^{En portada: Una protesta contra el Ejército, en Acapulco. Bernardo Hernández (Cuartoscuro)}

8 de septiembre, 2020. Agricultores protestan para exigir el cierre de la presa La Boquilla en Chihuahua. Están enfurecid@s, pues en medio de una temporada de sequia, exigen detener el flujo del agua que va del embalse en México con dirección hacia los EEUU.

Tras las manifestaciones, se retiran, pero son vigilados de cerca por elementos de la Guardia Nacional (GN). Jessica Silva viaja en camioneta con su esposo después de que ambos participaron en la manifestación. A la altura del municipio de Delicias, una camioneta de la GN les da alcance y sin previa advertencia, dispara en su contra, provocando la muerte a Silva e hiriendo a su acompañante.

Los primeros reportes de la GN divulgaron que sus elementos dispararon como respuesta a una agresión, “por lo que su personal se vio obligado a aplicar medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza”, refiere la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en informe obtenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los elementos de la GN elaboraron una narrativa en la que ellos fueron objeto de un ataque e incluso reportaron heridos. Todo era mentira.

Más tarde, la propia SSPC confirmó que no hubo ningún elemento de la GN lesionado o fallecido. Además, en la carpeta de investigación del caso no existen elementos que acrediten que las víctimas hayan efectuado disparos de arma de fuego, por lo que no se justifica que el personal de la GN accionara sus armas, lo cual de acuerdo a la CNDH constituyó un uso excesivo de la fuerza.

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Por estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 52VG/2022 dirigida a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, institución responsable por la GN, aunque el control operativo cotidiano recae en el Ejército.

Mediante evidencias recabadas, testimonios de los propios elementos de la GN y de testigos que presenciaron la agresión, la Recomendación concluye que los integrantes del cuerpo de seguridad militar hicieron uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego que derivó en la ejecución arbitraria de Silva.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, la Sedena y la Guardia Nacional contabilizan 2,169 quejas por violaciones a derechos humanos en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A casi tres años de su creación y pese a registrar casi 5 mil reportes de violencia en su unidad de control interno, hasta junio del 2021, ésta es la primera recomendación emitida por la CNDH que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.

Investigarse a sí mismo

El artículo 22 de la Ley de la Guardia Nacional dispone que el cuerpo de seguridad militar contará con áreas especializadas como la Unidad de Asuntos Internos.

Según el Reglamento de dicha ley, le corresponde a esta unidad la realización de actividades de supervisión e inspección generales, tales como la recepción e investigación de quejas, y en su caso, la presentación de casos ante el presidente del Consejo de Carrera o a los Consejos de Disciplina. Estos últimos,conforme a los artículos 70 y 71, están compuestos por los propios mandos de la Guardia Nacional, en quienes recae la facultad de resolución definitiva de las denuncias.

Voces que han cuestionado el proceso de militarización en México por más de dos sexenios, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), critican que esta normatividad excluye la posibilidad de contar con mecanismos independientes y externos de supervisión para atender las quejas por abuso y violencia de los elementos de la GN.

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Además, en el informe “Poder Militar”, el Centro Prodh detalla que “la Unidad de Asuntos Internos la encabeza un General de Brigada retirado, con antecedentes de haber sido parte de un cuerpo especialmente opaco y propenso a la vulneración de derechos humanos como lo es la Policía Judicial Militar. No es claro, además, que en efecto el nombramiento haya sido realizado desde la Presidencia”.

Esta es una referencia a David Enrique Velarde Sigüenza, titular de la Unidad desde enero de 2021 y sobre quien pesan acusaciones de tortura, retención arbitraria y detención ilegal. Acorde a la norma, el titular “contará con autonomía de gestión y conocerá de las quejas y denuncias, incluso anónimas, para llevar a cabo actividades de vigilancia, inspección, supervisión e investigación y las demás que determine el Reglamento”.

El Centro Prodh lamenta que, aún cuando la ley buscaba que quien ocupara esta posición fuera un civil que sirviera de contrapeso independiente de las Fuerzas Armadas, esto no ocurriera así. “El caso de la Unidad de Asuntos Internos es especialmente delicado pues la Ley de la Guardia Nacional dispone que ésta sea prácticamente el único control interno relevante”, advierte la organización de derechos humanos.

La reflexión cobra sentido ante el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional, como fue prometido en el momento de su creación en 2019, pues prácticamente el 75% de los elementos que la integran son de extracción castrense.

Para febrero del 2022, la misma Guardia Nacional reporta que cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional.

Miles de denuncias

Un análisis realizado por el Centro Prodh del periodo comprendido del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 arroja que se han iniciado 4,867 expedientes de investigación en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, órgano de control interno del cuerpo de seguridad militar.

De estas carpetas, 3,483 se encontraban en trámite hasta junio del año pasado y de las 1,370 concluidas, solo 39 fueron declaradas procedentes para iniciar los procedimientos administrativos ante la Dirección General de Consejos Superiores.

Entre las conductas que registran los expedientes procedentes se encuentran: Incumplimiento a los requisitos de permanencia (no aprobar las evaluaciones de permanencia); vínculos con delincuencia organizada; conductas que desacreditan la imagen de la institución; toxicológico positivo en evaluación de control de confianza y delitos contra la salud.

“El que un cuerpo colegiado de oficiales de la propia Guardia Nacional, que actualmente –hay que insistir– sería de extracción predominantemente castrense, resuelva en definitiva sobre estas conductas tampoco asegura ni debido proceso para los acusados ni exhaustividad en el análisis”, argumenta el informe del Centro Prodh.

Aunado a ello, el Centro también resalta que, de acuerdo con la información brindada por la propia Guardia Nacional a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, los Consejos son incipientes, pues o no cuentan con información de sus actividades o han sesionado en pocas ocasiones.

Por otro lado, la ley de la GN obliga a dicho organismo a registrar los eventos en que se hizo uso de la fuerza. En respuesta a solicitud de información, la Guardia Nacional refiere que de 2019 a 2021 registró 161 eventos con uso de fuerza y armas de fuego, mientras que señala la inexistencia de casos con determinación de exceso de la fuerza.

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“Que no se reporten casos con determinación de exceso de uso de la fuerza en un contexto en el que es la propia Guardia Nacional la que realiza la investigación y en un entorno en el que se reportan 161 eventos de uso de la fuerza no resulta convincente. Máxime cuando la propia Guardia Nacional reportó que cuenta al menos con 33 registros de denuncias o quejas por uso excesivo de la fuerza”, cuestiona el Centro Prodh, a quien se le negó el acceso a los reportes pormenorizados pues la GN reservó la información por cinco años.

Para el Centro Prodh, la composición castrense de la Unidad de Asuntos Internos incide en la repetición de conductas de las instituciones militares, quienes al indagar denuncias relacionadas con militares no realizan su labor con exhaustividad.

“Resulta especialmente grave que la Guardia Nacional reporte que entre las conductas analizadas en estas instancias se encuentran algunas que, por ser delitos, deberían ser indagadas por el Ministerio Público de la Federación y no por la Guardia, a efecto de que no se construya una suerte de fuero fáctico para sus integrantes”, alerta el Centro, en referencia a que la GN indague conductas como los vínculos con delincuencia organizada.

Abuso de la fuerza

Intersecta es una organización feminista que ha documentado “cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.

Un reporte de esta organización señala que desde 2019 existen indicadores que muestran un crecimiento en el abuso de la fuerza en los “enfrentamientos” del ejército mexicano.

