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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de octubre de 2022
Boletín No. 31

La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lamenta los hechos de violencia que se presentan en la Fracción Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas. De acuerdo a diversas fuentes de información los enfrentamientos iniciaron desde el pasado 29 de septiembre de 2022; hasta el momento se ha confirmado un número aproximado de 129 personas en desplazamiento forzado interno (32 familias), refugiadas en la comunidad de Polhó, del mismo municipio; entre ellas se encuentran al menos 36 niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. A ello se suma la quema y destrucción de aproximadamente seis casas; al momento no contamos con datos precisos respecto al número de personas heridas y asesinadas.

Desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso  a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia.

En diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, diversos  actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico. De 2011 a la fecha, hemos documentado 40 conflictos en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos eventos se desarrollaron en Los Altos de Chiapas, destacando los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

Los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional.

La descomposición social que hoy atestiguamos emana tanto del conflicto político-militar irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales.

Por tal razón, exigimos al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz, además de iniciar una investigación diligente respecto a la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.

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La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas (172.91 KB)

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Una investigación  llevada a cabo por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela tres nuevos casos de espionaje realizados con el software espía Pegasus, de la empresa NSO Group, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre los años 2019 y 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Las víctimas son Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Rafael, periodista y escritor, y un periodista de Animal Político. En común tienen labores e investigaciones relacionados con violaciones a Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

“No son los únicos casos (…). Hemos documentado casos que no salieron a la luz y que nunca van a salir a la luz porque no hay el consentimiento de las víctimas”, sostuvo Luis Fernando García, Director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La empresa comercializadora Antsua SA de CV hace parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. “Recibió información por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre marzo de 2018 y, al menos, diciembre de 2019”, dijo Leonardo Maldonado, de la organización Artículo 19.

La Sedena contrató de la empresa Antsua un sistema de monitoreo remoto de información en abril de 2019. “La Secretaría ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por la vía de solicitudes de acceso a información”, informa Maldonado.

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“El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones de manera ilegal”, alerta el integrante de Artículo 19.

¿Sabe o no sabe?

Los hallazgos revelan contradicciones en las reiteradas promesas de López Obrador en las cuales señala que, en su gobierno, no se usaría el sistema de espionaje contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

Lo anterior, evalúa Maldonado, implica la posibilidad de dos escenarios. “Primero es que el presidente mintió al pueblo mexicano. Segundo, que las Fuerzas Armadas espía a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.

De todos modos, en México, “las Fuerzas Armadas continúan violando derechos humanos ya sea por orden o desobediencia prevaleciendo la impunidad”, dijo.

Inteligencia en México es militar

Mucho se ha hablado sobre la concentración de actividades del Ejército en temas como la repartición de vacunas, la construcción de obras públicas, en funciones de policía, pero de acuerdo con una de las víctimas de Pegasus, el periodista Ricardo Raphael, existe un punto fundamental que es la concentración de actividades de inteligencia gubernamental en las manos de las Fuerzas Armadas.

“No hay órganos de inteligencia civil en nuestro país. El propio CNI [Centro Nacional de Inteligencia] está gobernado por una voz y un mando militar. Sabemos que hay áreas de inteligencia en la Guardia Nacional y suponemos que hay distintas áreas de inteligencia en el Ejército”, sostuvo el periodista.

A las “distintas áreas de inteligencia”, Raphael se refiere a las revelaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), en la semana pasada, sobre la existencia de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, concentró todo el acopio de información, incluso monitoreo en tiempo real, de lo que pasaba con los normalistas.

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“Me pregunto si no será otro Centro Regional de Función de Inteligencia que tuvo acceso a estas licencias de Pegasus justamente para infectar nuestros dispositivos”, indaga el periodista.

Uso privado de las grabaciones

En el caso específico de Ricardo Raphael, se descubrió que la información obtenida se compartió con agentes privados.

“Durante las distintas intercepciones se obtuvo por lo menos una conversación que sostuve con el secretario Técnico de Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública donde nos referimos a dos casos y esta información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia en la FGR. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia hayan proporcionado esta grabación que después se usó en mi contra”, explicó el periodista.

“No somos personas que podamos ser imputados de actividades criminales o de estar atentando contra la seguridad del Estado. (…) ¿Cuál es el criterio con el que estos centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas están decidiendo interferir en nuestra vida personal, en nuestra actividad pública (…)?”.

