Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.

Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.

Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».

La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.

Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».

La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.

Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».

El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».

Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»

Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».

En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.

Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos

Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.

RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.

Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.

Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.

La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.

Por Aldo Santiago

El pasado 15 de enero, el Tribunal Penal de Buenos Aires, al sur de Costa Rica, ordenó continuar con el proceso penal para esclarecer los responsables del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortíz. Rojas fue asesinado el 18 de marzo del año 2019 en territorio Bribri de Salitre. Su labor en la recuperación de tierras indígenas, cuya posesión se mantiene ilegalmente en manos de terratenientes, le acarreó amenazas y agresiones que escalaron hasta su asesinato.

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Sergio Rojas era beneficiario de las medidas cautelares 321-12 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde abril de 2015, la CIDH ordenó al Estado de Costa Rica proteger la vida e integridad física del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba.

¿Freno a la impunidad?

El reciente dictamen del Juzgado Penal obliga la continuación de la investigación en el homicidio de Rojas. También rechaza la “solicitud de desestimación” propuesta por el Ministerio Público realizada en septiembre del 2020, pues no se han agotado las herramientas investigativas disponibles.

Con la desestimación, el Estado costarricense pretende cerrar el caso de homicidio de Sergio Rojas ocurrido en Salitre. De la misma manera, esto sentaría un precedente para también mantener la impunidad en el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en territorio Bröran de Térraba.

Por ello, la solicitud de desestimación provocó una enorme indignación de parte de organizaciones sociales debido a que, hasta el momento, a casi dos años del asesinato, no hay ningún sospechoso detenido.

Mediante comunicado publicado el pasado 3 de diciembre, El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organismo del cual Rojas fungió como uno de sus fundadores, repudió la intención de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para archivar el caso por el homicidio de Rojas.

En el documento, lxs integrantes del FRENAPI denuncian la continuación en las amenazas de muerte y las agresiones contra quienes realizan un acceso efectivo a sus tierras, mientras el gobierno de Costa Rica no avanza en la recuperación de las mismas. “¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?”, cuestionaron lxs miembros del FRENAPI.

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Por su parte, la reciente resolución del Tribunal argumenta que “la investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la CIDH y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica”.

Filtración y obstaculización de justicia

Entre los días 21 y 22 de enero fueron publicadas una serie de notas en la prensa con informaciones confidenciales del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a la filtración, se comprobaría que la causa del homicidio se debe a los conflictos por la recuperación de tierras en territorios indígenas. “Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios”, explicó Gustavo Oreamuno, integrante de la Coordinadora Lucha Sur-Sur.

Por otro lado, Óscar Retana, abogado representante de la familia Rojas Lázaro, reprochó la divulgación de información confidencial, lo cual representa una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

“Se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”, condena Retana mediante un breve posicionamiento difundido el 26 de enero.

Para Elides Rivera del territorio Bröran de Térraba, la filtración forma parte de actos para deslegitimar la investigación “pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos”.

Mientras los asesinatos de Rojas y Rivera se mantienen en la impunidad, las agresiones a las acciones de recuperación de territorios indígenas se mantienen al alza.

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Esto ocurre bajo cobijo del Estado costarricense, quien, en febrero del 2020, mediante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aplazó hasta el año de 2026 la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI). Con ello, se prolonga una vez más la devolución de las tierras indígenas, como ha ocurrido desde finales de la década de 1970.

El Plan RTI tiene también el objetivo de identificar y realizar procesos judiciales contra aquellas personas quienes lucraron con tierras indígenas protegidas por ley. Sin embargo, el aplazamiento de su ejecución, sumado a la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas “ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo”, denunció Oreamuno.

• El pueblo tseltal pide protección de la justicia federal ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y pide a la Fiscalía General del Estado de Chiapas se desista del ejercicio de la acción penal en contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano quienes fueron reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto.

• El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de México. 27 de enero del 2021. El día de hoy representantes del pueblo maya tsetal del municipio de Chilón, Chiapas, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo que interpusieron por la construcción impuesta de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento.

No es la primera vez que el pueblo tseltal de Chilón vive los impactos de la militarización de sus territorios; particularmente, durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, cuando en 1995 se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007 después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.

Trece años después, específicamente en el mes de octubre de 2020 los habitantes del municipio de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

Ante esta información el día 15 de octubre de 2020 decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín.

