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Underground Periodismo Internacional

Hackeo al ejército: Entrega SRE a la SEDENA reportes internos sobre simpatizantes del EZLN en Europa

  • Fecha:25 Nov 2022

Fuente: Undergroundperiodismointernacional

Por Yetlaneci Alcaraz, Marco Appel y Alberto Escorcia

Las embajadas y agregadurías militares de México en Europa dieron un puntual seguimiento, por separado, a la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que viajó a la región en 2021. No obstante, comunicaciones internas hackeadas a la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que a ésta le fueron entregados reportes internos elaborados por las representaciones diplomáticas, en los que se llega a identificar a activistas y organizaciones europeas simpatizantes con el zapatismo. Por razones de seguridad, este medio decidió omitir los nombres de los funcionarios y los activistas mencionados en los mensajes.


BERLÍN/BRUSELAS/ESTOCOLMO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su embajada en Bélgica, entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sus reportes internos sobre la caravana zapatista que, entre junio y noviembre de 2021, recorrió diversos países en Europa. En algunos de ellos, la SRE menciona con nombre, apellido y perfil a activistas mexicanos y extranjeros que simpatizan con el movimiento guerrillero.

Underground Periodismo Internacional tuvo acceso a archivos con correos electrónicos hackeados a la SEDENA por el autodenominado grupo Guacamaya en los que se evidencia que, hasta en el extranjero, el gobierno federal reporta y comparte con el Ejército información reservada.

Como ya se sabe, el Ejército también siguió con detalle la travesía de los zapatistas pidiendo a sus agregados militares información sobre las actividades “del grupo inconforme EZLN” (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en Europa.

El 8 de julio de 2021, una funcionaria de la embajada mexicana en Bélgica envió al agregado militar y aéreo adjunto de esa misma representación un correo con los reportes semanales de cuando menos 17 legaciones diplomáticas mexicanas:

“Estimado Teniente Coronel.

De conformidad con las instrucciones del Embajador, le anexo las comunicaciones que hemos recibido sobre lo del EZLN”, señala el mensaje enviado desde su correo oficial.


Documento testado por Underground Periodismo Internacional

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Reivindicamos el caminar de las mujeres como protagonistas de las historias de lucha de los pueblos y comunidades

  • Fecha:24 Nov 2022

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
24 de noviembre de 2022
Boletín No. 32

Reivindicamos el caminar de las mujeres como protagonistas de las historias de lucha de los pueblos y comunidades

  • Exigimos al gobierno mexicano el cese de la impunidad y garantizar la vida y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes.

¨Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo¨

En el marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) decimos que las mujeres son protagonistas de las historias de lucha que se caminan en los territorios. Queremos ser eco de sus voces contra la violencia patriarcal y en la búsqueda de justicia y paz; denunciamos también la violencia, el terror feminicida, el control territorial, la criminalización y las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres.

Responsabilizamos al Estado mexicano tanto por acción como omisión, y por no garantizar la vida, seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, quienes se ven en alta vulnerabilidad en medio de un ambiente de violencia generalizada, proliferación de grupos armados, así como de un proceso de despojo y control de los territorios a partir del terror y la remilitarización para la implementación de proyectos de desarrollo con lógicas ajenas a las comunidades y pueblos.

Las voces de las defensoras en su lucha por defender sus tierras y territorios resuenan en las dignas geografías chiapanecas. En el 2022, quienes forman parte de los pueblos originarios siguen enfrentando amenazas a su derecho a vivir una vida digna y en paz, a acceder a la tierra y trabajarla, así como a disfrutar de los derechos de autonomía, libre determinación y al desarrollo de sus culturas y ancestralidades.

Los megaproyectos, que aprueba el gobierno sin consulta previa, libre e informada ponen las vidas y derechos de cientos de miles de mujeres en riesgo. Proyectos extractivistas y de minería contaminan el agua, el aire y la tierra, elementos vinculados a la naturaleza y a la vida de las comunidades como en Chicomuselo y el territorio zoque de Chapultenango. El Tren Maya, junto a los proyectos de infraestructura que lo posibilitan como la carretera de las culturas que va de San Cristóbal de Las Casas a Palenque se llevan a cabo en detrimento de los derechos colectivos de las comunidades mayas que han manifestado un rechazo por la imposición de estas dinámicas que violan sus derechos fundamentales e impacta de manera tanto individual afectando su integridad física, moral y psicológica, así como de manera colectiva, en su cultura y sus modos de vivir la vida con raíces milenarias.

Las mujeres que se enfrentan el despojo de sus tierras y territorios denuncian el aumento de la violencia de género, secuestros, feminicidios y acoso. La militarización de los territorios indígenas aumentó en el año de 2022 y las defensoras se pronuncian contra la presencia militar, a la presencia de hombres armados en sus tierras incrementa el riesgo de vivir violencia en su contra, vigilancia, criminalización, acoso y amenazas de muerte.

En el Frayba, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar la acción y omisión de los distintos niveles de gobierno en México, y para que garantice la salvaguarda de las mujeres defensoras que exigen el cese de la impunidad, así como una vida en paz y libre de violencia.

Hoy, seguimos adelante hasta que haya para las mujeres una vida libre y sin miedo.

Descarga en PDF el Boletín Frayba No. 32 (214.05 KB)

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MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

Llamado de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) a las organizaciones hermanas y solidarias, frente a su próxima visita al territorio del CIPOG-EZ

  • Fecha:24 Nov 2022

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS LIBRES, AUTÓNOMOS O CÓMO SE LLAMEN
AL PUEBLO EN GENERAL

23 de noviembre de 2022.

Compañeros y compañeras, como es de su conocimiento la violencia en la Montaña Baja de Guerrero, donde se encuentras nuestros hermanos y hermanas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) no para. Durante ya varios años, han sido perseguidos y asesinados, torturados, desaparecidos y atemorizados por el grupo narco-paramilitar los Ardillos.

Es así que, frente a la indiferencia de los gobiernos y de quienes deberían de brindar seguridad, desde las fiscalías hasta la Guardia Nacional, pasando por las policías municipales, estatales, militares, colectivos diversos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, decidimos romper el cerco narco-paramilitar y visibilizar a las comunidades que sufren la violencia para construir un camino hacia la justicia y la paz. Sin embargo, el 5 de noviembre la policía de tránsito de Chilapa, detuvo, identificó y entregó a Adán Linares, Guillermo Hilario Morales y Moisés Cuapipistenco a los Ardillos, siendo asesinados brutalmente.