Nuevas formas de infectar

De acuerdo con Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, en los últimos años se ha invertido millones de dólares para sofisticar el software espía y sus principales inversionistas son los gobiernos.

Antes se identificaban solamente “métodos de infección muy tradicionales, aunque efectivos, que son los engaños a través de links que, si uno hace click, tiene el dispositivo infectado”, explica.

Sin embargo, en las últimas generaciones de Pegasus hay algo que se llama “cero click”, es decir, mecanismos de infección que buscan de diferentes ámbitos ingresar a los dispositivos.

NSO ha utilizado vulnerabilidades de plataformas utilizadas cotidianamente para infectar los teléfonos. Un ejemplo es que se identificó que a través de una simple llamada de Whatsapp se podría intervenir en los dispositivos.

Según García, Citizen Lab y las mismas plataformas como Apple y Facebook han detectado vulnerabilidades en sus sistemas que han sido explotadas por NSO Group para infectar dispositivos con Pegasus.

Apertura de archivos

El integrante de Artículo 19 resalta que es indispensable esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.

Las organizaciones de Derechos Humanos demandan que se investigue y se abran los archivos de inteligencia militar, naval y civil que continuamente han abusado de su poder como se ha demostrado en el caso Ayotzinapa.

Como el GIEI ha demostrado, “en los archivos de inteligencia militar, naval y civil se esconde la verdad sobre miles de violaciones de Derechos Humanos. (…) necesitamos abrir estos archivos”, sostuvo Fernando García.

Denuncia

Las organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las intervenciones ilegales de comunicaciones privadas sin autorización judicial.

Sin embargo, García sostiene que “no hay condiciones” y “no hay confianza en ninguna institución en México para llevar a cabo esta investigación”. El director de R3D defiende la necesidad de crear “un mecanismo independiente que nos provea la oportunidad de conocer la verdad”.

Recado

Si este espionaje es “un intento de inhibir nuestro trabajo, por supuesto, nuestra respuesta es exactamente la contraria; nosotros seguiremos investigando este tipo de violaciones [perpetradas por las Fuerzas Armadas] que es información vital para que la conozcan nuestros lectores”, dijo Daniel Moreno, del medio Animal Político.

Las organizaciones involucradas en la investigación invitan a periodistas y defensores de derechos humanos que sospechan haber sido objeto de medidas de vigilancia a que escriban al correo contacto@ejercitoespia.mx. Las investigaciones van a continuar.

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A los pueblos de México y del Mundo,

A los gobiernos municipal, estatal y federal,

A los medios de información nacionales e internacionales,

A los organismos defensores de derechos humanos.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michiacán, región costa-sierra, reorganizó su GUARDIA COMUNAL desde el año 2009 para defender la vida, integridad, libertad y derechos territoriales de sus habitantes ante el acoso permanente de los cárteles criminales, generalmente protegidos por los gobiernos en turno. La GUARDIA COMUNAL se rige de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y está jerárquicamente subordinada a la Asamblea General de Comuneros y a las autoridades civiles de la propia comunidad, misma que cuenta con un autogobierno propio históricamente reconocido por las diversas instituciones del Estado Mexicano.

En consecuencia con los arriba dicho la comunidad de Santa María Ostula ejerce sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno y territoriales, lo que incluye la existencia y funcionamiento de su GUARDIA COMUNAL, de conformidad con las regulaciones constitucionales y convecionales vigentes como son los artículos 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  de la DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAD, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 del CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2, y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Como lo señalamos en un comunicado anterior, entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Cabaleros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y líderes comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65o. batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo lo anterior a pesar de que la COmisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad desde el año 2010.

Actualmente, mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz y tranquilidad. Por lo anterior es inexplicable que actualmente el gobierno del estado esté amagando con desarticular las guardias comunales del municipo de Aquila mediante la utilización de la Guardia Nacional y los cuerpos militares y que el pasado dia seis de septiembre del año en curso el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, mencione que su actual gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”; y pone especial atención en el municipio de Aquila, al que pertenece nuestra comunidad, en tanto que señala y reitera que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

LO ANTERIOR RESULTA PREOCUPANTE ANTE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DONDE DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE PASADO EL CJNG TOMÓ EL CONTROL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINICUILA Y DESPLAZÓ A PERSONAS Y FAMILIAS FUERA DEL LUGAR CON EL PROPÓSITO DE EXPLOTAR LAS MINAS DE ESTE MUNICIPIO, OCURRIENDO QUE UNOS DIAS ANTES LA GUARDIA NACIONAL OCUPÓ ESTE POBLADO, DESARMÓ Y DESARTICULÓ A SU GUARDIA COMUNAL, DETUVO A DOS DE SUS ELEMENTOS Y COPÓ POR COMPLETO DICHA LOCALIDAD, EL RESULTADO ACTUALMENTE CHINICUILA ES UN LUGAR SEPULCRAL EN MANOS DE LA DELINCUENCIA ANTE LA PRESENCIA PASIVA DE LOS CUERPOS FEDERALES DE SEGURIDAD.

