Luis Hernández Navarro – La Jornada

El migrante guatematelco Julio Fernando Cardona Agustín fue asesinado a golpes hace poco más de una semana. Fue visto por última ocasión en Tultitlán, el sábado 6 de agosto, a bordo de la patrulla 203 de la policía municipal. Los agentes lo detuvieron mientras dormía en las vías del tren, como presunto responsable de un robo. Pocas horas después, su cuerpo sin vida fue encontrado en las vías del ferrocarril aledañas a la Casa del Migrante de Lechería.

Julio Fernando Cardona Agustín era originario del departamento de San Marcos y tenía apenas 19 años de edad. Formó parte de la caravana humanitaria Paso a Paso por la Paz, promovida por el sacerdote Alejandro Solalinde, que recorre el país desde el 25 de julio, promoviendo la protección y el reconocimiento de derechos para los inmigrantes indocumentados centroamericanos en México que se dirigen a Estados Unidos.

Julio Fernando llegó a la Casa del Migrante de San Juan Diego, en Tultitlán, el 2 de agosto. Tres días después recibió un certificado de nacionalidad para gestionar la regularización ofrecida por el Instituto Nacional de Migración a los integrantes de la caravana. El día 6 decidió continuar su viaje a Estados Unidos. Ya no llegó. Fue detenido por policías mexicanos y asesinado.

Lechería, en Tultitlán, es una comunidad a la que llegan de paso miles de centroamericanos. Allí confluyen los ferrocarriles que vienen del sur de México con los que van al norte.

Durante años, los migrantes abordaban el tren rumbo a la frontera en la estación Tultitlán del Tren Suburbano; sin embargo, ahora existen bardas y mallas que hacen más difícil subir. Los indocumentados que arriban a Tultitlán son víctimas frecuentes de redadas, extorsión y persecución de las diversas policías. Con frecuencia, las autoridades actúan en contubernio con las bandas criminales que abusan de los centroamericanos.

Las protestas por la muerte de Julio Fernando no se hicieron esperar. Una semana después, grupos defensores de derechos humanos y migrantes centroamericanos realizaron una caminata silenciosa por las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas; marcharon para exigir castigo a los homicidas de su compañero. Exigieron eliminar las visas para migrantes y así evitar que sean víctimas del crimen organizado. Llevaron cruces y mantas con las leyendas Alto a la represión, Eliminar visas para migrantes centroamericanos y Basta de represión, secuestros, violaciones y asesinatos de migrantes.

El sábado 13 de agosto, integrantes de la Caravana Paso a Paso y los encargados del albergue Casa Juan Diego convocaron a una procesión pacífica y una liturgia en memoria de Julio Fernando. Sin embargo, un grupo de vecinos, integrado por entre 30 y 50 personas de la colonia Lechería, impidió la realización del acto y amenazó con quemar la Casa del Migrante. Durante seis horas, religiosos y migrantes sufrieron la acometida xenófoba y racista.

Los habitantes que se oponen al albergue aseguran que los migrantes dañan a la comunidad, que son delincuentes y criminales. Culpan a los centroamericanos de la inseguridad que se vive en la zona. Se comportan con ellos de la misma manera en que actúan muchos estadunidenses con los mexicanos que cruzan la frontera.

Marco Antonio Calzada Arroyo, alcalde del municipio y militante del PRI, ha participado directamente en la generación del clima de intolerancia contra los indocumentados centroamericanos. El 2 de septiembre de 2010 se pronunció contra la permanencia del albergue en el municipio, alegando que los migrantes generan inseguridad y no otorgan ningún beneficio a la localidad. Según él, diariamente llegan a Tultitlán entre 100 y 150 sin papeles, todos sin dinero, hambrientos y sedientos, por lo que cometen delitos, como robar tanques de gas en domicilios particulares, violar y secuestrar. Él ha ordenado que se les detenga.

Los responsables del albergue han sido frecuentemente acosados. Guadalupe Calzada Sánchez, fundadora del refugio junto con la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, sufrió en carne propia estos ataques. El 2 de julio del 2010 hombres armados y vestidos con uniformes de la Policía Federal irrumpieron en la Casa del Migrante e intentaron detener a varios centroamericanos, lo que fue impedido por Calzada Sánchez, entre otros voluntarios, así como por habitantes de Lechería. Tiempo después, Calzada Sánchez recibió amenazas por la labor que realiza.

Abundan los casos de abuso contra los migrantes en Tultitlán, perpetrados por diversas policías. Una sola muestra: el 19 de noviembre de 2009 integrantes de la Policía Federal llegaron al puente Independencia y detuvieron e intentaron llevarse a cinco centroamericanos. Los policías iban a bordo de un vehículo particular. Los sin papeles ya habían sido secuestrados previamente en Veracruz y torturados con golpes de madera en la espalda baja. Finalmente, los agentes desistieron de su intento de llevarse a los indocumentados al percatarse de la presencia de camarógrafos y reporteros de la cadena de televisión estadunidense CBS.

Ser migrante no es delito. Los indocumentados no son ilegales; simple y llanamente son seres humanos que no tienen papeles y que buscan un trabajo para sobrevivir. El clima de xenofobia y racismo en su contra es una vergüenza nacional. Los abusos policiacos que sufren son una canallada. El asesinato de Julio Fernando Cardona no debe quedar impune. Tampoco el de tantos otros como él, muertos sin nombre, cuyo único delito fue ejercer su derecho de fuga para procurar una vida digna.