No podemos permanecer indiferentes frente a estos hechos, menos cuando Adán, Moisés y Guillermo, días antes habían pedido frente a frente a Andrés Manuel López Obrador, paz y justicia para sus comunidades: la respuesta fue la muerte. Es por lo anterior, que el 25 de noviembre, quienes integramos la MCO-S, nos desplazaremos a la Montaña Baja de Guerrero, para abrazar a las familias de quienes han sido asesinados, que ya suman más de 50, así como 20 desaparecidos pertenecientes al CIPOG-EZ. Vamos porque nos duele tanta indiferencia de los malos gobiernos y para seguir visibilizando y denunciando el desprecio que sufren los pueblos indígenas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas que han sido parte de la MCO-S, a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional, así como a quienes han desplegado su solidaridad con la MCO-S, a mantenerse al tanto de nuestro paso por el territorio de Guerrero entre los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre; que a través de cartas, correos, llamadas, fax o como lo considere cada quien, llamen a los malos gobiernos a parar la muerte en las 24 comunidades del CIPOG-EZ. Llamamos a decirle al mal gobierno que sabemos quienes son, que ellos son cómplices y que en caso de que algo suceda a las comunidades del CIPOG-EZ o a la MCO-S, los seguiremos señalando hasta que el dolor y la muerte se erradiquen de nuestro mundo, hasta quede como una cicatriz en el nuevo mundo que naceremos, porque venceremos.

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

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anticapitalists.org

¡Alto a la agresión militar turca contra el pueblo kurdo y la revolución en Rojava!

  • Fecha:24 Nov 2022

Desde Anticapitalistas manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo kurdo y a la revolución en Rojava frente a los últimos ataques perpetrados el pasado 20 de noviembre, donde aviones de combate turcos han bombardeado hospitales, escuelas y otros objetivos civiles en Kobane y territorios cercanos pertenecientes a la Región Autónoma del Norte y Este de Siria (Rojava). También ha habido ataques en el sur de Kurdistán (Bashur, en el norte de Irak).

Sin ninguna prueba, el régimen turco ha culpado de forma deliberada a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) y al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) del ataque terrorista en Estambul el pasado 13 de noviembre, a pesar de no ser sustentado por la evidencia y a que el movimiento de liberación kurdo ha rechazado desde el primer momento esta acusación poniendo de manifiesto que condenan cualquier forma de ataque a la población civil. No obstante, es sabido que el régimen autocrático de Erdogan nunca ha necesitado de excusas para reprimir y masacrar al pueblo kurdo. El Estado turco lleva bombardeando y anexionando parte de Rojava desde 2018, además de usar armas químicas contra su población y la de Bashur desde primavera de este año.

Detrás de estos ataques que tratan de distraer la atención de los diversos problemas de Turquía después de casi dos décadas de gobierno de Erdogan en vista de las próximas elecciones en 2023, se esconden los planes de aniquilación del pueblo kurdo, y una agresión militar más, contra una revolución que plantea una alternativa democrática y plural. Éste es consciente de que sólo puede permanecer en el poder derrotando la resistencia histórica del pueblo kurdo, que cuestiona la propia existencia del Estado turco a 7 meses de que se cumplan los 100 años del Tratado de Lausana.

Todo esto acontece bajo la connivencia de la UE y sus Estados miembro, quienes se muestran cómplices del régimen turco, representado en la figura de Erdogan, al mirar hacia otro lado. La masacre del pueblo kurdo, las múltiples violaciones de derechos humanos, y el chantaje geoestratégico del régimen turco, tiene lugar bajo el silencio europeo. En el rearme militarista que recorre Europa, Erdogan impone sus propias condiciones de cara al futuro ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, al promover que, junto al endurecimiento de leyes antiterroristas, se permita que muchos refugiados y refugiadas kurdas en Suecia y Finlandia puedan ser extraditadas bajo acusación de terrorismo.

Denunciamos la persecución política, los ataques contra el pueblo kurdo y contra cualquier tipo de pluralidad, acometida por el régimen autocrático de Erdogán. Exigimos el alto inmediato al fuego sobre la población en Rojava y Bashur, así como que los principales socios del Estado turco entre los que se encuentra el Estado español en términos militares, de colaboraciones económicas y buenas relaciones políticas, que deben cesar ante la barbarie perpetrada por el fascismo turco.

¡NO A LA GUERRA CONTRA LA REVOLUCIÓN EN ROJAVA!

¡NO AL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO KURDO!

¡ALTO A LA INVASIÓN MILITAR TURCA!

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Avispa Midia

Incrementan ataques a abogado de pueblos contra Proyecto Integral Morelos

  • Fecha:23 Nov 2022

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 17 de octubre, el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), Juan Carlos Flores Solís, al acudir a una reunión en la ciudad de Cuernavaca, se percató que las tuercas, las cuales aseguran la llanta delantera de lado del conductor de su automóvil, habían sido aflojadas y que por ese motivo los tornillos que la sostienen se encontraban a punto de romperse.

Flores viajó así todo el trayecto en carretera desde Puebla hasta Cuernavaca, perpetrándose contra él un atentado a su vida que pretendían hacer pasar por un accidente automovilístico, denuncia el Frente en un comunicado.

Este no es un hecho aislado. El pasado 5 de agosto de este año fue hackeado su correo electrónico donde se encuentran diversos documentos legales de más de 50 juicios de amparo que lleva en coordinación, muchos de ellos junto al Congreso Nacional Indígena (CNI).
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Avispa Midia

Copa de fútbol en Qatar se declara carbono neutral; acusan lavado verde

  • Fecha:23 Nov 2022

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Qatar, pequeño país árabe con la tercera mayor reserva de gas natural a nivel mundial y actual sede de la copa mundial de futbol, ha recibido acusaciones de realizar el evento deportivo más contaminante en la historia y desplegar un enorme esquema de lavado verde para ocultarlo.

En enero del 2020, Qatar se comprometió a que el mundial de fútbol sería el primero catalogado como “carbono neutral”. En septiembre de ese año, el comité organizador detalló que compensarían todas las emisiones de gases de efecto invernadero resultado de la construcción de infraestructura para el evento deportivo.

En junio de 2021, un informe de la Federación Internacional de Fútbol Asociación

(FIFA) calculó que el mundial de 2022 produciría hasta 3.6 millones de toneladas de dióxido de carbono. En comparación, el evento anterior, realizado en Rusia en 2018, generó poco más de 2 millones de toneladas de CO2.