En dicho sentido volvemos a reiterar que nuestra guardia comunal no impide el libre tránsito de la población, ni en ella coexisten grupos delicuenciales que atenten contra la integridad de las familias michoacanas, señalando que nuestra comunidad indígena, por medio de sus órganos autónomos  de gobierno y sus normas propias, reglamente y faculta a la guardia comunal para brindarnos la seguridad en nuestro territorio.

EN CONSECUENCIA MANIFESTAMOS QUE ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, ÚNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTOS LA GARANTÍA DE NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.

EXIGIMOS A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMIA Y EN CONCORDANCIA CON ACUERDOS PREVIOS QUE HEMOS ADOPTADO CON LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS SEÑALAN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN EXIGIMOS QUE LOS CUERPOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EL EJÉRCITO MEXICANO Y LA MARINA ARMADA DE MÉXICO DESTACAMENTADOS EN LA REGIÓN SE ABSTENGAN DE OCUPAR, EN FORMA PERMANENTE O INTERMITENTE, NUESTRO TERRITORIO COMUNAL CON EL PRETEXTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III, PRECISANDO QUE SU PRESENCIA DEBE CONSTREÑIRSE, COMO HA OCURRIDO HASTA EL DIA DE HOY, A LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NÚMERO 200.

SANTA MARÍA OSTULA, A CUATRO DE OCTUBRE DE 2022.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Vías del tren en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.}

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunció que el pasado viernes 30 de septiembre, César Octavio Morales Toledo, actual Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Blas Atempa, ordenó a personas a su cargo a insultar, golpear y amenazar de muerte a Ismael Luis López, habitante de dicha comunidad zapoteca.

Esta acción es la más reciente registrada y denunciada por la Asamblea de Puente

Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes mediante comunicado aseguraron que la razón de las agresiones se debe a la resistencia de la comunidad zapoteca contra la imposición de un parque industrial en tierras comunales.

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“Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI (Polo de Desarrollo para el Bienestar) en nuestras tierras colectivas”, enfatizan mediante comunicado.

Las organizaciones indígenas denuncian que días antes, el 25 de septiembre, se realizó una supuesta asamblea de comuneros, “que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo” como representante del Comisariado.

Las asambleas recuerdan que desde finales del mes de agosto habían alertado sobre el posible nombramiento de las nuevas autoridades agrarias, cuya urgencia “responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021”, debido a su rechazo al parque industrial.

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A su vez, señalan que César Octavio, conocido en la región como “Santa”, es hermano de Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal y mano derecha del gobernador electo en el Estado, Salomón Jara Cruz. En el testimonio de López, el indígena zapoteco asegura que Morales le agredió tirándole al suelo mientras declaró que el parque “se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo”, detalla el comunicado.

Vínculos con crimen organizado

Las organizaciones indígenas subrayan que, debido a los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo, se debe llevar a cabo una revisión de la legalidad en su nombramiento como Comisariado de Bienes Comunales.

Destacan que Morales ha sido detenido en dos ocasiones. La primera de ellas por elementos de la Policía Federal ocurrida en el año de 2018, en el marco del operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca”, por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal. Mientras, la segunda detención, documentada por la revista Proceso, ocurrió en enero de 2022, cuando elementos militares le detuvieron por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Cesar Octavio Morales Toledo opera a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), movimiento político que consolidó su hermano Antonino Morales como apoyo a la candidatura del ahora gobernador electo, Salomón Jara.

De acuerdo a una investigación publicada por El Muro MX en mayo de este año, el gobierno estadounidense solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), congelar las cuentas de mil 669 personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de estas personas relacionadas al crimen organizado es Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara desde hace seis años.