Posterior a los hechos de represión y conociendo los impactos que los proyectos militares pueden tener en su vida comunitaria, el pueblo maya tseltal se organizó para iniciar un proceso legal por medio de una comisión nombrada en su asamblea tradicional. Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

Dicha demanda de amparo, denuncia que la licencia y la construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto, ya que para el pueblo maya tseltal del municipio de Chilón es claro que la Guardia Nacional se trata de un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá de que se haya concebido como un cuerpo civil; por lo que el proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad. De la misma manera, la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados en la zona temen que se fomente la prostitución como ocurrió en el pasado, se acentúe el alcoholismo como medidas de control y división comunitaria.

A pesar de que se expusieron diversos argumentos y contundentes para el que se evitará causar daños irreparables al territorio del pueblo maya tseltal por los cuales el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, sinembargo, el Juez la negó. Por lo que este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tseltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido.

Contacto para prensa:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C

Comunicación

Narce Santibáñez Alejandre

5585312218

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Comunicación

Azalia H. Rodríguez

9671356978

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio.

Por Nelton Rivera y Palas Luín

Este martes, el juez contralor, Alberto Calmo Ramírez, atendió y aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la defensa de Julio Gómez para dar un plazo para que pudieran llegar a un acuerdo con los demandantes. La petición fue aceptada por Heriberto Alfonso Ortíz, abogado de la empresa Generadora San Mateo y del abogado José Estuardo Luna Santos abogado de los demandantes.

La audiencia de etapa intermedia se realizó en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), en el municipio de Santa Eulalia a dos horas de camino de San Mateo Ixtatán, de donde es originario Gómez. La cita estaba programada para las 9:00 de la mañana, fue breve, y aunque con 20 minutos de retrasó duró 10 tan solo minutos.

Gómez tiene abierto un proceso penal por los delitos de instigación a delinquir, reuniones o manifestaciones ilícitas y agrupaciones violentas. El 26 de enero de 2020 Julio Gómez Lucas fue detenido en la carretera de San Mateo Ixtatán rumbo a Huehuetenango, un juez resolvió iniciar un proceso acusado de participar en una manifestación pacífica en la microrregión de Ixquisis el 19 de junio de 2018.

“Me están acusando por una manifestación, cuando las autoridades comunitarias de Ixquisis entregaron un memorial en el destacamento militar pidiendo el retiro de los soldados. Ese lugar está a 43 kilómetros de distancia de dónde yo vivo, no estuve en ese lugar y estoy en la parte centro de San Mateo”, expresó Gómez.

Un año después, el juez acepta la propuesta de la defensa de Gómez y del fiscal del Ministerio Público (MP), de aplazar la audiencia para que las partes alcancen un acuerdo y reconciliación a través de una salida alterna y así evitar continuar con el proceso penal.

A la audiencia asistieron los demandantes Amílcar Emilio Felipe y Andrés Francisco Mateo, asistidos por Luna Santos, quien presidió la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), durante el gobierno de Jimmy Morales en 2006.

Emilio Felipe y Francisco Mateo forman parte de la oenegé 13 Democracia, quienes han externado su afinidad por la construcción de hidroeléctricas en el área. Esta organización forma parte del “Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura”, firmante de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes al que llamaron “Diálogo”, un día antes de la detención de Gómez. Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas.

A Gómez lo acompañaron los abogados Rudy Juárez, Luis Felipe López, Pedro Robel Toledo y Natalio Rivera, los tres del bufete de a bogados Maya Q’anjob’al, también llegaron familiares y autoridades comunitarias de otros municipios.

“Quiero saludar a quienes me escuchen en esta entrevista, confiamos en la justicia, en que esta sea transparente y logre encontrar la armonía, vemos que hay que defender la vida y los bienes naturales. Confío en el Ajau, a la vida, por la razón de haberse suspendido esta audiencia”, expresó Gómez Lucas.

En San Mateo Ixtatán, un municipio del norte de Huehuetenango, conviven distintos pueblos, mayoritariamente el pueblo chuj, q’anjob’al y mestizo. Julio Gómez Lucas, es un empresario Chuj que por su liderazgo asumió la representación de miles de personas que decidieron rechazar la actividad de empresas como Promoción de Desarrollo Hídricos SA (PDHSA) y la empresa Energía y Renovación S.A. Es el coordinador del Gobierno Plurinacional del pueblo chuj y uno de los principales dirigentes del partido político Winak en ese municipio.

Este no es el primero de los agravios por los que pasa Gómez, en 2019 fue retenido contra su voluntad, fue secuestrado junto a su esposa mientras entregaba materiales para la construcción en una comunidad de San Mateo Ixtatán, durante su secuestro un grupo de personas le recriminaron su oposición contra las hidroeléctricas, amenazándolo de muerte de continuar con esa oposición. Secuestraron y torturaron a Julio Gómez autoridad ancestral Chuj de San Mateo Ixtatán.