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A diferencia de la FIFA, un análisis de Carbon Market Watch señaló que la contaminación derivada de la construcción de los nuevos estadios puede haberse subestimado al calcular las emisiones hasta en ocho veces menos. “Esta promesa de neutralidad de carbono no es en absoluto creíble”, dijo Gilles Dufrasne, autor del informe, quien añade que “se trata de un ejemplo flagrante de lavado verde”.

Fraude

La vía tomada por la FIFA y Qatar para mantener su promesa de neutralidad de carbono es la adquisición de créditos de carbono, los cuales en teoría se utilizan para eliminar o reducir emisiones contaminantes en otros lugares del planeta.

Un reporte reciente de Bloomberg señala que este plan es profundamente defectuoso. Incluso puede magnificar las emisiones contaminantes alrededor del evento deportivo debido a que se pretende comprar 1.8 millones de créditos al Consejo Mundial del Carbono (GCC,por sus siglas en inglés), un programa de compensación voluntario de carbono con sede en Doha, capital de Qatar.

Anuncio de convenio entre autoridades qataríes y GCC en 2019

El problema yace en que GCC es famoso por aprobar proyectos de compensación de emisiones que no cumplen con las normas mínimas de operación en ningún otro lugar del mundo. “Lo que el CCG está ofreciendo aquí es, en el mejor de los casos, ignorante, y en el peor, un intento evidente de crear más oferta de créditos de baja calidad y bajo coste con una ilusión de credibilidad”, acusó Dufrasne.

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Pese a que opera desde 2019, el GCC solo había certificado un puñado de proyectos. Pero debido a la publicidad de la copa de fútbol sus perspectivas de negocio se han incrementado de manera significativa. Actualmente existen casi 600 proyectos a la espera de la aprobación del CCG, presentados por promotores de proyectos o intermediarios que no tienen a quién más recurrir.

Por ejemplo, la empresa energética india Emergent Ventures presentó proyectos solares al GCC para su certificación. En palabras de su director, Atul Sanghal, “es la única norma que funciona y que permite el registro de proyectos de energía renovable (…) Esta es la principal razón para optar por el registro de GCC”.

Según el director de operaciones de GCC, Kishor Rajhansa, la plataforma puede generar hasta 400 millones de créditos en la próxima década, cuyo valor ascendería a 1,000 millones de dólares.

Actualmente, los organizadores de la copa mundial de fútbol han sido los únicos compradores de créditos verificados por GCC, que cobra por verificar los proyectos de compensación y es propiedad del gobierno qatarí.

Clima extremo

La gran mayoría de las emisiones de CO2 relacionadas con la copa de fútbol proceden del transporte, la construcción de infraestructuras y la adaptación al clima extremo para estas instalaciones.

Sistema de aire acondicionado en los estadios de Qatar

Acorde al historiador Jonathan Piron un ejemplo del daño al planeta resultado de la realización del evento deportivo se ilustra con el césped donde se jugará el torneo. “Por mucho que la FIFA se esforzara en cumplir las normas, hubo que traer cientos de toneladas de semillas de césped desde Estados Unidos en aviones con aire acondicionado. El país tiene escasez de agua, por lo que hubo que cultivarlas utilizando agua de mar desalinizada, un proceso que consume mucha energía y es muy perjudicial para el ecosistema”, sostuvo el historiador para medios europeos.

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Según un estudio de Reuters, cada uno de los ocho estadios construidos para el evento necesita 10,000 litros de agua desalada al día en invierno y 50,000 litros en verano. “Cuando hablamos del impacto medioambiental, no sólo debemos tener en cuenta el mes en que los equipos y el público estarán allí. También cuenta toda la contaminación generada durante los últimos 10 años para acoger el evento”, señaló Piron.

 

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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Responsabilizamos al Estado Mexicano sobre el incremento de los ataques en contra de la vida del abogado del FPDTA-MPT-CNI, Juan Carlos Flores Solís

  • Fecha:23 Nov 2022

El pasado 17 de octubre, al acudir nuestro compañero Juan Carlos Flores a una reunión en la ciudad de Cuernavaca, se percató que las tuercas que aseguran la llanta delantera de lado del conductor de su automóvil, habían sido aflojadas y que por ese motivo los tornillos que la sostienen se encontraban a punto de romperse con motivo que viajó así todo el trayecto en carretera desde Puebla hasta Cuernavaca, perpetrándose contra él, un atentado a su vida que pretendían hacer pasar por un accidente automovilístico.
Este no es un hecho aislado, pues el pasado 5 de agosto de este año fue hackeado su correo electrónico donde en el drive del mismo se encuentran diversos documentos legales de más de 50 juicios de amparo que lleva en coordinación, muchos de ellos con el Congreso Nacional Indígena.

Del mismo modo el 4 de octubre, movimientos sospechosos de vigilancia, hostigamiento y espionaje se llevaron acabo en su vivienda por dos automóviles modelo Chevy rojo y Renault azul y una patrulla del municipio de Juan C. Bonilla, aprovechando que existía un punto ciego en las cámaras que instaló el Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y una cámara que se encontraba sin servir, logrando nuestro compañero hacer un respaldo de los hechos en la computadora que funciona como servidor local de las cámaras que servían. Sin embargo, dichas grabaciones fueron sustraídas sin la notificación previa y autorización del compañero por la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección, argumentando que el software del servidor no se encontraba actualizado y que por eso dejó de funcionar una de las cámaras, pero al solicitar las grabaciones al Mecanismo, este negó que hubieran retirado ningún dispositivo. Posteriormente, el pasado 18 de noviembre, diverso personal de la empresa informó a nuestro compañero que las grabaciones habían sido borradas pues el servidor que sustrajeron fue formateado, a pesar que en todo momento se les estuvo requiriendo entregaran las grabaciones por haberse documentado en las mismas incidentes de seguridad, además el nuevo personal de la empresa señaló que el software no requiere estarse actualizando para el reconocimiento de las cámaras y que eso no era un motivo por el cual dejara de funcionar una de ellas, contradiciendo lo que justificó días antes un compañero suyo. Por lo que concluimos que la cámara que da a la entrada trasera de su casa fue saboteada y que dicho acto fue encubierto por el personal de la empresa y que además sustrajeron las imágenes que podía tener nuestro compañero sobre los posibles perpetradores, los cuales podrían estar vinculados a los 3 allanamientos y amenazas de muerte que sufrió en su domicilio en el mes de abril de este año.