En 2020, se registraron 260 enfrentamientos con involucramiento de elementos de la SEDENA con un saldo de 237 civiles muertos y apenas 6 militares fallecidos. “Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta”, señala el informe De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece.

De acuerdo al Centro Prodh, en estos casos han sido las propias Fuerzas Armadas quienes reportan los eventos, sin que ninguna de las instituciones externas de control, como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos realicen investigaciones al respecto de los casos y denuncias.

“El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones”, señala el documento del Centro Prodh.

Según los registros de la GN, hasta mediados de 2021, sus elementos han privado de la vida a 94 personas, de las cuales sólo cinco son reconocidas como civiles, mientras 89 son catalogadas como “agresores”, una identificación en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones.

“Es relevante analizar en cada uno de estos casos si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro”, destaca el informe “Poder Militar”. Para el Centro Prodh, resulta previsible que sigan ocurriendo las violaciones a derechos humanos “considerando la forma en que las inercias relacionadas con el abuso de la fuerza arraigaron en las instituciones de seguridad desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’. Por otro lado, frente a la comisión de éstas no se están activando los controles externos, sino que –como en el pasado– se continúa dejando a las propias Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional el procesamiento de tales casos, aun cuando en nuestra historia reciente ese proceder ha desembocado siempre en la impunidad.

Este miércoles (6) fue amenazada una de las representantes de las niñas y niños de Homún, quienes presentaron un amparo contra la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.

Así lo denuncio el Equipo Indignación, quien destacó que la infancia de Homún y el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) han luchado ante el riesgo de contaminación que implicaría el funcionamiento de la mega granja porcícola.

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La representante de la niñez de Homún recibió una llamada telefónica mediante la cual le cuestionaron su labor como activista. “La persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, refiere el Equipo Indignación.

Esta agresión sucede a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resuelva si mantiene o no la suspensión de operaciones de la fábrica que pretende criar 49,000 cerdos.

Ante la amenaza, el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo Indignación exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran el colectivo.

Agresiones

Mediante comunicado, reiteran que se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos del pueblo maya de Homún. Esta no es la primera vez en que se realizan amenazas contra quienes se han pronunciado ante la contaminación que representa la operación de la mega granja porcícola.

“En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión. En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la fábrica de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot”, detalla el documento.

También, en mayo de 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la fábrica de cerdos, la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.

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“Además de estas acciones, es importante recalcar que el gobierno estatal ha sido omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido y alentado a dicha empresa porcícola”, denuncian las organizaciones.

Sobre todo, hacen énfasis en que la amenaza más reciente esta dirigida contra la infancia de Homún, “la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”.

Despojo de territorios, contaminación, crimen organizado, hidroeléctricas, extracción minera y de hidrocarburos son las constantes denuncias de los pueblos originarios al paso de la Caravana por el Agua y la Vida, a dos semanas de haber iniciado su travesía por nueve entidades mexicanas.

El pasado 22 de marzo, organizaciones convocadas por Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes, a propósito del aniversario de la toma de la sede de la empresa Bonfont en Puebla, partieron de la comunidad Juan C. Bonilla y, respetando el itinerario, continuaron con actividades en el Mercado Hidalgo, Calpan, Atlixco, Ahuacatlán, Ocotepec, en Puebla.

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Durante las dos primeras semanas también visitaron Apizaco, Tlaxcala; Actopan, Puerto de Veracruz y Santa Marta, en Veracruz. Aunque hubo alertas del cuerpo de seguridad este fin de semana (2 y 3 de abril) las organizaciones realizaron las actividades previstas en Chilapa de Álvarez y Alcozacán, Guerrero, sin incidentes.

El domingo llegaron a Milpa Alta en la Ciudad de México y el lunes (4) compartieron un mitin con el Campamento Triqui y a las afueras de Okupa Chiapas.

En el trayecto participan en acciones como mítines, marchas, foros, asambleas, conversatorios, eventos culturales que organizan los grupos en cada destino.

“En los diferentes puntos que hemos recorrido los compañeros denuncian la contaminación que hay en los territorios, la violencia que se desata por parte del mismo Estado y las empresas”, señaló Camilo, integrante de la caravana, en entrevista con Avispa Midia.

Resistencia 

La primera denuncia de la caravana tiene contexto en la comunidad Juan C. Bonilla, en la zona cholulteca, con la extracción masiva de agua por parte de los corredores industriales y embotelladoras (Danone) que provocaron consecuencias, como el socavón de 50 metros de profundidad y 126 metros en su eje mayor, que apareció el 29 de mayo de 2021. Según estudios del Instituto Politécnico Nacional, fue ocasionado por extracción masiva de agua.

A su paso por Xoxtla y en Tlaltenango, la queja se causó contra las industrias Ternium; una fundidora de hierro que “genera montañas de desperdicio” de armex, de varillas, de latas, “que no les funcionan y son montañas a cielo abierto que han contaminado ya todo el aire de la región”, explicó Camilo.

En el mismo estado de Puebla, con el problema de basureros en San Juan Tautla, hicieron visibles la contaminación por los líquidos que se filtran al subsuelo que dañan los mantos acuíferos y el aire. Mientras en la sierra norte denunciaron los proyectos mineros.

La privatización del agua, extracción de hidrocarburos, delincuencia y crimen organizado, de nueva cuenta, fueron los temas centrales de las acciones en Veracruz.

Por ello, Camilo reiteró la importante labor de la Caravana en visibilizar las batallas, para organizarse como pueblos y trabajar en colectivo con el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG).

Alerta

El sábado 2 de abril, el portal del CNI publicó un reporte de la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios «Los Ardillos» en la comunidad de Colotepec, Chilapa, uno de los puntos por donde la caravana transitaría para continuar su recorrido en Guerrero.

El CNI reiteró que el movimiento es pacífico y repudió las prácticas de guerra en contra de los pueblos, “hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de cualquier atentado en contra de la Caravana y de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”, se lee en la información.

Camilo dijo que en la marcha se incorporan más organizaciones como Sol Rojo de Oaxaca, la Red de Resistencias y Rebeldías de Veracruz, Euskadi de Tlaxcala, medios de comunicación y una delegación de Francia y Alemania.

Los que faltan 

Este 5 de abril la caravana cumplió 15 días de haber iniciado su trayecto para fortalecer la defensa de los territorios con un llamado reiterado a la conciencia, como lo expresó en su mensaje María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, también conocida como Marichuy.

“Los megaproyectos se aprovechan de lo que da la vida en nuestras comunidades”, dijo en el mitin realizado a las afueras de Casa Okupa Chiapas en la Ciudad de México, en el que hizo llamado para unificar luchas y construir “algo más fuerte”.

En la misma ciudad, la caravana visitó el plantón de mujeres Mazatecas por la Libertad de siete indígenas, presos políticos de Eloxochitlán, que mantienen frente al Consejo de la Judicatura Federal, ante la omisión del gobierno de Oaxaca.

“Hoy hacemos uso de nuestra autonomía a nuestra libre determinación. Los pueblos seguimos resistiendo. Mientras ustedes permanecen sordos nosotros seguiremos luchando”, se escuchó en las participaciones.

También acudieron a Ciudad Universitaria y a las instalaciones de Conagua, “es la culpable de la sequía en nuestros pueblos … la declaramos culpable de las muertes que provoca en nuestros pueblos, le decimos a Conagua que el agua no se vende, se ama y se defiende”, se escuchó al unísono.

