PALESTINA: Federación Palestina lanza su propia selección para imputados. PalestinaLibre
CHILE: a Javiera Rojas ambientalista defensora del territorio. Movimiento por el Agua y el territorio.
MUNDA GLOBAL PILDORA DE SALUD: VIH/Sida. El pasado primero de diciembre se conmemoró el día mundial del VIH/SIDA. Ese día gente de todo el mundo se unió para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. Mar
ESTADO ESPAÑOL: Absuelven a Pablo Hasel; el Betis le había denunciado por “delito de odio”. Insurgente.
ESTADO ESPAÑOL GIRA POR LA VIDA: Toxic Tour por las multinacionales españolas que más impacto tienen en la política comercial con México. AraInfo y Toxitour
HONDURAS: Un voto de castigo para los que hundieron al país. Radio Temblor
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
CDMX: AGRESIÓN POLICIACA A PARTICIPANTES DE LA CAFETERÍA LA RESISTENCIA. Noticias de abajo y Del Barrio News.
ESTADO DE MEXICO: OMISIÓN, INOPERANCIA Y DISCRIMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE LA CDMX, AL ELUDIR LA DEFENSA DE LOS BOSQUES DE LA COMUNIDAD DE TOPILEJO. REMA
MICHOACAN: “La Autonomía Es Todo”: Una Entrevista Con El Preso Político Indígena José Antonio Arreola De Nahuatzen. Its Going Down
CHIAPAS: SIGUEN LOS ATAQUES PARAMILITARES CONTRA COMUNIDADES ZAPATISTAS. JUNTA DE BUEN GOBIERNO Caracol 10 Patria Nueva denuncia agresiones contra Nuevo San Gregorio. frayba
CHIAPAS: DENUNCIA CHIAPAS MEXICO: SECUESTRO DE AMBIENTALISTAS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
Música: -Fuga con Peligroso -Leona de Etiopia con Rebeldiía -Corrido a Ricardo Flores Magón
En portada: Inauguración de la microcentral hidroeléctrica de la cooperativa de luz “Mártires y Héroes de la Resistencia” en la Unión 31 de mayo, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva
En el marco de la campaña Luces de las Resistencias, diversos pueblos, organizaciones sociales, cooperativas y colectivas de distintas partes de México proponen una transición energética desde el campo popular. Plantean la construcción de una propuesta que priorice las necesidades reales de la reproducción de los pueblos y que sea construida a partir del debate continuo sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los contextos locales y culturales.
“Es posible pensar en una transición energética popular que no sea de la mano del capitalismo verde, del poder centralizado de los Estados. Es posible pensar la energía como un bien común”, sostuvo Sofía García Pacheco, de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energías Alternativas y Estudios Sociales – Onergia, de Puebla, una de las organizaciones que hace parte de la campaña.
Los pueblos y organizaciones que hacen parte de la campaña proponen algunos principios, que denominaron ‘luces’, para guiar la reflexión de lo que sería una transición energética desde abajo. “En ellas [las luces] están algunas de las rutas de pensamiento para una transición socioambiental popular, la autonomía energética y el pleno cumplimiento de los derechos que garanticen la reproducción de la vida”, proponen a través de un comunicado.
Construcción colectiva del dique de la microcentral hidroeléctrica comunitaria en La Taña, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva
Jóvenes indígenas masehuales de la cooperativa energética Tonalzin, en Cuetzalan, hacen una instalación de paneles solares en el techo de la cooperativa de ahorro Tosepan Tomin. Foto: La Sandía Digital
Taller de electricidad para mujeres organizado por la cooperativa Onergia, en la ciudad de Puebla. Foto: La Sandía Digital
La primera de ellas es limitar la participación de las grandes empresas en el proceso de transición. “La mayor motivación [de estas empresas] en participar en este mercado es la acumulación (…). Profundizan el modelo de acumulación de capital que, pintado de verde, genera especulación financiera, mercantilización de la energía, degradación de zonas de gran diversidad ambiental y cultural y despojo territorial”, sostienen.