Es inadmisible que un Mecanismo que se creo para dar protección a las personas defensoras y periodistas realice este tipo de actos de encubrimiento, sustracción de información privada y destrucción de pruebas que pudieran ayudar a esclarecer a sujetos perpetradores de los ataques.
El 19 de octubre, un agente ministerial de la Fiscalía Estatal de Puebla, acudió a casa del compañero so pretexto que le habían comisionado para realizar las investigaciones sobre los allanamientos y amenazas sufridos en el mes de abril y que realizaría entrevistas al respecto, pero al llegar solo se limitó a tomar fotos externas de su domicilio y a querer entrar al mismo a tomar fotos del interior, a lo cual nuestro compañero le señaló que primero le quería compartir las fotos que había tomado de cómo había sido el allanamiento para que las integrara a su investigación y le explicara como fueron las incursiones, ante lo cual el agente ministerial se negó a recibirlas vía WhatsApp señalando ahora que solo le indicaron tomar fotos del domicilio, y al observar que no podría entonces entrar a tomar fotos del interior, se retiró del lugar diciendo que reportaría que nuestro compañero se opuso a los actos de investigación.

Consideramos que la sustracción de videos y destrucción de los mismos por parte de la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección Federal de Personas Defensoras y el actuar del agente ministerial del Estado de Puebla para intentar ingresar a su domicilio son pruebas del encubrimiento y complicidad de las autoridades en los actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados contra nuestro compañero. Por lo que responsabilizamos al Estado Mexicano de su integridad física, emocional y psicológica.

El proceso de represión, asesinatos, criminalización, estigmatización, campañas de miedo y división que se ha vivido en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos no es exclusivo del FPDTA-MPT, por el contrario, en la presente administración de la mal llamada cuarta transformación ha existido un incremento atroz en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, comenzando con nuestro hermano Samir Flores a solo 3 meses de haber asumido el gobierno de López Obrador. Situación que se enlaza y contrasta con el incremento de la presencia del crimen organizado en las comunidades que se mantienen en resistencia contra los megaproyectos del gran capital y gobierno federal y el espionaje que realiza la SEDENA dado a conocer por el colectivo Guacamaya y que muestra que para el ejército mexicano la defensa del territorio de los pueblos es más peligrosa que muchos cárteles del narcotráfico.
Los actos de intimidación, espionaje y atentados contra nuestro compañero Juan Carlos, se suman a los procesos de judicialización injustos que se mantienen contra los compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl en Santa María Zacatepec, por la defensa del Río Metlapanapa y su territorio. Existiendo un empeño por acabar con la organización y resistencia no solo del FPDTA-MPT, sino de los pueblos indígenas del país.

Atentar contra nuestro compañero de lucha y abogado no solo es un ataque hacia su persona, sino a los legítimos procesos de defensa que llevamos como pueblos indígenas y los diversos casos que acompaña legalmente en otros estados del país.
No esperaremos que asesinen o encarcelen a otra de nuestras compañeras o compañeros de lucha y sabemos que los responsables de todo esto es el narcoestado mexicano. Manifestamos que nuestros compañer@s no están solos y que la lucha continuará hasta lograr que la vida triunfe ante la destrucción capitalista que gobierna nuestro país y el mundo.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Organizaciones:
1. Articulación Yucatán
2. Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT
3. Asamblea de Solidaridad con México del País Valenciano, Estado Español
4. Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos
5. Asamblea Maya Múuch Xíinbal
6. Binigulazaa Aipin
7.Cholollan Radio
8. Centro Comunitario Maya U kúuchil K Ch’i’ibalo’on, Península de Yucatán
9. Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Chilpancingo, Guerrero
10. Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC
11. Centro de Documentación sobre Zapatismo CEDOZ, Madrid
12. Centro de Estudios Ecuménicos
13. Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria (CICC)
14. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
15. CNI Totonacapan
16. CNI Región Altas Montañas
17. CNPA-MN
18. Colectivo Apapachos, Querétaro
19. Colectivo Cuautla Viva Cuautla Verde, Morelos
20. Colectivo Data Critica
21. Colectivo EcoSol
22. Colectivo Kalakgpaliw
23. Colectivo La Mandarina, San Cristobal de las Casas, Chiapas
24. Colectivo Llego la Hora de los Pueblos
25. Colectivo Tierra y Libertad
26. Colectivo Xinach
27. Colectivos Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC).
28. Comité Agua y Vida, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
29. Comité de Acatepec, San Andrés Cholula, Puebla
30. Comité de San Andrés Cholula, cabecera municipal, Puebla
31. Comité de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla
32. Comité de San Luis Tehuiloyocan, San Andrés Cholula, Puebla
33. Comité de San Rafael Comac, San Andrés Cholula, Puebla
34. Comité del Pueblo Originario de San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla
35. Comité Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla
36. Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha CSPCL, París, Francia
37. Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de las Américas (CSIA-Nitassinan), Francia
38. Comité de Tetlama, Morelos
39. Comité en Defensa del Bosque Nixticuil, Jalisco
40. Comité Huexca en Resistencia
41. Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas
42. Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, Oaxaca
43. Comunidad Indígena de Ostula
44. Comunidad Indígena de Cuentepec, Morelos
45. Concejo Indígena de Xonacatlan
46. Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
47. Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
48. Consejo del Pueblo Maya CPO
49. Consejo Maseual Altepetajpianij
50. Consejo Tiyat Tlalli
51. Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México
52. Cooperativa Cacaloxúchitl SC de RL CV
53.Cooperativa Onergia
54. Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica CPUEDEE
55. Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina AC (COCIHP)
56. Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON)
57. Corriente del Pueblo Sol Rojo
58. CRIPX
59. Cholultecas Unidos en Resistencia CHUR
60. DECA Equipo Pueblo
61. Ecologistas en Acción, Estado Español
62. Enlace Comunicación y Capacitación AC
63. Ermua Komite Internazionalitak, País Vasco
64. Ejidos en Defensa del Agua de Ayala, Morelos
65. Festivales Solidarios Guatemala
66. Frente en Defensa del Predio Los Venados, Jiutepec, Morelos
67. FPDT Atenco
68. Fuerza Jiutepec, Morelos
69. GADECOM AC
70. Geocomunes
71. Gobierno Comunitario de Chilón, Chiapas
72. Grupo de Trabajo Fronteras Regionalización y Globalización de CLACSO
73. Guardianes del Mar de San Dionisio del Mar, Oaxaca
74. Guatecrea, Guatemala.
75. HAKEO CULTURAL
76. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
77. Junta de Vecinos en Resistencia: Independencia, Tanques y América, Monterrey
78. La Boca Nostra, Hermosillo, Sonora
79. La Sandia Digital
80. LaVida y pobladores
81. LEGAIA
82. Lumaltik Herriak, País Vasco
83. Maderas del Pueblo del Sureste AC
84. Milpa Climática
85. Morelos en Movimiento AC
86. Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ
87. Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia de Chiapas
88. Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y del Territorio
89. Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
90. Mujeres que luchan Xalapa
91. Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos
92. OMAL-Paz con Dignidad, Estado Español
93. Organización Nacional del Poder Popular ONPP
94. Organización Unidad Patriótica UP Morelos
95. Organizaciones Unidas por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO
96. Prevención Capacitación y Defensa del Migrante AC
97. Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta
98. Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes
99. Radio Coatl
100. Radio Zacatepec
101. REDAVI, Querétaro
102. Red de Resistencias Narrativas Futuros Indígenas
103. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
104. Red Morelense de Apoyo al CIG-CNI (Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía)
105. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
106. Red Unidos por los Derechos Humanos AC
107. Red Universidad Anticapitalista (RUA).
108. Reflexion y Accion Feminista Regina Carrillo
109. Resistencia Civil de Candelaria, Campeche
110. San Jerónimo Amanalco, Texcoco
111. Sección XXII CNTE-SNTE
112. Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras
113. Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER A.C.)
114. Servicios para Educación Alternativa AC EDUCA
115. Tayowal
116. Tonelhuayotzin Nuestra Raíz
117. Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (José Antonio Foronda Farro)
118. UCIZONI, Oaxaca
119. Un Salto de Vida, Juanacatlán, Jalisco
120. Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos
121. Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, UDETEM, Campeche
122. Unión de Especialistas en Biodiversidad, Conservación y Sustentabilidad AC. UNESBIO
123. Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas
124. Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca SC (UNOSJO)
125. Universidad de la Tierra Oaxaca UNITIERRA OAXACA
126. UNTA, Oaxaca
127. Witness
128. Y Retiemble, Madrid
129. Zoques en Defensa de la Vida y del Territorio ZODEVITE