El 6 de abril continuarán en actividades en el plantón en la Preparatoria Benito Juárez de Iztapalapa; el 7 estarán en Calixtlahuaca en el Estado de México y regresan a Xochimilco en la Ciudad de México para participar al día siguiente (8) en el Encuentro Internacional en defensa de la Madre Tierra con la Casa de los Pueblos y las comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”; y con la comunidad Otomí.

El 9 de abril planean llegar a Querétaro donde serán recibidos por el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán de Amecalco. Un día después vuelven a la Ciudad de México para una movilización por el 103 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. El 11 de abril está calendarizado en Asurco y Huexca, Morelos; y el 12 en Amilcingo y Tetlama, en la misma entidad.

Del 13 al 16 de abril las actividades serán con organizaciones internacionales en reuniones por plataformas digitales. El 17 y 18 estarán en Tehuacán y Chila de las flores, respectivamente; para después viajar a Santa Rosa, el 20 de abril a 4 Venados, el 21 a Yerba Santa y el 22 al Istmo de Tehuantepec. La caravana concluye en Cuentepec el 23 y 24 abril con la Primera Asamblea del Pueblo Nahum de Morelia.

“Falta Querétaro, Estado de México y Oaxaca para concluir en Morelos donde se realizará un decreto comunitario de los Pueblos Nahuas de Morelos: es sobre la minería, se nos quiere imponer un proyecto de muerte pasando por los derechos indígenas de los compañeros de las comunidades de Tetlama y Cuentepec y de lo que se va sumando”, dijo un morelense integrante de la caravana.

El decreto es con base en la ley de los pueblos y la libre determinación que tenemos las comunidades originarias “para decidir qué es lo que queremos o no, en nuestro territorio”.

Al finalizar la caravana, las organizaciones trabajarán un informe sobre la documentación realizada en la ruta por los nueve estado de México, “para acordar lo que sigue”, precisó Camilo.

“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.

El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.

El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.

En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.

Salida

Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.

Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.

Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.

Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.

En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.

El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.

Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.

Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.

Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.

“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.

Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel

Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.

Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.

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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.

De raíz

Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.

Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.

La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.

Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.

En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.

“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.

Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.

Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.

En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.

Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.

Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir el trabajo de periodistas guatemaltecos en “The Store Project”, quienes investigaron las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal. El resultado es una serie de reportajes elaborados a partir de una filtración recibida por Forbidden Stories, quien ha compartido los documentos con medios en todo el mundo para develar los secretos más oscuros de la mina.

^{Texto y fotos: The Store Project}

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de los opositores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal. Desde sus oficinas, dirigen acciones de espionaje, seguimiento y criminalización en contra de líderes comunitarios, concejos ancestrales y la prensa local. Para este gigante minero, la difusión de rumores, la compra de líderes comunitarios, el financiamiento a la policía y la fabricación de pruebas falsas, es un cúmulo que forma parte del gran plan: mantener funcionando al proyecto Fénix.

El sol no es el único que se asoma por la ventana del periodista comunitario Juan Bautista Xol, a las 7:00 a.m. del 26 de octubre de 2021. Veintinueve policías acompañados por elementos del ejército y el Ministerio Público esperan afuera de su casa, ubicada en el barrio San Jorge, a 7 kilómetros del recinto minero de CGN-Pronico, en El Estor, para allanar la vivienda. Los agentes buscan armas o cualquier evidencia que pueda inculparlo de pertenecer al grupo de la resistencia Qʼeqchiʼ que impidió por más de 20 días el funcionamiento de la mina. En los siguientes minutos, lo localizan y lo fuerzan a sentarse en una silla. Xol no tiene permitido moverse. Tampoco hablar. Del otro lado de la habitación está su esposa, quien aterrada ante la escena de invasión de su hogar, observa cómo lo despojan de su gafete, chaleco de prensa y de su celular, mientras vuelcan el resto de sus pertenencias en el suelo. La policía lo retiene por algunas horas antes de retirarse. En los siguientes días, sus pasos, los de otros periodistas y los de las autoridades ancestrales serían observados y seguidos de cerca como parte de un plan para intimidarlos y/o criminalizarlos.

La intimidación ha estado ligada a la operación de la mina en El Estor desde siempre. Cada vez que la minera no ha podido reprimir a la resistencia de los comunitarios por su cuenta, ha utilizado al brazo armado del Estado, al ejército y a la policía, para reducirlos, atemorizarlos y hacerlos desistir de denunciar los abusos que han cometido en el territorio.

Las transmisiones en vivo y los reportes de Xol han sido parte clave para revelar al mundo lo que ocurre en El Estor. A raíz de esto, su rostro ha sido difundido en redes sociales y ha sido señalado de haber participado en las protestas y de promover la violencia, cuando desarrollaba su labor periodística.

El allanamiento en la casa del periodista comunitario, ocurrido durante el estado de sitio que el presidente Alejandro Giammattei decretó a finales de 2021 en favor de la mina, es solo una pequeña muestra de la influencia y poder que tiene dentro y fuera del territorio, y sobre las autoridades del Gobierno Central y Municipal. La mina ha sido, entre otras cosas, capaz de articular una mayor presencia policial para resguardar sus intereses.

La Policía Nacional Civil (PNC), de hecho, ha recibido donativos regulares de la mina, al menos desde 2015, y las empresas mineras han planificado junto a “altos jefes” policiales operativos de desalojos de comunidades, según documentos revisados para esta investigación.

Dos abogados guatemaltecos consultados por The Store Project coincidieron en que no es ilegal que la mina realice donaciones a diferentes instituciones del Estado, pero sí es antiético que lo hagan en el marco del ejercicio de violencia en favor de una parte involucrada, e incluso eso podría configurar un delito como el cohecho.

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Durante el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 24 de octubre de 2021, tras jornadas en las que la policía y el ejército disolvieron de forma violenta la protesta pacífica de comunidades Q’eqchi’ contra la mina, la participación de 700 militares y más de 500 policías. Su presencia sirvió para ejecutar 40 allanamientos y 90 órdenes de captura, pero también para instalar puestos de control y registro en todo el municipio, especialmente, en las rutas de movilización de la compañía. Los agentes de la fuerza pública también llevaron a cabo rondas de vigilancia en los barrios de El Estor, que los vecinos catalogaron como asedio y que tendría el objetivo de instalar el terror en las comunidades. Durante el estado de sitio, tras la dispersión de la resistencia, CGN-Pronico desarrolló una consulta comunitaria sin tomar en cuenta a más de 94 comunidades afectadas por la mina, con el propósito de devolver la “legitimidad” al proyecto que ha operado de manera irregular desde 2005.

El acoso que han denunciado de forma pública Xol, otros periodistas comunitarios, organizaciones sociales y la resistencia antiminera en contra de la empresa es el resultado de una serie de planes que ha puesto en marcha la compañía para asegurarse el control total de El Estor y la libre explotación de los recursos naturales.

En el 2005, la mina Fénix empezó a operar en el municipio luego de que el Gobierno de Oscar Berger le otorgara un permiso para extraer níquel y otros minerales. Desde su llegada al territorio, la comunidad Qʼeqchiʼ ha señalado las anomalías que los dueños del proyecto, antes canadienses y ahora rusos, han cometido, como la omisión de un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con declaraciones del abogado ambientalista Rafael Maldonado en agosto de 2021, y de una consulta comunitaria de vecinos, requisitos contemplados en la ley guatemalteca previo a la operación de cualquier proyecto extractivo.