Otro punto de reflexión es la centralidad dada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la propuesta de Reforma Energética en debate en el Congreso Nacional mexicano. “La generación de energía por parte de la CFE, también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. Tenemos como ejemplo los intentos de imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos”, afirman.
Megaproyecto como asunto estratégico de Estado: Mientras el gobierno declare territorios “estratégicos” seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército.
La extracción del litio: En relación a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado…y como áreas prioritarias”, no podemos olvidar que la industria minera del litio, o cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transición energética que pase por encima de los derechos de las comunidades. No existen minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía y mantener el mismo modelo de desarrollo, las mismas estructuras de dominación colonial y de acumulación de capital, ampliando cada vez más las fronteras extractivas.
La prohibición del fracking: El fracking persiste en México a pesar de que el gobierno federal se comprometió a erradicarlo. Año tras año, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021. La transición energética justa tiene que incluir dejar los combustibles fósiles bajo tierra.
La soberanía tecnológica: Las organizaciones proponen el uso de tecnologías locales propias y no depender ni de políticas ni de la tecnología del Norte global, que sólo existe gracias al saqueo y apropiación de los bienes de los pueblos del Sur.
Cambio de modelo económico
Asamblea de los pueblos maseuales, totonakus y mestizos en defensa del territorio. En esta asamblea se anuncio la cancelación del proyecto “Línea de alta tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II-Tajín”, que incluía la construcción de una subestación eléctrica en las comunidades de la región. Cuetzalan, Puebla. Diciembre 2019. Foto: La Sandía Digital
Las industrias, principalmente de los sectores minero, cementero, siderúrgico y maquilador, consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. Para las organizaciones es inalcanzable materializar una ruta de transición energética justa si no se cuestiona el modelo económico que fomenta este consumo.
“Cuando hablamos de una transición energética no hablamos de cambiar simplemente una tecnología por otra. También estamos hablando de una transición a un modelo económico alternativo”, añade Sofía García Pacheco.
La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café Anacafé.
En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II
La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.
Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.
Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.
En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán
Entérese más aquí:
Las hidroeléctricas y el préstamo
Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.
Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.
El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.
Fuente: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), 2021.
San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos
San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.
La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.
Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.
En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.
La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.
De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.
Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã
Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.
Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.
“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.
Fuego
Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.
Durante la presente jornada se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, resultando maquinarias e instalaciones destruídas avaluadas en doscientos millones de pesos según la organización mapuche. A continuación compartimos comunicado enviado a la radio.
Wallmapu, 01 de diciembre.
«Con pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos ,se vieron afectadas empresas contratistas forestales ,en ataques simultáneos durante la madrugada de este miércoles, perpetrados por la Organización mapuche armada WEICHAN AUKA MAPU.
El primer ataque tuvo lugar en la comuna de Toltén, específicamente en el fundo Lumahue, propiedad de forestal ARAUCO, donde un grupo de weichafes procedió a encender una torre de madereo, un procesador, un rodillo de tramas y un comedor para los trabajadores forestales.
Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.
Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.
En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.
El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.
Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.
En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.
La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.
Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.
La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.
Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.
El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.
“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.
La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.
¿Contradicción?
En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.
Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.
GLOBAL: El planeta esta más enfermo de misoginia que de covid, mas de la mitad de las mujeres de distintos países reportó violencias machistas dentro y afuera de sus hogares. Desinformemonos.
WALLMAPU: Represión policíaca en tierras recuperadas de Lof Quemquemtreu, asesinan a un joven mapuche y hieren a otro.
CHILE: Restauración conservadora en tiempos constituyentes. Avispa Midia
CANADA: Arrestos y desalojo por parte de la policía montada contra defensores de la tierra de la Nacion Wet’suwet’en. Its Going DOwn y SubMedia.