Individual:
130. Abraham Pérez Sánchez
131. Agustín Vaca García, APIJ-SNPICD-INAH.
132. Aída Mariana Suárez Moreno.
133. Alan Carmona Gutierrez, El Salto, Jal.
134. Alehli Sánchez Paz.
135. Alejandro Mira Tapia
136. Alfonso Leija Salas, Morelos
137. Alicia Castellanos Guerrero, antropóloga.
138. Alma Rosa Rodrigues Jiménez, Guadalajara.
139. Amaranta Cabrera Pimentel.
140. América del Valle Ramírez
141. Ana Sabina Castro Sam.
142. Ana Valadez Ortega, SCLC, Chiapas.
143. Ana Victoria Del Carmen Salgado.
144. Andrea Iris Hernandez Cárdenas, Juanacatlan, Jal.
145. Andres Vázquez Hernández, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.
146. Antonio Gritón
147. Aranzazú Ayala Martínez, Periodista
148. Argelia Guerrero Rentería.
149. Armando Gutierrez, Juanacatlan, Jal.
150. Arturo Espinoza, Programa Territorios Radio UDG
151. Atahualpa Sofía Alejandra Enciso González, El Salto, Jal.
152. Barbara Zamora
153. Beatriz S Gómez Barrenechea, Universidad de Guadalajara.
154. Benito Gómez López, El Jabalí, Juanacatlan, Jal.
155. Carla Patricia Garibi Harper Cabral.
156. Carla Vazquez
157. Carlos Octavio Corona Saldaña.
158. Carolina Cid Castro.
159. Carolina Elizabeth Díaz Iñigo.
160. Celia Ramírez Márquez, CDMX.
161. Cintya Guadalupe Rodríguez Ramírez.
162. Claudio García Ehrenfeld.
163. Cynthia Salazar Nieves.
164. Cristina Coyotl Huanetl
165. Daniel Ruiz Cancino, INAH.
166. Donaji García Valdivieso
167. Edna Yael Robles Aguilar, Guadalajara.
168. Elided Hernández Acosta, Monterrey
169. Elisa Cruz Rueda
170. Elke Franke, “Vientos Culturales” Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
171. Enrique Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
172. Enrique Encizo Rivera, El Salto, Jal.
173. Erika Charles Niño, Monterrey
174. Erik Coyotl Lozada, Tlaxcalancingo
175. Esteban Elías Coatl, Tlaxcalancingo
176. Felipe I Echenique March, profesor investigador del INAH, Dirección de Estudios Históricos
177. Fernanda Navarro
178. Fernanda Pinto
179. Fernando Tapia, Juanacatlán, Jal.
180. Florina Mendoza Investigadora Independiente
181. Florina Piña Cancino
182. Fortunato Cuautle Toscoyoa, Tlaxcalancingo
183. Francisco De Parres Gómez.
184. Francisco Morfín
185. Francisco Muñoz Nolasco.
186. Gabino Giovanni Velázquez Velázquez, UNAM y ENAH.
187. Gabino Hernández Segura, ExHacienda de Zapotlanejo, Juanacatlán, Jalisco.
188. Gabriel Hernández Navarro, RASH Guadalajara.
189. Gastón de la Luz Albino, Coordinador de Radio Coatl
190. Gaudencio Ezequiel Macías Ochoa, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.
191. Gerardo Moreno García, Juanacatlan, Jal.
192. Gilberto Lopez y Rivas, INAH-Morelos.
193. Gloria Alonso
194. Graciela González Torres, El Salto Jalisco.
195. Guillermo Castillo Ramírez, UNAM.
196. Guisela Hernandez Morán, CDMX.
197. Héctor Zetina Vega, Morelos
198. Heriberto Rodríguez, fotógrafo
199. Hilda Monraz Delgado, Guadalajara.
200. Inés Durán Matute, ICSyH, BUAP – IRGAC, RLS.
201. Iván Artión Torres Urbina, ENAH.
202. Jaime Torres Guillen, Universidad de Guadalajara.
203. Jesús Alberto Mejía Cano, Morelos
204. José Patricio Coyotl Cuatetl, Tlaxcalancingo
205. Jorge Alonso
206. Jorge Segura Mares, Miraflores, Juanacatlan, Jal.
207. José Antonio Huerta Meza, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.
208. José Antonio Olvera Llamas
209. Jośe Gómez López, El Jabalí, Juanacatlan, Jal.
210. José Luis Santillán Sánchez.
211. Justine Monter Cid.
212. Juan Carlos Rulfo
213. Juan Villoro
214. Juliana Gómez
215. Kara Castillo, Periodista
216. Karina Macías Hernández.
217. Lauro Moyotl Quechol, Tonantzintla
218. Libertad Huerta Rodríguez.
219. Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, INAH.
220. Lourdes Pérez Hernández, Acciones por la Tierra AC
221. Ma. Tiburcia Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
222. Magdalena Gómez
223. Manuel Arredondo Prado
224. Marcos Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
225. Margara Millán Moncayo, Morelos
226. Maria Amparo Xochitl Sevilla Villalobos, DEAS-INAH.
227. María Angelina Cárdenas Padilla, Juanacatlán, Jal.
228. Maria Auxiliadora Gutiérrez Zuñiga, Guadalajara.
229. María de los Ángeles Colunga Hernandez, APIJ-SNPICD-INAH.
230. María de los Ángeles Gallegos Ramirez, U de Guadalajara.
231. Maria del Carmen Lechuga Hernandez APIJ-SNPICD-INAH.
232. Maria del Refugio Ramirez Marquez, Guadalajara.
233. María del Rosario Aceves Iñiguez.
234. Maria Gracia Castillo Ramírez, Asoc. de Prof. Investigadores Jubilados (APIJ) SNPICD-INAH.
235. María Rocha Licona.
236. María Xochilt Franco Fernandez, El Salto, Jalisco.
237. Mariana Mora
238. Marisa Yáñez Rodríguez, Las Pintas, El Salto, Jal.
239. Martha Mata Ramírez
240. Maura Eslava Galicia.
241. Mayvelin Flores Villagómez.
242. Mercedes Palencia Villa, DEDUC-U de Guadalajara.
243. Miguel Gómez Beltrán, Colima.
244. Monica Romero, Morelos
245. Nadia Alejandra Jiménez Ortiz.
246. Nery Chaves García.
247. Noe Leando Cardenas Carrillo, Paso Hondo,Frontera Comalapa, Chiapas.
248. Norma Adriana Garduño Salazar, Morelos
249. Oralba Castillo Nájera, Morelos
250. Orlando Arce Osorio, Juanacatlan, Jalisco.
251. Paola Elena Garibi Harper y Hernández.
252. Paulina Domínguez.
253. Pavel Valdés Pérez.
254. Pedro de Anda Suárez, Juanacatlán, Jal.
255. Priscilla Miranda Usisima.
256. Raúl Romero Gallardo.
257. Rebeca Yoma Medina, DSA-INAH.
258. Renata Carvajal
259. Remigio Gómez López, El Jabalí, Juanacatlan, Jal.
260. Roberto Alonso Portela.
261. Roberto Tunuari Chávez, Tonalá, Jal.
262. Rocio Moreno Badajoz, Universidad de Guadalajara.
263. Rodrigo Camarena González.
264. Rosa Angélica Caballero Cerda, CDMX.
265. Sandra Castillo Isla, Querétaro.
266. Sandra Montes
267. Santiago Castillo Ramírez, ICG-UNAM, Cuernavaca, Morelos.
270. Santiago Duro.
271. Sarasuadi Ochoa Contreras.
272. Servando Gaja Rodríguez, Morelos
273. Sylvia Marcos
274. Sin Hunter Dodsworth.
275. Sonia Atzahit Chiquito Cuatetl, Tlaxcalancingo
276. Stana Aranda Ratkovich, Guadalajara.
277. Susana Albarrán Méndez, comunicadora social, Madrid
278. Teódulo Alejandro Cuaya Teutli, Tlaxcalancingo
279. Tunuari Chávez González.
280. Valentina Leduc
281. Varenka Cogorda
282. Verónica Meza Beltrán, Juanacatlán, Jal.
283. Verónica Ruiz Lagier, DEAS – INAH.
284. Víctor Humberto Miranda González
285. Viridiana Maldonado Galindo.
286. Wendy Juárez
287. Yara Xiadani Ortega Herrera