Sin embargo, la mina ha conseguido el beneplácito de los Gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Alejandro Maldonado y, de manera más reciente, de Alejandro Giammattei, quien ha defendido la “legalidad” del proyecto.

Los actuales dueños de la mina, la firma rusa Solway Investment Group, filial de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN-Pronico, saben bien que El Estor es tierra de nadie. En este municipio del caribe continental de cara al Océano Atlántico, la única autoridad a la vista son los mineros y ellos lo saben.

En 2018, un grupo de amparistas -pescadores y autoridades indígenas- demandó al Estado de Guatemala por permitir a la mina operar desde 2005 sin haber realizado una consulta previa a las comunidades Q’eqchi’ afectadas, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 2019, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los solicitantes y ordenó el cierre de la mina. Resolución que reiteró en 2020, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) comunicó a CGN que debía dejar de operar. El proyecto Fénix, sin embargo, continúo como si nada.

Y es que los mineros se han asegurado una cuota de impunidad para mantener el funcionamiento del proyecto, al mismo tiempo que desarrollan tácticas contrainsurgentes que pasan por el espionaje, el perfilamiento y la criminalización de personajes clave como los pescadores, los integrantes de los Consejos Comunitarios Maya Qʼeqchiʼ, las organizaciones de derechos humanos y la prensa local, con el objetivo de dividirlos y evitar que se fortalezcan.

En esta historia develamos algunos de los hallazgos más relevantes surgidos de la filtración de más de 8 millones de documentos que explican cómo opera el gigante minero, dando paso a la segunda entrega de Green Blood llamada: “Mining Secrets” (Secretos Mineros). Una investigación colaborativa coordinada por Forbidden Stories en la que participan 65 periodistas, de 20 medios y de 15 países del mundo.

Un militar frente al departamento de relaciones comunitarias

En agosto de 2015, Maynor Giovani Álvarez Mai se convirtió en el gerente de Relaciones Comunitarias de Pronico. Álvarez, un hombre de 40 y tantos años, calvo, tez rojiza, de estatura media y que usa gafas de aros platinados de estilo aviador, es un militar retirado con el grado de mayor de infantería en el ejército de Guatemala, graduado en 1993 de Escuela Militar de Aviación.

Su contratación ocurre cuando la mina buscaba ampliar las tácticas de inteligencia y desarrollar “planes de contingencia en temas sociales” que, hasta ahora, han incluido ignorar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional para evitar el cierre de la planta procesadora de níquel por operar ilegalmente, montar estrategias de control, seguimiento, vigilancia, cooptación, criminalización y ataques hacia personas que la empresa considera opositoras y de “alto riesgo”.

En 2019, en medio de una manifestación afuera de la Corte de Constitucionalidad, que buscaba revocar la sentencia de suspensión, Maynor Álvarez resume en cuatro palabras el papel de los mineros en El Estor: “nosotros somos el Estado”.  Si la mina es el Estado, es uno “paralelo” que rige y hace cumplir su propia ley, de acuerdo con la evidencia que la filtración ha arrojado. Si bien es cierto que previo a su llegada, CGN-Pronico ya implementaba mecanismos de espionaje a través de informantes comunitarios, una acción que es penada de 5 a 10 años de prisión, y planes de “apaciguamiento” para mostrar el rostro amigable de la compañía a actores clave que podían ejercer influencia de afuera hacia dentro de las comunidades para así desbaratar cualquier resistencia en el desalojo de tierras, Álvarez las potenció y redirigió ese tipo de tácticas en contra de objetivos mayores que empezaban a incomodar a la mina.

En 2015, la compañía realiza un diagnóstico en donde identifica que los mineros han actuado de forma “reactiva” y que la nueva estrategia a seguir es aplicar la “inteligencia social”, la cual consiste en “dividir a los líderes” y “profundizar dentro de los grupos de oposición”, de acuerdo con la explicación de Roberto Zapeta, gerente de Seguridad General de Pronico.

En otras palabras, aniquilar a la resistencia con ayuda del espionaje de informantes. Todo esto para “evitar el incremento de bloqueos y usurpaciones”, según escribió Zapeta en un correo del 10 de diciembre de 2020, parte de los documentos filtrados. La tarea corresponde tanto a Relaciones Comunitarias como a la Gerencia de Seguridad de la mina.

Zapeta, quien tiene una maestría en “Altos Estudios Estratégicos con Especialidad en Seguridad y Defensa”, mantiene una relación directa con la Escuela de Inteligencia del Ejército, relación que Solway/CGN/Pronico justifican al decir que su gerente imparte “conferencias, a título personal, sobre su testimonio como víctima del conflicto armado interno” y, ahora, como promotor de la paz en Guatemala, de acuerdo con una carta enviada a Forbidden Stories a finales de febrero de 2022,.

Álvarez y su equipo también buscan bloqueos en las rutas que utiliza la mina, con ayuda de informantes que los previenen de las acciones antes de que sucedan elaborando “análisis críticos”, y siguen muy de cerca las manifestaciones de la disidencia con el objetivo de identificar a sus participantes y el nivel de peligrosidad de cada uno. A los líderes que tienen el nivel más alto de alerta, les implantan denuncias para desacreditarlos y que pierdan apoyo. Como es el caso de los líderes e integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (GPA) Cristóbal Pop, Eduardo Bin, Vicente Rax, Tomas Che, Jorge Xol, Marco Tulio Ical y Juan Eduardo Caal Suram.

Por ejemplo, el 11 de mayo de 2019, Marvin Méndez, de Pronico, coordina una entrevista a un grupo de 80 mujeres, algunas de ellas esposas de trabajadores de la empresa, quienes dicen haber sido víctimas de violencia por parte de los pescadores Cristóbal Pop y Eduardo Bin, durante una manifestación en mayo de 2017.

Méndez redacta un documento en donde detalla paso a paso el orden en que las mujeres contarán sus testimonios y las denuncias realizadas en el caso. En el texto es posible detectar que la intención era hacer preguntas que simularan a una conferencia de prensa para que pudiesen practicar sus respuestas de antemano. Entre las interrogantes, Méndez busca dejar en claro que la minera quiere quedar desvinculada del grupo de denunciantes, preguntando en varias ocasiones si CGN-Pronico ha estado detrás del apoyo o financiamiento recibido. Un aspecto que las interpeladas no aceptan, pero tampoco niegan al responder: “Estamos organizadas y gestionamos apoyo con diferentes instituciones para continuar en nuestro duro proceso en defensa de nuestros derechos”.

La relación de la compañía con las mujeres queda plasmada en otro documento de la filtración elaborado en septiembre de 2019, en el que se planifican jornadas de protesta para octubre y noviembre de ese año, con los empleados de la mina frente a la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. Las mujeres están allí para desacreditar a los amparistas, especialmente, a los pescadores Pop y Bin, y para enviar un mensaje a grupos allegados a los magistrados de la corte que podrían incidir en la revocatoria de la sentencia.

En esa misma hoja de cálculo, creada por Humberto Matheus, director administrativo de Pronico, la minera plantea otras acciones como “indicadores de éxito”. Entre ellas están: Conseguir que el MEM presente un recurso ante la CC, la desacreditación de la resistencia antiminera alegando que el amparo que la corte concedió y que logró la suspensión de la empresa, fue elaborado con firmas falsas; así como el uso de netcenters y colaboraciones pactadas con el portal de noticias mineras miningworks.gt, para difundir esta información en internet y redes sociales.