Lea más:

https://www.prensacomunitaria.org/2020/01/un-dia-despues-de-la-visita-de-giammattei-a -san-mateo-ixtatan-detienen-a-julio-gomez-autoridad-del-gobierno-plurinacional-de-la-nacion-chuj-en-san-mateo-ixtatan/

DENUNCIA PÚBLICA

Ejido Tila Chiapas a 25 de enero de 2021

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental A los medios nacional e internacional no gubernamental
A los pueblos que luchan por su tierra y territorio
A los pueblos originarios en defensa de la tierra y territorio

Compañeros y compañeras de todas las organizaciones no gubernamentales les enviamos un cordial saludo en la resistencia en la defensa de la madre tierra y el territorio.

Denunciamos al supuesto comisariado legal de nombre Miguel Vázquez Gutiérrez y su consejo de vigilancia Luciano Perez Lopez que han estado viajando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el 22 de enero convoco una reunión en su comunidad de cantioc anexo del ejido Tila donde tuvieron asistencia pobladores y las ex autoridades Ejidales del ejido Tila que desconocen el nombramiento de Miguel Vázquez Gutiérrez al terminar la información que están buscando solicitar sucesores de los capacitados y han estado engañando a los jóvenes que se dejan engañar para que sean reconocidos en registro agrario nacional(RAN) y al regresar por la tarde cansados los ejidatarios del anexo Rio Grande detuvieron a Pascual Martínez Gutiérrez ex comisariado del ejido Tila, Juan Ramírez Tórres ex comisariado del ejido Tila y sus acompañantes, Isaias Tórrez Torres quien fungió como suplente del juez en el auto gobierno de 2015 a 2017 Jose Asunsion Perez Perez fungió como representante del barrio concepción, Fidel Ramírez Gutiérrez y Luciano Perez Lopez el supuesto consejo de vigilancia de Miguel Vázquez Gutiérrez.

La comunidad de Rio Grande lo traslado a la casa Ejidal 6:30 de la tarde no para recibir maltratos si no para pedirles quienes falsificaron las firmas y huellas de los ejidatarios reconocidos en el Registro Agrario Nacional para legalizar la acta de elección de Eduardo Gutiérrez Martínez 2015 a 2018 cuando en realidad de 2015 A 2018 el comisariado nombrado en la casa Ejidal es el c. Gilberto Abraham Martínez Santiago y su consejo de vigilancia que en paz descanse el c. Miguel Vázquez Martínez.

En el acta de elección de Miguel Vázquez Gutiérrez como comisariado Ejidal y Luciano Perez Lopez como consejo de vigilancia y también falsificaron las firmas de los ejidatarios registrados en el RAN de 2018 a 2021 cuando el comisariado elegido por la asamblea general de ejidatarios es Jose Angel Perez Lopez y su consejo de vigilancia es Carmen Lopez Lugo y para que pueda ser registrado en registro agrario nacional se acataron en el art. 21 al 33 de la ley agraria en vigor y el registro agrario nacional violando el art. 128 como servidor publico violo el art. 2 y 39 de la constitución política de los estado unidos mexicanos no respeto la declaración de la libre determinación y la autonomía y el auto gobierno cuando el ciudadano presidente de la república en su primer mensaje de su triunfo dijo que va respetar la libre determinación y la autonomía de los pueblos indigenas y lo sabían muy bien porque es nacional e internacional porque cuando se declaro el ejido Tila en su autonomía y su libre determinación fue visitado por los países de Cuba, Brasil, San Salvador, Perú, Argentina, Chile, Francia, Alemania, Rusia, Suiza, Canada entre otros países.

Miguel Vázquez Gutiérrez cuando se le otorgo su nombramiento se presentó ante el juzgado primero de distrito para que sea quien reciba el dictamen de la ejecución del amparo 259/82 acompañado de su licenciada Karla María Sanchez Álvaro hija del ex diputado Samuel Sanchez Sanchez y el c. Luis Alonso Abarca Gonzales con fecha 26 de noviembre de 2018.