radio
Avispa Midia

Corte revisará constitucionalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

  • Fecha:21 Nov 2022

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezará a revisar el próximo 28 de noviembre la constitucionalidad del acuerdo presidencial, publicado en mayo de 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en tareas de seguridad pública.

Se trata de la controversia 90/2020. El proyecto está a cargo de la ministra Ríos Farjat. La Consejería Jurídica intentó impedir que se admitiera, con recurso de reclamación. En noviembre de 2021 se envió a Pleno, luego de intentar resolverlo en Primera Sala, explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) en sus redes sociales.

En una rueda de prensa, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, precisó que desde el pasado 10 de noviembre la ministra Ríos Farjat presentó el proyecto de resolución sobre el tema que será debatido por el pleno.

Zaldívar señaló que el Pleno de la SCJN aún no ha acordado si el proyecto de Ríos Farjat será público. “Dada la trascendencia de la discusión, sería deseable que el proyecto se haga público con antelación”, manifestó el Centro Prodh.

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La Corte recibió una decena de recursos e impugnaciones, tanto de organizaciones civiles, como de diputados y senadores de oposición en contra del acuerdo presidencial.

Argumentación frente a la SCJN

El Centro Prodh presentó un Amicus Curiae – figura utilizada en el derecho que alude a la presentación formal dentro de un litigio de observaciones técnico-jurídicas por parte de terceros ajenos al mismo – a los ministros de la Suprema Corte sobre la controversia constitucional 90/2020.

En el documento, la organización de Derechos Humanos argumenta que “el derecho a la vida se ve impactado por la militarización puesto que se ha documentado que las Fuerzas Armadas propenden con mayor frecuencia, por formación y capacidad de fuego, a hacer un uso desproporcionado y a menudo innecesario de la fuerza letal”.

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Además, sostiene que los organismos internacionales han sido constantes en señalar lo problemático que resulta para la vigencia de los derechos humanos, involucrar elementos castrenses en tareas de seguridad pública y, por lo tanto, la necesidad de separar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad y justicia en las que actualmente están involucradas.

Nueva reforma

El acuerdo presidencial publicado en mayo de 2020, el cual reforma el artículo 5° transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, otorga las tareas de seguridad a las fuerzas armadas hasta 2024.