De estas acciones estuvo a cargo Álvarez, Marvin Méndez, Ivan Camey, Humberto Matheus, Iryna Litviniuk, entre otros empleados de Relaciones Comunitarias y de la Gerencia de Seguridad.

De manera pública, la minera ha promovido la instalación de mesas de diálogo con las comunidades Qʼeqchiʼ opositoras, pero todo ha sido un espejismo. En un correo de fecha 1 de junio de 2020, enviado por Oscar Chávez Morales, de Relaciones Comunitarias, se demuestra que todo ha sido parte de una estrategia para entretener a la gente mientras les arman casos penales y/o los denuncian anónimamente ante Crime Stoppers.

“Nataly: por instrucciones de Marvin Méndez solicito tu apoyo para la presentación de denuncias anónimas. Nombres y apellidos, CUI, residencia y número telefónico.  Ingresar al sistema Crime Stoppers Guatemala y llenar la información requerida”, lee el correo. Crime Stoppers Guatemala es un portal del Gobierno, la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, Interpol y otras organizaciones, en las que las personas pueden realizar denuncias y compartir pruebas o pistas para la investigación de hechos delictivos.

A esto se suma al hecho que Méndez ha solicitado que se instalen cámaras de seguridad dentro de la colonia para “registro audiovisual de las reuniones y el registro visual de potenciales detractores”. Una estrategia de documentación útil para la mina ya que, anteriormente, el Ministerio Público (MP) ha acudido a CGN-Pronico para obtener información de los líderes denunciados.

Es así que la “inteligencia social” que Álvarez y Zapeta desarrollan desde Relaciones Comunitarias y la Gerencia de Seguridad, no son más que planes y estrategias militares que obedecen a una política similar a la contrainsurgente, en donde el objetivo es “prevenir, detectar y detener las actividades de los opositores” mediante el despojo y/o el silenciamiento.

Las comunidades de El Estor reconocen que las acciones de asedio, intimidación y criminalización que han sufrido en los últimos años por parte de CGN-Pronico, para desintegrar a la resistencia antiminera, son las mismas que aplicaron las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno.

“Yo veo que el estado de Sitio es igual que la historia del conflicto armado interno. Porque llegan, de noche o de día, te agarran en la calle y te matan como a un animal. No he conocido a mi padre. Lo sacaron de la casa y hasta ahora no se sabe dónde está, si está vivo o muerto. Muchas de las mujeres sentimos miedo, no podemos salir. Nos dicen que tenemos paz, pero no es así. Vienen insultando, rompiendo y robando las cosas. La historia del ochenta es lo que se está repitiendo aquí”, refirió Olga Marina Ché, tesorera de la Gremial de Pescadores Artesanales e integrante del Consejo de Autoridades Ancestrales Q’eqchi´, el 6 de noviembre de 2021.

Doña Margarita, vecina Lote 8, habla del miedo que han vivido las mujeres en la resistencia: “nosotros -el Lote 8- participamos en la resistencia -octubre 2021-. Estábamos en nuestro derecho como pueblos indígenas, pero lo que han dejado los mineros son traumas y enfermedades. Desde esa fecha que nos corrieron de ahí, los helicópteros estaban sobrevolando y había presencia de muchos contingentes policiales. En el momento, no sentimos el trauma, pero ahora no me siento bien. Siempre estoy preocupada que algo me va a pasar. Mi cuerpo así me lo dice y no he estado bien. Tengo fiebre y dolor de cuerpo. Tuve mucho miedo cuando nos comentaron que a todos los que fuimos a apoyar a la resistencia antiminera nos tomaron fotografías y que serían denunciados. No salí en ningún lado durante un mes”.

“Inteligencia” como “control social”

Para inicios de 2017, los pescadores del Lago de Izabal se habían convertido en una incomodidad constante para la mina, pues reclamaban que los mineros eran los principales responsables de la muerte de los peces y otras formas de vida acuática en el lago, que es su medio de subsistencia.

Es aquí cuando el departamento a cargo de Álvarez, que hasta entonces había priorizado el despojo de tierras de interés de la mina y el desalojo de las comunidades que las ocupan, empezó a perfilarlos.

Los pescadores se organizaron en abril de 2017 y conforman la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (GPA).

Las organizaciones civiles y los concejos ancestrales, que cuentan con pescadores entre sus integrantes y son una forma de organización comunitaria Maya Q’eqchi’, además de periodistas locales que han seguido de cerca el desarrollo de los hechos, también pasaron a ser enemigos declarados de CGN-Pronico. Para desbaratar sus reclamos, los mineros optaron por criminalizarlos.

En un correo del 11 de mayo de 2017, el abogado de la mina Ivan Camey, bajo órdenes de Dmitry Kudryakov, presidente CGN-Pronico, solicitó los nombres completos, direcciones de domicilio, número de identificación y fotografías de los involucrados en las tomas de la carretera de El Estor, principal vía de suministro y liberación de la minera, para denunciarlos penalmente. Incluso refiere que es de interés de la mina contactar a los transportistas afectados por el cierre para animarlos a denunciar a los manifestantes.

Con esta información, el Departamento de Relaciones Comunitarias creó listas de actores clave entre las cuales incluyó a personas a favor y en contra del proyecto, junto a las tácticas disuasivas que debía utilizar para abordarlos. En algunas ocasiones, la estrategia se trató de buscar alianzas o colaboraciones para proyectos. En otros, el monitoreo y/o seguimiento por medio de informantes o infiltrados.

En las listas se encuentran miembros del Consejo de Alcaldes Indígenas, como Guadalupe Quinich; el líder de la comunidad Las Nubes (una zona que la minera busca explotar), Rodrigo Tot, y organizaciones civiles como la Fundación de Defensores de la Naturaleza.

En otro documento elaborado en marzo de 2018, Zapeta enlistó a los grupos de opositores según el nivel de riesgo, los vínculos de organización y persona, además de las amenazas que representaban para la empresa, como la posibilidad de que presentaran amparos que promovieran la realización de una consulta popular con resultados adversos para Solway, o bien, desprestigiar la actividad minera. Los pescadores, la Defensoría Q´eqchi´, medios de comunicación y periodistas locales, como Prensa Comunitaria y Radio Tultaka, y la Fundación Guillermo Toriello lideran las listas con el nivel más alto de riesgo.

La policía, la Municipalidad de El Estor, el Ministerio de Ambiente y otros más, fueron identificados como “soporte” de la minera. En un mapeo realizado en enero de 2019, la gerencia de seguridad clasifica al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), la Fundación Luis Augusto Turcios Lima y al Comité de Unidad Campesina (CUC) como “opositores mineros locales” que estarían “articulados por la Defensoría Q’eqchi’ para provocar crisis”.

A la mina le ha interesado llevar una bitácora de todas las manifestaciones, protestas y movilizaciones que ocurren en El Estor ya que piensan que tienen el potencial de perjudicarlos, aun si las actividades no tienen nada que ver con el proyecto extractivo.

Un “plan de reacción y seguridad” elaborado por Zapeta, buscaba ir más allá de registrar las actividades para identificar cuáles organizaciones apoyan a la Gremial de Pescadores y, así, impedir que consiguieran el apoyo para realizar nuevos bloqueos.

A raíz de este seguimiento y vigilancia, dos reportes del 11 de mayo y 7 de julio de 2017 identificaron a Eduardo Bin Poou, a Tomas Che Cucul, a Juan Eduardo Caal, de Sinaí, y a Cristóbal Pop Coc como los principales dirigentes de las protestas pacíficas por parte de los pescadores. En estos reportes aparecen sus nombres debajo de las fotografías de sus rostros e incluyen datos sensibles de identificación, lugar de residencia y actividades o hechos en los que fueron avizorados.