En la misma fecha se presento el comité de regularización de fundo legal el c. Francisco Arturo Sanchez Martínez, secretario Cesar Santiago Gomez Gomez, tesorera Mercedes Bonifaz Gutiérrez vicepresidenta Adelaida Martínez Parcero secretario de conflicto Juan Lopez Lopez secretario de prensa y propaganda Manuel Gomez Ramírez, asuntos jurídicos Vicente Ramírez Jiménez y fueron acompañados por Carlos Mario Aguilar González presentando sus escritos para la regularización del fundo legal

Miguel Vázquez Gutiérrez el compromiso recibido es solicitar el estado de derecho para detener a los ejidatarios acusados de motín, desestabilizacion de la paz social, destrucción de la colectividad del estado alteración a la paz social su compromiso es solicitar el estado de derecho como paso el 2005 cuando el ejido fue bombardeado con gas lacrimogeno dentro del cual ingresó 20 convoyes de policías estatales, dos helicópteros para detener a 49 personas llevados en diferentes reclusorios y el asunto de hoy en día no es político si no es recuperar las 130 hectáreas y la soberanía del pueblo chol originario basado en el art. 2 y 39 de la carta magna.

El otro compromiso de Miguel Vázquez Gutiérrez que toma en sus manos es el tramite de la ejecución del amparo para reactivar el incidente cumplimiento sustituto y cobrar los 40 millones de pesos por la 130 hectáreas y la legalización del municipio, cuando la suprema corte canalizo ampliamente los documentos del ejido que son federales y los documentos de corrupción del fundo legal y declaro de acuerdo con el incidente de inejecución 1302/2010 QUE LAS 5405 hectáreas de tierras es legitima propiedad de los 836 capacitados y se debe dejar así como estaba antes de la violación, el c. gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandon Cadena el jueves 17 de enero de 2019 en la secretaria general de gobierno decreto el numero 132 y el honorable Sexagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas en uso de las facultades que le concede la constitución política local dicho decreto 132 deja insubsistente el decreto numero 72 de fecha 29 de julio de 1980 y el diario oficial del gobierno del estado de 17 de diciembre de 1980.

La asamblea general extraordinaria acordó presentar un amparo de medida cautelar y se resolvió de la siguiente manera que se debe dar cumplimiento la ejecutoria del amparo dictada en el juicio de amparo indirecto núm.766/2019 deje sin efecto el acto reclamado, se le ordene al delegado del registro agrario nacional en el estado de Chiapas realizar que se abstenga de escribir cualquier acto que modifique transmite traslade o seda del ejido Tila.

Se requiere a los supuestos integrantes del comisariado Ejidal del ejido tila para que se abstenga de realizar cualquier acto que modifique transmita traslade o seda derechos relativos a las tierra del ejido Tila, se solicito al juzgado en turno de distrito de amparos y juicios federales en el estado de Chiapas la suspensión del procedimiento del cumplimiento de la sentencia del amparo dictado en el juicio 259/1982 hasta en tanto se resuelva el juicio agrario de origen.

Compañeros y compañeras cuanto daño nos ha causado el Registro Agrario Nacional por haber otorgado el nombramiento de un comisariado convocado por un comisariado de nombre Eduardo Gutiérrez Martínez que nunca fue comisariado solo fue utilizado con toda falsedad para detener el avance de la ejecución del amparo antes mencionado, les comunicamos a todos y todas que esto es lo que han traído en el ejido Tila la destrucción del portón de seguridad que estaba cerrado por el CIVID- 19 que hoy en día estamos expuesto por un nuevo rebrote de virus así mismo utilizaron la carretera los agitadores Francisco Arturo Sanchez Martínez, Arturo Sanchez Sanchez, Rodrigo Martínez Parcero Adelaida Martínez Parcero, Clara Esmeralda Gordillo Estrada entre otros ya conocidos y la participación de Jose Guadalupe, Sebastián, Rodney, y el ministro Uriel todos estos son de la comunidad de carrizal donde trajeron 20 jóvenes pandilleros para que apoyaran para destruir el portón del ejido Tila cuando en realidad esta carretera de los 13 kilómetros la presidenta municipal Sandra Luz Cruz Espinosa colocó dos letreros como municipio libre en las entradas del ejido y la asamblea acordó presentar un amparo 272/2012 y el juzgado sexto de acuerdo a sus peritajes del ayuntamiento municipal que no afectó el ejido solamente un metro de cuneta de ambos lados y que la carretera corresponde al estado se presento recurso de revisión que se turno ante el vigésimo circuito auxiliar en Cancún Quintana Roo exigió al estado si tuvo permiso para la carretera y le pidieron la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no hubo ningún permiso y así mismo el ayuntamiento municipal le pidieron si tiene el permiso para colocar los dos letreros y no hubo ningún permiso y por los tanto los 13 kilómetros de carretera sigue siendo propiedad del ejido Tila y le dieron ordenes del ayuntamiento de 24 horas para que baje sus dos letreros.