DESDE EL OMBLIGO
LUCHA POR LA VIDA: AMLO implementa régimen de excepción para ejecutar megaproyectos y conferencia de prensa del grupo de Observación de la Caravana Migrante.
CHIAPAS: Continúan los ataques paramilitares contra comunidades autónomas zapatistas. RedTDT
JALISCO: Jalisco pasa del sexto al tercer lugar en feminicidios. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz. Zona Docs
MÉXICO: 25 de noviembre Cero Tolerancia a la violencia machista.
Exigimos alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
Alertamos sobre la agudización de las agresiones paramilitares, la criminalización de la lucha a las comunidades que resisten y se organizan desde abajo y a la emisión de decretos orientados a la imposición de los proyectos capitalistas neoliberales, implementados por el mal gobierno federal mexicano, pasando por alto los derechos humanos y sus propias leyes.
Repudiamos las agresiones perpetradas el pasado 21 de noviembre a las 10:00 horas por paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), de la comunidad San Antonio Las Flores, en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de Moisés Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y La Humanidad”.
Ese día, a las 16:30 horas aproximadamente un grupo de paramilitares llegaron a la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”, donde prendieron fuego a tres aulas. Esta escuela ya había sufrido un ataque armado el pasado 14 de octubre.
También el pasado 8 de noviembre de 2020, el mismo grupo paramilitar ORCAO secuestró y torturó a un compañero base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi.
El 14 de octubre hicieron un ataque armado en contra de la misma comunidad provocando el desplazamiento forzado de compañeros y compañeras
El 11 de septiembre de 2020 el grupo ORCAO secuestró a autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el 19 de septiembre.
El 22 de agosto de 2020 la tienda comunitaria el Arcoiris en el crucero denominado Cuxuljá fue saqueada y quemada.
Las agresiones paramilitares en contra de nuestros hermanos y hermanas, bases de apoyo del EZLN, orquestadas desde el mal gobierno de Rutilio Escandón y desde el gobierno federal, buscan debilitar la resistencia y defensa de la madre tierra que los pueblos zapatistas han mantenido, y debilitar la lucha por la vida que, desde la organización de abajo en todos los rincones de este país, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno soñamos y tejemos cada día.
Mientras en los pueblos zapatistas, con su lucha de cada día y con la construcción autónoma, dan avisos de esperanza al mundo, en los pueblos originarios vamos caminando despacio, defendiendo y sembrando autonomía, defendiendo la tierra colectiva, tejiendo la resistencia a la mercantilización de todo lo que integra nuestro territorio y a la imposición de los proyectos capitalistas, que en el mundo entero ponen en entredicho la prevalencia de la vida.
Por eso reconocemos a los pueblos zapatistas y su lucha histórica, como la esperanza de que no dejen de brotar resistencias y rebeldías en México y el mundo, que hacen nacer una luz en medio de la oscuridad capitalista y que apuestan a defender la vida colectiva.
Por eso somos uno y las comunidades zapatistas no están solas ni solos, por lo que llamamos al mundo a alzar la voz para exigir que cese la guerra en su contra, denunciando al mal gobierno y su corrupción neoliberal, que se vale de la guerra contrainsurgente, para tratar de callar el corazón colectivo que, latiendo, llama a defender la vida.
Atentamente
Noviembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.
Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.
El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.
El desplazamiento forzado
Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min): (Descarga aquí)
Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.
La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.
Un adolescente cuenta:
Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.
Y otro adolescente:
Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.
“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.
Una mujer cuenta:
Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.
Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?
Contexto
Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.
A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.
El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.
Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.
Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.
Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.
En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.
En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.
Intereses de fondo
Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.
Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.
En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.
Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.
Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.
Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.
A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.
Autores materiales e intelectuales
Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.
Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.
Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.
Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.
Inacción/complicidad gubernamental
Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.
De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.
El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.
Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.
El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.
El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:
A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:
El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.
El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.