En los mismos reportes la empresa enlistó a algunos periodistas y a representantes de organizaciones sociales. Entre ellos está Jerson Morales Xitumul, a quien identifican como portavoz de los pescadores, Rolanda García y Santiago Botón, como reporteros de TeleSur; al periodista Carlos Ernesto Choc, como extrabajador municipal; Santiago Choc Cac, representante del sindicato de magisterio de El Estor; Mario Lobos, maestro de la Escuelas de Las Nubes; Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich Chaman y lideresa del barrio La Unión, y Ernesto Rueda, párroco de la iglesia católica de San Pedro en El Estor, entre otros.

El conocimiento de la minera sobre las actividades de los pescadores ha traspasado el seguimiento e infiltración. En más de una ocasión, se tornó en espionaje al documentar o grabar sus diálogos con otras personas, relacionados a CGN-Pronico.

“(Los pescadores) se han reunido un promedio de cuatro veces después de los incidentes”, se lee en un reporte del 6 de septiembre de 2017 de la filtración, en donde la mina demuestra que está al tanto de las reuniones que han mantenido desde mayo y del contenido de las mismas. La recomendación de Relaciones Comunitarias y de la Gerencia de Seguridad fue “buscar cómo dividirlos”. En ocasiones, con intervención de la policía.

En el mismo documento, Zapeta escribió que se debe “armar una estrategia… para mantener tranquilo al grupo -de pescadores-. Mientras se define lo de las capturas” pues “el comisario presentará una solicitud ante sus superiores en la capital para aprobar el operativo”.

Otro de los ejemplos de espionaje es un informe del 10 de septiembre de 2017, también redactado por Zapeta, sobre una reunión que sostuvieron los pescadores con los madereros y leñadores de El Estor. De acuerdo con el documento, estuvieron presentes Eduardo Bin, Cristóbal Pop y Vicente Pop, además del periodista Jerson Xitumul. En la junta, los pescadores expresaron su preocupación por la situación en El Estor y su temor a ser detenidos el día que acudieran a una citación en el juzgado de Puerto Barrios. Por eso, se plantearon la posibilidad de tomar las instalaciones de CGN-Pronico como medida de presión.

La vigilancia sin descanso que Álvarez y Zapeta han comandado desde sus oficinas, para beneficio de la mina tiene un fin último: suprimir a la oposición a través de la criminalización y los líderes comunitarios siempre han sido quienes los objetivos principales de sus acciones. Una de las figuras más representativas de la resistencia antiminera, desde 2017 hasta la actualidad, ha sido Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales.

Pop se ha enfrentado a CGN-Pronico desde ese día que el lago se tiño de rojo hasta la fecha, pasando por procesos legales de criminalización que han buscado desgastarlo con la suspensión de las audiencias judiciales. Eduardo Bin, vicepresidente de los pescadores, ha corrido con una suerte similar, pues ha sido detenido y liberado en repetidas ocasiones por la policía.

El espionaje ha llegado al punto de documentar las conversaciones de los pescadores en audios. Nadie ha estado a salvo de los oídos de la mina.

El 9 de septiembre 2018, realizaron el reporte de una nueva reunión entre los pescadores con varios archivos de audio en idioma Q’eqchi’ que fueron recibidos por Juan José Salazar, coordinador de Relaciones Comunitarias. En las palabras de Pop no había miedo sino más bien resignación ante la suspensión de una nueva audiencia, a petición de CGN-Pronico, pues el objetivo habría sido capturarlo y evitar que el juez escuchara el testimonio de una organización ambientalista a su favor.

Ese mismo año, el seguimiento contra Pop escaló a un nuevo nivel con el intento de secuestro. “El 20 de agosto -de 2018- , yo iba a una reunión. Apareció una camionetilla con 6 personas jóvenes, pero no tenían identificación. Me pararon, sacaron la pistola, dijeron que querían hablar conmigo. No sabía si eran o no policías, pero se fueron en contra mía. Con la persona que me acompañaba, tuvimos que forcejear y nos fuimos a los golpes. No lograron su objetivo, porque la comunidad, o sea, el barrio el Zapotillo me apoyó. Es así que no me lograron secuestrar. Cuando se pone la denuncia, dice el MP que no eran secuestradores sino que eran policías. Entonces, ¿por qué no llevaban identificación, chaleco o un carnet?”, contó Pop en una entrevista de 2021.

Acoso y desinformación para la prensa

La prensa local, especialmente los reporteros de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, Jerson Xitumul y de manera más reciente, Juan Bautista Xol, han sido vigilados por la mina. Desde el inicio, los periodistas han denunciado ser objeto de persecución e intimidación de parte de CGN-Pronico. El escenario más evidente y también el más actual, es el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 24 de octubre de 2021. Uno que Xol relata así:

“Cuando empecé documentar la resistencia los primeros días fue tranquilo, con él con el paso del tiempo empezaron a llegar las autoridades estatales. Yo trataba de tomarles entrevista a algún elemento de la policía y la Comisión Presidencial de Diálogo, pero se negaban. Lo que hacían era tomarme fotografías, pero en ningún momento pensé que iba a tener consecuencias después.

El 23 de octubre, ya circulaba una fotografía mía -en el internet-. La subió el director de Radio Sonora diciendo que yo estaba en la manifestación, que ya estaba portando una escopeta y estaba disparando en contra de los policías. Cosa que no fue así porque estaba dándole cobertura como periodista comunitario. Ahí empieza la persecución y la consecuencia de la documentación que hice durante más de veinte días”.

Varios documentos y correos de la filtración comprueban que el perfilamiento, el acoso y el espionaje, han perdurado por años. Sobre todo para Carlos Choc, quien ha persistido en documentar los hechos que involucran a la mina y a sus trabajadores.

Choc tiene casi 15 años de ser periodista comunitario y, en ese tiempo, ha dado cobertura a eventos vecinales como inauguraciones, desperfectos de los servicios públicos, nuevos proyectos, el desarrollo de las audiencias en los Juzgados de Izabal, manifestaciones y, todo lo que tenga que ver con los proyectos extractivos ubicados en El Estor, como el cultivo de palma africana y la mina de níquel.

En un documento de 2019, Crisantos Reyes, trabajador del de Relaciones Comunitarias, registra “información básica” de Choc y de Xitumul, quienes han dado cobertura a la contaminación del lago y la insistencia de los pescadores y las comunidades para obtener una respuesta gubernamental.

Al lado de sus fotografías, en donde se les ve utilizando el chaleco de los medios de comunicación para los que trabajan, aparece una lista de delitos que leen: “Violación a Derechos Humanos, libertad de emisión del pensamiento, censura en los medios de comunicación, intimidación por reportaje del lago de Izabal y amenaza contra periodista comunitaria”.

El 27 de mayo de 2017, en medio de la cobertura Choc documentó el asesinato del pescador Carlos Maas. Eso cambió su vida para siempre.

“En una manifestación el 27 de mayo de 2017, documenté también el asesinato de un pescador, Carlos Maas, a manos de la Policía Nacional Civil. Y a raíz de todo esto comienzan a amenazarme a través de llamadas telefónicas y luego con una persecución penal. En una orden de captura me imputan seis delitos. Desde ese momento, pues comienza un desplazamiento forzoso para mi vida, en donde tuve que abandonar a mis hijos, a mi familia, mi comunidad”, dijo el reportero.