Todos estas anomalías y las graves corrupciones si Miguel Vázquez Gutiérrez no le hubieran dado su nombramiento ya hubieran avanzado la ejecución de la sentencia del amparo 259/82 y no tuviéramos lamentando la muerte de un compañero ejidatarios de nombre Pedro Alejandro Jiménez Perez que dejo dos hijos huérfanos y la muerte de los CC. Elmar Martínez lopez y Pablo cuando los verdaderos culpables de estas muertes son Miguel Vázquez Gutiérrez, Luciano Perez Lopez por vender su dignidad y aceptar ser autoridades falsos apoyados por Francisco Perez Lopez ex consejo de vigilancia que tiene coordinación con Digna Ochoa y el grupo de pobladores Francisco Arturo Sanchez Martínez, Arturo Sanchez Sanchez, Adelaida Martínez Parcero, Rodrigo Martínez Parcero y otros ya conocidos que entre ellos firmaron la paz en la secretaria de gobierno de esta forma se organizo el vandalismo que desde el pasado 25 de agosto 2020 no cesan lo disparos en altas horas de la noche y el trafico de armas y drogas y trafico de indocumentado y la persecución de compañeros ejidatarios en sus campos de trabajo hoy en día tiene el compromiso de apoyar el candidato a la presidencia municipal el comité de regularización del fundo legal Francisco Arturo Sanchez Martínez hijo del ex presidente municipal paramilitar Arturo Sanchez Sanchez que participo en la matanza de la zona baja, que supuestamente va por rescatar el municipio

Miguel Vázquez Gutiérrez comete el delito de retener dos compañeras y dos compañeros de su misma comunidad a las 8 de la noche y lo libero a las 12:30 de la noche porque estos compañeros estaban en la plena libertad de circular porque no tienen delito en contra del ejido pero estas 6 personas que fueron detenidos están actuando en perjuicio del ejido Tila y son actores principales del nombramiento de Miguel Vázquez Gutiérrez.

Esperamos a que Miguel Vázquez Gutiérrez no siga mintiéndole a la prensa y los medios de comunicación porque es una persona que ha traicionado a todos los ejidatarios y ejidatarias en el ejido de Tila, Chiapas porque no representa a la asamblea general de ejidatarios que usufructúan la tierra, dado que según el C. Luciano Perez Lopez, manifestó que las actas falsificadas y firmas lo hizo el C. Francisco Perez López exconsejo de vigilancia y aclaró que las actas de nombramiento le dieron de firmar en el anexo Cantioc desconociendo porque no sabe leer y escribir y bajo amenazas le dijeron que si no firmara tendría que pagar una multa por no aceptar el cargo, aclaró ante la asamblea general de ejidatarios que efectivamente no fue nombrado en el lugar indicado (Casa Ejidal) por la mayoría aunque con mucha pena reconoció su error ante los asambleístas.

Seguiremos informando y denunciando todo lo que acontece en el ejido de Tila y refrendamos nuestro compromiso en la defensa de la tierra y territorio y en favor de la vida, porque no claudicamos, ni nos rendiremos y ni nos vendemos, porque continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre.

COMISARIADO EJIDAL CONSEJO DE VIGILANCIA

ATENTAMENTE TIERRA Y LIBERTAD

POR EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

FUERA BASES MILITARES EN CHIAPAS
ALTO A LAS AGRESIONES PARAMILITARES DE LA ORCAO Y MULT EN TERRITORIOS

INDÍGENAS.
ALTO A LAS PROVOCACIONES DE LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO EN TODO EL PAÍS.

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

CERSS No 10
Comitán, Chiapas, México

Denuncia pública
Organización Vineketik en Resistencia adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

A la opinión pública
A los medios de comunicación
A la Sexta nacional e internacional
A los defensores de derechos humanos ONG’S
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al pueblo de México y del mundo

El día de hoy martes 26 de enero del 2021 a las 7:30 de la noche me llamaron para entrevistarme con el jurídico de la tarde de nombre Walter para notificarme una demanda por agravio de un personal sin mencionar el nombre de dicho personal, pero el día de ayer lunes aproximadamente a la 1 de la tarde solicite un garrafón de agua al personal y custodio en turno de nombre José Luis alias El Rambo no ande en ese momento me ignoró y le dije que me haga favor se lo pedí con respeto y le dije que es un derecho, al darle el garrafón vacío y si me dieron el agua pero el día de hoy se me notificó de una denuncia en agravio de un personal esto es una vez más de las estrategias del gobierno para que fabricar delitos cómo es la costumbre de ellos dentro y se me pidió que firmar a dicha demanda el cual yo me negué hacerlo, es por eso que le pido a los derechos humanos Frayba hacia mi persona como física y psicológica.

Atentamente

Marcelino Ruíz Gómez