Sin embargo, fue publicado hoy (18) en el Diario Oficial de la Federación el decreto que instituye nueva reforma al artículo 5º transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. El decreto entrará en vigor mañana, 19 de noviembre.

La publicación se dio después de que el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas locales ratificaron esta reforma.

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En la Corte hay otros nueve asuntos pendientes de resolución sobre militarización del país.

radio
Radio Zapote

Los que luchan por la vida nunca mueren

  • Fecha:19 Nov 2022
·
Habiéndoles fallado por el gobierno, las instituciones internacionales y el mundo, tres activistas indígenas han sido asesinados por un grupo narcoparamilitar mexicano ‘Los Ardillos’.

La luz del sol brilla sobre los tres ataúdes mientras son llevados a la montaña. Las flores de cempasúchil están colocadas en sus marcos de madera y el humo del copal persiste en el aire, limpiando los espíritus de nuestros hermanos y compañeros caídos.

Apenas unos días antes las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) celebraban el día de los muertos, conmemorando a los que vinieron antes y a los que dieron la vida en la lucha.

Los cuerpos y espíritus de tres compañeros más, Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, se han sumado a los más de 40 miembros de sus comunidades que han sido asesinados en esta despiadada lucha en defensa de sus territorios y vidas contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares.

El sábado 5 de noviembre de 2022, Adán, Guillermo y Moisés salieron de los territorios liberados del CIPOG-EZ hacia Chilapa de Álvarez, la cabecera municipal, para comprar repuestos para uno de sus vehículos. A las 14.30 horas fueron detenidos por la policía municipal, que les preguntó sus nombres. Poco después, empezaron a ser seguidos por una moto, que los interceptó cuando salían de Chilapa, de vuelta a la seguridad de sus comunidades. A las 21:30 horas sus cuerpos fueron encontrados muertos en el pueblo de Xochimilco, Chilapa, acribillados a balazos.

Adán, Moisés y Guillermo eran líderes comunitarios nahuas y miembros del CIPOG-EZ, un concejo formado por 24 comunidades indígenas que han estado defendiendo sus territorios contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares como ‘Los Ardillos’ en la región de la Montaña Baja de Guerrero, México.

“Hoy que velamos a nuestros muertos la rabia nos inunda, porque eran compañeros importantes de nuestra organización, de esos que trabajan al doble, de esos que no dormían en días cuando las balas de los Ardillos pasaban encima de nuestras cabezas e iban al frente a resistirlos para salvar la vida de nuestras comunidades. Pero no sólo conocían esa forma de resistir, también se involucraron en la parte política, eran promotores Regionales del CIPOG-EZ, comprometidos con los talleres de autonomía, comunidad, territorio y derechos de los pueblos, comprometidos con la instalación de las Radios para Organizar la Lucha por la Autonomía, en resumen, representaban al corazón colectivo del CIPOG-EZ.” compartió el CIPOG-EZ en un comunicado tras los asesinatos.

Es necesario destacar aquí el carácter totalmente político de su asesinato. Los tres estaban trabajando en un proyecto reciente, lanzado por el CIPOG-EZ, para crear tres radios comunitarias en sus territorios, llamado Radios Organizando la Lucha por la Autonomía (R-OLA). Este proyecto permitirá a la organización difundir educación política y basada en los derechos humanos, que fortalecerá la capacidad de las comunidades para defender sus territorios legalmente y organizativamente. Estos meses se han estado realizando talleres con miembros de la comunidad de todas las edades.

Las radios también fortalecerán su organización, trabajando por la construcción de la paz en sus comunidades. El fortalecimiento del tejido social fue un problema para estos grupos narco-paramilitares, pero el CIPOG-EZ también afirma que hay raíces más profundas y siniestras detrás de la constante violencia que enfrentan en sus territorios.

El CIPOG-EZ afirma que ven que “hay una cadena de complicidades, se masacra a las comunidades, tal como si se quisiera tomar nuestro territorio y para lograr esto fuera necesario exterminar a quienes lo habitamos”. Afirman que Los Ardillos trabajan como un brazo armado del gobierno y de las empresas mineras transnacionales, que asesinan y desplazan a comunidades enteras para que sus tierras sean luego concesionadas a empresas mineras. Hay periodistas locales que han informado de hallazgos similares.

En julio, escribí un artículo sobre el CIPOG-EZ y la fuerza de su organización. En él citaba uno de los comunicados del CIPOG-EZ en el que se nombraba a Jesús Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silverio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, y a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, diciendo que estaban en el punto de mira de Los Ardillos y que responsabilizaban al gobierno mexicano de cualquier cosa que les ocurriera. Cuatro meses después, Adán Linares y Guillermo Hilario, el hermano de Pablo Hilario, están siendo enterrados mientras su comunidad observa con dolor.

Los asesinatos de Adán, Guillermo y Moisés son una clara demostración de la violencia del sistema, demostrando cómo nuestras comunidades están siendo falladas por todos los niveles de la sociedad.

El CIPOG-EZ lleva años denunciando la violencia que azota sus territorios, nombrando explícitamente a los que son objeto de ella. Le advirtieron al mundo que Adán sería asesinado y lo fue. Sus palabras y su realidad no fueron destacadas por los medios de comunicación ni popularizadas ante las masas. Y el mensaje que esto envió a Los Ardillos fue que podían matar con impunidad y con la complicidad del Estado, y nadie levantaría ni un dedo.

El silencio de los medios de comunicación se sintió aún más agudo junto con el silencio de las instituciones internacionales de derechos humanos como la Oficina de Defensores de Derechos Humanos de la ONU que también falló al CIPOG-EZ. Escribí en el primer artículo sobre cómo, mientras estábamos en Alcozacan, el corazón de los territorios liberados del CIPOG-EZ, la comunidad fue rodeada por vehículos llenos de hombres armados de Los Ardillos en lo que parecía ser un ataque armado. Durante la noche se enviaron mensajes a grupos de derechos humanos a nivel internacional. Se recibió la respuesta de que un Relator Especial de la ONU podría sacar un comunicado para denunciar públicamente las violaciones realizadas en el territorio.

La esperanza que esto dio se desvaneció rápidamente después de que recibiéramos un mensaje en el que se afirmaba que, debido a que las comunidades del CIPOG-EZ están armadas, la ONU no podría emitir una respuesta al respecto. Una vez más, el CIPOG-EZ fue defraudado y se encontró con el silencio y la complicidad. Es importante en esto resaltar el total desconocimiento del contexto de las comunidades, sus derechos legales como pueblos originarios y la violencia de esta “narrativa de la no violencia”.