Por esas fechas, Choc adquirió especial relevancia para el presidente de CGN-Pronico, Dmitry Kudryakov, tal y como lo refiere un correo de Ekaterina Komarova, trabajadora de la mina, fechado el 22 de agosto de 2017. En este, Komarova solicitó que Maynor Álvarez redacte una “nota informativa” sobre el reportero, a quien entonces la mina identificaba como vocero de los pescadores.

A partir de ese momento, el periodista comunitario fue observado y asediado. No solo sus movimientos sino su huella digital. Es decir, cada publicación que realiza en sus redes sociales y notas informativas. Todo ha sido sistematizado en diferentes documentos y presentaciones de Power Point.

Choc ha sido uno de los blancos persistentes de la mina porque ha visibilizado acciones como los desalojos en la reserva El Setal. Casi al mismo tiempo, la mina comienza a perfilar a Prensa Comunitaria y lo cataloga como un medio de izquierda, de acuerdo con varios correos de la filtración.

En agosto de 2017, CGN-Pronico denunció penalmente a Choc y lo señaló de haber participado en la retención de trabajadores de la minera entre el 3 y el 4 de mayo de 2017. Los delitos de la denuncia en su contra son: por detención ilegal, amenazas, daños, instigación a delinquir, asociación ilícita y reuniones y manifestaciones ilícitas.

En la incesante búsqueda de la mina por descifrar el carácter, los intereses y conexiones de Choc, el asedio también fue dirigido hacia su expareja e hijos. En un documento con fecha 29 de enero de 2019, un trabajador de la mina escribió un nuevo “análisis sobre Carlos Ernesto Choc” con fotografías del periodista, su expareja y nombre de la iglesia evangélica a la que asiste, además de sus pasatiempos.

En mayo, Relaciones Comunitarias redacta el “Informe de acontecimientos relevantes”, en donde aparece una cronología de las publicaciones del reportero desde el 13 de mayo de 2017 hasta el 11 de marzo de 2019. En el pie de nota, lee: “Antes de mayo 2017, no existían publicaciones relacionadas con nuestra empresa. Sus publicaciones con Prensa Comunitaria inician el 13 de mayo del 2017. El 18 de abril del 2018 actualiza su estado, indicando que trabaja para Prensa Comunitaria”.

No pasa mucho tiempo antes de que el periodista vuelva a surgir en el radar de la mina tras la publicación de la primera entrega del proyecto investigativo Green Blood, de Forbidden Stories, en el que colabora Choc. El 26 de junio de 2019, la compañía de níquel insiste en la criminalización del periodista para desprestigiarlo. En el mensaje,  el Departamento de Prensa de la Solway Group le compartió a Dan Bronstein, presidente de la Junta Directiva de Solway, un fragmento de una entrevista realizada a Choc por un medio de comunicación europeo, y se giran instrucciones para armar un caso penal en su contra que incluya un archivo “hecho desde cero”, con fotos borrosas importadas de Facebook y la denuncia de seis delitos, entre ellos: “asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas e incitación a delinquir.

Esto sucede al mismo tiempo que Méndez elaboraba un nuevo “Informe de actividades de Carlos Ernesto Choc” en donde detalló las actividades del reportero, sus coberturas en las audiencias contra Bin y Pop, además de la cantidad de publicaciones que realizó a través de sus redes sociales.

Solway/CGN/Pronico fue consultada al respecto. La companía negó haber tomado fotografías y haber perfilado a los periodistas nacionales y europeos que han dado cobertura a los hechos que rodean a la mina.

Censura a la prensa internacional

La situación de El Estor tras la suspensión temporal de la mina, capta la atención de la prensa internacional en 2019, que visita el municipio al menos dos veces en menos de un año.

La mina se propone utilizar la denuncia del grupo de mujeres quienes acusan a los pescadores Pop y Bin de haberlas violentando en una manifestación de 2017, para distraer a los periodistas internacionales y restar relevancia a los hechos que se acumulan en contra de CGN-Pronico. En una hoja de cálculo elaborada por Marvin Méndez, entre enero y mayo de 2019, la compañía traza un plan para que los medios se enfoquen en los testimonios del grupo de mujeres. El objetivo es “dirigir la atención de la prensa ante la vulnerabilidad de los derechos de la mujer y evitar la vinculación con intereses de la empresa”.

En noviembre, se preparan para la segunda visita de los periodistas que buscan dar seguimiento a las denuncias de criminalización y la violación de derechos humanos de las comunidades Qʼeqchiʼ.

En un correo del 11 de noviembre, Iryna Litviniuk, de Pronico, escribe al abogado Ivan Camey que deben de preparar las preguntas y respuestas que creen que serán de interés para los periodistas o si no se les puede “salir de las la manos” la entrevista, con el caso de la explosión de una caldera que dejó cinco muertos en 2016 y la muerte de tres estudiantes universitarios, incidente que la mina trató de ocultar.

El plan que trazan para febrero de 2020 consiste en: difundir noticias falsas de la aceptación de la comunidad hacia la mina, crear temor en la prensa de ser abordados por los comunitarios a través de publicaciones locales que muestran que estaban inconformes con la visita y plantear una segunda demanda en contra de uno de los abogados de los amparistas, Aníbal Maquín, para “minimizar el impacto mediático negativo y limitar acceso de los periodistas a fuentes de información dentro de las comunidades”. Y de esta forma controlar la narrativa en los medios internacionales y no perder la cartera de comerciantes internacionales.

“La cara amigable de la mina”

Álvarez y el departamento de Relaciones Comunitarias también se han encargado de implementar la otra parte de la estrategia de control, una que consiste en mostrar el rostro amigable de la empresa. Para eso emplearon un plan de divulgación de temas ambientales, sociales y de la operación de la minera para contrarrestar las opiniones negativas en los tomadores de decisiones.

Este plan fue accionado en junio y julio de 2017, tras la contaminación del lago. Para ello, destinaron un presupuesto de Q175,374 (USD$22,775) que abarca el pago de medios escritos, radiales y televisivos.  Nuestro Diario, Prensa Libre, Guatevisión, Canal 3, Radio Manatí, Radio Norte, Radio Comunitaria Mega, Radio Cristiana Miel son algunos de los medios mencionados en el documento filtrado.

A lo interno de las comunidades, la estrategia se ha centrado en ofrecer dádivas para que los líderes comunitarios y los vecinos aprueben la operación de la mina y hablen a otros sobre los beneficios que han recibido. Las acciones y proyectos han incluido la reparación de escritorios, la construcción de carreteras, la repartición de víveres y agua potable para la primera parte de la pandemia del coronavirus, y la oferta de empleo. Entre los beneficiados de este último apartado, aparecen algunas personas sugeridas por la Municipalidad de El Estor.

Ante la interrogante ¿el presidente de Pronico, Dimitry Kudryakov, ofreció a los líderes de los Cocodes y a los opositores empleos, financiamento para proyectos comunitarios o alguna otra alternativa, para apoyar a la compañía?

Solway/CGN/Pronico respondió a finales de febrero de 2022, que “analiza las necesidades, expectativas con respecto a la empresa, las dificultades y perspectivas desde el punto de vista de las partes interesadas, y las cuestiones más relevantes que les preocupan”.