Violencia continúa

Otra de las denuncias de las asambleas indígenas retoma las agresiones contra David Hernández Salazar y su familia, quienes el 19 de julio fueron violentados físicamente por Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, personas quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

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Las organizaciones indígenas responsabilizan del clima de violencia en la comunidad Binnizá de Puente Madera a funcionarios locales, estatales y federales. Entre ellos a los hermanos Antonino y Cesar Morales Toledo, así como a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, y Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por último, exigen respeto a la libre determinación de Puente Madera en su rechazo a la construcción del Podebi en las tierras de uso común, así como al cese de los hostigamientos y criminalización contra sus habitantes y representantes.

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Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, a 03 de octubre de 2022

Contra el cacicazgo y la apropiación de los Bienes Comunales en San Blas Atempa

A los y las habitantes, comuneros y comuneras de San Blas Atempa y sus agencias
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

DENUNCIAMOS

El día viernes 30 de septiembre, el compañero Ismael Luis López, habitante de la comunidad indígena de Puente Madera, se encontraba realizando sus labores de albañilería en una calle concurrida de San Blas Atempa, cuándo una camioneta se aproximó hasta su ubicación, de la cual sé bajo Octavio Morales Toledo conocido como “Santa” y ordeno se bajara la gente que venía con él para insultar, amenazar de muerte y golpear al compañero Ismael López. Tirándolo al suelo y diciéndole que el Parque Industrial, que forma parte de los PODEBIS del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo.

CONTEXTO

Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI en nuestras tierras colectivas, en específico, esta agresión, por quien ahora es representante del Comisariado de Bienes Comunales, hacia el compañero Luis López, se dan bajo el siguiente contexto:

El 19 de julio, el compañero David Hernández Salazar y su familia sufrieron agresiones físicas por parte de Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

A finales del mes de agosto habíamos alertado sobre la convocatoria para el nombramiento de estas nuevas autoridades agrarias. En ese momento sabíamos, y lo confirmamos ahora, que este nombramiento urgente responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021, por nuestro rotundo rechazo a la instalación del Parque Industrial en nuestras tierras colectivas.

El día domingo 25 de septiembre del presente año, se dio la supuesta “asamblea de comuneros”, que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo conocido como “Santa”, nuevo representante del Comisariado de Bienes Comunales de San Blas Atempa, hermano de Antonino Morales Toledo, expresidente municipal, y mano derecha del gobernador electo en el estado, Salomón Jara Cruz.

Ante estos sucesos EXIGIMOS:

A la Procuraduría Agraria, que con base en el artículo 38 de la Ley Agraria, se revise a profundidad los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo. De los que nosotros damos al conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

Que el susodicho, fue detenido en el año 2018 por el operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca” por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo explicar la procedencia legal del dinero. Y en el mes de enero de este año (2022) nuevamente fue detenido por personal del Ejército, por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Y que el ahora Comisariado de Bienes Comunales, promovió una demanda con el Expediente 71/21-15-01-9 en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; así mismo promovió un Amparo Indirecto con el Expediente 466/2012 en contra del Juez De Garantías En Tehuantepec, Oaxaca.

Respeto a la libre determinación y voluntad de la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera en la NO instalación del Parque Industrial del Corredor Interoceánico en tierras de uso común.

Que cesen los hostigamientos, amenazas y criminalización contra nuestros representantes y habitantes de la comunidad Binnizá de Puente Madera.

HACEMOS UN LLAMADO:

A los individuos, colectivos y pueblos indígenas de Oaxaca y México a realizar acciones dislocadas en solidaridad con la comunidad de Puente Madera y en contra del proceso de Industrialización de esta región que traerá consigo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Llamamos a la solidaridad Internacional, ha realizar acciones contundentes en la embajada de México en sus países, en contra del proceso de criminalización que como pueblo indígena hemos venido sufriendo en el marco de la ejecución del megaproyecto de interés geopolítico Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

RESPONSABILIZAMOS del clima de violencia en la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, así como de cualquier detención, amenaza y agresión a los representantes y habitantes de Puente Madera y de nuestra organización regional, A:

Antonino Morales Toledo, líder estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas y presidente de la Fundación Antonino Morales Toledo;

Cesar Octavio Morales Toledo, representante electo del Comisariado de Bienes Comunales;

Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca;

Lila Rodríguez Villanueva, jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec;

Rafael Marín Mollinedo, Director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina;

Salomón Jara Cruz, gobernador electo del Estado de Oaxaca (2022-2028);

Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador del Estado de Oaxaca (2016-2022);

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república

Desde el Bloqueo Carretero
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

PD: A 54 años de la matanza de Tlatelolco
No perdonamos Ni olvidamos
Y recordamos que los militares de hoy
son los mismos asesinos de ayer