En primer lugar hay que aclarar que el CIPOG-EZ no es un grupo armado como tal. Tienen una policía comunitaria indígena llamada el CRAC-PC-PF que está reconocida por el gobierno de Guerrero. De acuerdo con el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT de la ONU, los pueblos indígenas tienen “el derecho a conservar sus propias costumbres e instituciones, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos internacionales”. La CRAC-PC-PF es un ejemplo de este tipo de instituciones. El CIPOG-EZ ha dejado más que claro que no tendrían porque portar armas si fueran capaces de sobrevivir sin ellas. Para ellos, la construcción de la paz en sus territorios es la prioridad.

Esta narrativa de la “no violencia” no sólo ha sido utilizada por las organizaciones de derechos humanos para deslegitimar la organización del CIPOG-EZ, sino también por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Su negligencia hacia la comunidad y sus necesidades prácticas ha quedado explícitamente clara en las últimas semanas.

15 días antes de que nuestros compañeros fueran asesinados el 21 de octubre, miembros del CIPOG-EZ denunciaron ante AMLO la violencia letal que se estaba ejerciendo contra sus líderes comunitarios por parte de Los Ardillos, destacando la complicidad de policías municipales y estatales y de miembros del gobierno como el presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román y el servidor público Bernardo Ortega Jiménez.

“Le dijimos que nos estaban matando, le dijimos quiénes, con nombres y apellidos, dónde y cómo. Pero tal como si nada hubiera sido dicho y estuviéramos condenados a repetir la misma historia, a llorar a nuestros muertos y nuestros desaparecidos”, compartió el CIPOG-EZ.

Como si predijeran el futuro, ese día le dijeron explícitamente a AMLO: “Muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven”. Esto es exactamente lo que les ocurrió a Adán, Guillermo y Moisés.

Después de escuchar, desde la seguridad de su camioneta con vidrios polarizados, sobre los 40 compañeros del CIPOG-EZ que han sido asesinados en los últimos años y los 20 que permanecen desaparecidos, la respuesta de AMLO fue repugnante.

Dijo :“Nada más una cosa les digo con toda sinceridad, eviten la violencia hay formas de luchar, la más eficaz de todas es la no violencia, esa la llevó a la práctica, esa política de no violencia, Gandhi, Mandela, Luther King y nos enseñaron que sí se puede de manera pacífica cambiar las cosas, no hay que caer en una provocación, hay que sacarle la vuelta a la provocación y hay que buscar el cambio por la vía pacífica y nosotros vamos a seguir actuando así de manera pacífica y sin relaciones de complicidad con nadie”.

A esto, el CIPOG-EZ respondió valientemente: “seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.”

Llamar a la paz y al desarme unilateral en un contexto de guerra no genera paz: legitima una masacre.

Para colmo, las instituciones del Gobierno también han fallado a las comunidades. Adán Linares estaba incluido en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación de México, como consecuencia de tres intentos de asesinato anteriores. Este mecanismo ha demostrado una y otra vez ser incapaz de proporcionar protección a quienes están en alto riesgo de persecución. Eran conscientes de la situación en sus comunidades. También sabían que Guillermo, el otro compañero asesinado, era hermano de Bartolo Hilario, un líder comunitario del CIPOG-EZ que fue asesinado y brutalmente descuartizado en mayo de 2019. También era hermano de Pablo Hilario, desaparecido forzosamente por la policía municipal de Atlixtac en enero de este año.

Pero las fallas no sólo provienen de los gobiernos e instituciones, sino también como resultado de la contrainsurgencia que emana de las fuerzas reaccionarias de los movimientos sociales que hacen que seamos incapaces de defender a nuestros compañeros y sus procesos de manera real. Muchos movimientos no están trabajando en la construcción de poder de manera local, y por lo tanto son incapaces de hacer que las luchas de nuestros pueblos sean relevantes para las masas.

Se les ha enseñado a ser fuerzas reaccionarias: a reaccionar ante la muerte y criminalización de nuestros defensores con fotos e infografías declarando la solidaridad, pero no a defender sus procesos en vida. Si bien sus acciones pueden aportar visibilidad, la realidad es que no se acerca a la fuerza interconectada que se necesita para defender los procesos de resistencia de nuestras comunidades.

“Cuando tocan a uno, tocan a todos” no debería ser una frase que la gente ponga en pancartas en las protestas si no está dispuesta a construir el poder para hacerla cumplir. Cuando hayamos hecho el esfuerzo para que las comunidades de todo el mundo sostengan a otros defensores y líderes sociales en la vida, como si fueran suyos, los gobiernos y las empresas sabrán que habrá repercusiones de las comunidades de todo el mundo si los tocan. Entonces, el poder con el que manifestamos ese tipo de solidaridad será reconocido como un elemento disuasorio para tocar a esos defensores y a sus comunidades. Para llegar a esta fase, primero tenemos que construir el poder en nuestras comunidades.

Hay ejemplos de procesos que están catalizando esta dirección concreta en la diáspora como la Revolución Educativa del Inter-Aprendizaje Activo para Reparaciones Planetarias (PRALER, por sus cifras en inglés), así como los que están consolidando sus esfuerzos de construcción de poder entre las masas como están haciendo con la Plaza Tonatiuh en Sunset Park, Brooklyn. El aspecto más fuerte y esencial de esta fuerza de defensa reside en la interconexión de nuestras comunidades de resistencia de la Mayoría Global en todas partes.

Ahora debemos popularizar los nombres de Jesús Plácido Galindo, Benjamín Sánchez Hernández, Prisco Rodríguez Morelos, y las familias de Adán, Moisés y Guillermo, que actualmente están siendo amenazados por Los Ardillos. Jesús Plácido Galindo, un promotor del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, ha denunciado que en los últimos días, cada vez que sale de su comunidad, es vigilado y seguido por vehículos sospechosos de Los Ardillos y por la policía municipal de Chilapa, con la intención de intimidarlo a él y a su comunidad.

Para Adán, Moisés y Guillermo, y los niños y familias que forman parte del CIPOG-EZ, no perdonaremos ni olvidaremos. Los que luchan por la vida nunca mueren.

radio
Avispa Midia

Derogación de Ciudades Modelo en Honduras provoca amenaza de Estados Unidos

  • Fecha:16 Nov 2022

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.

Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.

La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).

En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.

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Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.

La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.

Presión

La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.

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“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.

Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.

En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.

Agresiones

Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.

Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.

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Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.

Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.