A pesar de los esfuerzos, CGN-Pronico no ha logrado contentar a quienes han aceptado sus donaciones. Uno de ellos es un vecino de la comunidad Las Nubes, quien prefirió omitir su nombre para esta publicación: “La empresa no paga bien. La empresa siempre daña a nuestra comunidad. No estamos satisfechos con que nos den trabajo por que siempre está perjudicando nuestro medioambiente y nuestro cultivo. Nos afecta por el humo que daña al cultivo, porque se cae más rápido. Rápido se mueren las plantaciones”.

Los mineros saben que mientras las personas acepten sus ofrecimientos, ellos no harán nada en su contra. Aun si ese fuese el escenario, la compañía cuenta con un plan de respaldo: pagar a la policía para “evitar el fortalecimiento de los grupos de presión”.

En varios correos y documentos de la filtración, CGN-Pronico destinó presupuestos mensuales de US$5 mil 250 dólares (cerca de Q40,425) para la alimentación de la policía y US$384.62 (cerca Q2,961) para cubrir los “imprevistos” de las instituciones públicas que “apoyan a la Gerencia de Seguridad”.  Es así como han mantenido y fortalecido la presencia de la policía en un municipio en donde las comunidades se han encargado de desalojar a las fuerzas de seguridad en más de una ocasión.

Las donaciones y presupuestos para la policía han sido negadas por Solway/CGN/Pronico. Sin embargo, han aceptado ser promotores de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (Comupre) en el municipio, y dar “cobertura” al programa “Fortaleciendo a mi Comunidad”.

La influencia de la mina también se mide por sus influencias políticas, pues ha conseguido poner de su lado a los ministros de los diferentes Gobiernos. En una citación del 1 de junio de 2017, los ministerios de Ambiente, Gobernación y, Energía y Minas, los respaldaron y los liberaron de toda responsabilidad por la contaminación del lago. En cambio culparon a los pescadores de romper la mesa de diálogo con la empresa, antes de resolver el conflicto.

Por si fuera poco, cada año, la compañía ha repartido “presentes navideños” entre los funcionarios del Gobierno Central, Municipal y lo judicial. De acuerdo con un correo de noviembre de 2017, conforman la lista los ministerios del Ejecutivo en Izabal y la capital, el Ministerio Público y los juzgados, la policía, el ejército, los funcionarios de salud, y otros actores clave ubicados en El Estor, Livingston y Los Amates.

La entrega de regalos habría iniciado en 2014, tras la llegada de Solway Group a El Estor y la creación de Pronico, aunque la minera negó que se le otorgaran regalos a figuras que la ley prohíbe, como los jueces.

De acuerdo con la Ley de Probidad guatemalteca, los funcionarios (no específica cargos) tienen prohibido: “solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores.”

Álvarez y el despojo de Las Nubes

Tras tres años como gerente de Relaciones Comunitarias, Maynor Álvarez abandonó el puesto en noviembre de 2018, pero continúa trabajando para la mina, de acuerdo con información de la filtración. Esta vez, con el encargo de coordinar el desalojo de “Las Nubes”, una comunidad localizada cerca de la propiedad de CGN-Pronico, pero también próxima al centro de El Estor.

Su participación se ha comprobado con una serie de vouchers de pago cancelados por la Fundación Raxché, una ONG que canaliza donaciones y provee a la minera para la realización de proyectos.

El plan de CGN-Pronico siempre ha sido quedarse las tierras de las comunidades Qʼeqchiʼ pues son de interés para la explotación, como es el caso de Setal, Semuy y Las Nubes.

El director general de CGN, Alexey Morín, aceptó en un correo de febrero de 2018, que el plan es conocer las coordenadas de “los territorios que les vamos a quitar a la aldea Las Nubes” en donde planearon perforar en los siguientes cuatro años.

Tras identificar a las personas dentro de las comunidades que ocupan tierras, a través de acciones de inteligencia, los mineros determinan si tienen vínculos con trabajadores de la empresa, como una manera condicionarlos.

Por ejemplo, en El Setal identificó que algunos de los líderes comunitarios que ocupaban las tierras eran: Ofelia Cruz y la familia Álvarez Jacinto. Posteriormente, identificó que Axel Alberto Álvarez Jacinto, trabajador en la planta de níquel, podría ser su pariente.

La mina también dio con los perfiles de redes sociales de los comunitarios que ocupan las tierras que les interesan y llevaron un registro exhaustivo de cada vehículo que ingresaba y los abastecía.

Ya que uno de los objetivos de la mina ha sido reasentar a las comunidades que han ocupado y continúan ocupando tierras de su interés, crearon programas como bonos de “desarrollo familiar”, un sistema de pagos mensuales con un valor de US$130 (Q1,000) para cada una de las 68 familias de Las Nubes. Un costo total de US$8,840 (Q68,068) mensuales. Solway/CGN/Pronico negaron que reubicar a los residentes de Las Nubes sea parte de sus planes, además de la creación y uso de listas de informantes dentro de las comunidades. También negaron haber coordinado con la policía el número de agentes presentes en los desalojos que han realizado en tierras de El Estor.

Pese a la respuesta de la mina, la gente tiene claro que quienes se niegan a abandonar sus tierras y cultivos a cambio de algún beneficio, debe enfrentarse a la brutalidad de la compañía, como es el caso del pescador German Choc: “Para dejar mal a los gremiales -de pescadores- buscaron los líderes de los mareros, de los pandilleros. Dijeron: les vamos a pagar, pero vayan a cerrar al otro lado -del camino-, y vayan a cobrar. A los camiones de la empresa los dejan pasar.  Nos querían dejar en mal cuando la empresa publica que están son las gremiales de pescadores las están cobrando. Lograron su objetivo porque el Gobernador y el Presidente mandaron bastantes policías antimotines, incluso soldados”.

En febrero de 2020, Relaciones Comunitarias elabora una estrategia para esparcir rumores en las comunidades que quieren desalojar. La mina busca generar tensión entre los comunitarios para dividirlos con tácticas de guerra psicológica en las que contempla difundir información falsa que señale que los líderes de la comunidad Las Nubes han contraído VIH-Sida por su “promiscuidad”. Además, planean el pago de sobornos para que un grupo de pandilleros de otro municipio, incendie los cultivos de cardamomo que pertenecen a los comunitarios.

Otro aspecto que la minera ha negado en su comunicación con el equipo de Forbidden Stories.

La estrategia que la minera ha implementado en estos años, es amplia y diversa, pero desacreditar a los comunitarios sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por la empresa.

“A los cuatro días de haber empezado la resistencia -octubre 2021-, empiezan otras dos manifestaciones en Cobán, Alta Verapaz, y otra en Río Dulce, Izabal. Nos dimos cuenta que esas dos manifestaciones nuevas estaban a favor de la empresa CGN-Pronico. Estaban con carteles, con mantas, en donde mostraban su apoyo a la empresa. En otros carteles, exigían que se liberara el paso para los transportes pesados.  En ese caso, ellos empezaron a cobrar el paso a los vehículos. Cosa que utilizaron como una estrategia para poner en mal a la resistencia”, contó el periodista Juan Bautista Xol, criminalizado por la compañía.

En este rincón del mundo, nadie está a salvo de la ferocidad de la mina. Aun sin la intervención del Estado, la empresa cuenta con los medios y los alcances para elaborar y ejecutar planes que aseguren la continuidad del proyecto Fénix y la represión de la resistencia antiminera, que busca la liberación de un territorio golpeado y abatido por la complicidad del Estado de Guatemala con los intereses privados que buscan enriquecerse en las tierras ancestrales de los Maya Q’eqchi’, a costa de todo.