alonso Ruiz López
Tesorero Sub secretario
